Imponer un servicio militar obligatorio, desarrollar armas impulsadas con inteligencia artificial sin detenerse en "debates teatrales", la superioridad de los Estados Unidos respecto al resto de países, la creencia de que hay culturas superiores a otras y que deben defenderse... Estas son algunas de las bases ideológicas de la empresa Palantir que su cofundador, Alex Karp, desgrana en el libro The technological republic (en castellano, en la editorial Tenos). La multinacional tecnológica militar que Karp creó con Peter Thiel se ha levantado sobre estos cimientos, que encajan con el nombre que tiene. Palantir tiene un programa político y, mientras se dedica a hacer dinero, trabaja para expandirlo e impulsarlo.

Mientras los insultos de Trump y su gobierno a la Unión Europea no aflojan, los líderes europeos acordaron ayer en Chipre poner la quinta marcha para llegar a un sistema de defensa común. Lo que ha pasado este viernes es una muestra de hasta qué punto hay que acelerar este proceso. Por la mañana nos levantábamos con la información de que un correo electrónico que circulaba por el Pentágono planteaba la opción de "echar" a España de la OTAN, como aviso para navegantes de cara a otros países que se niegan a ayudar en la guerra de los Estados Unidos e Israel contra Irán. Es un correo interno, no una declaración oficial, y los expertos avisan de que tiene poco recorrido y que como máximo supondría apartar a España del mando o del liderazgo de misiones, pero la amenaza está ahí. A media mañana el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, dedicaba parte de su rueda de prensa a criticar a los europeos y señalar que la conferencia de países sobre el estrecho de Ormuz que organizaron la semana pasada el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, era "ridícula" y "ostentosa". Además, les reprochaba de nuevo que no participen en la guerra con la amenaza velada de que se ha acabado la "protección" que hasta ahora tenían de los Estados Unidos.

Tanto a la derecha como a la izquierda, desde los años ochenta la figura de Jordi Pujol provoca consenso en Madrid: casi todo el mundo le tiene rabia. El desconcierto y la incomprensión con Cataluña y sus reivindicaciones tuvieron en él la primera representación, y esto aún se mantiene en el imaginario colectivo de la capital española. Quizás no tiene nada que ver –hay que dejar siempre espacio para la duda–, pero la citación que se ha hecho ahora del expresidente en la Audiencia Nacional de Madrid para el lunes parece que solo se entiende a partir de este sentimiento.

San Jorge, la gran fiesta cívica y cultural de Cataluña, lo aguanta todo. Los excesos de azúcar literario y las boutades críticas o humorísticas. Por muy cursi que la hagamos, por mucho que algunos miren hacia otro lado, todos acabamos celebrando la diada. Es imbatible. ¿Quién renuncia a elegir un libro? ¿Quién no desea recibir o regalar una rosa? Cuesta tanto quedar al margen... Es una maravilla que de alguna manera funciona sola, por la fuerza de una adhesión popular que supera todas las fronteras mentales e ideológicas, que forma parte de aquello que llamamos identidad compartida. Porque la fórmula mágica no falla: libro y rosa. Tan sencillo y tan genial. Como se dice ahora en gastronomía, maridan bien: lectura y amor-naturaleza.

El PP llevará a votación este miércoles en el Congreso un texto en el que se pide "priorizar el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, así como el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social, a las personas que acrediten un arraigo real, duradero y verificable en el territorio, inspirándose en el principio de prioridad nacional". De esta manera, afirman los populares, trasladan a la cámara baja "el alma" del acuerdo con Vox en Extremadura. Sin duda se trata de un movimiento relevante, ya que Alberto Núñez Feijóo decide asumir un principio que históricamente ha estado vinculado a la extrema derecha, y especialmente al lepenismo francés, a pesar de las reticencias expresadas por figuras relevantes de su partido como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno Bonilla.

La operación Kitchen fue una conspiración montada desde dentro mismo del Estado con el gobierno del PP para evitar que el caso Bárcenas y el escándalo sobre la financiación ilegal del Partido Popular salpicara a sus principales líderes, en especial Mariano Rajoy. Y hay que decir que después de escuchar al mismo Bárcenas en el juicio este lunes parece que la operación logró su objetivo principal, que era salvar a Rajoy. El extesorero del PP ha explicado que grabó una conversación con él en la que le hacía entrega de una cierta cantidad de dinero y de un papel con la contabilidad B. Pero este audio no ha visto nunca la luz. ¿Por qué? Pues porque los agentes de la llamada policía patriótica se encargaron de borrarle cualquier rastro.

Si no vuelve a haber cambios de última hora, los negociadores de los Estados Unidos y de Irán se volverán a reunir en Islamabad para reanudar las conversaciones de paz, antes de que expire el alto el fuego la noche del martes al miércoles. El estrecho de Ormuz continúa bloqueado, pero la tregua de diez días ha dado un poco de respiro a todas las partes, y también a los mercados. A pesar de la retórica y las amenazas continuadas de Donald Trump y su equipo de destruir aún más Irán, lo cierto es que hay cierta coincidencia entre los analistas sobre el hecho de que a todas las partes, también a los Estados Unidos, les conviene más detener un conflicto que está provocando una crisis económica de dimensiones globales.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha culminado este fin de semana en Barcelona la operación que ya comenzó con su oposición a la ocupación israelí de Gaza y que hoy día lo ha convertido en un referente de la izquierda mundial y, por oposición, en la némesis de Donald Trump. Hay que admitir que Sánchez ha sabido jugar bien sus cartas en el ámbito internacional (quizás mejor que en el doméstico), y el éxito de la cumbre de líderes progresistas de este sábado es el colofón de una estrategia pensada y ejecutada desde la Moncloa al milímetro.

En marzo del 2007, hace 19 años, cientos de representantes de la llamada sociedad civil catalana llenaron a rebosar el Iese en un acto que se convirtió en un verdadero hito reivindicativo sobre la necesidad de acercar al territorio la gestión de una infraestructura clave como el aeropuerto de Barcelona. Han transcurrido prácticamente dos décadas de aquel momento y la cuestión, que ha ido resurgiendo a lo largo de los años, vuelve a estar sobre la mesa, ahora con un gestor centralizado publicoprivado, Aena. No se han resuelto aún temas que hace mucho que se plantean, como las cuentas de cada uno de los aeropuertos de la red –se presentan como un todo, sin detalle de las partes que lo conforman ni lo que ganan unos y pierden los otros, o cuáles subvencionan los otros, etcétera.

A pesar de que el Partido Popular insiste en activa y pasivamente que Vox es un partido como los demás para justificar sus pactos con ellos, la realidad demuestra cada día que pasa que no es así. El incidente protagonizado por el diputado José María Sánchez en el Congreso de los Diputados, en el que subió a la tribuna para gritar a pocos centímetros de distancia al entonces presidente en funciones de la cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, no se había visto en la cámara en todo el periodo democrático. Y quizás lo que más se le parece es el 23-F, tal como recordó el socialista Patxi López.

En el estado español el proceso para conseguir la residencia y el permiso de trabajo es tan farragoso y complicado que llevar a cabo procesos de regularización extraordinarios ya se ha convertido en una costumbre. El objetivo es acabar con los cuellos de botella administrativos y los focos de inmigración irregular que, a su vez, alimentan la economía en negro y la perpetuación de situaciones de vulnerabilidad social. Estas regularizaciones las han llevado a cabo gobiernos socialistas y populares. Las hubo en 1986, 1991 y 1996 con Felipe González, en 2000 y 2001 con José María Aznar, y en 2005 y 2006 con José Luis Rodríguez Zapatero. La última, por tanto, fue hace veinte años, antes del boom migratorio posterior a la recesión global de los años 2008-2012.

¿Hacia dónde se encamina la nueva Hungría del conservador demócrata Péter Magyar? Hacia el retorno al europeísmo (frente a Putin, frente a Trump y frente a la ultraderecha), hacia la reconstrucción del estado de derecho (frente a las políticas autoritarias e iliberales) y hacia el respeto a la pluralidad y las minorías (frente a los discursos de odio contra colectivos como el LGTBI+ o frente al rechazo a la diversidad identitaria que supone la inmigración).

En medio de un frágil alto el fuego, con Israel incumpliendo en Líbano el cese de las hostilidades, las negociaciones cara a cara en Islamabad, con la mediación de Pakistán, entre las delegaciones de los Estados Unidos y de Irán de entrada no han dado ningún resultado concreto. Era realmente muy difícil.

Referente y aliado de Putin y Trump en Europa, y figura clave de la extrema derecha continental antieuropeísta y antiinmigración, Viktor Orbán es mucho más que una incomodidad para la Unión Europea: es el enemigo interno que ha puesto en duda los valores fundacionales de la UE y ha cortocircuitado su sistema de gobernanza por unanimidad. Su eventual derrota este domingo en las urnas supondría, pues, un respiro y una inyección de confianza europeísta, tanto para dejar claro a Rusia el apoyo a Ucrania como para mostrar al presidente estadounidense los límites de su influencia en el Viejo Continente y, en tercer lugar, para desinflar el auge ultra.

¿Tendremos presupuestos de la Generalitat a principios de verano? ¿Qué, cómo y a qué velocidad están negociando el PSC y ERC para aprobarlos? Deberíamos tenerlos. De hecho, es muy relevante tenerlos. Normalizar una política institucional sin las cuentas aprobadas es una anomalía en toda regla: se pierden recursos, se ralentizan procesos, se frenan iniciativas y proyectos, se perjudican los sectores de la sociedad civil –económicos, sociales y culturales– que dependen del compromiso público, que son la gran mayoría. Demasiadas cosas se resienten. Lo peor es instalarse en una dinámica de frustración presupuestaria.

Contra Irán, Trump no ha ganado. Trump, ciertamente, tampoco ha perdido. Lo mismo se podría decir del régimen de los ayatolás, que han visto cómo se les decapitaba la cúpula, pero han respondido extendiendo el conflicto a todo Oriente Medio, en especial al enclave energético crucial del estrecho de Ormuz. El veredicto más justo sería de tablas, de empate, pero un empate del cual de momento casi todo el mundo –con la única excepción directa de Israel e indirecta de Rusia– ha salido malparado: los Estados Unidos no han conseguido el tan proclamado cambio de régimen en Teherán, Asia ha sufrido una gravísima escasez energética, Europa dubitativa esta vez se ha quedado al margen de las llamadas a la acción del amigo americano al tiempo que veía cómo se debilitaba la posición de Ucrania frente a Moscú, las monarquías árabes del Golfo han perdido su glamour turístico-financiero y, por supuesto, Irán ha sufrido un ataque severísimo a su sistema político y a sus infraestructuras.

El ser humano ha dado un paso más en su exploración de la Luna. Un nuevo salto adelante para descubrir la cara oculta del astro. El hito espacial de la nave Artemis II de la NASA, con un grupo de humanos situándose a una distancia récord de la Tierra –a 406.771 kilómetros de distancia–, ha coincidido con un momento oscuro en la propia Tierra, también con los Estados Unidos como protagonistas. El presidente que puede sacar pecho del logro lunar es el mismo que ha amenazado a la humanidad con la destrucción, no de un régimen dictatorial religioso sino de "una civilización entera". En este caso, el nombre sí que hace la cosa y evidencia la mentalidad de un Donald Trump que actúa como un bárbaro anunciando el fin de una "civilización".

España y Cataluña continúan siendo excepciones europeas en cuanto a la marcha de la economía y la creación de empleo. Con los datos de marzo que ha presentado el ministerio de Trabajo, España alcanza por primera vez en la historia la marca de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, 3,4 millones más que en 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. En el caso de Cataluña, el récord se alcanzó el verano pasado, con 3,9 millones de afiliados, después cayó un poco y ahora se está a punto de recuperar (3,88 millones). El paro también se redujo en 23.000 personas en el Estado y en 3.777 en Cataluña. A finales de mes tendremos los datos de la encuesta de la EPA y, por lo tanto, una fotografía más precisa de la tasa de paro.

Esta semana comienzan en Madrid dos juicios que con toda seguridad tendrán un fuerte impacto en la política española. Este lunes arranca en la Audiencia Nacional el juicio por el caso Kitchen, y el martes en el Tribunal Supremo se juzgará al exministro y exsecretario de organización del PSOE José Luis Ábalos por el primer caso que le afecta, el de una supuesta trama para cobrar comisiones por vender mascarillas a diferentes instituciones del Estado.

La Costa del Sol, con el epicentro situado en la ciudad de Marbella, es la puerta sur de la entrada de la droga a Europa y un auténtico hub donde confluyen mafias de todo el mundo, hasta el punto que las fuerzas policiales reconocen su inferioridad respecto a organizaciones que mueven cientos de millones y no tienen prácticamente límites. El ARA ha querido conocer de cerca el impacto del negocio de la droga en la costa andaluza con dos grandes reportajes, uno centrado en Marbella y otro, que se publicará mañana, en Barbate. Marbella es sinónimo de lujo y glamour, pero también de corrupción, desde hace muchas décadas. Barbate, en cambio, representa la otra cara de la moneda, la de las antiguas poblaciones de pescadores donde la pobreza ha empujado hacia el narcotráfico a muchos jóvenes, que no son más que peones de los cárteles internacionales.