En la nueva crisis migratoria europea a causa de los graves y dramáticos hechos de Ceuta, finalmente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha salido al rescate de Pedro Sánchez, a quien, bajo el liderazgo de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, la Europa de la ultraderecha y la derecha ha querido situar como un peligro para la política migratoria común de cierre de fronteras y, por tanto, para la seguridad del espacio Schengen. Las imágenes y las cifras de llegadas del primer día impactaron la opinión pública y las cancillerías continentales, y dieron pie a situar al gobierno español en una supuesta posición de tolerancia con la inmigración ilegal, sumando al paquete crítico la reciente regularización, a la que rápidamente se atribuyó un supuesto "efecto llamada". Este lunes mismo el PP español todavía insistía en ello.

Los 241 millones de seguidores que tiene en su red X han visto cómo Elon Musk comparaba la entrada masiva de inmigrantes, mayoritariamente marroquíes, a Ceuta con los zombis de Guerra Mundial Z. Italia ha anunciado controles migratorios en la frontera que casi con seguridad afectarán sobre todo a los marroquíes, también a los nacidos en Europa o a los que tienen papeles, lo que profundizará en el estigma contra una población que sufre desde siempre racismo institucional en todos los países de la UE. Y lo más importante: la cifra de muertos intentando cruzar la frontera, muchos de ellos menores, se eleva cada día, y se da por descontado que superará ampliamente el centenar de personas, lo que la convertirá en la tragedia más grave de estas características de los últimos tiempos. Algunos jóvenes han preferido probarlo todo y el peligro de morir antes de quedarse en su país. ¿Qué dice esto de Marruecos?

Cada vez más gente dice que evita las noticias, y el resultado es una sociedad menos informada y, por tanto, una democracia más debilitada. En los países donde el periodismo va a la baja, el populismo autoritario gana terreno. ¿Pero por qué crece el número de ciudadanos que optan por vivir al margen de la actualidad periodística, que eligen no saber, no hacerse preguntas ni buscar respuestas, con todo lo que esto comporta? Muchos lo justifican así: porque creen que ya están informados a través de las redes sociales. Porque las malas noticias les angustian. Porque cada vez les cuesta más distinguir qué es verdad y qué es mentira. Porque se sienten sobrepasados: demasiados impactos y demasiada poca fiabilidad.

La derecha extrema europea, incluida la española, está siendo muy rápida y contundente a la hora de aprovechar el propagandístico y dramático gesto de presión migratoria marroquí sobre España en Ceuta para marcar distancias con el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la regularización. Tanto da que lo que Meloni, Abascal y cía. califican de "invasión", al final habrá sido un episodio de un día: la llegada masiva ha ido seguida de un retorno también masivo. Y tanto da que haya habido más de medio centenar de jóvenes muertos en el mar: de este drama humanitario no han hablado los dirigentes de la ultraderecha. De lo que se trata por parte de Italia y Finlandia es de reforzar la idea de la necesidad de fortificar Europa, una idea que no cuadra con la demanda de mano de obra y que va a remolque del discurso xenófobo de la"América primero que también han abrazado los Estados Unidos de Trump.

Ha pasado una semana después de que Pedro Sánchez viajara a Argelia para intentar hacer las paces y restablecer unas relaciones políticas y económicas que le aseguren, sobre todo, las compras de gas. Las relaciones se habían roto después de que España aceptara el plan de Marruecos para el Sáhara que olvidaba la reivindicación de autodeterminación y se quedaba en una simple autonomía. Y esta claudicación española, imperdonable para los argelinos, vino unos años después de que, en 2021, la acogida en España de Brahim Ghali, jefe del Frente Polisario, provocara una crisis con Marruecos que acabó con la entrada también ilegal de 8.000 marroquíes por la frontera de Ceuta. Son estos antecedentes los que hacen sospechar que detrás de lo que está pasando estos días en Ceuta hay algo más que la voluntad de unos jóvenes por forzar la entrada a Europa. A pesar de que resulta difícil de creer que esto pudiera pasar sin, al menos, la pasividad de la parte marroquí, oficialmente las relaciones entre España y Marruecos son ahora mismo buenas y la cooperación se mantiene.

El fútbol es el deporte rey: el que mueve más masas –digitales y presenciales– y más pasiones. Pasiones deportivas y nacionales. El que más negocio genera, con unos fabulosos derechos televisivos. El que más política comporta. Lo hemos visto en este Mundial, con las obscenas interferencias del presidente estadounidense Donald Trump, que ha contado con la complicidad indisimulada de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, cargo que ocupa desde hace una década y en el cual se quiere perpetuar.

El amiguismo y el nepotismo, el partidismo digital (nombramientos a dedo por parte de los aparatos de los partidos políticos una vez acceden al gobierno) o el decimonónico vuelva usted mañana, que hizo célebre el periodista Mariano José de Larra, junto con las lacras de la corrupción y la opacidad, son lugares comunes enquistados en las administraciones española y catalana y en la cultura popular. ¿Cómo puede ser que, después de cincuenta años de democracia, todavía no hayamos conseguido tener una administración eficaz y meritocrática, al servicio de los ciudadanos y no de los caprichos políticos de los gobernantes?

Los turistas están huyendo de Burdeos y sus habitantes llevan días respirando el humo de los incendios que arden a solo 15 kilómetros de su conurbación urbana. De momento ya ha sido declarado el más grande que ha sufrido Francia en los últimos cincuenta años y ayer la noticia era que un alto cargo de bomberos declaraba en televisión que se pueden tardar "semanas o meses" en poder darlo por extinguido. Se han tenido que desalojar a más de 200.000 personas de diversas poblaciones de la Gironda, pero de momento no está previsto desalojar Burdeos. Quien puede, sin embargo, se va.

El exceso de turismo acaba volviéndose contra la sociedad que lo ha promovido y se ha beneficiado de él. En las Islas Baleares, esto es desde hace tiempo una evidencia social, económica y ambiental. También en Cataluña, y en especial en Barcelona. A fuerza de excesos, estamos matando la gallina de los huevos de oro. La capacidad de carga turística de las ciudades y los diversos territorios tiene un límite a partir del cual los efectos colaterales nocivos pueden llegar a ser superiores a los beneficios. No se puede renunciar a la riqueza del turismo, pero sin duda hay que ponerle medida.

Las vacaciones pagadas fueron, hace menos de un siglo, una conquista de la clase trabajadora, con Francia como primer país que las generalizó en 1936: 15 días para todos. Desde entonces, y en especial tras la Segunda Guerra Mundial, con la consolidación del estado del bienestar europeo, se ha avanzado mucho en bienestar vacacional. Solo así se entiende que el turismo se haya convertido en una industria global, con Cataluña-Barcelona como destino privilegiado. Pero se trata de una industria de poco valor añadido que, paradójicamente, está dejando no sin vacaciones, pero sí sin la posibilidad de disfrutarlas al nivel de años atrás. Cada vez hay más catalanes que no pueden permitirse estancias largas fuera de casa.

Después del curso más complicado en las aulas catalanas, con un mes final marcado por una tanda inédita de huelgas, cuando ya prácticamente toda la comunidad educativa está de vacaciones, llega un nuevo jarro de agua fría. Esta vez sobre uno de los pilares evaluativos a escala internacional. Las últimas pruebas PISA hechas en Cataluña fueron un fiasco. Se trata de un auténtico desastre: la elección de los alumnos que las llevaron a cabo estaba mal hecha. En el resto de España se hizo bien.

Junto a los incendios y las olas de calor, este está siendo también el verano de las incidencias en las obras del transporte: en poco tiempo llevamos dos socavones y una deflagración. Si el invierno vino marcado por los trágicos accidentes de Gelida y Adamuz, ahora, afortunadamente de momento sin afectaciones de vidas humanas, estamos sufriendo unos sorprendentes derrumbes de terrenos en grandes actuaciones públicas. ¿Qué nos está pasando?

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está haciendo una carrera de fondo para dinamitar todas las reglas internacionales que se han construido a lo largo de los años y, con su acción directa, o con sus alianzas, trabajar por un mundo en el que, efectivamente, solo prevalezca la ley del más fuerte o, también, la del más rico. Es el caso del acuerdo que ha firmado con Arabia Saudí para permitir que la gran potencia del Golfo pueda enriquecer, en su propio territorio, uranio de cara a tener combustible nuclear. En principio no tendría finalidades militares, pero, al contrario que con otros acuerdos anteriores con países terceros, como los Emiratos Árabes Unidos, no está previsto, según lo que ha trascendido de momento, que haya cláusulas de seguridad estrictas ni la exigencia de acceso total de los inspectores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Simplemente menciona “estándares elevados de seguridad nuclear” y “no proliferación nuclear”. Aunque es un acuerdo que hace muchos años que se negocia, inicialmente estaba ligado al compromiso de Arabia Saudí de reconocer el Estado de Israel —cosa que quedó truncada después de los ataques de Hamás del 7 de Octubre— y tenía más límites de los que ahora está previsto que se impongan.

El ministerio de Industria ha presentado este martes un programa de subvenciones para incentivar la eficiencia energética de los sectores industriales (600 millones de euros de ayudas) y promover el coche eléctrico (400 millones de ayudas, vía la convocatoria Autoplus). El objetivo es que la reindustrialización vaya de la mano de la transición energética. Según datos del último mes, la venta de vehículos electrificados en el Estado supuso un 23% del total. Todas las subvenciones, tanto a coches como a empresas, serán retroactivas al 1 de enero. Y para acreditar las ayudas a la descarbonización de la industria, se podrán validar actuaciones de los últimos tres años. Medidas como estas las están llevando a cabo todos los estados europeos. Nadie quiere quedarse atrás.

Cuando el Tribunal Supremo dictó sentencia por el caso Koldo, a finales de junio, en que condenaba a fuertes penas de prisión al exministro y exsecretario de organización del PSOE José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García pero beneficiaba al principal beneficiario de la trama de las mascarillas, Víctor de Aldama, ya aparecieron voces de alarma. La suspensión de la pena de cuatro años y medio de prisión para el corruptor, sustituida por servicios comunitarios, se justificaba por la colaboración del empresario a la hora de destapar la trama, que, según el tribunal, había sido capital para demostrar las acusaciones. Sin embargo, este premio al corruptor a cambio de delatar a sus socios fue polémico, primero porque no todo el mundo lo veía justificado dentro del mismo marco jurídico, y segundo porque se interpretó como una vía libre para que otros cogieran el mismo camino. Esto es, precisamente, lo que parece que está empezando a pasar.

Es inevitable ponerse las manos en la cabeza o incluso reírse de algunos de los comentarios y ocurrencias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cómo puede decir esto o aquello? ¿Cómo pueden votarle? ¿Cómo es que no hay reacción? Lo cierto, sin embargo, es que entre exabrupto y exabrupto su agenda ultraconservadora va avanzando por todas partes, y nadie, en el fondo, se atreve a llevarle la contraria. Ha conseguido imponer su programa más allá de su país, donde claramente representa un considerable sector de la sociedad estadounidense, que no es que solo le ría las gracias sino que comparte de todo corazón su ideología y hace todo lo que puede para aplicarla, con la ayuda, implacable, de todo el aparato del estado.

El fútbol, deporte rey y negocio global, tiene la vertiente profesional deportiva y la vertiente política identitaria. Mueve mucho dinero, muchas masas de aficionados y muchas ilusiones. La afición por un club tiene un fuerte componente de adhesión emocional. El apoyo a una selección nacional, también, con la capa política añadida. El fútbol despierta pasiones y sublima guerras: mejor una competición entre jóvenes en el terreno de juego que un choque a vida o muerte entre soldados. Ojalá Ucrania y Rusia –o Israel y Palestina– compitieran en los estadios con un balón en lugar de hacerlo desde las trincheras con armas letales.

Cataluña concentra el 17% de la población del Estado y aporta el 19% del PIB español. Tendría sentido que se valorasen estos indicadores a la hora de hacer las inversiones estatales que faciliten el bienestar de la población, por justicia, y el crecimiento de su economía, para el beneficio de todo el conjunto. En cambio, año tras año y ya llevamos muchos, demasiados, lo que se demuestra es un déficit crónico de inversiones que en ningún caso se corresponde con el peso demográfico y económico del país. Según los informes que Hacienda ha enviado a los partidos políticos y al Congreso, el gobierno central gastó en Cataluña solo el 8,6% de toda la inversión que ejecutó durante el año 2025 en las comunidades autónomas. Un 8,6%. Menos de la mitad de lo que correspondería.

La ley de amnistía para los encausados por el procés independentista entró en vigor en junio de 2024. Han pasado más de dos años y el bloqueo continúa. ¿Cuánto tiempo más habrá que esperar hasta que llegue a todos los implicados?

Dos de cada tres pymes catalanas han tenido problemas para cubrir vacantes con los candidatos que habrían querido porque estos se han echado atrás cuando han visto que tendrían problemas para encontrar un lugar asequible donde vivir. De hecho, la mitad de las pequeñas y medianas empresas del país reconocen que han desistido de proyectos de crecimiento, sea ampliando plantilla o bien abriendo nuevos centros, por culpa de la misma cuestión. Por la tensión residencial que sufrían los trabajadores o, incluso, porque la misma empresa tampoco ha podido encontrar un lugar más adecuado para dar el salto de crecimiento a causa del aumento de precios. El estudio presentado este miércoles por el Observatorio de la Pime de la patronal catalana de las pequeñas y medianas empresas, Pimec, es una nueva muestra de hasta qué punto la crisis inmobiliaria está perjudicando no solo a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes y a los que tienen unos sueldos más precarios, sino que también es un problema general que lastra de manera clara y preocupante el conjunto de la economía del país y hace que no pueda avanzar al ritmo que se querría.