El gobierno de la Generalitat ha tramitado recientemente en el Parlament el proyecto de ley de la dirección pública profesional, una iniciativa que constituye un pilar crítico y determinante para la transformación de nuestra Administración. Es muy posible que esta reforma no tenga la repercusión mediática de otras iniciativas legislativas. Sin embargo, su aplicación rigurosa puede incidir, de manera significativa, en la eficiencia del aparato institucional y en la mejora real de los servicios públicos. El principio que inspira esta reforma es establecer una línea de demarcación clara entre la responsabilidad política y la responsabilidad profesional de gestión.En cualquier sistema democrático consolidado, corresponde legítimamente a los gobiernos determinar las prioridades políticas y la hoja de ruta del país. El presidente y sus consejeros han de poder escoger a sus principales colaboradores de orientación política para definir el programa de gobierno, interpretar las demandas cambiantes de la sociedad, diseñar las políticas públicas y asignarles recursos presupuestarios. Esta función de decisión política no solamente es plenamente legítima, sino que resulta del todo indispensable para el funcionamiento democrático.Una cuestión bien diferente, sin embargo, es quién debe asumir la dirección ejecutiva necesaria para traducir estas prioridades políticas en resultados concretos. Dirigir hoy organizaciones públicas altamente complejas, administrar recursos económicos colectivos, liderar equipos humanos multidisciplinares, impulsar procesos de transformación digital o evaluar el impacto real de las políticas exige unos conocimientos técnicos, una trayectoria y unas competencias directivas muy específicas. Por este motivo, una parte muy sustancial de los actuales puestos directivos de la Generalitat y de su sector público institucional deberían dejar de depender de la confianza política o de la libre designación para pasar a ser cubiertos mediante procedimientos públicos, transparentes y competitivos. El proyecto de ley prevé que el futuro desarrollo reglamentario fije los criterios para delimitar qué cargos corresponden a la responsabilidad política y cuáles deben reservarse estrictamente a profesionales. No se trata de despolitizar la acción de gobierno, sino de profesionalizar la gestión de la Administración de manera estable y permanente.