Los decretos sobre vivienda que se tumbaron el viernes en el Congreso eran una respuesta de urgencia al estallido social provocado por casos como el de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada en Madrid, o el de Olga, la vecina de Hospitalet que se suicidó tras perder su casa, pero no representaban una solución estructural al problema. Esto lo saben incluso los promotores de los decretos y los partidos que votaron a favor. Por tanto, lo primero que hace falta es distinguir entre la respuesta a la emergencia social que suponen los desahucios y la cuestión, más de fondo y multifactorial, del acceso a una vivienda digna en condiciones.

La vivienda es sin duda el gran problema de la sociedad actual, y no hay ninguna solución mágica ni, sobre todo, rápida. Ahora bien, hay dos elementos que son ciertos: el primero es que las familias se ven obligadas a destinar una porción cada vez mayor de sus ingresos, especialmente si están de alquiler. Y el segundo es que este esfuerzo económico excesivo provoca que mucha gente, al sufrir alguna circunstancia que conlleva una rebaja de ingresos –como la pérdida del trabajo o un problema de salud–, no pueda afrontar el pago de la hipoteca o del alquiler. Convertirse en persona vulnerable no es tan difícil en el mundo actual, y su cara más amarga son los desahucios.

El INE ha hecho públicas las cifras del PIB del año 2025, que certifican el fenómeno que domina la economía española desde hace décadas: una concentración cada vez mayor de la actividad económica y la riqueza en Madrid y una brecha cada vez mayor entre la capital del Reino y los territorios de su alrededor. Si en el año 2000 la economía madrileña representaba el 17,5% del total español, este 2025 ya ha llegado al 20%. En cambio, Cataluña mantiene su parte del pastel estable: era el 18,9% en el año 2000 y lo sigue siendo 25 años después.

A falta de la concreción exacta de los decretos aprobados por el gobierno español este martes, lo primero que hay que decir es que no hay cuestión más capital y con tantas aristas ahora mismo en el debate público como la de la vivienda. Pero lo que ha puesto sobre la mesa el caso de la madrileña Maricarmen Abascal es que ninguna sociedad democrática puede aceptar que cada semana se desahucien a cientos de personas ni que los jóvenes y los no tan jóvenes tengan tan difícil el acceso a la vivienda. Lo primero es una cuestión de humanidad, y lo segundo afecta al derecho a tener una vida digna y tiene graves repercusiones en el funcionamiento de la economía.

Los ministros de Defensa de la Unión Europea se han reunido este lunes con una pregunta sobre la mesa: ¿cómo se puede responder de forma coordinada a la guerra híbrida que está planteando Rusia como parte de su estrategia para impedir que los socios europeos continúen ayudando a Ucrania en su esfuerzo de guerra? La reunión ha coincidido, por cierto, con un fuerte ataque ruso al centro de Kiev que de híbrido no ha tenido nada, sino que ha mostrado el horror de la guerra en todas sus dimensiones: edificios bombardeados, víctimas civiles y, lo que es peor, la sensación de que esto es solo el principio.

La presión en la calle para que el gobierno español apruebe el nuevo decreto de vivienda que frene los desahucios se ha incrementado este fin de semana. La movilización ciudadana ha sido un éxito incontestable. Como han dicho los mismos promotores de la manifestación y de la acampada en la Puerta del Sol de Madrid, no se puede comparar con el 15-M de 2011. Hay menos movimiento ideológico de fondo y más reivindicación concreta. En realidad, el grito de ahora tiene un objetivo perfectamente descriptible: resolver el acceso a la vivienda, convertido en el principal motivo de precariedad y desigualdad. Y responde a un malestar muy generalizado que es interclasista e intergeneracional. La imagen de Maricarmen Abascal, de 87 años, siendo desahuciada en camilla del piso donde ha vivido toda la vida, ha calado en la opinión pública: muchos ciudadanos de edad avanzada se han imaginado ellos en su situación y muchos jóvenes y adultos han proyectado en ella a la abuela o a la madre.

El sistema público catalán de salud mental, sobre todo para jóvenes y adolescentes, está muy tensionado. No es un consuelo que, respecto al resto del Estado, Cataluña esté mejor en este campo asistencial. No lo es porque igualmente los profesionales, que en los últimos meses han lanzado diversas alarmas en forma de informes y manifiestos, no dan abasto. Y las familias tienen que soportar largas listas de espera o, si pueden, optar por la atención privada –una visita con un psicólogo o un psiquiatra cuesta de 50 a 120 euros–. A pesar de que la Generalitat haya destinado más recursos en los últimos años, las carencias siguen siendo notorias.

Lo que ha pasado en Madrid con Maricarmen Abascal, desahuciada a los 87 años del piso donde ha vivido toda la vida y que ha pagado religiosamente, no tiene nombre. Aún más dramático es el suicidio de Olga, de 54 años y con dos hijas, que tuvo lugar en Hospitalet de Llobregat. La crisis de la vivienda marca hoy una precariedad que ya no solo afecta a los más vulnerables, sino también a la clase media, con el colectivo joven especialmente sin salidas que vayan más allá de una ayuda familiar. El derecho a la vivienda es un derecho fundamental, pero la dura realidad es que cada vez hay más gente que no lo tiene garantizado: cuando esto afecta a personas mayores o niños, el problema, como sociedad, nos avergüenza.

No será fácil remontar el clima enrarecido en el que ha caído el mundo educativo. La atmósfera se ha degradado demasiado. Los buenos oficios del presidente del Consejo de Educación, Joan Manuel del Pozo, que tiene el encargo de reconducir la situación buscando la pacificación del sector y un gran acuerdo de país, dan motivos para la esperanza. Pero más allá de las buenas palabras y de un buen talante, harán falta hechos, prioridades claras y decisiones sensatas y valientes. Sobre todo, mucho sentido común: porque lo que hace falta es cambiar el rumbo, pero sin grandes inventos y, también, con un poco de paciencia a la hora de obtener resultados. No habrá, como en el fútbol, remontadas mágicas.

Las Naciones Unidas se crearon por la Carta de San Francisco en el año 1945 con el objetivo de que la comunidad internacional tuviera un foro donde discutir sobre cuestiones de seguridad mundial sin tener que recurrir a los enfrentamientos armados. La idea era no repetir los errores de la Sociedad de Naciones de entreguerras y tener un organismo verdaderamente representativo donde todos los países, por pequeños que fueran, pudieran tener voz y voto para preservar el bien más preciado, la paz. Seguramente, la creación del Consejo de Seguridad con cinco miembros permanentes, y por tanto con derecho de veto, ya pervirtió el objetivo inicial y ha convertido a la ONU en una entidad inoperante, pero lo que no se había visto nunca es el espectáculo que ofreció el martes Donald Trump amenazando a Irán con la aniquilación desde la tribuna de oradores. Este miércoles, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha comparecido para mostrarse desafiante y advertir que "han puesto a prueba la fuerza y la firmeza de Irán, y han aprendido que no pueden hacer que Irán se rinda".

Algún día se tendrá que reconstruir la historia de cómo la magistratura española se conjuró para impedir la aplicación de una ley aprobada democráticamente por el Congreso de los Diputados, como lo fue la amnistía para los condenados y acusados por el Procés, pero por suerte más de tres años después de su entrada en vigor se empieza a ver la luz al final del túnel. Este martes, 22 de septiembre, se ha materializado la mayoría en el Tribunal Constitucional para remover el último obstáculo colocado por el Tribunal Supremo, que es el de considerar que el delito de malversación no es amnistiable. El pleno del TC ha tumbado la ponencia del magistrado conservador José María Macías donde se sostenía esta tesis y se desestimaba el recurso de Jordi Turull contra la decisión de no aplicarle la amnistía. Ahora Macías deberá redactar otra ponencia en sentido contrario.

Angela Merkel ocupó la cancillería alemana entre 2005 y 2021, 16 años en los que ejerció un liderazgo indiscutible en su país que se extendió también a Europa. Su fórmula combinaba austeridad económica con gestos de gran altura moral, como la apertura de las fronteras a los refugiados sirios durante la crisis de 2015. La gestión de su legado, sin embargo, está resultando especialmente complicada para Alemania, con una economía estancada y un auge de la extrema derecha que era impensable hace solo unos años.

Los estadounidenses están notando en el bolsillo el precio de la guerra de Donald Trump en Irán. El viernes pasado, el precio medio del diésel en los Estados Unidos estaba cerca de su máximo histórico de 6,43 dólares por galón, según GasBuddy, y los mismos votantes del presidente expresan sin miedo su descontento en las redes. Es una situación que preocupa a los republicanos porque se suma a la crisis que provocó también la guerra de los aranceles. Su situación económica, sin embargo, no es ni de lejos tan grave como la de otros países, de Guatemala a Indonesia, donde ha habido manifestaciones y protestas por la subida y la escasez de combustibles a causa de la crisis del Golfo. En España, por supuesto, si no llega a ser por las ayudas estatales, el malestar también sería más profundo, e incluso así ya se prevé un otoño caliente, porque agricultores y transportistas reclaman más ayudas, ya que las que tienen no son suficientes para mantener la actividad.

Si tienen tápers de plástico, no los pongan en el microondas y, en general, intenten que no se calienten. Algunos, la mayoría, son disruptores endocrinos. Es decir, a pesar de ser productos derivados del petróleo, simulan un funcionamiento hormonal que altera la salud de maneras muy diversas. También son disruptores endocrinos las etiquetas con el precio que se ponen sobre las bandejas de producto fresco o cocinado de los supermercados. Los expertos aconsejan que no las toquemos y que evitemos rápidamente su contacto con la comida. También puede ser tóxico el plástico que envuelve estas bandejas. Y el champú, la crema solar o la ropa sintética que repele el agua. Los científicos han identificado un millar de elementos tóxicos que pueden funcionar como disruptores endocrinos, y que en algunos casos penetran en el cuerpo humano y pueden quedarse incluso años. No es algo inmediato. No hay una relación causa-efecto clara, y contribuyen otros factores, pero cada vez está más claro, después de cientos de estudios científicos, que la constante exposición a este cóctel de tóxicos acaba teniendo consecuencias. Se ha relacionado, por ejemplo, con la pubertad avanzada, la obesidad, la diabetes y los problemas de infertilidad. Y empieza a haber indicios que los relacionan con algunos tipos de cáncer hormonales, como los de próstata o el de mama. Sobre todo son peligrosos en embarazadas, niños y adolescentes.

¿Es posible poner fin al sinhogarismo? Fue posible hace unas décadas, en la Barcelona preolímpica. Eran años de vacas gordas y de optimismo cívico. Se consiguió reducirlo a la mínima expresión. Pero las cosas han cambiado mucho. Ahora, sin duda, estamos en otro momento.

Ojalá los libros de historia del futuro registren la fecha de este jueves 17 de septiembre de 2026 como el día en que se puso la primera piedra de la alianza entre la Unión Europea y Canadá. La excelente acogida del discurso del primer ministro canadiense, Mark Carney, ante el Parlamento Europeo invita al optimismo, así como la airada reacción de Donald Trump, que una vez más ha vuelto a amenazar con represalias comerciales. Y es que la política expansionista de Trump, que ha dicho que quiere incorporar a Canadá y Groenlandia a los Estados Unidos, mezclada con su estilo de matón de barrio y decisiones catastróficas para la economía mundial como la guerra de Irán, está empujando a todos los antiguos socios de Washington a buscar alianzas alternativas.

Habitualmente, endurecer el Código Penal es una solución fácil y demagógica para combatir el crimen, pero a veces la realidad obliga a hacer ajustes que son absolutamente necesarios si se quiere asegurar la seguridad en el espacio público. Es el caso de la propuesta que, según ha podido saber el ARA, la Generalitat ha trasladado al gobierno español, en concreto a la Moncloa y también al ministerio de Justicia, para duplicar y en algunos casos incluso triplicar las penas por llevar armas prohibidas o sin permiso (actualmente las penas van de uno a tres años de prisión). También se propone crear un nuevo tipo penal para castigar la mera exhibición de estas armas en el espacio público –ahora mismo no está castigada–, que tiene unos efectos claramente intimidatorios.

El fatalismo es una pésima receta que bloquea la acción. Sin caer en el optimismo ingenuo, solo hay un camino para encarar el futuro: arremangarse. Afrontar el momento complicado que vivimos yendo de cara, con el retrovisor para aprender de los errores del pasado, pero con la mirada larga, hacia adelante. ¿Qué Cataluña queremos dejar a las siguientes generaciones? ¿Qué país imaginamos para el 2050? La respuesta honesta a esta pregunta es lo que, a pesar de todos los pesares, continúa movilizando energías individuales y colectivas con una sorprendente fuerza y creatividad. Los que hacen un buen trabajo son muchos. Darles voz y visibilidad es lo que en esta Diada Nacional hacemos en el ARA.

Los desastrosos resultados de las pruebas PISA en el estado español, que son perfectamente extrapolables a Cataluña a pesar de no disponer de datos representativos debido a la chapuza de las exclusiones de alumnado, han disparado todas las alarmas y nos sitúan en un punto de inflexión. Básicamente, porque en realidad eran perfectamente esperables y hace tiempo que hay síntomas de que el actual sistema educativo hace aguas y no da respuesta a las complejidades de la sociedad actual. Ante esta situación, lo que hace falta es exigir a las administraciones, los partidos, la comunidad educativa y la sociedad en general un auténtico pacto nacional que sirva para consensuar una estrategia compartida que vaya más allá de los ciclos electorales. La educación debe dejar de ser un arma política.

Rusia está incrementando la presión sobre los países del este de Europa con una mezcla de guerra híbrida y violaciones del espacio aéreo como parte de su estrategia militar para debilitar la ayuda de la OTAN y los socios de la UE a Ucrania. La realidad es que, casi cinco años después de la invasión, el presidente ruso, Vladímir Putin, sabe que la única posibilidad que tiene de ganar la guerra es cortar esta ayuda. ¿Cómo? Pues profundizando en las divisiones europeas, intimidando a la población de los países fronterizos y, sobre todo, colocando a sus peones de extrema derecha al frente del máximo de países europeos. Para conseguir todos estos objetivos despliega toda una serie de acciones de las cuales en los últimos días hemos tenido bastantes ejemplos.