El nivel de enriquecimiento de Donald Trump desde la presidencia de los Estados Unidos no tiene precedentes históricos. Durante su primer año de regreso a la Casa Blanca, Trump ha obtenido unos 1.400 millones de dólares en nuevos ingresos procedentes de empresas de criptomonedas que se beneficiaron directamente de sus decisiones como presidente. Según un informe de la Oficina de Ética Gubernamental, en el año 2025 los ingresos de Trump crecieron un mínimo de 2.200 millones de dólares, en comparación con los 622 millones conseguidos en 2024, antes de volver a ocupar el Despacho Oval. Además, las operaciones inmobiliarias del imperio Trump –tanto en el golfo Pérsico como en todo el mundo, desde Vietnam hasta Rumanía– también han generado decenas de millones de dólares en nuevos ingresos para el conglomerado familiar presidencial.

El presidente Illa ha brindado, en un acto de Efe y RTVE en Madrid, la "cooperación institucional" y “lealtad” de su gobierno, y ha considerado que los que critican el nuevo modelo de financiación porque lo propone Cataluña y no por el contenido son unos “malos españoles”.

El Tribunal Supremo español dictamina “que no se puede excluir el uso del castellano en la rotulación de los centros docentes” sostenidos con fondos públicos. En la sentencia, pues, se anula todo un apartado del documento de organización y gestión de los centros educativos (aprobado por el Departamento de Educación en julio de 2022) que decía que “la rotulación de los espacios del centro es en lengua catalana, occitano en Aran y en lengua de signos catalana si corresponde”. Lo anula (y nos demuestra, pues, que lo que se pueda dictaminar desde un gobierno no sirve para nada) a causa de un recurso que presentó la Asamblea por una Escuela Bilingüe, y que el alto tribunal ha “estimado”. Digo “estimado”, porque así se dice en lenguaje jurídico, pero no me perturba la polisemia que se da en esta lengua nuestra.

La historia del nacionalismo español de estado es una historia de represiones contra minorías. Uno de los frentes represivos más persistentes es el lingüístico: si imprimiéramos toda la jurisprudencia que se ha generado —solo en democracia: no hace falta que nos remontemos al Decreto de Nueva Planta— para desproteger el catalán y arrinconarlo del uso social, y para reforzar en cambio la presencia y el uso del castellano, tendríamos papel para empapelar el Tribunal Supremo, el Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y con toda seguridad aún sobraría.La nueva sentencia es del Supremo, y enmienda la plana al TSJC, que ha impuesto con diversas sentencias el 25% del castellano en las horas lectivas, incluso —o especialmente— en contra de la normativa lingüística fijada por la Generalitat. Pero la flamante sentencia del Supremo viene a decir que no son suficientes los afanes del TSJC: ahora también sentencian sobre la lengua en que se debe hacer la rotulación de escuelas y centros educativos. Como dicen ellos mismos, “la rotulación no es irrelevante”. La sentencia dice que la rotulación de las escuelas puede estar en la versión bilingüe castellano/catalán, pero lo que es seguro es que, como mínimo, debe estar en castellano. ¿Argumento para sostener esto? “El castellano es la lengua oficial en toda España, lo que significa que es una lengua que no puede ser excluida de las comunicaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos". Es un argumento que se acerca mucho a la frase que sirve de titular a este artículo, un lema que el estado español difundió en Cataluña, en las Baleares y en el País Valenciano durante la dictadura franquista. Se asemeja quizá no tanto en la letra, pero sí en el espíritu.Que el castellano sea “la lengua oficial en toda España”, como recalca la sentencia, no es un hecho azaroso ni fruto de la gracia divina. Sin remontarnos a explicaciones históricas, el castellano es “la lengua oficial en toda España” porque así lo fija, en la actual etapa democrática, la Constitución del 78, en un artículo 3 que la sentencia también cita: el castellano es oficial en todo el estado español y es un deber para los ciudadanos españoles conocerlo, mientras que a las “otras lenguas” (no se mencionan por el nombre) se les reconoce el “derecho de ser usadas” y de ser “también oficiales en las respectivas comunidades autónomas” (no cooficiales, este es un término que aún rebaja más la presencia oficial del catalán y que incomprensiblemente muchos repiten como loros).Por tanto, la Constitución consagra un principio de desigualdad que sirve de argumento jurídico a una sentencia que es ideológica y política. Hay en esta sentencia un componente del día y otro de fondo. Del día: quien pueda que haga, es decir, bombardeo de sentencias que puedan hacer tambalear al gobierno de Sánchez vía su relación con los socios catalanes, especialmente Junts. De fondo: un nacionalismo sempiterno que tiene su razón de ser en la lucha contra la diversidad en todas sus formas. También (quizás especialmente) contra la diversidad lingüística y cultural.

Cualquier política conducida desde la nostalgia está condenada al fracaso. Constatamos la tentación de la nostalgia en toda Europa, también en Cataluña. Es una forma de huida de la realidad y no es una actitud exclusiva de las formaciones de ultraderecha. La paradoja es que esta deriva nos llega cuando el presente pide más capacidad de repensar los cambios, para evitar que el futuro devenga solo amenaza y miedo. Y toca repensar porque es momento de reconstruir. Llega la hora de una política de reconstrucción. Sin solemnidades, pero con compromiso, con vocación de conjurar la mezcla de irracionalismo y fatalismo que abona el campo de la antipolítica y, a su vez, de las opciones populistas y reaccionarias.Vivimos en procesos de desánimo colectivo y malestar democrático que reclaman combinar autocrítica, escucha y reforma. Autocrítica de algunas premisas que han fundamentado las políticas básicas hasta hoy, escucha de la ciudadanía que expresa diversas formas de desafección hacia las instituciones, y reforma decidida de aquellos ámbitos donde los problemas exigen cambio de enfoque, no solo verter más recursos. A partir de aquí, tendremos que asumir el riesgo de la reconstrucción, especialmente en dos frentes que se solapan.En primer lugar, una reconstrucción nacional, indispensable después de la etapa del proceso soberanista, cerrada en falso mientras no se pueda preguntar nuevamente —sin porrazos— qué quiere la ciudadanía. Pero la Cataluña de hoy no es la de la posguerra civil, ni la de los años ochenta, ni siquiera la de los Juegos del 92 o la de los hechos del 2017. Tres asuntos que forman parte de la agenda diaria lo ponen de manifiesto claramente: vivienda, modelo económico y lengua. El mundo de Jordi Pujol y de Pasqual Maragall —por decir los dos líderes catalanes más importantes de la segunda mitad del siglo XX— ya no existe, ni volverá. Continúa siendo básico asumir el marco de “Cataluña, un solo pueblo”, pero esto no puede servir para dejar de analizar las grandes transformaciones sociales que nos interpelan.

Este calor que nos ahoga y nos debilita es, como no podía ser de otra manera, un gran generador de temas de conversación este verano. Que si el cambio climático, que si habrá que adaptarse a él, que si los aires acondicionados nos hacen más mal que bien. En muchos de estos intercambios de ideas y de experiencias he detectado un elemento común. 

Mi SaludParece que el programa La Meva Salut debería funcionar sin muchas incidencias, pero no es así. Cuesta acceder a él y a menudo no lo consigo. Hoy he ido al ambulatorio a las diez de la mañana. Me tendrían que haber enviado un código. Son las seis de la tarde y todavía lo espero.

Jordi Aragonès, que es el candidato a la alcaldía de Barcelona del partido triunfador del CEO, la ultraderechista Aliança Catalana, dio hace unos días una entrevista al diario Abc, para aquello de que no se juntan que no se parecen.El titular que escogió el rotativo fundado por Torcuato Luca de Tena causó impacto en las redes: “No debemos enfrentarnos catalanes y castellanos, el enemigo común es el califato”. El resto de la entrevista versaba sobre las propuestas del partido de Sílvia Orriols para la capital catalana. ¿Vivienda? Desregulación del mercado y construcción a granel. ¿Maragall o Pujol? Noucentisme, Catalunya ciudad, orden, disciplina, misa diaria y acostarse con las criadas (esto no lo decía la entrevista, pero era inherente al discurso del candidato). De la entrevista también se desprendía que los dirigentes de AC tienen tanta intención de llevar Cataluña a la independencia como de meter los dedos dentro de un enchufe. La independencia es, para ellos, la zanahoria para atraer votantes incautos, un añadido pegado al frontal de la gorra de béisbol trumpista. La revisten, la zanahoria, con un estucado etnicista que no la hace más viable, pero sí más tóxica.En su vertiente ideológica (además de candidato a Barcelona, Jordi Aragonès dice que es ideólogo del partido), Aliança Catalana recupera –no es ninguna novedad– una especie de fascismo pequeñoburgués, aquello que podríamos decir un fascismo cagado. No son propiamente fascistas: son cagaditos de fascista, con ínfulas intelectualoides y un horizonte mental de beata de pueblo. Son la estación de llegada de un largo itinerario de degradación que se ha autoinfligido el independentismo durante casi diez años de dar cuerda a fantasmas que imparten lecciones de patriotismo resentido y mediocre. Los dirigentes de AC aspiran a jugar en la liga del fascismo de baja o no tan baja intensidad, este que empieza a ser lo bastante fuerte en Europa (con figuras como Meloni en Italia, Alice Weidel y Tino Chrupalla en Alemania o Marine Le Pen en Francia) para imponer una aberración como el PEMA –el Pacto Europeo de Migración y Asilo, en vigor desde el pasado 12 de junio–, para enviar a los inmigrantes ilegales a campos de detención en países extracomunitarios. El enemigo cohesionador no puede ser España, precisamente porque es un país europeo y católico, porque esperan que pronto esté gobernado por sus correspondientes españoles (Vox y PP) y porque, mira tú por dónde, Cataluña sigue formando parte de él y bien habrá que hacer negocios ahí. El enemigo cohesionador, por lo tanto, será el de siempre: el pobre. Entre los pobres, el inmigrante. Entre los inmigrantes, el magrebí, el musulmán, el moro. El califato, que prepara secretamente la sustitución de los catalanes, otra zanahoria tóxica que apela al miedo y a la miseria humana, untada con desinformación y aporofobia. En esto sí que AC representa el viejo fascismo de siempre: el racismo, el supremacismo, el señalamiento del débil como enemigo y como amenaza. Es objetivamente desagradable tener que ver renacer esta mala hierba. Cuando empiece la gran sustitución, que los sustituyan a ellos los primeros.

Después de unas décadas de globalización y de deslocalizaciones industriales, Europa ha visto que debe recuperar soberanía tecnológica para subsistir. La pandemia nos puso delante del espejo: no sabíamos ni fabricar mascarillas y aún menos respiradores mecánicos. Nuestra industria del automóvil sufre porque depende cada vez más de componentes que debe importar, como las baterías o los sistemas informáticos. La guerra de Ucrania y la presidencia de Trump nos han hecho dar cuenta de que no tan solo debemos podernos defender sino también producir las armas de alta tecnología que hacen falta hoy en día. La revolución de la IA ha hecho patente que los campeones del sector están en los EE. UU. y en China, con alguna excepción europea como la francesa Mistral AI.  La UE necesita recortar distancias urgentemente con los otros dos grandes bloques si quiere continuar siendo un actor global relevante. Y esta necesidad es especialmente aguda en un campo en el que hemos perdido fuelle y que actualmente es determinante: las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), que incluyen la IA y la industria de los chips.Nuestro retraso tecnológico es paradójico, porque desde los años 80 la UE, entonces CEE, ha subvencionado la investigación, el desarrollo y la cooperación entre la industria y la academia. En efecto, primero fue el programa ESPRIT, centrado en TIC, y después los programas marco sucesivos, que abarcan todos los sectores. Igualmente, los estados miembros, España, y también Cataluña, tienen desde hace décadas programas de subvenciones con los mismos objetivos. En cambio, si comparamos la soberanía en TIC de los años 80 con la de ahora, el resultado es desolador: hemos pasado de tener muchos fabricantes de ordenadores (Bull en Francia, ICL en el Reino Unido, Siemens en Alemania, Secoinsa en España, Telesincro en Cataluña, etc.) a no tener ninguno. En cuanto a la revolución de los teléfonos móviles, que empezó en Europa, se ha desplazado a Asia y a los EE. UU. La fabricación de chips, que en los años 80 motivó planes y subvenciones para la microelectrónica en toda Europa y en España en particular, se ha concentrado en Asia, con la honrosa excepción de la holandesa ASML, que provee de equipos a los fabricantes asiáticos de chips. Las subvenciones a la supercomputación han servido para tener algunas instalaciones bien situadas en los rankings internacionales del sector, pero su aportación a la soberanía tecnológica y a la industria TIC es bastante limitada. En cuanto al software, las cosas no han ido mejor, y del panorama de la IA en Europa ya hemos hablado.

Pensemos en el condenado a treinta años de prisión que mira por la ventana y ve, más allá, a través de la reja, el prado verde donde piensa que podrá ir, ya libre, un día. Es la esperanza que lo mantiene. Pero pensar que algo que se desea pasará, aunque alivie el sufrimiento de la espera, no es suficiente: es necesario que la espera sea activa, que las acciones acerquen la esperanza a la realidad.Son los actores los que pueden cambiar la trama. Para la geoestrategia del mundo, son los ciudadanos de los Estados Unidos, Israel y Europa, que votan, los que pueden influir más activamente en el momento histórico que vivimos; no los de China o Rusia, a quienes sus estados no otorgan esta posibilidad. El peso de los BRICS en la política mundial –es decir, del Sur Global– crece, pero todavía no es decisivo.En noviembre se celebrarán las elecciones de mitad de mandato en los EUA, y es posible que las mayorías en las cámaras del Congreso y el Senado pasen de republicanas a demócratas. Más posible en el Congreso, más difícil en el Senado. Hay motivos para que el elector americano se sienta engañado: la guerra innecesaria en Irán, la inflación creciente –después de que Trump criticara la de Biden–, el abuso de poder del presidente –que el Tribunal Supremo ha corregido– al intentar suprimir el derecho a la ciudadanía para los nacidos en los EUA... Y también el fracaso de las políticas de inmigración: ¿en qué las ha mejorado el ICE, policía de fronteras de los EUA, más allá de reducir los derechos de los ciudadanos americanos y de causar sufrimiento y angustia a los inmigrantes, más o menos en situación irregular, pero asentados en el país? ¿Y los aranceles, qué han cambiado? ¿Y en Ucrania, la guerra que Trump decía que podía hacer acabar en un día, dónde estamos ahora? El conflicto creado con la OTAN y con la UE, ¿de qué ha servido? Los estados miembros se están retractando, por activa o por pasiva, de invertir el 5% de su PIB en defensa, como exigía Trump. Más que una política de estado, era un negocio.Ahora Trump habla del peligro comunista. ¿Se inventa de nuevo un problema para después decir que lo ha resuelto, como hizo con Irán? El presidente puede alegar que en Centroamérica y Sudamérica –en Colombia, Perú, Venezuela y Argentina– tiene gobiernos amigos, que son estables. ¿O bien son estables porque son sus amigos? ¿No es esto practicar el intervencionismo que él denigraba antes de ganar las elecciones hace dos años? Se ha echado a la mochila un peso que no tenía. Es cierto que la memoria del elector es corta, ¿pero tanto? Si la ciudadanía tiene un hilo de memoria, Trump y el Partido Republicano pueden perder este noviembre. La distancia entre lo que prometió y lo que ha conseguido es grande.Las elecciones en Israel pueden hacer perder la mayoría a Netanyahu. ¿La razón? La fatiga de la ciudadanía por una guerra que ha ido cambiando de objetivos –eliminar el terrorismo de Hamás en Gaza, proteger el norte de Israel y acabar con Hezbolá en Líbano, estabilizar Siria, derrotar a Irán...–, cuyo fin no está en el horizonte y que hace pensar que se mantiene para aplazar el juicio al primer ministro. Es un argumento difícilmente rebatible para el votante israelí de derecha e izquierda, y altamente destructivo para Netanyahu. ¿A quién deberían votar? ¿Y por qué? Si mantener la guerra los aleja de la colaboración y el entendimiento con los estados de la zona –Arabia Saudí, Kuwait, Omán, Emiratos, etc.–, si los Acuerdos de Abraham están muertos con esta política, ¿por qué no pasan a la fase siguiente del conflicto y extraen beneficio de la guerra que, supuestamente, han ganado? La guerra "eterna", ¿para qué sirve? Cambiar el gobierno puede evitar que se haga más grande el problema que ya tienen, después de la guerra de exterminio en Gaza y el apartheid en Cisjordania, que han cambiado la percepción internacional de Israel: de víctimas han pasado a ser vistos como verdugos. Pero, sobre todo, EE. UU. ya no apoyan monolíticamente a Israel como hasta ahora; sus intereses comienzan a divergir.

Estos días se acumulan las noticias sobre tiroteos, bandas organizadas o armas blancas en la ciudad de Barcelona. No sé si estamos ante un cambio de tendencia o simplemente ante una mayor visibilidad mediática. Pero todas ellas me han hecho recordar a un economista que recibió el premio Nobel por formular una pregunta sorprendente: ¿y si parte de la delincuencia pudiera analizarse también como una decisión económica?

Cataluña convive con una gran deuda y con deberes pendientes. La primera, que supera los 90.000 millones, hace que cada catalán, solo nacer, cargue con un pasivo de 10.999 euros, con datos del censo actual, que supera los 8,2 millones de personas. La segunda es la obligación de reformar un sistema de financiación autonómico caducado desde hace más de una década, engorroso y complejo, que provoca que las comunidades que más aportan acaben quedando por debajo de las que más reciben una vez se hace el reparto de los recursos del sistema.

1. El fuego. No es necesario que un incendio sea de sexta generación para arrasarlo todo, bosques, casas y vidas. El ejemplo de Almería, con tanta muerte, es devastador. Hasta ahora, el puñado de incendios que ha habido en Cataluña en las dos primeras olas de calor insoportable se han saldado, tal como dice y repite el presidente Illa, sin víctimas humanas. La prioridad está clara. Y es en días como estos, de peligro y de miedos, que un puñado de gente anónima se comporta de una manera que te reconcilia con la condición humana. No son solo los bomberos, los agentes rurales y los alcaldes de poblaciones que no acostumbran a salir en las noticias los que están a la altura de los acontecimientos. La solidaridad entre vecinos que se ayudan, la generosidad de ciudadanos que acogen personas en casa o que llevan garrafas de agua no se valora lo suficiente, en un mundo cada vez más pendiente del ombligo de cada uno. En este contexto, quiero explicar una anécdota que cuesta de creer.

Hoy, estimados lectores, repasaremos la figura del silogismo, propuesta por Aristóteles. Sirva de ejemplo la afirmación del no menos conocido M. Rajoy, que actúa como premisa mayor cuando escribe que la selección francesa está disputando el Mundial sin franceses. Si tener jugadores de origen inmigrante o de etnias diversas hace que un equipo no esté formado por ciudadanos de este país, y (premisa menor) la selección de España tiene jugadores de origen inmigrante, como Lamine Yamal o Nico Williams, la conclusión no puede ser otra que España también está disputando el Mundial sin españoles.

Se pisa la nieve. Se pisa la playa. Se pisa el asfalto. Se pisa el Pirineo, la Costa Brava, Dorada, Domesticada, Gasificada… Pero no se pisa el rastrojo. Los campos pelados. Los campos que son las cabezas de cuando éramos pequeños y nos pelaban a la 1. La caña del cereal de pie. Chupamos el cóctel de sol y tierra. El olor del rastrojo. Vainilla fresca, tierna. Y delante aquella cabellera oro princesa de cuento infantil. Aquella planada de patatas rubias. Y el hombre baja de la cosechadora con un ñam-ñam en los ojos. Mirando el sueño de futuro: pan, macarrones, arroz, palomitas… Comida para los demás, comida para ti, para nosotros.

Tengáis la edad que tengáis los que leéis este artículo, ya sabéis que la tecnología va más rápido que la capacidad humana de adaptación a una nueva percepción de la realidad. Nos hemos convertido en una especie de malabaristas desbordados o de equilibristas que transitan por un cable a una altura muy superior a la nuestra. No sé si siempre en la historia nos hemos visto superados por la tecnología; intuyo que sí, pero nunca con una aceleración tan grande, en tantos frentes a la vez y con un conocimiento compartido tan extenso de la metamorfosis en la que estamos inmersos como sociedad.

Hace ya muchos años que, mediante un efectivo y reconocido Comité de Rutas, la Cámara de Comercio de Barcelona promueve la conectividad aérea de Barcelona. La institución acaba de publicar un estudio importante sobre el tema. Con una fuerte fundamentación cuantitativa, pone el acento en tres aspectos:

Celebro que el Congreso de Arquitectura haya vuelto a poner la vivienda en el centro: “Declaramos que la vivienda es un derecho, no un mero rendimiento económico. Este derecho no es negociable”,dice la Declaración de Barcelona. Es un lema ambicioso, porque las casas son espacios muy valiosos, es difícil poder pagarlas con el esfuerzo del trabajo, consumen muchos recursos y su producción es central en las economías urbanas. La vivienda se ha convertido en un lujo porque las ciudades han descartado otras maneras de planificar, construir y vivir.El congreso ha contado con la participación de Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal, que probablemente son los arquitectos europeos que más han hecho, a lo largo de su trayectoria, para demostrar que habitar no solo es un derecho, sino que debe ser un placer. Y esto puede costar no mucho más. No es una cuestión de medios, ni de software BIM, ni de precio de ejecución material. Tiene que ver con la ambición de ofrecer los mejores espacios en los barrios donde intervenimos, y requiere observar, proyectar y arriesgar.Tuve a Jean-Philippe Vassal de profesor un año cuando me fui de Erasmus a la Escuela de Arquitectura de Versalles, y tengo un recuerdo nítido y bonito: nunca lo oí pontificar, lo que enseñaba era un razonamiento muy próximo a lo que construía y a lo que ha estado construyendo los últimos veinte años. El curso de Vassal desconcertaba al principio, porque no pedía una solución concreta para un determinado solar. Durante las primeras clases, proponía simplemente que los alumnos fuéramos por la ciudad haciendo fotografías de espacios curiosos, con usos imprevistos. Cuando te dan tanta libertad, se hace muy difícil plantarse ante un aula y explicar un hallazgo personal. Después viajábamos conceptualmente a África, al desierto, o a la plaza Djema-el-Fnaa de Marrakech, para entender qué hace que un espacio sea confortable sin que nadie haya aplicado un diseño o un estilo imitado. Finalmente, el proyecto del curso consistía en proponer un lugar e intervenir en él para mejorarlo. Era difícil, pero hacía con nosotros lo que él planteaba en su despacho: intervenir sin la red de seguridad que dan las normativas y las ordenanzas. Abrir la mirada permite descubrir árboles que forman espacios catedralicios, solo con una cadencia entre los troncos y tales selectivas de las ramas. O, como ellos han hecho con una precisión exquisita, convertir invernaderos en casas fantásticas y económicas.

La ley del concebido no nacido, promovida por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y asumida por Alberto Núñez Feijóo como promesa si llega a la Moncloa, es ambigua porque se presenta como una política de promoción de la natalidad y de apoyo a las familias, pero convierte la ayuda en la puerta de entrada de un marco ideológico que puede poner en riesgo los derechos reproductivos.Permitir a la mujer embarazada obtener prestaciones a partir de la semana 14 de embarazo puede parecer, a primera vista, una simple modificación administrativa. Y es cierto que, jurídicamente, esta ley no modifica la norma estatal que regula los derechos con relación a la salud sexual y reproductiva, entre los cuales el derecho al aborto. Pero su alcance no se agota en la letra de la ley. Detrás está la voluntad de introducir, paso a paso, los postulados de la agenda antiavortista de la extrema derecha.Las grandes transformaciones jurídicas no acostumbran a suprimir derechos de un día para otro. Antes suelen modificar el marco conceptual desde el cual estos derechos son interpretados. La iniciativa de Ayuso se inspira en el movimiento norteamericano de la fetal personhood, que ha ganado fuerza en los últimos años en Estados Unidos. Su objetivo es crear una “personalidad fetal” que blinde los derechos del no nacido por encima de cualquier otro, entrando así en conflicto con los derechos reproductivos, incluido el acceso al aborto, la contracepción y hasta la fecundación in vitro.Para entender qué implica este concepto, es interesante seguir la cronología de este proceso biológico. El desarrollo embrionario comienza con la fecundación del óvulo por el espermatozoide cuando se unen para formar un cigoto; al cabo de unos días el blastocisto implantado en el útero materno da lugar al embrión y, hacia la novena semana, el embrión se convierte en feto. La ciencia puede describir este camino, pero no puede señalar el momento exacto en que una vida humana en desarrollo deviene una “persona”. Esta respuesta no es científica, sino moral, filosófica o religiosa. Y ahora también quiere ser política, para acabar rigiendo ideológicamente las políticas públicas sobre el inicio de la vida.La vida prenatal merece consideración moral. Pero una cosa es reconocer valor moral a la vida prenatal y otra muy diferente es convertirla en sujeto de derechos equiparable a una persona nacida. La ley madrileña hoy por hoy no restringe ningún derecho de la mujer y puede leerse únicamente como una ayuda a la maternidad. Pero no es neutra, porque desplaza el debate hacia el estatuto que debe tener el no nacido. Y este movimiento es resbaladizo. Primero se dice que el concebido cuenta para que los progenitores reciban una ayuda. Después, que si cuenta para obtenerla, quizá también deba contar para otros efectos. Y finalmente, que si tiene derechos en algunos ámbitos, no se entiende por qué no debería tenerlos en todos. El problema de fondo es que algunos postulados que la extrema derecha engendra y a los que da vida pueden acabar debilitando, hasta hacerlos morir, derechos democráticos reconocidos.

La reciente encuesta del CEO puede llevar fácilmente a dos conclusiones opuestas: La primera es la existencia de corrientes electorales de fondo que invitan a los tremendistas a imaginar un país desmenuzado ideológicamente y con una gran presencia de desafectos o de partidarios de esta tendencia tan nuestra (constante pero intermitente) de mandarlo todo a rodar.Pero los mismos datos admiten una segunda lectura. Basándonos en la fría aritmética, y aceptando que el país es un olla de grillos, la encuesta no permite imaginar demasiados escenarios más allá de un continuismo más o menos matizado, es decir, un gobierno fruto del pacto entre PSC y ERC, con el apoyo de los Comunes o de Junts, según cuál sea su resultado. Sería una mayoría no precisamente sobrada de efectivos, pero tendría a favor suyo la atomización de la oposición, que resultará ser un inconmensurable revoltijo de enemigos ideológicos.El gran factor desequilibrante que revela el CEO es la existencia consolidada de un voto de extrema derecha dual –catalán y español– situado en torno al 25% de los votos (más del 30%, si añadimos el PP). La irrupción fulgurante del partido de Sílvia Orriols es lo que más llama la atención, porque podría pasar de la nada a los 25 diputados, situándose en primera posición en Girona y Lleida, lo que pone de manifiesto no solo la derechización del electorado, fenómeno común en toda Europa, sino también el giro defensivo de una parte del independentismo, que ha cambiado la ilusión ingenua de hace diez años por el reventismo (fruto de la represión y de la “rendición” del independentismo tradicional), y también por el miedo a la disolución nacional como consecuencia de los cambios demográficos.