La gran paradoja de PISA es que, a pesar de ser una prueba diseñada para medir competencias, los mejores resultados los obtienen los países que se centran en los conocimientos (como se ve en la diferencia entre Inglaterra, por un lado, y Escocia y Gales, por el otro).

El sindicato de Profesores de Secundaria (aspepc·sps) ha lanzado una ofensiva en contra de "regalar" el título de nivel avanzado de catalán (el C1) cuando se aprueba 4.º de ESO, a los 16 años. La campaña quiere recoger firmas para romper este automatismo, que consideran que acredita a los alumnos con un nivel avanzado de lengua que en realidad no tienen.

Hace tres cursos el departamento de Educación, entonces liderado por el gobierno de ERC, creó Sensei, una prueba piloto que debía ser la base para crear un programa de formación. Con el tiempo, se tenía que acabar transformando en un MIR para los docentes, similar al de los médicos. La prueba se ponía en marcha con un presupuesto de once millones de euros que provenían de fondos europeos. Con esta inversión, durante tres cursos se ofrecieron 250 plazas para formar a docentes noveles. Estos fondos, sin embargo, solo llegaban a cubrir el programa Sensei durante tres años y, por tanto, el curso pasado fue el último en el que el sistema educativo catalán contó con la prueba piloto de este anhelado MIR educativo. Ahora, para suplirlo, el departamento de Educación ha puesto en marcha un nuevo programa de formación que será estable –no como el Sensei–, pero que contará con la mitad de plazas y no tendrá un presupuesto propio, sino que se integrará dentro de la inversión que hace el Gobierno en la plantilla docente.

¿Cómo empezar un curso como este, diferente por las circunstancias vividas el curso pasado? Hablo de la asignatura pendiente de junio, el malestar que las huelgas, boicots y desacuerdos dejaron: familias y AFA decepcionadas, alumnos que se han sentido vulnerados al perder experiencias educativas que esperaban con ilusión, docentes cansados y equipos divididos...

El arte, en todas sus formas, tiene la capacidad de generar cambios profundos en los ámbitos personal, social, educativo y terapéutico. La educación es, por definición, un motor esencial para avanzar hacia una sociedad más justa, solidaria y sostenible. De la unión de estos dos ámbitos nace un binomio con un gran potencial transformador, que la Fundación Catalunya La Pedrera sitúa en el centro de sus programas educativos.

"Antes de nada que quede claro: nosotros estamos a favor de la escuela inclusiva, pero en estas condiciones es imposible". Lo explica Martina, tutora de 2º de primaria de una escuela pública de la provincia de Barcelona. Han accedido a dejar que el ARA pase un día con ellos para comprobar cómo funciona la escuela inclusiva desde dentro. Sin filtros. Piden, sin embargo, el anonimato. Por eso todos los nombres de este reportaje son ficticios.

"La fortaleza de los sistemas educativos depende de la de sus docentes [...] y cada vez es más difícil atraer, formar y retener a docentes de alta calidad". Con esta premisa, la OCDE ha centrado su informe sobre el estado de la educación de este 2026 —el Education at a Glance— en la escasez de docentes y las medidas que se pueden adoptar para hacerle frente. Entre los muchos datos que analiza el organismo internacional se encuentra la temporalidad de los contratos de los docentes, una variable en la que España sale claramente mal parada. Según el informe, el Estado español es el quinto país de la OCDE con un porcentaje más alto de docentes de instituto sin un contrato indefinido.

"Este proyecto no va contra la FP privada; al contrario, reforzará la calidad de los centros privados". Con esta afirmación la ministra de Educación, Milagros Tolón, ha presentado el proyecto de decreto con el cual el gobierno español quiere poner fin a los chiringuitosprivados que han encontrado una vía de negocio en el mundo de la formación profesional (FP). Con el nuevo decreto, presentado este lunes y que se prevé que se apruebe antes de final de año, el ejecutivo de Pedro Sánchez busca poner unos límites y unas exigencias concretos a este tipo de formación privada, que en la última década ha crecido exponencialmente, especialmente en la modalidad online. Por ejemplo, en Cataluña, el curso 2024-2025 ya había el doble de alumnos haciendo un grado de FP en la privada que en la concertada.

Aviso para náufragos y otros productos derivados del naufragio existencial: este artículo está basado en flotadores reales. Comienza en una isla en movimiento. Hora zulú. Septiembre 2026. Interior día. Transporte público de Barcelona (podría ser otro espacio-tiempo de la agria Cataluña). El niño (9 años) se sienta en el suelo como una roca del calcolítico superior. La madre: “Ay, cariño, ponte de pie, que el suelo está sucio”. Niño roca: “¡¡¡No quiero!!!” (Frase única, como un misil destructivo sonoro expansivo.) Más madre: “Ay, cariño, que está sucio, no puede pasar la gente, ay, que los pantalones, ay, ay, ay….” Operación diálogo y más diálogo. Resultado final del trayecto: el chaval no se movió ni un micrómetro. Ni lo hará en los próximos mil años. Siglo I de la roca humana.

Saber leer, leer para aprender y gusto por la lectura. Estas son las tres patas en las que, según el departamento de Educación, se debe basar el plan de lectura de centro (PLEC). O, lo que es lo mismo, el plan que marca la línea didáctica y organizativa que debe seguir una escuela o instituto para garantizar que los alumnos acaben siendo unos buenos lectores. A estas alturas, este documento organizativo es solo una recomendación y solo unos 700 de los poco más de 2.500 centros educativos públicos tienen un plan de lectura que cumple los requisitos que marca la Generalitat. Ahora bien, dentro de las medidas para reforzar el aprendizaje que ha anunciado la consejera Esther Niubó esta semana está, precisamente, que el PLEC sea obligatorio. Esto implica que, de cara al próximo curso, más de 1.800 escuelas e institutos públicos tendrán que crear desde cero su plan de lectura o bien modificarlo para cumplir esta directriz.

No será fácil remontar el clima enrarecido en el que ha caído el mundo educativo. La atmósfera se ha degradado demasiado. Los buenos oficios del presidente del Consejo de Educación, Joan Manuel del Pozo, que tiene el encargo de reconducir la situación buscando la pacificación del sector y un gran acuerdo de país, dan motivos para la esperanza. Pero más allá de las buenas palabras y de un buen talante, harán falta hechos, prioridades claras y decisiones sensatas y valientes. Sobre todo, mucho sentido común: porque lo que hace falta es cambiar el rumbo, pero sin grandes inventos y, también, con un poco de paciencia a la hora de obtener resultados. No habrá, como en el fútbol, remontadas mágicas.

Volver a lo básico. Volver a lo esencial. Esta es la base de las medidas de refuerzo de aprendizaje que este jueves ha presentado la consejera de Educación, Esther Niubó. Unas medidas que irán enfocadas a mejorar cómo se enseñan las dos patas principales del aprendizaje: la lengua y la comprensión lectora y las matemáticas. Entre las orientaciones se ha anunciado un cambio relevante: el próximo curso volverá a haber lecturas obligatorias en bachillerato y todas las escuelas e institutos deberán tener un plan lector de centro.

Portazo de la Ustec al debate de país para mejorar la educación en Cataluña encargado por el presidente Salvador Illa. En una rueda de prensa, el sindicato mayoritario en el sector educativo ha explicado este martes que no acepta "el marco propuesto por el Gobierno" porque "pretende derivar exclusivamente" el debate a través del Consejo de Educación de Cataluña. El coordinador de acción sindical, Andreu Mumbrú, ha dicho que entienden la propuesta del Gobierno como "una voluntad de desactivar la movilización y diluir la voz de los profesionales de los centros". "Nos preguntamos si la educación pública necesita el enésimo debate", ha reprochado.

Que el presidente de la Generalitat quiera hacer de la educación una prioridad de país es una buena noticia. También lo es que ponga sobre la mesa el objetivo de llegar al 6% del PIB en educación. Después de un inicio de curso marcado por la huelga y el desastre de las pruebas PISA, es algo bueno que el Gobierno se haga el propósito de levantar la mirada y encender las luces largas. El presidente quiere generar consenso en el debate para pasar a la acción, empezará haciendo una ronda con los partidos y encarga al Consejo de Educación que sea el instrumento del debate. Estas son, de momento, las concreciones de la propuesta.Hace demasiado tiempo que se alzan voces para reclamar más recursos y alertar de la crisis del sistema educativo, pero las soluciones que se proponen apuntan en direcciones diversas. Con intereses y visiones diferentes, ¿quién marcará el rumbo del debate? El presidente del Consejo de Educación, entrevistado en este diario, reconoce la dificultad de llegar a consensos y señala que generar un nuevo clima de debate sereno y de confianza ya sería, en sí mismo, un primer avance.No parece, sin embargo, un hito fácil. Se anuncian nuevas movilizaciones, y lo primero que se ha pedido al gobierno es un calendario, recursos presupuestarios y medidas concretas. ¿De dónde sacarán el dinero, cómo y cuándo se invertirá? Porque la cifra del 6% es muy importante, pero no es ninguna política educativa. El dinero puede hacer posibles cambios, pero no decide por sí solo qué cambio queremos hacer. La confianza no se pide, se construye. Y se construye cuando una promesa tiene calendario, una inversión tiene una finalidad y una reforma llega a los centros. Cuando los profesionales pueden ver que aquello que se decide en las instituciones acaba cambiando, aunque sea gradualmente, su trabajo y las oportunidades de aprendizaje de los alumnos. Quizás el gran debate educativo no debería reabrir las viejas trincheras: competencias o contenidos, innovación o tradición, equidad o excelencia, pública o concertada, pantallas o libros. En las aulas, estas disyuntivas no existen con esta simplicidad. La realidad es más compleja y pide menos trincheras y más capacidad para avanzar juntos. Miquel Puig advertía, en estas mismas páginas, del riesgo de que un nuevo debate de país acabe convirtiéndose en una nueva ronda de consensos mientras las decisiones difíciles siguen esperando. Cataluña no necesita volver a empezar un debate porque no partimos de cero. Tenemos una ley y tenemos investigación, universidades, escuelas que han acumulado experiencia, redes de profesionales, equipos directivos que han aprendido a gestionar la complejidad y muchas prácticas que sabemos que aportan valor. Se han hecho anteriores debates participados, tenemos magníficas ponencias escritas, que han quedado en papel mojado. Programas que han pasado a la historia y que fueron pioneros en su día.

Liderar un debate "amplio" y "sereno" que permita superar la crisis educativa. Este es el encargo que este lunes ha trasladado oficialmente el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, al presidente del Consejo de Educación de Cataluña (CEC), Joan Manuel Del Pozo. Del Pozo será quien liderará el debate de país para redefinir el modelo educativo catalán. Un diálogo que tiene por objetivo "refer consensos" y "reconstruir" puentes con el sector educativo, según ha explicado la consejera del ramo, Esther Niubó.

Este viernes, el gobierno español debía conseguir el visto bueno de las comunidades autónomas para poner las bases del modelo de escuela inclusiva de todo el Estado. Una especie de hoja de ruta para hacer que, como ya se intenta hacer en Cataluña, las escuelas ordinarias sean también el espacio de referencia para los alumnos con discapacidades. Aunque el plan había recibido luz verde por parte del Consejo Escolar español, cuando ha llegado a la sectorial de Educación las comunidades gobernadas por el PP y Vox (11 de 17) y las Canarias lo han tumbado. "Venían con una posición prefijada y una estrategia convergente para no aceptar este reto", ha criticado el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, cuando ha salido del encuentro. "Ha sido un posicionamiento ideológico", ha insistido De la Rosa, y ha recordado que se ha rechazado el "marco conceptual" del plan que "pretendía ayudar" en la inclusión del millón y medio de alumnos con problemas de aprendizaje que hay en España.

Pocos –quizás ninguno– asuntos públicos hay más importantes que la mejora del deplorable estado de la enseñanza en Cataluña. Por eso resultan preocupantes los mensajes que dedicó el presidente Illa en su discurso del lunes pasado. Fundamentalmente, concretó dos objetivos: aumentar el esfuerzo presupuestario hasta el 6% del PIB (tal como establece la vigente ley de educación de Cataluña) y construir un “consenso con los partidos y la comunidad educativa” después de un “debate nacional sobre el futuro de la educación”.¿Por qué resultan preocupantes estos dos objetivos? En primer lugar, porque la ley vigente —en el marco de la cual se ha producido este constante deterioro de los resultados educativos— ya fue producto de un consenso, el cual ya fue celebrado en su momento —el año 2009— como si garantizara algo bueno. De hecho, las únicas voces discordantes lo fueron por motivos que poquísimo tenían que ver con la calidad de la enseñanza (por parte de IC, la persistencia de un sector concertado, y por parte de la derecha, los temas lingüísticos). ¿Un nuevo consenso diagnosticará y enmendará las causas del fracaso pisando los callos que hagan falta, o, al contrario, se convertirá en un ejercicio de eludir las dificultades y dejarlo todo tal como está? Es mucho más probable lo segundo que lo primero, porque la dinámica de los consensos es normalmente pactar lo que es fácil y aparcar lo que no lo es. De hecho, el inmediato entusiasmo de Junts aceptando la propuesta del presidente así lo pone de manifiesto, dado que los partidos no se entusiasman cuando se trata de tomar decisiones que perturben el statu quo.En cuanto a aumentar los recursos presupuestarios, no se puede estar en contra, pero hay que remarcar que la evidencia empírica —tanto a escala internacional como española— pone de manifiesto que no hay ninguna relación entre gasto por alumno y resultados (para ser más concretos, la OCDE estima que sí que la hay cuando la cantidad que se destina no llega a los 75.000 dólares por alumno entre los 6 y los 15 años, pero no a partir de esta cifra, y la nuestra es muy superior a este límite). Si hubiera relación, Madrid no se situaría en resultados a la cabeza de las comunidades españolas, donde sí que se situarían el País Vasco o Extremadura. Desde el punto de vista de la equidad, un análisis llevado a cabo en España para medir el impacto del esfuerzo presupuestario sobre la “resiliencia académica” —es decir, la capacidad de los alumnos para superar el nivel que se asocia a su nivel socioeconómico— concluye que este impacto es despreciable, lo que es tanto como decir que no es de prever una mejora de los resultados de nuestros alumnos provenientes de la inmigración o de la pobreza por el solo hecho de que vertamos más dinero al sistema.En conclusión, la receta de Illa nos puede llevar perfectamente a una situación igualmente mediocre, pero mucho más cara. Eso sí, después de muchos abrazos entre los representantes de los partidos e incluso de los agentes sociales.La consejera Niubó no me entusiasma (¿cómo podría entusiasmarme si calificó de “política-ficción” la hipótesis de que los resultados de las pruebas PISA habrían sido todavía peores si los centros catalanes, en vez de excluir al 23,2% de los alumnos porque presentaban discapacidades lingüísticas, cognitivas o conductuales, se hubieran limitado a excluir al 5%?). No me entusiasma, pero debo decir que sus declaraciones en Catalunya Ràdio cuatro días antes del discurso del presidente Illa me parecen mucho más acertadas y, por tanto, prometedoras.Donde el presidente dice aumentar la dotación presupuestaria, Niubó habló de la necesidad de “reordenar el sistema antes de poner más recursos”. Donde él dice construir un consenso, ella dijo “recuperar el papel de los libros y de la lectura”, reforzar las bibliotecas escolares y “mantener la inclusión, pero poniendo más énfasis en el éxito educativo”; es decir, apuntaba a cambios concretos sin esperar a consensuarlos.¿La situación de la educación reclama más recursos y reclama consensos? Sí, pero, por encima de todo, reclama liderazgo por parte de un gobierno que proponga reformas que no gustarán a todo el mundo (¿cómo podrían gustar a todo el mundo si la excelencia siempre es el producto del esfuerzo?) y que deben suponer una ruptura con algunas prácticas que han sido impuestas en nombre de la equidad y del bienestar de los niños y que, por tanto, algunos considerarán que hay que defender con uñas y dientes.Precisamente porque el modelo actual es fruto de un consenso, modificarlo exige valentía. ¿La tendrá, el Gobierno? No lo sé, pero su ausencia se traduciría necesariamente en la mediocridad del país y en el ascenso de los partidos que se presentan como capaces de acabar con una situación que da múltiples señales de decadencia, los cuales no son precisamente los que participaron en el consenso del año 2009.

Ante una situación educativa como la actual (con los bajos resultados de PISA 2025 y las tensiones del inicio de curso) es comprensible que se busquen soluciones. El presidente de la Generalitat anunciaba esta semana un pacto nacional para salvar la educación. Veremos cómo avanza la iniciativa. Pero el problema es que en educación demasiadas veces confundimos buscar soluciones con volver a empezar.

Joan Manuel del Pozo es, desde 2024, presidente del Consejo de Educación, el organismo que deberá conducir el debate educativo que ha anunciado el presidente de la Generalitat. Doctor en filosofía, Del Pozo también fue consejero de Educación y Universidades en el año 2006, durante el gobierno de Pasqual Maragall.

Aunque desvirtuados en el caso catalán, los resultados PISA que acabamos de conocer probablemente volverán a poner sobre la mesa el bajo nivel de nuestros alumnos en matemáticas, comprensión lectora y ciencias. Eso ya lo sabíamos desde hace tiempo y se ha hablado mucho de ello. Pero hasta ahora la atención se ha centrado solo en los dos primeros temas, mientras que las ciencias han sido incomprensiblemente ignoradas por el debate público. ¿Volveremos ahora a ver cómo la discusión se centra en las matemáticas y la comprensión lectora mientras las ciencias son nuevamente dejadas de lado?