Puede cotizarse en una comunidad autónoma, tributar en otra y utilizar los servicios públicos de una tercera. Conozco el caso, por ejemplo, de una persona residente efectiva en Valladolid; allí cotiza su despacho, allí trabaja, obtiene la renta y plusvalía de los recursos que utiliza. Sin embargo, es residente fiscal en Madrid, donde tiene un piso de propiedad como inversión y donde va de vez en cuando con el AVE. Sabe lo que debe hacer para justificarlo ante la Agencia Tributaria, para mostrar que habita al menos la mitad del año en la Comunidad de Madrid, ya que allí paga menos renta y patrimonio. Así, los costes de los servicios relativos a su actividad los soporta Castilla y León, y quien hace caja es la Comunidad de Madrid. ¡Pero dónde tiene la residencia administrativa autodeclarada es en Ibiza!, donde viaja los veranos y más de un fin de semana, porque así se beneficia de unos descuentos de transporte que su contribución fiscal no ayuda a financiar. Siendo residente administrativa en las Islas Baleares, esta comunidad recibe la financiación autonómica correspondiente, basada en la población empadronada. Por tanto, su residencia legal no es realmente en ninguna parte. No es donde cotiza, en Valladolid: aquí no tiene ni médico de cabecera, aunque si necesita acceder por urgencias como ciudadano desplazado. Tampoco es donde tributa, en Madrid, donde, con lo que se ahorra de impuestos, puede pagarse la sanidad privada. Y no es allí donde se le financian los servicios públicos, sino en las Islas Baleares, que reciben por ello un ingreso sin apenas asumir ningún coste, ya que, al fin y al cabo, ¡la subvención del transporte la paga el Estado! ¿Cómo puede que estemos instalados en este desenfreno de residencias reales, fiscales y administrativas, sin un mínimo cruce de datos ni responsabilidades identificables en la financiación de un estado del bienestar contra el que muchas personas como la del caso mencionado practican su particular dumping fiscal?