Una gran paradoja de un país mediterráneo como el nuestro es que empresas privadas dispongan de concesiones para extraer agua mineral que después embotellan, comercializan e incluso exportan, pagando un canon irrisorio (21 céntimos por cada mil litros embotellados). O que, en situaciones de emergencia por sequía, las embotelladoras no tengan limitación legal alguna sobre la cantidad de agua que pueden extraer. Esta situación está amparada legalmente, porque las captaciones de agua se enmarcan en la ley de minas de 1973, una norma preconstitucional que sigue vigente y que hace que el agua sea considerada como un mineral y no se integre en el sistema ordinario de planificación hidrológica.