Hay fechas que interpelan. El Primero de Mayo es una, por definición. No es una efeméride complaciente ni un ritual vacío: es un espejo incómodo que obliga a preguntarse si el trabajo permite vivir con dignidad o si, por el contrario, se está normalizando que millones de personas trabajadoras no lleguen a fin de mes. Este año, esta interpelación es más dura que nunca. El lema que hemos acordado los sindicatos –“Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia”– no es una consigna retórica: es una línea de defensa frente a quienes pretenden sustituir derechos por confrontación, cohesión por división y diálogo social por imposición.Todo esto se produce, además, en un contexto internacional adverso, marcado por la inestabilidad geopolítica, los conflictos abiertos y la disputa por el control de la energía y las cadenas de suministro. La agresión a Ucrania, la escalada en Oriente Próximo –con ataques contra Irán al margen del derecho internacional– y las tensiones comerciales entre potencias impactan directamente en la vida cotidiana: más inflación en bienes esenciales, precios volátiles de la energía y salarios reales a la baja. Y este ajuste acaba recayendo, demasiadas veces, sobre el trabajo.Cataluña no es ajena a este contexto. Al contrario: lo encarna con especial intensidad. Es una de las economías más dinámicas del Estado, con salarios medios superiores a la media –alrededor de 34.700 euros anuales–, pero también con profundas brechas internas y una presión creciente sobre las condiciones de vida de las personas trabajadoras. Porque la cuestión no es solo cuánto se crece, sino cómo se reparte este crecimiento. Y aquí la negociación colectiva es una herramienta imprescindible.El conflicto distributivo es hoy en el centro del debate. Mientras los beneficios empresariales han mostrado una notable resiliencia incluso en este entorno incierto, los salarios han perdido capacidad de compra. Y cuando el trabajo no garantiza una vida digna, la cohesión social se agrieta. Por ello, la mejora de los salarios no es una reivindicación coyuntural, sino estructural: es la condición básica para sostener el contrato social, para fortalecer la demanda interna y para evitar que la recuperación económica se construya sobre bases frágiles. La negociación colectiva debe continuar siendo el instrumento que ordene este reparto, que cierre brechas –también la de género– y que impida que el crecimiento se concentre en unos pocos.