Los catalanes nos casamos menos y lo hacemos más tarde. La vida en pareja se retrasa; también su formalización. Por tanto, el matrimonio se retrasa y estadísticamente disminuye. Los que se casan lo acaban haciendo de mayores, a menudo después de una vida en común consolidada, a veces incluso con hijos. Si hace unas décadas lo más normal era casarse antes de iniciar una relación bajo el mismo techo, y proclamarlo con una fiesta, ahora ya hace tiempo que esto no es así. Hay mucha más movilidad de pareja y las relaciones son mucho más abiertas y fluidas, y a menudo las amistades tienen un rol de tanto peso o más que la misma pareja. Domina un estilo de vida juvenil, sin un compromiso fijo y firme de pareja, con la cual no hace falta una convivencia estable. En muchos casos, además, si hay una relación estable, se hace sin papeles ni sin celebración.

El PP y Vox han diseñado una campaña que tiene como principal objetivo evitar que se movilice la izquierda. Es por este motivo que sus candidatos, Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox), han evitado este miércoles una fotografía incómoda con el presidente argentino, Javier Milei, un personaje conocido por sus astracanadas e insultos hacia lo que él denomina zurdos (zurdos, en castellano). La estrategia, sin embargo, no les ha salido muy bien. Primero porque la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha saltado el veto y sí que se ha visto con Milei y se ha hecho una foto. Y segundo porque se ha producido también una especie de efecto Streisand, es decir, se ha hablado más de su interés por no coincidir con él que de la visita en sí.

Habitualmente, la noche de las elecciones se otorga poca atención a los resultados en el Senado. Pero esta vez parece que será diferente. Tanto la izquierda como la derecha han entendido que el control de la cámara alta puede ser clave en una legislatura que, gane quien gane, se prevé de alto voltaje político. Por eso, el PSOE y el Frente Amplio se han apresurado a pactar candidaturas conjuntas y ahora el PP y Vox, que ya no esconden la intención de gobernar juntos, como sí pasó en 2023, exploran fórmulas de colaboración.

A pesar de los esfuerzos del PP por evitar cualquier polémica antes de las elecciones del 29-N, este lunes Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a apuntar contra el sistema de inmersión lingüística de la escuela catalana. Aunque en su "Contrato con España" solo figura un compromiso genérico para "garantizar la enseñanza del castellano en toda España" (como si esto no estuviera ya garantizado), en realidad lo que se prepara, según fuentes del partido, es la intervención del sistema catalán para que se parezca más al gallego. ¿Y cuál es este sistema gallego de escuela que defiende Núñez Feijóo? Pues un sistema con el 50% en cada idioma y donde las asignaturas más troncales, como las matemáticas, se imparten exclusivamente en castellano.

Francia se despertó el domingo en estado de shock tras los disturbios que provocaron un grado de destrucción que hacía muchos años que no se veía en las principales ciudades del país, empezando por la capital, París. El Ayuntamiento parisino ha admitido que las fuerzas del orden se vieron desbordadas, en una jornada en la que se contabilizaron entre 550.000 y 800.000 manifestantes en todo el país y hubo unos 2.000 detenidos. El estallido de rabia se empezó a gestar en las protestas estudiantiles de hace unas semanas y rápidamente se ha extendido a otras capas de la sociedad, que ven cómo su nivel de vida es cada vez más bajo y, en paralelo, los servicios públicos están más debilitados. El resultado son las imágenes impactantes de este fin de semana, con un ayuntamiento en llamas, el de Limoges, y saqueos de tiendas de lujo en pleno centro de París ante la impotencia policial. Una policía, por cierto, que también estaba en el punto de mira por el uso excesivo de la fuerza contra los estudiantes.

Se habla poco de la soledad no deseada. Tenemos tantos problemas sociales de gran magnitud –la vivienda, la crisis educativa, la pobreza cronificada, la salud mental...– que la soledad no deseada, que es poco evidente a primera vista, no genera alarma. Pero en el mundo que hemos construido es un malestar creciente: cada vez más gente, de toda condición social y edad, de entornos urbanos y rurales, vive el trauma del aislamiento social. Incluso personas que no lo diríamos nunca. No afecta, como muchos se piensan, solo y sobre todo a la gente mayor. Afecta también, y cada vez más, a niños, adolescentes y jóvenes; y afecta también a adultos que aparentemente desarrollan una vida convencional. Esta dura realidad está bien documentada y es conocida, pero no recibe suficiente atención ni mediática ni de acompañamiento profesional. De manera que no está en la lista de prioridades sociales. Claramente falta conciencia de la gravedad que supone.

En el año 2024 murieron en Cataluña 67.107 personas; de estas muertes, 10.939 fueron por motivos evitables. De hecho, el 16% de las defunciones tenían el cáncer de pulmón como primera causa, y no es ningún secreto que la razón casi siempre es el tabaquismo. Todavía sigue costando que se entienda hasta qué punto el tabaco mata de manera clara y contundente. La razón es sencilla. Las grandes tabaqueras han invertido miles y miles de millones de dólares en investigación científica con el objetivo no tanto de demostrar que el tabaco no hace daño –cosa que hoy en día ya es indefendible– como de desviar la atención hacia otras posibles causas de la enfermedad. Es decir, han invertido en investigaciones que tienen otros objetivos, totalmente legítimos, como por ejemplo la genética, la contaminación o el estrés. La idea, como explica muy bien en una entrevista Robert Proctor, el científico que ayudó a condenar a las tabaqueras en los Estados Unidos, es extender la duda sobre el efecto directo del tabaco dispersando las causas y difuminando así las responsabilidades.

No nos podemos dejar llevar por el pesimismo ambiental. A nuestro alrededor hay mucha gente que trabaja, que investiga, que transforma. Muchas personas que piensan y actúan al servicio de las personas. Hacer aflorar este talento comprometido, darle voz y visibilidad, es un deber de los medios de comunicación que desde el ARA nos tomamos seriamente. Por descontado, también debemos explicar lo que no funciona, denunciar las corrupciones e injusticias, fiscalizar los poderes. Lo hacemos día tras día. Pero el talento que tenemos en nuestra casa, en las universidades, en los centros de investigación, en las empresas, que demasiado a menudo queda oculto, nos interesa tanto o más. Es un talento que actúa en muchos campos: la ciencia, las humanidades y las artes, la medicina, la gastronomía, el deporte... Y también en la tecnología, de forma muy relevante y transversal, y a menudo afectando y dialogando con todos los otros campos.

Si hay una parte de la represión desatada después del 1-O por el Estado español contra el independentismo catalán que era especialmente injusta y arbitraria es la que pivotaba alrededor del Tribunal de Cuentas. Este organismo, que nunca había actuado de forma decidida contra ninguna administración ni ningún partido, actuó imbuido de un ánimo de venganza tal que consideró que toda la política exterior de la Generalitat desde el año 2011, cuando Artur Mas llegó al poder, hasta el 2017 era en realidad gastos impropios e ilegales del Procés que había que resarcir. Esto supuso, de facto, una pena económica a una treintena de cargos de la Generalitat, entre los cuales el mismo Mas y el exconsejero Andreu Mas-Colell, a los cuales se obligó a presentar avales sobre las cantidades que se les exigían a cada uno (sobre un total de 5,4 millones), y que han tenido que vivir la última década con esta espada de Damocles encima.

El caos de Rodalies es un descalabro enquistado. Las promesas de mejora se eternizan. La realidad de los retrasos, accidentes y averías persiste. Las incidencias son diarias, un infierno para los usuarios. Los últimos episodios de lluvia han vuelto a evidenciar, una vez más, la precariedad de un servicio que tiene la credibilidad por los suelos. Y la huelga encubierta de los maquinistas no ha hecho sino agravar todavía más la situación. Miles de ciudadanos viven desde hace tiempo, mucho tiempo, un desastre cotidiano.

El llamado "alto el fuego energético" entre Rusia y Ucrania anunciado por Donald Trump ni siquiera ha llegado a empezar. Cuando el domingo lo intentó imponer, Volodímir Zelenski contestó que no sabía nada pero que lo aceptarían. "Estamos dispuestos a respetar un alto el fuego energético si Rusia está lista para hacer lo mismo", dijo. Al cierre de esta edición Rusia, oficialmente, todavía no ha dicho nada, pero no ha hecho falta. Durante la noche pasada Rusia atacó una central eléctrica en Járkov y una planta de producción de gas y una estación de servicio en Zhitómir, según Kiev.

Las leyes se debaten y se aprueban para ser aplicadas. No tiene sentido publicarlas y que se conviertan en papel mojado. La ley de la cadena alimentaria, que entró en vigor en enero de 2014, se reformó en 2021 con el fin de restringir las prácticas comerciales abusivas. El texto establece que el precio de compra fijado en el contrato debe cubrir siempre el coste efectivo de producción del productor primario, en este caso el agricultor o el ganadero. Se prohíbe expresamente comprar por debajo de lo que ha costado producir el alimento. Es una norma que el campo exigió durante mucho tiempo que se aplicara.

A menudo se ha entendido mal la teoría de Darwin: según el naturalista inglés, la ley de la selva no es la del más fuerte, sino la del más adaptable. Las especies que triunfan son las que mejor se adaptan a las condiciones ambientales. Esta ha sido precisamente la esencia de la supervivencia política de Pedro Sánchez, a partir de una extraordinaria capacidad pragmática de sacar partido de la aritmética parlamentaria y de las condiciones sociales y económicas de cada momento, sin caer en rigideces ortodoxas.

Las acampadas contra los desahucios y la muerte de Maricarmen Abascal, convertida en símbolo popular de la lucha por la vivienda, han marcado el pistoletazo de salida de la carrera hacia las elecciones a las Cortes. No hay duda de que, ahora mismo, el acceso a una vivienda digna es el problema principal de la sociedad catalana y española. La última encuesta del CIS, monográfica sobre el tema, no hace sino confirmar el clamor a favor de un cambio de políticas. La gente quiere soluciones: siete de cada diez ciudadanos están a favor de congelar los precios de los alquileres durante dos años, y también siete o más de siete de cada diez personas están a favor de dar más garantías a propietarios ante posibles impagos, de limitar los pisos turísticos y de subir los impuestos a los grandes tenedores.

Poco tiempo después del anuncio de la convocatoria electoral, las redes sociales del PP hicieron circular un vídeo en el que se veía al ministro Óscar Puente retorciéndose de dolor después de romperse una pierna. Y las Nuevas Generaciones, uno en el que se veían inmigrantes en Ceuta con el lema: "O ellos o nosotros". Eran dos muestras de por dónde piensa llevar la campaña el partido que aspira a gobernar España. También el mismo día, Isabel Díaz Ayuso y Vox pidieron a sus electores que no se les ocurra votar por correo, y sembraron así la duda sobre si el gobierno actual está preparando un pucherazo. Este es un espantapájaros que la derecha ya hace tiempo que agita, con la idea de dibujar a Pedro Sánchez como un aspirante a dictador.

Este martes ha sido un día muy importante en la lucha por borrar los efectos de la represión judicial que se puso en marcha al día siguiente mismo del 1-O contra dirigentes políticos y ciudadanos anónimos por defender el derecho a la autodeterminación de Cataluña. La decisión del Tribunal Constitucional, que finalmente ha ordenado al Tribunal Supremo aplicar la amnistía también a los acusados del delito de malversación, abre la puerta al retorno de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, y a dejar sin efecto la inhabilitación para cargo público que sufren Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Jordi Turull y Raül Romeva. Será el final de un proceso que ha durado muchos años: que comenzó con los indultos, continuó con la derogación del delito de sedición y ha culminado finalmente con la aplicación total de una amnistía que la justicia ha intentado torpedear por todos los medios.

El presidente español, Pedro Sánchez, ha visto una ventana de oportunidad en la votación que tumbó el viernes los decretos de vivienda y ha decidido lanzarse de cabeza. Tras un fin de semana de consultas, este lunes ha anunciado la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre y ha convertido su comparecencia en el primer acto de lo que se prevé que será una larga precampaña. Sánchez ha pedido una mayoría más amplia para "doblegar a las élites" y ha instado a la ciudadanía a colocarse en el "lado bueno de la historia" ante lo que ha calificado como "la peor oposición de la historia de la democracia". Sánchez, pues, se la juega a un todo o nada presentándose como el defensor de las clases populares frente a los poderosos.

El temporal de lluvia y viento que ha castigado a Cataluña este fin de semana ha dejado imágenes espectaculares de inundaciones, decenas de miles de personas afectadas en un grado o en otro, y un balance provisional de dos muertos y un desaparecido. Los próximos días habrá que afinar en el cálculo de daños y en la gestión de la emergencia, pero de entrada hay dos cosas que ya se pueden afirmar. Los avisos del ES-Alert pueden resultar molestos en algún momento, pero esta vez han demostrado su utilidad. Viendo la magnitud de los caudales que bajaban por rieras y barrancos, no es difícil pensar que sin un aviso generalizado habría habido más víctimas. La ciudadanía, en términos generales, ya ha aprendido a hacer caso de las recomendaciones y actúa en consecuencia.

Los decretos sobre vivienda que se tumbaron el viernes en el Congreso eran una respuesta de urgencia al estallido social provocado por casos como el de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada en Madrid, o el de Olga, la vecina de Hospitalet que se suicidó tras perder su casa, pero no representaban una solución estructural al problema. Esto lo saben incluso los promotores de los decretos y los partidos que votaron a favor. Por tanto, lo primero que hace falta es distinguir entre la respuesta a la emergencia social que suponen los desahucios y la cuestión, más de fondo y multifactorial, del acceso a una vivienda digna en condiciones.

La vivienda es sin duda el gran problema de la sociedad actual, y no hay ninguna solución mágica ni, sobre todo, rápida. Ahora bien, hay dos elementos que son ciertos: el primero es que las familias se ven obligadas a destinar una porción cada vez mayor de sus ingresos, especialmente si están de alquiler. Y el segundo es que este esfuerzo económico excesivo provoca que mucha gente, al sufrir alguna circunstancia que conlleva una rebaja de ingresos –como la pérdida del trabajo o un problema de salud–, no pueda afrontar el pago de la hipoteca o del alquiler. Convertirse en persona vulnerable no es tan difícil en el mundo actual, y su cara más amarga son los desahucios.