La vivienda en Catalunya atraviesa una dolorosa paradoja. Mientras la normativa intenta equilibrar con esfuerzo el derecho a acceder a una vivienda digna con la protección del derecho de propiedad, la realidad de los procedimientos de desahucio evidencia un desequilibrio creciente, alimentado por la saturación judicial, la escasez de vivienda pública y un marco procesal insuficiente.