Las prisiones catalanas están a un paso de llegar a su capacidad máxima. Según los datos del departamento de Justicia, a día 31 de agosto había 9.597 presos para un total de 10.016 plazas, es decir, las prisiones están a un 95% de su capacidad. Esto es así porque en los últimos cinco años ha habido un aumento notable de internos: 1.800 más. Cuidado, sin embargo, con hacer lecturas simplistas y relacionar este aumento con la inmigración, porque el pico de internos en las prisiones catalanas se alcanzó en el año 2009, con 10.525, y hasta 2013 se estuvo por encima de los 10.000.

El régimen marroquí se vende a sí mismo como un ejemplo de éxito, un país que se ha convertido en una potencia regional, con una interlocución privilegiada con la UE, los Estados Unidos e Israel y capaz de organizar grandes eventos deportivos como el Mundial de fútbol de 2030, junto con España, y para el cual está construyendo el que será el estadio más grande del mundo, con 115.000 asientos. Visto desde fuera, en los últimos años Marruecos ha dado un gran salto en infraestructuras, con el tren de alta velocidad entre Tánger y Casablanca como punta de lanza, y ha experimentado un fuerte crecimiento económico gracias a la inversión extranjera en sectores estratégicos como el hidrógeno verde o los fertilizantes (gracias a los fosfatos del Sáhara Occidental). Pero esta bonanza no está llegando a la población. Los salarios son bajos y los trabajos precarios, y en ningún caso el país es capaz de absorber la fuerza de trabajo que representan los jóvenes, como dicen los informes del Banco Mundial. Esto está afectando incluso a la tasa de fecundidad, que ha bajado hasta 1,97 hijos por mujer (en los años 60 era de 7,2, y en los 90 de 3,3), que, aun así, es prácticamente el doble de la española (1,1).

La Diada de 2026 deja dos elementos sobre la mesa. El primero es que, en contra de las previsiones, ha habido un repunte en la participación de las movilizaciones independentistas, lo cual es una buena noticia para un movimiento que hace años que vive en un estado de depresión colectiva. La segunda es que todos los actores del catalanismo, con una mención especial para Òmnium y su actual presidente, Xavier Antich, enfocaron sus mensajes en la misma dirección: el necesario combate contra la extrema derecha que representa Aliança Catalana.

La desclasificación y publicación de los informes de los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad sobre la crisis de Ceuta no ha mejorado la posición del gobierno español, más bien al contrario. Los documentos demuestran que el CNI emitió avisos, tanto a las autoridades marroquíes como a las españolas, de que se estaba produciendo una convocatoria masiva en las redes para entrar en Ceuta aprovechando la festividad del Día del Trono. En concreto, el CNI alertó de que había perfiles "especialmente activos" en WhatsApp y Facebook llamando a la entrada masiva, con un alcance potencial de 180.000 personas.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha abierto una causa penal para investigar la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta del 30 de julio como un "ataque grave a la integridad territorial de España". Entre los delitos que la jueza quiere investigar están los que "comprometen la paz o la independencia del Estado", que son los que van del 589 al 597. “Se deduce que el delito tiene una intencionalidad de atentar contra el Estado”, añade la jueza, que recuerda que Pedro Sánchez presentó los hechos como una “violación de la integridad territorial de España”. Y también recuerda que un "flujo migratorio masivo" es "uno de los métodos característicos de la guerra híbrida". Así pues, desde este lunes hay un tribunal español –y no uno cualquiera– investigando si Marruecos lanzó una operación de guerra híbrida contra España el pasado 30 de julio.

Las encuestas ya lo iban avisando y ayer los resultados lo confirmaron de manera contundente. El partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) ha arrasado en las elecciones de Sajonia-Anhalt y podría acabar gobernando si finalmente consigue la mayoría absoluta en escaños –a última hora era del 44,6% con el 95% escrutado– o si su potencial socio, el partido Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), que de momento supera la barrera del 5% de los votos que permite tener representación en el Parlamento regional, le da apoyo o se abstiene en la votación. Sea como sea, lo que queda claro es que le ha votado una mayoría abrumadora de ciudadanos de este estado federal, uno de los 16 en los que está dividida Alemania y que tiene una población que apenas supera los dos millones de personas. De hecho, lo primero que ha sorprendido hoy es el aumento espectacular de la participación, que supera el 70%, más de una decena de puntos superior a los que hubo en las anteriores elecciones de 2021.

La política es el arte de lo posible, y debemos exigir a nuestros representantes públicos que sean capaces tanto de maximizar las coyunturas políticas como de hacer una lectura realista de la correlación de fuerzas. En este sentido, se puede debatir si el nuevo sistema de financiación que el PSOE ha puesto sobre la mesa, y que supondría una inyección de 4.700 millones extras para las arcas de la Generalitat, es suficiente o no. Pero teniendo en cuenta la experiencia histórica (hace 17 años que no se propone ningún nuevo modelo), y haciendo una lectura realista del momento político, con PP y Vox a las puertas de la Moncloa, no hay más remedio que concluir que sería una gran irresponsabilidad renunciar a este dinero.

La relación con Marruecos siempre ha sido estratégica para cualquier gobierno español y, a pesar de incidentes puntuales como la disputa por el islote de Perejil en el año 2002, los gobiernos de diferentes colores han intentado mantener buenas relaciones de vecindad. En los últimos años, sin embargo, han tenido lugar una serie de fenómenos que han aumentado el poder y la influencia de Marruecos sobre España y también sobre la UE. Su papel de vigilante de la frontera sur europea, y el aumento exponencial de los flujos migratorios, le otorga un gran poder de negociación (y de extorsión), y su reciente acercamiento a los Estados Unidos e Israel lo han convertido en un actor cada vez más temible. Este es el contexto de la crisis migratoria de Ceuta y también lo que explica lo que ha pasado este jueves en el Congreso de los Diputados, donde Pedro Sánchez se ha quedado solo defendiendo que Rabat no tuvo ningún papel en la entrada masiva de inmigrantes.

La filtración de la existencia de un informe policial que apunta a la participación de las fuerzas de seguridad de Marruecos en la entrada masiva de migrantes en Ceuta del 30 de julio ha provocado una tormenta política que amenaza la ya frágil posición del ejecutivo de Pedro Sánchez en toda esta cuestión. El informe en sí ha sido elaborado por una unidad de inteligencia fronteriza que no tiene agentes sobre el terreno y que llega a esta conclusión analizando los vídeos y las imágenes que circularon aquellos días por las redes, y donde efectivamente se veían gendarmes marroquíes guiando a los migrantes hacia la frontera. El informe es relevante por dos motivos. El primero es que desmiente la versión que ha defendido el gobierno español desde el primer día, que es que no hay ninguna prueba de que Marruecos tuviera alguna implicación en la crisis. Y el segundo es que el mismo director general de la Policía, y por tanto también el ministro Fernando Grande-Marlaska y el resto del ejecutivo, desconocían su existencia hasta este miércoles. Esto es así, según su versión, porque la juez de la Audiencia Nacional que lo pidió para decidir si había motivos para abrir una investigación reclamó a los agentes que no lo hicieran llegar a sus superiores, algo que es altamente irregular, porque los policías en cuestión aún no actuaban formalmente como policía judicial.

Aunque muchos países del Este ya habían acusado a Rusia de practicar lo que se denomina "guerra híbrida" contra ellos, ahora ha sido Alemania quien ha acusado directamente a Moscú de estar detrás del incidente de principios de agosto en el aeropuerto de Leipzig, cuando un dron cargado de explosivos impactó contra un avión ucraniano sin llegar a explotar. Un mes después, la investigación de las autoridades alemanas llega a esta conclusión tras analizar la operativa y las características del dron. En agosto, el ministro de Defensa alemán, Alexander Dobrindt, ya fue muy claro al afirmar: "Somos el objetivo diario de la guerra híbrida".

La consejera de Educación, Esther Niubó, ha dado explicaciones finalmente sobre el fiasco de las pruebas PISA de este año, en las que Cataluña no podrá comparar los resultados con ediciones anteriores porque la muestra no es representativa. Recordemos que en el caso catalán se descartó hasta un 23% de alumnos cuando el máximo permitido es solo del 5%. Y eso que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), el órgano estatal que coordina las pruebas, advirtió hasta en siete ocasiones a las autoridades catalanas de que se estaba produciendo esta desviación. Nadie, sin embargo, hizo nada para solucionar el problema y el resultado ha sido desastroso, ya que Cataluña vivirá seis años a oscuras en cuanto a la evaluación del sistema educativo.

Las imágenes de este jueves de jóvenes ceutíes blandiendo banderas españolas mientras bloqueaban el reparto de ayuda humanitaria llevado a cabo por la Cruz Roja y mientras asaltaban un campamento de inmigrantes en la playa Benítez y calaban fuego a sus (pocas) pertenencias no son una casualidad. Son producto, por un lado, de una gestión errática de la crisis por parte del gobierno español y, por otro, de la manipulación y los discursos de odio con que la extrema derecha ha inundado las redes desde el día 30 de julio. El lenguaje, en estos casos, lo es todo. El diputado del PP de Ceuta Javier Celay hizo ayer un llamamiento a la calma diciendo que "las escenas de violencia sitúan como víctimas a los invasores que entraron irregularmente, cuando las víctimas son los ceutíes". O sea que la violencia no está mal por sí misma, sino porque en este caso beneficia "a los invasores". Evidentemente, calificar de "invasores" a los inmigrantes tiene una connotación política muy clara, los deshumaniza y los convierte en enemigos, es decir, en personas que ponen en peligro la existencia de España. De ahí que los jóvenes ceutíes de las imágenes seguramente no se ven a ellos mismos como racistas y xenófobos, sino como salvadores de la patria.

Hace seis meses el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció una operación militar contra Irán que debía durar un máximo de seis semanas. El inicio fue espectacular, con el asesinato del líder supremo Ali Jamenei y su entorno familiar, y de varios de los máximos responsables de las fuerzas armadas iraníes y de sus servicios de inteligencia. Este comienzo hizo que Trump incluso pronosticara que no sería necesario agotar las seis semanas, que todo acabaría antes. Seis meses después, el panorama para Washington es desolador. La guerra no solo no ha terminado, sino que también se ha convertido en un quebradero de cabeza de grandes dimensiones, un laberinto diplomático, militar y económico del que no se vislumbra ninguna posible salida que no sea una humillante asunción de la derrota.

Prácticamente un mes después, la crisis de Ceuta no solo está lejos de resolverse, sino que ha derivado en un choque interno inédito dentro del ejecutivo entre Margarita Robles, ministra de Defensa y responsable del CNI, y Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior y encargado de la vigilancia fronteriza. La primera defendió el martes el papel del CNI en toda la crisis y afirmó que sí avisaron verbalmente a la Delegación del gobierno español de un aumento de las entradas de inmigrantes, sin precisar la magnitud, eso sí. El segundo en cambio insiste en que nadie les avisó de lo que se les venía encima el 30 de julio –cuando alrededor de 70.000 personas entraron en Ceuta a nado–, y menos aún por escrito. La Delegación del gobierno en Ceuta incluso hizo el martes un comunicado para desmentir a la ministra, y este miércoles el ministro Ángel Víctor Torres, que ostenta el mando único de la crisis, se ha alineado con Marlaska, y ha dejado así a Robles en una posición muy delicada dentro del ejecutivo. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha intentado quitar hierro a la crisis interna afirmando que "ambos pueden tener razón", pero el daño ya está hecho.

Es evidente que un nivel salarial alto y una carrera laboral larga se traducen en unas pensiones más elevadas o como mínimo suficientes para una vida digna después de la etapa de vida activa. Y más si las prestaciones públicas, que tienen un tope, se actualizan en relación al índice de precios de consumo (IPC). Hay un elemento importante que explica una buena parte de la evolución que han experimentado las prestaciones en los últimos años, y es la desaparición del antiguo índice de revalorización, que limitaba las subidas al 0,25% anual. Este tope que estableció el gobierno de Mariano Rajoy (PP) hacía que la remuneración que recibían los pensionistas quedara congelada en términos reales, es decir, que no ganaran poder adquisitivo, sobre todo en las etapas en las que la inflación era más elevada. Una vez el gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) recuperó en 2022 la revalorización en relación al IPC –que se calcula en noviembre de cada año respecto al de un año atrás con una subida que se aplica el enero siguiente–, la actualización anual ha mejorado.

La crisis de Ceuta se parece cada vez más al dinosaurio del célebre cuento de Augusto Monterroso para el gobierno español. Cada día parece que se levantan con la esperanza de que se haya resuelto como por arte de magia; pero no, el problema todavía está ahí y le obliga a tomar nuevas decisiones. Esta mañana se reunirá por primera vez el Consejo Nacional de Seguridad y entrará en vigor el mando único para gestionar la crisis. El problema es que se trata de dos decisiones que habrían tenido todo el sentido en los primeros días de la crisis, si no el primero, y no casi un mes después.

El panorama político hace ser poco optimista respecto a la posibilidad de que el Congreso de los Diputados pueda aprobar la reforma del modelo de financiación autonómica propuesto por el ministerio de Hacienda. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se había convocado el pasado 29 de julio para debatirla se tuvo que cancelar ante la negativa de las comunidades gobernadas por el PP o por los populares y Vox a acudir a la cita. Ahora se ha vuelto a fijar una reunión para el próximo 4 de septiembre, pero solo el mismo gobierno español y el de la Generalitat están de acuerdo en la propuesta. Ni siquiera el ejecutivo socialista de Asturias está a favor y mucho menos el de Castilla-La Mancha del crítico Emiliano García-Page. En todo caso, esto no impediría que pueda salir adelante por parte del consejo de ministros. Otra cosa es conseguir suficientes apoyos para que pase el examen en la cámara baja. Y más teniendo en cuenta la polarización existente, con política de trincheras y el escenario preelectoral casi perpetuo en el que vivimos.

La crisis de Ormuz, por donde circulan más del 30% de las exportaciones mundiales de petróleo y gas licuado, ha puesto sobre la mesa los difíciles equilibrios en el control del transporte marítimo, que hasta ahora parecía estable y controlado pero que las guerras y la carrera de las grandes potencias, especialmente los Estados Unidos y China, por controlar las rutas marítimas están poniendo en cuestión. El 80% de todo lo que nos rodea ha viajado por mar, ya sea combustible, materia prima, alimentos o productos manufacturados. A pesar de este papel central y estratégico, el del transporte marítimo y, en general todo lo que pasa en el mar –incluso en el campo científico– es un mundo en general desconocido. En alta mar rige la ley del mar, pero esta es variable y choca siempre con la de los países donde se hace escala, con los que han armado los barcos, con los dueños de los puertos, o, también, con los que controlan militar o estratégicamente el océano. La dispersión es tan grande que a veces las informaciones aisladas no permiten darse cuenta de la complejidad del conjunto.

El turismo ha devenido un sector clave para la economía catalana, con una contribución por encima del 12% del producto interior bruto (PIB). El atractivo de este territorio, y especialmente de Barcelona, no se reduce ni con las olas de calor que se han producido a lo largo de las últimas semanas ni con el encarecimiento de los billetes de avión y del transporte en general. De hecho, los visitantes de otros países son los que más han crecido, con casi 2,7 millones en julio, una cifra que supone un incremento del 2,5% respecto al mismo período del año pasado y un nuevo récord en la serie histórica, que recoge datos desde 1999. Tal como evolucionan los datos, todo parece encaminado a marcar un verdadero récord, que situaría España en los 100 millones de turistas este año. Cataluña, con Barcelona como polo de más atracción, recibe alrededor de un tercio del total de los visitantes extranjeros.

Este año se ha celebrado el 25º aniversario del Proyecto Genoma Humano, el mapa del ADN humano que se consiguió desarrollar después de más de quince años de trabajos titánicos, que implicaron miles de científicos de seis países e inversiones millonarias. Es un mapa que hoy todavía se está completando, pero ha permitido conocer mejor el cuerpo humano y ha traído grandes avances en la medicina. De este mapa han surgido muchas de las terapias que ahora son habituales y salvan vidas. De hecho, la evolución de la genética y de la tecnología informática para leer inmensas cantidades de datos con una IA cada vez más potente ha permitido avances en medicina que parecían impensables. El último caso lo hemos sabido esta semana: dos farmacéuticas han anunciado que han llegado con resultados satisfactorios a la fase 3 deuna vacuna para combatir el melanoma, uno de los cánceres de piel más letales.