El Brexit es un ejemplo representativo de cómo una idea demagógica (menos que una idea, apenas un eslogan) puede llegar a condicionar una democracia antigua, estable y respetada como la británica, y por extensión, la política internacional. Más que cualquier otra cosa, el Brexit fue una estupidez enorme, colosal, y como pasa con las estupideces, sus efectos fueron —y son todavía— devastadores. Keir Starmer llegó a primer ministro con una vistosa mayoría absoluta laborista como hacía tiempo que no se veía, y ahora abandona el poder a mitad de legislatura, con un descrédito ganado a pulso: para hacer políticas neoliberales ya estaban los otros, no hacía falta un laborista tanto o más de derechas —y tanto o más antieuropeo— que los tories mismos. A Starmer le ha tocado vivir desde el poder el estallido de la extrema derecha en el Reino Unido, representada por Reform UK, el partido de Nigel Farage, un viejo populista que siempre había hecho un papel residual dentro de la política británica y que ahora tiene posibilidades sólidas de tocar poder.La dimisión de Starmer ha coincidido con la condena al exministro y ex secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos, y la derecha española suspira: que siga Pedro Sánchez el ejemplo de su colega Starmer, que al fin y al cabo también es de los suyos, dicen. A Starmer lo ha hecho dimitir, como él mismo ha reconocido, su propio partido. A Pedro Sánchez la derecha española le quiere hacer la jugada que ya conocemos por Lula da Silva en Brasil o António Costa en Portugal: montar un cerco judicial en torno a un presidente y a su gobierno (con causas ciertas y otras falsas, y con un uso arbitrario y discrecional de la administración de justicia) hasta conseguir que el presidente en cuestión abandone o acabe en la cárcel (este sería el desenlace más deseado con Sánchez).Los que irán a prisión, con sentencias que seguramente deben ser ajustadas a sus delitos, son Ábalos y Koldo. Hay que celebrar la ejemplaridad de la sentencia, y también la celeridad del proceso: ojalá el ejemplo se aplique también al PP, un partido que según la sentencia de la Gürtel está organizado para delinquir como mínimo desde el año 1988 y que ocupa una sede pagada con dinero negro, sin que pase nada. Las dos velocidades, las diferentes varas de medir: la Kitchen ha llegado a juicio con trece años de retraso, y parece que tampoco hay ninguna prisa por parte de la justicia con el caso Montoro, de una gravedad estructural para los poderes del estado. Nada que no conozcamos, por otra parte, desde la ofensiva de las togas contra el Procés. Finalmente, quien no irá a prisión será Víctor de Aldama, uno de esos personajes que parecen extraídos de las películas de Santiago Segura y que abundan y se mueven a gran velocidad entre los altos poderes madrileños. Un vividor, un delator, un mentiroso y un estafador casi confeso que se sale con la risa del sinvergüenza que triunfa. “Gracias a la justicia”, dice el sujeto, con todo el cinismo, y anima “a los que vienen detrás” a seguir su ejemplo. A la democracia española no le hace falta ningún Brexit, ya se lo hace cada día.

El Reino Unido post-Brexit se ha convertido en un devorador de liderazgos políticos. Aquel referéndum que ahora hace diez años sentenciaba la voluntad del país de abandonar la Unión Europea se ha acabado convirtiendo en un punto de no retorno. Fue el principio de una fractura que atravesó el canal de la Mancha, pero también la sociedad británica. El Brexit marca el punto donde la política del Reino Unido se volvió ingobernable. Seis primeros ministros en una década. La última víctima es el laborista Keir Starmer, que ha tenido que dimitir solo dos años después de haber conseguido la tercera mayoría más importante de su partido, después de las victorias de Tony Blair. Starmer ha caído víctima de sus correligionarios y de una mayoría que nunca fue suya. Aquel resultado abrumador de julio de 2024 fue, sobre todo, un rechazo contundente al desbarajuste conservador y no un cierre de filas en torno a un político poco carismático que prometía tranquilidad y competencia tecnocrática.

Los elogios que el presidente Salvador Illa ha dedicado a Jordi Pujol y a Convergencia han hecho un bien a la vida pública del país.

1. La decisión del TEDH con relación a la presencia de la lengua catalana en el sistema educativo ha sido, probablemente, el golpe más duro que ha recibido esta cuestión desde la sentencia del TC contra el Estatuto de 2006.

Elisa Mouliaá, que denunció a Íñigo Errejón por acoso sexual y ahora ha sido acusada por él de calumnias, tiene una nueva abogada. A raíz de que debía presentarse ante el juez, esta nueva abogada dijo esto: “Yo no le he recomendado que se presente ni que no se presente, porque el ego lo tengo a la altura de los zapatos y no de las nubes, y no soy la lista de la abogada que llega la tercera y le lava el cerebro a su clienta”. Esta abogada es una que pidió en las redes un sicario para solucionar unos asuntos con un juez, dos fiscales y un alcalde. Escribo estas líneas desde Sicilia, donde, con suscriptores de ARA, seguimos la huella de la filmación de la gran película El padrino. Ya les podemos decir, sentados todos en un bar de Corleone, degustando una “granita”, que “los negocios” no se hacen así. Un asunto de esta envergadura pide, sobre todo, discreción. Después, si has resuelto lo que te preocupa, puedes decir algo como: “Deja la pistola, coge los cannoli”.

El “quien pueda que haga” de Aznar ha sido tomado tan a pecho dentro de la derecha nacionalista española que se está produciendo una verdadera competición entre guardianes de las esencias patrias para ver quién da el golpe más fuerte, y si puede ser definitivo, a la dictadura comunista de Pedro Sánchez, cómplice de etarras vascos y de golpistas catalanes. El juez Peinado, en particular, parece sentirse llamado a la alta misión de asestar un golpe mortal al sanchismo pérfido antes de que llegue (en septiembre) su propia jubilación. Como es público y notorio, la vía que ha encontrado para hacerlo es un clásico del fascismo y las mafias: atacar a los familiares y a las personas más cercanas al enemigo, difamarlos, humillarlos. Misión cumplida: la instrucción del juez Peinado contra la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, es tan extravagante, irresponsable e impresentable como se quiera, pero ella ya no podrá evitar, por años que viva, que cuando su nombre sea mencionado alguien la asocie (quiera asociarla) con la corrupción.De tanto celo que ponen no solo incurren en un golpe de Estado, no tan soft como a veces se dice, que se perpetra desde las instituciones mismas del Estado, sino que también llegan a pisotearse entre ellos, y esto es más insólito y más irónico. Peinado, en concreto, ha conseguido enfadar a los sindicatos policiales, por haberle retirado el pasaporte a Begoña Gómez con la sospecha de que los escoltas podrían ayudarla a huir. ¡La Policía Nacional, cómplice del sanchismo! ¿Adónde vamos a parar? Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han hecho horas extras para salvar a España de todo fumanxú que pudiera poner en peligro su unidad sagrada porque ahora se les señale como posibles cómplices de una eventual fuga de Begoña Gómez, una de las protagonistas de los memes machistas más casposos que corren por los grupos de WhatsApp patrióticos. Los principales sindicatos policiales, Jupol y SUP, no se lo pueden creer y el ministro Marlaska ha pedido explicaciones. Es decir, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que actuara, y el CGPJ ha expedientado a Peinado, aunque sea con una pronunciada división interna. Está bien, pero habría sido mejor que hubieran dilucidado si Peinado incurre en prevaricación, como dice el exmagistrado del Supremo Martín Pallín. O aún mejor, si la judicialización de la política no es un grave problema para el Estado de derecho. El sentido arácnido, sin embargo, nos avisa de que el corporativismo prevalecerá y que estos debates sobre la magistratura no se producirán, al menos públicamente. Lo resumió bastante bien un destacado miembro de la cúpula judicial: que nos dejen en paz.La derecha española ha llegado a encenderse de tal manera que, por salvar España, no le importa cargársela. “No pasa nada. Cuando nosotros volvamos al poder que nos usurparon ya arreglaremos la rotura”, se dicen. El problema es que el estado de derecho no se rompe y repara a voluntad. Mientras tanto, la amnistía –otro escándalo de una magistratura que se niega a aplicar la ley vigente– acecha en el horizonte del final de legislatura.

La política española está empantanada, ¿quién la desempantanará? No será, ciertamente, el PP de Alberto Núñez Feijóo, que no consigue presentarse como una alternativa de gobierno que convenza a nadie, salvo al propio PP y al único interlocutor y socio que le ha quedado, Vox. La situación del gobierno de España oscila entre la ansiedad y el estado de shock, según las noticias de cada día, de cada semana y de cada mes. Pedro Sánchez parece decidido a no adelantar elecciones, o a resistirse al máximo a hacerlo, y se puede dudar si esta actitud se debe a la firmeza, al cálculo o a la mera obstinación. Pero Feijóo no es, en todo caso, un líder que se presente con una respuesta capaz de generar ilusión frente al desgaste del gobierno. Hace mucho tiempo que su única tarea de oposición consiste en dirigir exhortaciones a los socios de investidura de Sánchez. A veces los culpabiliza, otras veces los insulta, muchas menos veces insinúa algo parecido a querer convencerlos (ya no diré seducirlos para no parecer sarcástico). A Junts y al PNB, en particular, les ruega y les vuelve a rogar, como un fraile mendicante de la política, que le dejen sus votos para llevar adelante una moción de censura, aunque sea una moción instrumental, haciendo ver que deja a Vox en segundo plano. Tampoco así consigue que la derecha catalana ni la vasca le den su apoyo. No porque Junts y PNB estén especialmente satisfechos con Sánchez y su gobierno (sobre todo Junts, presa de una incomodidad conceptual que le lleva a hacer la política de gesticulaciones que ya conoce todo el mundo), sino porque saben que la propuesta de la derecha española no es ninguna alternativa aceptable. Saben que, por mala que sea la situación actual, la otra es objetivamente peor. Con un PP que dice abiertamente que está dispuesto a gobernar con Vox (¿qué, si no?) y con la demostrada ascendencia de la derecha española sobre poderes del Estado como la policía y los jueces, aquello que pueda pasar en forma de involución —y, si conviene, de demolición— de la democracia española es fácil de imaginar y difícil de digerir. También es obvio que los primeros en recibir las consecuencias serían los vascos y los catalanes. Muy principalmente los catalanes.La desconfianza de Junts y PNB hacia el PP tiene también que ver, paradójicamente si se quiere, con aquello que ha servido a los populares para poner contra las cuerdas al gobierno de Sánchez: la judicialización de la política. Al inicio de la actual legislatura, el PP cayó en la maniobra de tildar de “ilegítimo” —poca broma— al gobierno de izquierdas, y Feijóo vaticinó a Sánchez un “calvario” que se ha ido haciendo realidad por capítulos. La sintonía entre el PP y la justicia patriótica es más que evidente, y esto hace que el atasco sea no solo del gobierno, sino del sistema institucional. Para desalojar al PSOE del poder y acceder a él ellos, literalmente han pervertido el estado de derecho: así han ganado posiciones y desgastado a Sánchez, sí, pero también se han arrinconado. A Feijóo le faltan seis votos para hacer caer a Sánchez, solo seis. Y no los consigue. Solo puede mendigarlos.

Si al presidente Pujol no le interesaba abrir la caja de Pandora del independentismo era por diversas razones, entre ellas, seguramente, que no lo veía oportuno ni prudente, pero el caso es que él mismo encarnaba la pulsión reprimida (o el conflicto latente). El hecho de tener un nacionalista presidiendo la Generalitat provocaba una tensión y una atención especiales, un borde del precipicio constante que obligaba a todo el mundo a pronunciarse, como mínimo a pronunciarse, sobre el encaje o no encaje de Cataluña dentro de España. Era el tema recurrente, el elefante ineludible, la asignatura eternamente pendiente pero sobre la cual todo el mundo decía la suya: Pujol era una especie de encarnación de que la solución del 78 era insuficiente y que había que profundizar mucho más en el autogobierno y en el reconocimiento nacional, bajo la amenaza (nunca explicitada) de que todo ello se desbordara. Bien, todo ello, en efecto, se desbordó: Maragall no era un nacionalista, pero era nieto de Joan Maragall y tenía como proyecto toda una reforma del Estatuto. El resto de la historia ya la conocemos: conflicto explícito hasta 2017 y más allá, y justo hace dos años que la Generalitat ha decidido convertirse en un gobierno sin conflicto. Sin tema pendiente. Sin causa, sin debate nacional más allá de la gestión administrativa.Esto nos transforma, en efecto, y más que nunca, en una provincia. En una sucursal. El Parlament de Catalunya ya no llama la atención de nadie porque ni Illa tiene ninguna solución al conflicto que no sea ignorarlo, ni Sílvia Orriols puede evitar devenir repetitiva con su islamofobia, ni Junts o ERC parecen dar síntomas de poder despertar aún el movimiento creado durante el Procés (o, como mínimo, obtener contrapartidas destacadas de su apuesta por el diálogo con el PSOE). La culpa es, diríamos, compartida. Aun así, es la mayoría gobernante quien marca el ritmo de la legislatura y, por tanto, conviene admitir que es esta la que apuesta por la grisura administrativista, legalista, alérgica al conflicto (no a su abordaje, sino a su misma existencia), el dominio aún vigente del miedo y de la amenaza, la asociación de cordura a pasividad y la referencia a un diálogo abstracto, confuso y yermo. “El Govern de tothom” simplemente no incluye en este todo el mundo la mitad de catalanes que se confiesan independentistas y, con esto, confía en que el soberanista aburrimiento de la política catalana haga desvanecer la intención, el movimiento y la causa. No está mal pensado: el problema es que el precio es la desaparición casi absoluta de la política catalana.

No hay ninguna duda de que a Begoña Gómez le han retirado el pasaporte para escarnirla a ella y a su marido, a ver si abandona de una vez la presidencia del gobierno español. La derecha y ultraderecha madrileñas (valga la redundancia) ya no están dispuestas a esperar ni un minuto más a que convoque elecciones. Por eso el juez (aguántame el cubata) considera que la escolta policial de la familia Sánchez podría colaborar en una huida de España. Ya hace meses que lo escribimos aquí: al presidente socialista lo quieren en prisión.La derecha nacionalista española (disculpen otra vez la repetición) está rabiosa. ¿Por la amnistía y los indultos a los independentistas catalanes a cambio de la investidura? Sí, claro. Pero no por la bandera, que agitan farisaicamente, sino por el poder. Ocho años de presidencia socialista quiere decir ocho años sin controlar el BOE, con sus nombramientos y sus reales decretos. Desde Cataluña tenemos la perspectiva necesaria para entender que estamos asistiendo a un nuevo golpe de estado. Un golpe que no empezó con la ley de amnistía, en la que Sánchez tuvo el atrevimiento de corregir la sentencia del Supremo (y que, precisamente por eso, no se acaba de aplicar). La derecha no digirió la derrota del 2004 por las mentiras de Aznar cuando hubo los atentados de los trenes en Madrid, ni el Estatut del 2006, corregido por el Constitucional después de ser aprobado en referéndum. Aquella maniobra jurídica, y las que vinieron después con las causas por el 9-N y el 1-O, se parece bastante a esta decisión del juez pensada para atacar al ejecutivo desde un poder judicial desbocado. Y el PSOE estaba más que advertido de que, cuando conviene, no es más que la coartada necesaria para homologar España como una democracia con alternancia de partidos. Pero ahora la coartada se ha acabado. Ya se alternarán PP y Vox.

El año pasado unas criaturas de poca monta, enfermizas y perezosas acabaron en un centro de su salud. Les hicieron abrir la boca y la lengua estaba azul. Fiebre catarral ovina. La veterinaria descubrió, sin embargo, síntomas de otra patología. Una prueba más de que aquello era una peste, una plaga: los corderos eran robados.

1. El próximo domingo, en la víspera de San Pedro, hará siete meses que se detectó el primer jabalí infectado de peste porcina africana. Desde entonces, 344 jabalíes de los 7.354 que se han analizado han dado positivo. O, dicho de otro modo, hay 7.010 animales capturados en la zona de riesgo que han resultado ser negativos y que campaban tan a sus anchas. En la última semana, concretamente, el Departamento de Agricultura ha confirmado dos nuevos positivos de peste porcina africana en la zona que ya engloba diecinueve municipios y los accesos al Parque Natural de Collserola. Uno de estos dos cerdos infectados merodeaba por Sant Just Desvern, el otro hacía vida en Castellbisbal. Dado que se han analizado muestras de 569 jabalíes en una semana, que solo dos hayan dado positivo significa que el número de infectados es del 0,4% de los cerdos.

Uno de los peores insultos que se puede recibir en este país es el de “processista”. Hasta tal punto quedamos empachados del episodio político que culminó en octubre de 2017. Para los españoles, el Procés fue un ejercicio sedicioso e irresponsable. Para los independentistas, fue una muestra de improvisación y cobardía. Unos y otros están unidos en el tozudo propósito de desacreditar a los protagonistas de aquella aventura. Esta coincidencia en la crítica descarnada contrasta con el precio, tan diferente, que han pagado los dos bandos En el bando independentista, ha habido una purga considerable, a causa de la represión y el desgaste personal. Los relevos en política son lógicos; no lo es tanto el linchamiento público posterior por parte del sector más irascible de las mismas bases soberanistas. Por todo ello, me parece evidente que el castigo (el real y el reputacional) que han sufrido los reprimidos ha sido mucho más severo que el de los represores. Se puede aducir que el independentismo de base se mostró extremadamente solidario al menos hasta el Tsunami Democrático (que también fracasó) y los incidentes de Urquinaona; después, la disputa entre el paripé simbólico del exilio y el giro pactista de ERC sembraron el desencanto. Finalmente se impuso la idea de que los líderes del Procés, poniendo el foco en la lucha antirepresiva (que dio como fruto los indultos y la amnistía), estaban ayudando a enterrar –de nuevo– el pleito soberanista. Los dos grandes protagonistas del Proceso –Carles Puigdemont y Oriol Junqueras– continúan en primera línea. El primero lleva nueve años en el exilio; el segundo, pasó cuatro en la cárcel y continúa inhabilitado. Ambos están a la espera de que la amnistía, arrancada con fórceps al gobierno del PSOE, pueda superar los obstáculos que plantea la vengativa judicatura española. Por grandes que fueran los errores que cometieron en 2017, los han pagado con creces. Ambos quieren un last dance, una oportunidad para redimirse.

El semanario The Economist, con un prestigio de rigor y liberalismo ganados a pulso, sobresale también –como The New Yorker o Libération– en sus portadas. Hace unos años le dedicó una al primer ministro Tony Blair, que justo acababa de llegar a Downing Street, preguntándose: "¿Es carnívoro, Bambi?”. Con los años y la guerra de Irak, el laborista británico no solo demostró que era carnívoro sino también antropófago.

En política las grandes sentencias a menudo duran poco. Hace once meses, Feijóo se comprometió a no pactar con Abascal. Generalmente, lo que marca la diferencia en el liderazgo es saber vestir y dar coherencia a las propias opciones estratégicas, que es lo que da una cierta credibilidad. Es cierto que son tiempos diferentes, pero el liderazgo de Aznar en el PP representó el paso de la derecha de la dictadura a la democracia con una cierta consistencia. Y, de hecho, es de aquel momento expansivo del cual el PP, en parte, aún vive. Rajoy se apuntó al continuismo. Y Feijóo, que siempre ha ido corto de ideas, ahora se ve más cerca del poder, y cada vez tiene más miedo de no sumar por sí solo. Más allá del bloque conservador español, las derechas de las naciones periféricas son muy diferentes de los tiempos de Arzalluz y Pujol, quizás más ideológicas pero mucho más prácticas.

Cuando entramos en un horno a comprar pan no nos hace falta saber cómo se hace. El panadero conoce la receta, controla los tiempos y domina el oficio. Nosotros, simplemente, salimos con una barra bajo el brazo. Es una división del trabajo tan evidente que ni pensamos en ello: quien domina la complejidad es quien la resuelve; el cliente solo se lleva el resultado.

Este miércoles el Parlamento Europeo aprobó el Reglamento de Retorno, por 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones. La sesión acabó con los aplausos encendidos del ala derecha del hemiciclo, que gritaba con alegría desbordante “send them back!” (¡devuélvelos!) El espectáculo hacía pensar en un aquelarre. Como nos recuerdan diariamente los Estados Unidos de Trump, los aquelarres contemporáneos empiezan a ocurrir también, o sobre todo, dentro de las mismas instituciones democráticas. ¿Pero qué celebraban, exactamente?En el ámbito político, la aprobación del reglamento representa la victoria de aquellos que defendían una política migratoria “más dura”, que hoy en día es sinónimo de iliberal. En mayo de 2024, pocas semanas después de la aprobación del Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, diecisiete estados europeos firmaron una carta donde se pedían soluciones “innovadoras” y “cambios de paradigma”, especialmente para facilitar y acelerar las deportaciones. Dos años después, con la aprobación del Reglamento, estas propuestas, que hasta hace poco la misma Comisión Europea consideraba contrarias al derecho de la UE, se han hecho realidad.En términos de medidas concretes, el Reglamento de Retorno representa una aceleración de una tendencia que se viene consolidando desde hace tiempo: operaciones de detección dentro del territorio de la UE, amplios periodos de detención (que pasan de seis meses a dos años, prorrogables), detención y deportación de menores, deportaciones forzosas en una amplia gama de casos, penalización por falta de cooperación (también de aquellas personas legalmente no deportables) y prohibiciones de entrada que pueden llegar a los 10 años o más.

En un juicio hay cierta liturgia para hacer constar una objeción. Recuerdo la anécdota de un abogado ceremonioso que formulaba sus protestas de manera “enérgica y respetuosa”. Cuando un juez petulante indicó al secretario “que no conste eso de enérgica”, replicó, socarrón, “que no conste eso de respetuosa”. En la calle, la multitud no expresa la disidencia de manera exquisita sino estridente. Podemos discutir si la reacción violenta contra la tiranía es legítima, pero no hay duda de que la reivindicación pacífica en democracia se ha de admitir y proteger, incluso si es incómoda o molesta. Tal como el llanto de un bebé, una expresión primaria de malestar, es síntoma de salud, la contestación social no es un problema sino un termómetro. Todavía más, un diagnóstico.

Fue, creo recordar, a principios de abril de 2001. Por entonces vivía en Nueva York. Entré en una librería de Miami porque me había quedado sin lectura y resultó que el librero era barcelonés. Se llamaba Juan Carlos Castillón, acababa de publicar una novela casi autobiográfica titulada La muerte del héroe y otros sueños fascistas y, sí, tenía un pasado rotundamente fascista del que, por simple respeto a sí mismo, no renegaba.

Leyendo la entrevista a Pilar Calvo en el diario, me encuentro con una frase, dicha por ella, que, con variaciones, dicen muchos políticos y ciudadanos razonables: “No decimos que no vengan los inmigrantes, que son necesarios para cubrir muchos puestos de trabajo, sino que se haga de manera ordenada”.

Mientras estos días se habla de huelgas educativas, de falta de recursos y de las necesidades de los centros escolares, hay un colectivo que casi no aparece en los titulares: las vetlladores. Somos las profesionales que acompañamos a niños y jóvenes con discapacidad, trastornos del desarrollo o dificultades de autonomía para que puedan participar en igualdad de condiciones en la vida cotidiana de los centros escolares: en las aulas, en los patios y en los comedores. Sin embargo, pocas veces se habla de nuestras condiciones laborales, de nuestra formación ni de la importancia que tiene nuestro trabajo para que la inclusión sea una realidad y no solo una declaración de intenciones.