De los 10.000 policías nacionales que el Estado envió a pegarnos el 1 de Octubre, solo se están juzgando a cuatro. El jefe de este grupo ha declarado que, con la cantidad de objetos que les lanzaba la gente, quedaba suficientemente justificado “poder usar los medios antidisturbios”, que “no son lesivos, son disuasorios”. Y lo dice a pocos metros de Roger Español, a quien vaciaron un ojo con las pelotas de goma que dispararon directamente al cuerpo.El acusado puede mentir, claro está, sobre todo si sigue el ejemplo de sus jefes. La vicepresidenta del gobierno español Soraya Sáenz de Santamaría afirmó aquel día: “El objeto de las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado nunca han sido las personas, sino el material electoral. Han buscado siempre proteger los derechos y las libertades”.Una intérprete jura ante el juez que ejercerá el cargo de intérprete bien y fielmente, y a continuación es incapaz de traducir una pregunta del catalán al castellano que cualquiera de nosotros habría traducido sin ningún problema. Al final, los abogados mismos hacen la traducción hasta que alguno se cansa y se pasa al castellano. Al día siguiente, la prensa averigua que la intérprete es graduada en traducción e interpretación en la UPF, pero especializada en ucraniano y ruso.Vienen recuerdos del juez Marchena prometiendo que, en todo caso, los vídeos de las cargas policiales ya los verán al final del juicio, "con sumo gusto". Un abogado veterano de los presos políticos les dijo: “Ya veréis que cuando empiece el juicio no tendréis que ir y venir de la prisión cada día”. El servicio de streaming para seguir el juicio de los policías en Barcelona no funcionó el jueves por la tarde. La duda es, pues, si los acusados serán absueltos o si serán absueltos y les darán una medalla.

Los tertulianos, los periodistas, algunos camareros me explican, porque tengo un maravilloso imán para las confidencias y aquello que los jóvenes llaman “un safa”, es decir, un cotilleo, el qué del caso Andic. Este caso que tiene un jurado popular gigantesco abierto las 24 horas. Somos todos nosotros y somos todos nosotros los que clamamos: “No me pidas la opinión sobre si es culpable o inocente, pídeme qué deseo que sea”. Es como si todos, todos deseáramos —porque ahora los crímenes ya son todos broma— que Jonathan Andic mató a su padre.

1. Un día, haciendo scroll en Instagram, me apareció Félix Colomer, uno de los buenos directores de documentales que tenemos, explicando que hace dos meses dejó las redes sociales. A los 32 años ha recuperado el tiempo como su bien más preciado. Los motivos que le han llevado a tomar esta decisión drástica seguramente los podemos reconocer. “Noto que lo que hacía antes, ahora no lo puedo hacer. Yo podía estar cuatro horas trabajando, escribiendo o editando vídeos, y ahora no. Cada veinte minutos, media hora como máximo, tengo que mirar el móvil, ver qué pasa, tengo que entrar en Twitter. Noto que soy mucho menos productivo y eficiente”. No puedo sentirme más identificado. Con una diferencia. Él ha podido dejarlo. Hay muchos, en cambio, a los que nos falta fuerza de voluntad y continuamos aferrados al negocio de los mirones.

El Parlament acaba de aprobar la ley 13/2026, de modificación del Código Civil de Cataluña en materia de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas. Lo ha hecho con un consenso muy amplio. Esta ley culmina un largo proceso de adaptación del derecho civil catalán a los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006) y ha sido presentada como una de las transformaciones sociales más importantes de los últimos años. Es fácil, por tanto, dejarse llevar por el optimismo. Pero las grandes reformas no se miden por lo que prometen, sino por lo que consiguen transformar.Históricamente, el derecho respondió a las dificultades para conocer o respetar la voluntad de la persona con discapacidad mediante instrumentos de representación y protección. Estos instrumentos intentaban facilitar la gestión de las situaciones de la vida cotidiana que implican la toma de decisiones. Ahora bien, también es cierto que dieron lugar a menudo a prácticas demasiado restrictivas, y muchas personas quedaron relegadas a una posición pasiva en la gestión de su vida.Durante los últimos años se ha extendido, en cambio, la tendencia a identificar la autonomía con la ausencia de cualquier forma de representación, como si respetar a la persona exigiera necesariamente prescindir de toda actuación en su nombre. Sin embargo, esta manera de entender la autonomía resulta poco coherente con la Convención.La autonomía que inspira la Convención y la nueva ley es esencialmente relacional: se desarrolla a partir de la interacción entre la persona y su entorno. Las personas ejercemos nuestra autonomía también cuando otorgamos poderes, designamos personas de confianza o tomamos decisiones destinadas a producir efectos en el futuro. Una de las aportaciones más valiosas de la nueva ley es, justamente, la apuesta por los instrumentos voluntarios de apoyo, tales como los apoyos preventivos, y por las formas de asistencia constituidas por vía notarial, que permiten abordar o planificar situaciones de vulnerabilidad y anticipar quién deberá prestar apoyo y con qué criterios.Ahora bien, el éxito de la reforma no dependerá solo del diseño legal. Dependerá sobre todo de su aplicación. Precisamente este curso hemos finalizado una investigación inclusiva, desarrollada en colaboración con personas con discapacidad, sobre la percepción que tienen las personas que reciben apoyo respecto al apoyo que efectivamente reciben. Una de las primeras constataciones es tan simple como inquietante: para muchas de estas personas, el cambio legislativo iniciado con la abolición de la incapacitación judicial en el año 2021 ha sido prácticamente imperceptible.

Pocos –quizás ninguno– asuntos públicos hay más importantes que la mejora del deplorable estado de la enseñanza en Cataluña. Por eso resultan preocupantes los mensajes que dedicó el presidente Illa en su discurso del lunes pasado. Fundamentalmente, concretó dos objetivos: aumentar el esfuerzo presupuestario hasta el 6% del PIB (tal como establece la vigente ley de educación de Cataluña) y construir un “consenso con los partidos y la comunidad educativa” después de un “debate nacional sobre el futuro de la educación”.¿Por qué resultan preocupantes estos dos objetivos? En primer lugar, porque la ley vigente —en el marco de la cual se ha producido este constante deterioro de los resultados educativos— ya fue producto de un consenso, el cual ya fue celebrado en su momento —el año 2009— como si garantizara algo bueno. De hecho, las únicas voces discordantes lo fueron por motivos que poquísimo tenían que ver con la calidad de la enseñanza (por parte de IC, la persistencia de un sector concertado, y por parte de la derecha, los temas lingüísticos). ¿Un nuevo consenso diagnosticará y enmendará las causas del fracaso pisando los callos que hagan falta, o, al contrario, se convertirá en un ejercicio de eludir las dificultades y dejarlo todo tal como está? Es mucho más probable lo segundo que lo primero, porque la dinámica de los consensos es normalmente pactar lo que es fácil y aparcar lo que no lo es. De hecho, el inmediato entusiasmo de Junts aceptando la propuesta del presidente así lo pone de manifiesto, dado que los partidos no se entusiasman cuando se trata de tomar decisiones que perturben el statu quo.En cuanto a aumentar los recursos presupuestarios, no se puede estar en contra, pero hay que remarcar que la evidencia empírica —tanto a escala internacional como española— pone de manifiesto que no hay ninguna relación entre gasto por alumno y resultados (para ser más concretos, la OCDE estima que sí que la hay cuando la cantidad que se destina no llega a los 75.000 dólares por alumno entre los 6 y los 15 años, pero no a partir de esta cifra, y la nuestra es muy superior a este límite). Si hubiera relación, Madrid no se situaría en resultados a la cabeza de las comunidades españolas, donde sí que se situarían el País Vasco o Extremadura. Desde el punto de vista de la equidad, un análisis llevado a cabo en España para medir el impacto del esfuerzo presupuestario sobre la “resiliencia académica” —es decir, la capacidad de los alumnos para superar el nivel que se asocia a su nivel socioeconómico— concluye que este impacto es despreciable, lo que es tanto como decir que no es de prever una mejora de los resultados de nuestros alumnos provenientes de la inmigración o de la pobreza por el solo hecho de que vertamos más dinero al sistema.En conclusión, la receta de Illa nos puede llevar perfectamente a una situación igualmente mediocre, pero mucho más cara. Eso sí, después de muchos abrazos entre los representantes de los partidos e incluso de los agentes sociales.La consejera Niubó no me entusiasma (¿cómo podría entusiasmarme si calificó de “política-ficción” la hipótesis de que los resultados de las pruebas PISA habrían sido todavía peores si los centros catalanes, en vez de excluir al 23,2% de los alumnos porque presentaban discapacidades lingüísticas, cognitivas o conductuales, se hubieran limitado a excluir al 5%?). No me entusiasma, pero debo decir que sus declaraciones en Catalunya Ràdio cuatro días antes del discurso del presidente Illa me parecen mucho más acertadas y, por tanto, prometedoras.Donde el presidente dice aumentar la dotación presupuestaria, Niubó habló de la necesidad de “reordenar el sistema antes de poner más recursos”. Donde él dice construir un consenso, ella dijo “recuperar el papel de los libros y de la lectura”, reforzar las bibliotecas escolares y “mantener la inclusión, pero poniendo más énfasis en el éxito educativo”; es decir, apuntaba a cambios concretos sin esperar a consensuarlos.¿La situación de la educación reclama más recursos y reclama consensos? Sí, pero, por encima de todo, reclama liderazgo por parte de un gobierno que proponga reformas que no gustarán a todo el mundo (¿cómo podrían gustar a todo el mundo si la excelencia siempre es el producto del esfuerzo?) y que deben suponer una ruptura con algunas prácticas que han sido impuestas en nombre de la equidad y del bienestar de los niños y que, por tanto, algunos considerarán que hay que defender con uñas y dientes.Precisamente porque el modelo actual es fruto de un consenso, modificarlo exige valentía. ¿La tendrá, el Gobierno? No lo sé, pero su ausencia se traduciría necesariamente en la mediocridad del país y en el ascenso de los partidos que se presentan como capaces de acabar con una situación que da múltiples señales de decadencia, los cuales no son precisamente los que participaron en el consenso del año 2009.

Ante una situación educativa como la actual (con los bajos resultados de PISA 2025 y las tensiones del inicio de curso) es comprensible que se busquen soluciones. El presidente de la Generalitat anunciaba esta semana un pacto nacional para salvar la educación. Veremos cómo avanza la iniciativa. Pero el problema es que en educación demasiadas veces confundimos buscar soluciones con volver a empezar.

Juntos está de moda. No el partido, sino la cosa. Juntos somos más fuertes. No el partido, sino las alianzas. En general, no la catalana. Lo acabamos de ver con esta voluntad de ampliar la base canadiense-europea y lo hemos visto recientemente con el frente común que han decidido hacer Escocia, Gales e Irlanda del Norte para presionar a Westminster. Aquí, las experiencias que se hicieron para presionar al gobierno español y unificar el heterogéneo bloque independentista salieron regular. Soy optimista de adjetivos. Pero también es cierto que si todo el mundo hubiera ido por su cuenta, la gigafoto no habría sido un sueño cumplido (aunque después se viera que todo el mundo iba por su cuenta y que no era para tanto con la gigafoto). “El pueblo unido jamás será vencido”, gritaban los chilenos en los años setenta. Literalmente podemos decir que la frase no es cierta. Sobre todo por el “jamás”. Se demostró en Chile y se ha demostrado muchas otras veces. Pero todo depende de qué entendamos por victoria. El referéndum del Primero de Octubre (la palabra referéndum, por cierto, ha pasado sospechosamente de moda) fue la victoria de un pueblo unido y, al mismo tiempo, fue el inicio de la derrota del movimiento independentista. Se puede pensar que el pueblo fue vencido o, por el contrario, que juntos logramos un hito impensable. Lo que pensemos dependerá un poco del día. Como el dolor de rodillas.

Septiembre ya está aquí. Para mí, un mes muy querido porque se anuncia en él el final del verano, la estación más espantosa del año. Aunque el otoño no comienza hasta el 21, depende de los años, ya el día o la luz es diferente. Es como si diera un paso atrás, un paso pequeño, eso sí, pero cargado de sentido. La luz se va sesgando y el aire, a pesar del calor actual, toma una especie de nota desprotegida y anuncia lluvias y hojas amarillas y caminos embarrados y podredumbre en el suelo. Esto en el bosque, claro. El olor del otoño comienza a tejerse desde el principio. Para mí, es un olor dulzón y anisado de hinojo. A veces, hay años, en que septiembre tiene un grupo de días tranquilos, de quietud suspendida, de felicidad activa. El mar tiene un azul cansado, el cielo es transparente y solo alguna nubecilla se pasea por él, blanca, protectora. Esto cuando no hay tormenta, cuando las rieras no bajan alborotadas, cuando el tumulto del agua no se lo lleva todo hacia el mar.

En una entrevista reciente a El País el filósofo alemán Peter Sloterdijk hablaba de las últimas elecciones en Sajonia-Anhalt y constataba que la irrupción de Alternativa para Alemania provoca la normalización de las ideas de extrema derecha. Uno de los puntos más interesantes de la entrevista es que Sloterdijk señala un factor que podría estar incidiendo en las democracias occidentales más de lo que podríamos pensar: el de las encuestas, que en los últimos tiempos han aumentado de manera exponencial y ocupan un espacio considerable en las secciones de política de los medios. Cada semana nos dan encuestas, dice el filósofo de su país, cosa que también ocurre aquí. Afirma que son como un campo de entrenamiento para ir perdiendo la vergüenza de votar a esta clase de partidos y que crean un efecto perverso, como si el fantasma del resultado virtual, dice, acabara haciéndose realidad. En este sentido, los sondeos serían una especie de profecía autocumplida.

Isabel tiene a su madre y a su suegro mayores, ella nonagenaria y él casi. Es un problema. ¡Buf! Para la madre ha conseguido dos cuidadoras que viven en el pueblo, una chica joven de Honduras, Carolina, dulce y trabajadora, y una de mayor, María, a punto de jubilarse, que vino de Córdoba de pequeña y se ha espabilado como ha podido toda la vida. María va a casa de la madre a menudo con su nieta, Naiara, que las distrae a ambas: les baila sevillanas y hace los deberes. Carolina se queda por las noches. Ahora está embarazada. Ya veremos cómo se las arreglará dentro de unos meses. Pero qué empuje y simpatía tiene. De día también limpia casas. María lo ha hecho durante años.

La inteligencia artificial promete revolucionar la productividad, el trabajo y, posiblemente, nuestra manera de vivir. Hace pocos días, en estas páginas, Andreu Mas-Colell reflexionaba sobre el futuro del trabajo y Cal Newport se preguntaba si acabaremos extinguiéndonos. No son debates menores.

Miro el vídeo de una profesional del orden. Con las nuevas tecnologías, ayudar a ordenar y organizar es una profesión. Y no dudo que es necesario. Quien no tiene ordenada la cocina no puede cocinar bien. La mesa donde estudias es tu cerebro (y no, no vale eso de decir: “Entonces, si la tuviera vacía, ¿mi cerebro estaría vacío?”). Sé que tener un sitio para cada cosa es necesario para la paz mental.

Este septiembre hace diez años que se puso en marcha el programa Escuela Nueva 21, una alianza de tres cursos que movilizó a medio millar de centros públicos y concertados para actualizar el sistema educativo. El aniversario coincide con la preocupación por los resultados de PISA 2025 y nos hace recuperar una pregunta de fondo: ¿cómo puede la educación capacitar mejor a los niños y jóvenes para comprender el mundo de hoy, desarrollarse en él y contribuir a transformarlo?

La España eterna está enfadadísima con dos estrellas del Real Madrid que se han negado a secundar el buen corazón de la Asociación Valenciana de Empresarios (tienen la web en castellano), que se ve que está preocupadísima por Ceuta.

Como no podía ser de otra manera, la ola iliberal que recorre el mundo ha fijado el punto de mira sobre el derecho de voto. Votar en libertad de conciencia es seguramente el acto cívico más relevante, el derecho más trascendente, que puede ejercer un ciudadano. Las urnas identifican a las democracias, por mucho que los regímenes autoritarios las falseen para disfrazarse de democracias: la Rusia de Putin, por ejemplo. Pero el voto, y en concreto la manipulación del voto en beneficio electoral propio, es el oscuro objeto de deseo de los políticos y los gobernantes autoritarios. Suelen acusar a los demás de incurrir en ello, porque cuando ellos están en el poder se vuelcan con glotonería.La tentación de manipular votos se agudiza. En Argentina, Milei ha impulsado una reforma electoral que, en caso de salir adelante, rediseñará de arriba a abajo las reglas del juego democrático. Entre otras cosas, el de la motosierra propone que las campañas electorales no sean pagadas por el Estado, sino patrocinadas por particulares y empresas, y quiere suprimir también los debates presidenciales e incluso las primarias obligatorias dentro de los partidos.Trump ha convertido las manipulaciones sobre el voto en una razón de ser de sus políticas, empezando por el hecho de haber instigado el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 como una supuesta rebelión contra unas no menos supuestas elecciones fraudulentas (que había perdido él y ganado Biden). Trump ha alimentado asimismo la sospecha de fraude sobre las elecciones de medio mandato del mes de noviembre (y lo intensificará a medida que se acerquen, porque teme perderlas), y hace unos días, en una convención en Dallas, en medio de un discurso errático y decadente, quiso soltar un cebo: cinco mil dólares para cada ciudadano estadounidense adulto en caso de que los republicanos ganen las elecciones. Una promesa como esta es indecente, ilegal y obviamente irrealizable, pero el tiro ya ha sido disparado: se trata de poner precio al voto y tratarlo como una mercancía más.En el Estado español, el Tribunal Supremo acaba de paralizar cautelarmente la llamada “ley de nietos” para impedir el derecho de voto de los descendientes de ciudadanos españoles que tuvieron que exiliarse durante la dictadura franquista. Esto equivale a arrebatar el derecho de voto a más de cuatrocientos mil ciudadanos españoles, con el argumento –esgrimido por el alto tribunal sin esconderse en absoluto– de que su participación en las votaciones podría “alterar el resultado deseado por los españoles” en los comicios. El “resultado deseado”, por si alguien se ha perdido, es que gane las elecciones la suma de PP y Vox. Ya que lo mencionamos, el partido de Santiago Abascal ha propuesto más de una vez (y amplios sectores del PP lo ven con buenos ojos) modificar la ley electoral para que “las minorías” no puedan concurrir a las elecciones como lo han hecho hasta ahora, ni “imponer su voluntad” en el Congreso o en el Senado. Esto, por si alguien se ha perdido también, va para los partidos de la izquierda, y también para los partidos nacionalistas vascos y catalanes.

La búsqueda de la buena vecindad siempre es provechosa, y más si estamos hablando de Cataluña y Extremadura, con miles de catalanes que tienen allí sus raíces familiares. Pero la buena vecindad, para ser real, debe estar basada en la verdad y en el respeto.

Leo en el ARA una noticia que “me interpela”. El Tibidabo será “el escenario del evento más grande concebido jamás íntegramente para la generación sénior activa”. Calla, esto debe ir por mí y por los de mi generación. ¿Somos séniors activos? ¡Y tanto! ¡Queremos fiesta! Lo impulsa una plataforma que se llama Club65, cosa que me hace pensar que seré de las más yogurinas del encuentro. Este club dice que “llenará de talento, música, humor y bienestar la cima de Barcelona”, y eso me hace sonreír. Como somos séniors habrá talento, sí; música, sí; humor, también, y bienestar. Eso quiere decir que no habrá muchas litronas, que ya tenemos una edad. La fiesta tendrá una “programación maratoniana”, me prometen, y yo, al leerlo, ya afilo las garras. Cerraré el after, veré salir el sol. Pero entonces sigo leyendo y mi gozo en un pozo (es una expresión que decimos mucho los séniors, como los júniors, que dicen bro). La programación maratoniana va de “las 11.00 a las 21.00 horas”. O sea, a las nueve y media, yogur y a la cama.

El último ES-Alert de Protección Civil enviado por la previsión de unas lluvias intensas en cinco comarcas provocó una cierta polémica porque finalmente cayeron cuatro gotas. Las críticas se centraron en el error de previsión porque el agua acabó cayendo al mar. Y sobre todo se discutieron los excesos en las restricciones impuestas a la población, tales como la suspensión de clases en las escuelas y universidades o de buena parte de la actividad hospitalaria.

En una sentencia histórica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha anulado la condena dictada por el Tribunal Supremo contra varios manifestantes de la movilización “Aturem el Parlament” (Detengamos el Parlamento) de 2011. La sentencia supone un varapalo al argumento del magistrado Manuel Marchena sobre el hecho de que, aunque los acusados no cometieron actos físicos violentos específicos, ayudaron a crear, con su sola presencia y sus gestos, una atmósfera intimidatoria e impidieron el funcionamiento de la cámara catalana.Se trata de la doctrina de la “violencia ambiental” que el mismo Marchena se encargó de trasladar a la sentencia del Procés. Según esta doctrina, aunque un manifestante individual no cometa actos explícitos de agresión física, su participación e integración en una masa colectiva hostil contribuye a crear una atmósfera intimidatoria y coactiva capaz de paralizar o alterar el funcionamiento de las instituciones. A mí, esta invención del juez canario me pareció en su día tan creativa como aquello del “miedo escénico” del que hablaba Jorge Valdano en los años 1980, refiriéndose a la atmósfera intimidante del estadio Santiago Bernabéu. Claro que con consecuencias muy distintas y dolorosas. No en vano, con este alambicado argumento el Supremo se cargó en 2015 la sentencia anterior de la Audiencia Nacional por la cual se absolvía a los dieciocho encausados del asedio al Parlament argumentando que ejercían su derecho a la protesta pacífica ante los recortes sociales. Ocho de ellos fueron condenados a tres años de prisión.Ahora, el Tribunal de Estrasburgo ha decidido que castigar penalmente a unos manifestantes basándose en el ambiente intimidatorio general vulneró los derechos fundamentales de reunión, manifestación y libertad de expresión, además de poner de relieve que a los condenados no se les atribuyó en la sentencia ninguna acción violenta individual o de incitación directa a la violencia. Es decir, el mero hecho de gritar consignas o levantar los brazos en una protesta, que no hace falta decir que siempre genera perturbaciones, no justifica penas de prisión desproporcionadas.Lo relevante es que esta sentencia fija un precedente para los tribunales españoles en el sentido de impedirles el uso de conceptos abstractos para desactivar el derecho de manifestación o la desobediencia civil pacífica. Lástima que esta misma apreciación no la hiciera el TEDH cuando en noviembre de 2025 revisó y dictaminó sobre la sentencia del Procés de 2019, en la que Marchena reciclaba este mismo esquema dogmático para justificar, de forma delirante, la existencia del clima insurreccional necesario para cometer el delito de sedición, todavía vigente en aquel momento.

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena se niega ahora a amnistiar a Carles Puigdemont hasta que no le ordene hacerlo el Tribunal Constitucional, porque considera que la sentencia —demoledora— del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no debe tener suficiente consistencia para un juez patriota como él. Investido de don Tancredo, Llarena se enroca y dice que la sentencia del TJUE no sirve como base jurídica para amnistiar a Puigdemont, dado que considera que no se ha revisado la interpretación del Supremo sobre la malversación. La respuesta sale sola: pues que la revisen. Sobre todo, porque la idea de “malversación” que se esgrimió para condenar a los líderes del Procés fue una nueva muestra de inventiva judicial a la altura de la acusación de rebelión, que se acabó descartando. La malversación no, porque necesitaban cargos para añadir años de prisión. Pero la inconsistencia de la acusación era la misma.Las razones de Llarena para no amnistiar a Puigdemont tampoco tienen fundamento. No solo eso, sino que deben estar muy cerca de la prevaricación, dada su insistencia en desobedecer no solo la ley de amnistía, sino también una sentencia de un alto tribunal europeo que, como juez que ejerce dentro de un estado miembro de la UE, tiene la obligación de acatar, cumplir y hacer cumplir. Sin embargo, se sobreentiende que la respuesta de Llarena no va dirigida a los especialistas en derecho, ni siquiera a los ciudadanos con un mínimo de espíritu crítico, sino a los medios de comunicación que aplauden las demostraciones de orgullo torero. Es como si Llarena viniera a decir que, puestos a tomarse la cicuta de tener que amnistiar a un enemigo de España, no lo hará si no se lo ordena al menos un tribunal español (aunque sea un tribunal, el Constitucional, que el siempre ecuánime Esteban González Pons definió hace dos años como “el cáncer del estado de derecho”, a pesar del uso y el abuso que hizo de él el Partido Popular cuando tenía mayoría). A Llarena le da igual haber hecho el ridículo repetidamente ante la justicia europea con sus órdenes internacionales de detención contra Puigdemont. Ha visto que la cosa no funciona, pero su reacción es mantener la orden de detención dentro del territorio del estado español: si Puigdemont pone un pie en él será detenido automáticamente, una escena que es el sueño húmedo del juez desde hace nueve años. Para salvar a España, naturalmente.El hecho es grave, pero parece anecdótico porque en estos años hemos visto a la justicia española cometer tantos despropósitos, y de tanta envergadura, que esta tozudez de Llarena parece poca cosa en comparación. Sirve de recordatorio, en todo caso, del hecho de que la sentencia del TJUE no solo supone un aval para la ley de amnistía (que desmontaba todo el estado de derecho en España, según la derecha y la extrema derecha), sino que también dejaba en evidencia, hasta el escándalo, la vergüenza televisada que supuso el juicio del Procés. Y que nos recuerda también que el poder judicial, reconvertido en arma política del ultranacionalismo conservador, sigue siendo el problema más grave de los muchos que tiene la democracia española.