Santos Cerdán podría estar representando (si el condicional acaba siendo sobrante, deberá demostrarlo la justicia) el escandaloso y al mismo tiempo viejo episodio de corrupción económica de cuando alguien ve pasar millones por delante y se cree que ha encontrado la manera de untarse los dedos él, el partido o ambos, hasta que al final lo pillan. De momento, indicios ha sido suficiente para que Pedro Sánchez siga colgando de un hilo. Su criterio eligiendo secretarios de organización es dudoso como mínimo, y si aparecen pruebas sólidas de financiación ilegal, el hilo se romperá.

Desde el siglo XIX hasta la actualidad se constata una grave carencia de cultura política genuinamente "liberal" en España. Especialmente en las instituciones de la cúpula judicial. El periplo se inicia con la Constitución de Cádiz de 1812, en la que ni siquiera se habla de poder judicial, concebido como una instancia subsidiaria del poder ejecutivo. En el franquismo, los tribunales constituyen el brazo legal de la dictadura. De hecho, los jueces de las más altas instituciones han sido más leales a los objetivos de permanencia del Estado (unidad y monarquía) que a los objetivos del liberalismo político y del estado de derecho (derechos y libertades individuales y colectivas, imparcialidad judicial, separación de poderes).

Una de las cosas más abracadabrantes de la última encuesta del CIS es que el poder judicial es la segunda institución española mejor valorada y que todas las suspicacias sobre su falta de neutralidad se concentran en su actuación sobre los partidos políticos. Lo hemos sabido precisamente la misma semana que el Tribunal Supremo ha denegado, en primer lugar, la amnistía a Carles Puigdemont, sosteniendo de forma delirante que obtuvo con el Proceso un "beneficio personal de carácter patrimonial" y que ello encaja de forma muy retorcida dentro de la desgracia y evitable excepción que prevé la ley de amnistía. En segundo lugar, el mismo alto tribunal ha informado en contra de un indulto a Oriol Junqueras, que podría exonerarle de la condena de inhabilitación porque, a juicio de tan sabios togados, y en contra de la opinión de la Fiscalía, eso sería tanto como sustituir el indulto parcial e irrevocable a otro pena de cárcel otorgado a su pena de cárcel 1870.

La justicia es la ultima ratio, el último argumento, del sistema democrático. Es el lugar al que los ciudadanos, empresas u otros agentes recurren cuando se sienten maltratados o son víctimas de un abuso o agresión. Esperamos reparación de la justicia y, también, castigo para los culpables. La justicia es fundamental para dotar al sistema de sentido. Si no existe justicia, no hay democracia. Y si funciona de forma pobre o defectuosa, es el conjunto el que se ve irremediablemente deslegitimado. Es la democracia quien se devalúa a ojos de la gente. Es precisamente por este motivo, por la importancia fundamental que, en términos democráticos, pero también morales, tiene la justicia, que nunca he entendido el abandono palmario al que se le ha sometido a España.

Esta semana hemos podido ver un claro ejemplo de cómo no debería ser el interrogatorio de un juez a una víctima de violencia sexual. Adolfo Carretero nos ha dado una clase magistral de qué es la violencia institucional y en qué consiste la revictimización.

El PSOE es perfectamente consciente de que en España existe un problema grave con la judicatura y ha decidido intervenir por la vía legislativa. En pocos meses ha presentado hasta tres leyes al respecto. En primer lugar, la ley de eficiencia judicial, que ya está en vigor y con la excusa de modernizar una administración de justicia que en muchos aspectos parece del siglo XIX lo que hace es introducir cambios para restar poder a los jueces instructores. En segundo lugar, la ley contra el lawfare, que plantea limitar el uso de la figura de la acusación popular para evitar instrumentalizaciones políticas. Y, en tercer lugar, la ley que se ha presentado hoy y que pretende "democratizar" el acceso a la carrera judicial para que la renta de los aspirantes no sea impedimento.

Paso importante del gobierno español para "democratizar" el acceso a la carrera judicial. El objetivo es reducir las desigualdades que de entrada tienen aquellas personas que no pueden permitirse económicamente dedicar una etapa de su vida a estudiar unas oposiciones. En consecuencia, termina siendo la clase media y alta la que puede acceder a ser juez y fiscal. "No puede ser un impedimento la baja renta de la familia. Si te esfuerzas y estudias, puedes serlo", ha subrayado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en rueda de prensa posterior al consejo de ministros. Para responder a esta realidad, el ejecutivo ha presentado su medida estrella: blindar por ley un sistema de becas -ahora ya se están concediendo- equivalente al salario mínimo interprofesional durante cuatro años. Irán destinadas a personas con rentas bajas o medias que quieran acceder a la carrera judicial, fiscal, de la Abogacía del Estado y letrado de la administración de justicia.

La democracia se extiende al mundo, aunque decir esto ahora mismo puede ser considerado una tontería. Pero es una tendencia general imparable –con altibajos, claro: ahora estamos ciertamente en un momento bajo, después de la llegada de Trump al poder.

Que la aprobación de la ley de amnistía es un gran éxito democrático solo puede negarse desde la ofuscación ideológica o desde los intereses de partido, desde la ignorancia o la mala fe. Llegar a ese momento era imprescindible si se quería mantener un estado de derecho que ha sido violentado, roto y/o puesto en máximo riesgo muchas veces en los últimos años. Pero no lo ha sido porque los independentistas catalanes fueran un grupo de criminales, sino porque los supuestos defensores de la democracia han actuado de formas profunda y violentamente antidemocráticas.

Cuando la política entra por la puerta del tribunal, la justicia salta asustada por la ventana. Esta célebre frase de Francesco Carrara, jurista italiano del siglo XIX, resume perfectamente lo vivido en Cataluña y en España en los últimos años. Para combatir el independentismo catalán, el gobierno de Mariano Rajoy decidió externalizar a los tribunales un conflicto de naturaleza exclusivamente política, en una etapa de lawfare sin precedentes en un estado democrático. Se ha retorcido el derecho y se ha instrumentalizado la justicia para perseguir y condenar a los adversarios políticos blanqueando cualquier actuación de legalidad discutible. Contra los independentistas, el fin justificaba a los medios. Cárcel, inhabilitaciones, embargos, espionaje y campañas de deshumanización han sido prácticas habituales realizadas desde la absoluta impunidad. Y cualquier denuncia de esos abusos siempre termina en un cajón.

Si no lleváramos ya tiempo asistiendo a una retahíla de decisiones demasiado cuestionables por parte de algunos –pocos– jueces, que un presidente del gobierno dijera lo que dijo el lunes podría sonar a intervencionismo del poder ejecutivo sobre el poder judicial; es decir, a romper la separación de poderes, que es la principal base de las democracias junto con la protección de los derechos fundamentales, que deriva en parte de esa misma separación.

"Ahora que somos juntos / Diré lo que tú y yo sabemos / Y que a menudo olvidamos" cantará siempre Raimon. De todo lo dicho sobre la carta de Pedro Sánchez publicada en las redes sociales, me quedo con un tuit del jueves de unos de los afectados por la causa contra los indignados del 15-M, tras el mal llamado cerco al Parlament . El cerco real, a criterio del abajo firmante, eran aquellos presupuestos que pasaban la sierra eléctrica de los recortes por una sanidad, una educación y unos servicios públicos que aún hoy pagan sus consecuencias y que no tenían ninguna responsabilidad en la crisis financiero-especulativa. El consejero de Interior del momento lucía, a veces, de forma macabra, un bate de béisbol. El pedagógico mensaje del ex joven indignado –que hoy es menos joven, pero mucho más indignado– iba educadamente dirigido al PSOE, a una parte del independentismo y al mundo de Podemos. Era un brevísimo recordatorio donde sostenía, en carne propia, que el barro judicial y el estercolero represivo no empezó con ninguno ni tampoco con él. Recuerden el caso, porque son ocho jóvenes condenados en prisión y once años de castigo informal, que acabarían en nada y de la forma más agónica. Porque el gobierno más progresista de la historia nunca movió ninguna pieza desde 2018. Todo se cerró de repente en mayo de 2022 por prescripción de la pena y el retraso en la resolución de un indulto que nunca llegó. Y a casa, después de cuatro mil días de tensa espera cotidiana.

Un punto clave de la ley de amnistía es el levantamiento de las medidas cautelares y dejar sin efecto las órdenes de búsqueda, captura y detención relacionadas con los procesos penales del Proceso. La relevancia de esta cuestión se ha incrementado tras el anuncio realizado por Carles Puigdemont de presentarse a las próximas elecciones al Parlament con la aspiración de ser investido presidente de la Generalitat.

Viendo las últimas maniobras descarnadas del PP para descarrilar la futura ley de amnistía, exhibiendo un filibusterismo de la peor especie en el Senado, no es de extrañar que de vez en cuando alguien equipare a España con algunas democracias iliberales del estilo húngaro. El conflicto de atribuciones que pronto planteará el pleno del Senado contra el Congreso de los Diputados es tan surrealista que sólo cabe recordar que fue el propio Senado, controlado por los conservadores españoles, el que se fumó la decisión legítima de la Cámara Baja de Tramitar la proposición de ley por la vía de urgencia en veinte días, lo que constitucionalmente corresponde en exclusiva al gobierno del Estado o al propio Congreso de los Diputados, por la vía de reformar el reglamento del Senado para asegurarse de alargar una tramitación agónica de dos meses, que es lo máximo que permite la Constitución. Dicho con otras palabras: si no fuera porque no había tiempo que perder, quien debería haber planteado el conflicto era el Congreso de los Diputados y no al revés. En fin.

Democracia española: en algunos ámbitos, habría que volver a empezar. Realizar una segunda Transición. Sobre todo en aquellos ámbitos más necesitados de superar el estadio predemocrático y preliberal en el que todavía se encuentran. Lo flagrante es el ámbito del poder judicial.

El presidente del TSJC ha criticado el proyecto de ley de amnistía porque "privilegia sólo unos pocos" y, por tanto, "nunca podrá ser esgrimida como un elemento de pacificación, sino de discordia".

La fiscalía del Tribunal Supremo, a través de la magistrada María Ángeles Sánchez Conde, ha llegado a la conclusión de que no existen indicios de terrorismo contra Puigdemont. Un tema que lleva días marcando la agenda con destacado protagonismo de Manuel García-Castellón y otros jueces abanderados del trascendentalismo judicial. Mezclar terrorismo y proceso de independencia es una tentación por la que algunos se dejan arrastrar con demasiada facilidad. La nación como realidad que trasciende a la política no deja de ser una herencia de lo sagrado: la definición de un ámbito de pertenencia que se sitúa por encima de la condición humana y opera imperativamente sobre ella. Como todo referente trascendental sirve para justificar lo mejor y lo peor.

"No cabe duda de que los hechos encajan perfectamente en el delito de terrorismo", afirman los fiscales del Supremo en referencia al Tsunami. Bien mirado, no podía esperarse otra cosa de los mismos acusadores que consideraron que los presos políticos habían cometido un delito de rebelión, pese a la evidencia de que en ningún momento del Proceso hubo ningún levantamiento armado. Más de un centenar de catedráticos de derecho españoles firmaron un informe en el que afirmaban que esa acusación no se sostenía. No les hicieron ningún caso, los presos políticos fueron juzgados por rebelión y al final, rendido a la evidencia, el tribunal presidido por Manuel Marchena les condenó por sedición (que tampoco lo era), una decisión que, por cierto, le costó varios silbidos de los suyos por blando.

El rey Felipe de Borbón vino a Barcelona a presidir el acto de entrega de diplomas a los nuevos jueces y me ha llamado la atención que la mayoría de comentarios –tanto aquí como en Madrid– han girado en torno a su figura, por razones previsiblemente opuestas. Los medios se han aferrado a un despliegue marca de la casa: inexpresivo, poco empático, lleno de tópicos sin sorpresa alguna: “Sin justicia independiente no existiría verdaderamente el concepto de comunidad democrática”, “Todos debemos preservar y respetar la independencia de la justicia”, “Los jueces deben ser independientes, inamovibles, sometidos al imperio de la ley”. Y no sigo para no aburriros, un compendio de retórica institucional. Naturalmente, según el lugar desde el que se leía, la interpretación variaba: en Madrid predominaban los elogios, atribuyéndole una defensa incondicional de la justicia, y ahí se insistía en poner en duda una retórica de apoyo sin fisuras al poder judicial, en un momento en el que hay muchas abiertas. Todo previsible.

En el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces que han completado su formación en la Escuela Judicial de Barcelona, ​​el rey de España cumplió lo que ya viene a ser una rutina, o una tradición, en su reinado : a saber, salir en defensa de poderes e instituciones del Estado que se encuentran en falso o en evidencia, empezando por la propia Corona y terminando, en este caso, por el poder judicial, sin olvidarse de los cuerpos y fuerzas de seguridad .