El consejo de ministros ha aprobado la reforma del reglamento de extranjería, que permitirá regularizar a personas inmigrantes que viven y trabajan en España en situación administrativa irregular. Es una buena noticia, no sólo para la dignidad de las personas directamente afectadas, sino también para el conjunto de la sociedad. Según estimaciones recientes de Funcas, más de 800.000 inmigrantes que ya forman parte del tejido económico y social del país podrían beneficiarse de esa política.

En las últimas semanas hemos asistido a un intenso debate en los medios de comunicación, especialmente en el diario ARA, sobre la aportación fiscal de la inmigración al estado del bienestar. Sin embargo, una parte importante de este debate se ha construido sobre lecturas parciales o directamente sesgadas de un fenómeno que es, por definición, complejo. En esta columna quisiera volver a la evidencia empírica y explicar de forma sintética qué nos dicen los estudios más recientes que analizan el caso español.