La semana que viene, las escuelas e institutos volverán a abrir sus puertas. Miles de niños y adolescentes se reencontrarán con sus compañeros y compañeras, conocerán a los profesionales de la educación que les acompañarán cada día y retomarán una rutina que es mucho más que ir a clase: es aprender, crecer, relacionarse y encontrar un espacio de protección y de oportunidades.Y como cada año, volvemos a hablar del coste de los materiales, de si habrá suficiente profesorado, de las plazas públicas disponibles, del comedor escolar y de las condiciones de los centros educativos. Este año, además, hablamos de movilizaciones. Y también de qué pasará con las salidas que muchos centros dejarán de hacer.Pero no basta con hacer inventario de carencias cada mes de septiembre. Hay que preguntarse qué necesita realmente la educación pública catalana. Los problemas que volveremos a afrontar este septiembre no son nuevos, no son imprevistos y no se resuelven con parches. Son el resultado de decisiones políticas acumuladas año tras año.La educación pública no necesita gestos. Necesita una apuesta política clara, sostenida y honesta. Y esta apuesta empieza por cómo planificamos la oferta educativa. Hay que garantizar una red pública suficiente en cada territorio, para todos los niños y adolescentes, y reforzarla en lugar de debilitarla. Curso tras curso se cierran grupos en la escuela pública, y, paradójicamente, se mantienen, o incluso se amplían, conciertos educativos que no responden a las necesidades educativas reales del país.Y pasa también por una cuestión que ya no se puede aplazar más: la gratuidad de la educación pública. No es normal, ni lo ha sido nunca, que las familias tengan que asumir costes vinculados a la escolarización. Cada euro que una familia paga por escolarizar en la pública a su hijo o hija es una desigualdad más que el sistema tolera. El acceso a una educación pública de calidad no puede depender de la renta de cada hogar.Esta cuestión va más allá de los gastos estrictamente vinculados a lo que ocurre dentro del aula. Pensemos, por ejemplo, en el comedor escolar, que debería ser gratuito y universal y formar parte de una política educativa que garantice la equidad; o en las salidas y actividades que los centros incorporan a su proyecto educativo, y que actualmente pueden depender de las aportaciones económicas de las familias o de la disponibilidad de los profesionales para hacerlas posibles en función del centro.