La carta conjunta firmada por las primeras ministras de Italia y Dinamarca, Giorgia Meloni y Mette Frederiksen, a favor de crear centros de deportación de inmigrantes en terceros países es el último episodio de cómo la división europea y los intereses internos están erosionando la Unión Europea y convirtiendo la política migratoria en un caballo de batalla político entre los diferentes gobiernos europeos. Al margen de que llama profundamente la atención que la socialdemócrata Frederiksen haga suyo todo el argumentario de la extrema derecha sobre la migración, desde relacionarla con la delincuencia y las agresiones sexuales hasta la necesidad de proteger la cultura cristiana, es evidente que se trata de una hábil jugada de Meloni en su enfrentamiento con el presidente español, Pedro Sánchez, a raíz de la crisis de Ceuta y la decisión de Roma –y después de Madrid– de imponer controles en frontera a los respectivos ciudadanos.

En la nueva crisis migratoria europea a causa de los graves y dramáticos hechos de Ceuta, finalmente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha salido al rescate de Pedro Sánchez, a quien, bajo el liderazgo de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, la Europa de la ultraderecha y la derecha ha querido situar como un peligro para la política migratoria común de cierre de fronteras y, por tanto, para la seguridad del espacio Schengen. Las imágenes y las cifras de llegadas del primer día impactaron la opinión pública y las cancillerías continentales, y dieron pie a situar al gobierno español en una supuesta posición de tolerancia con la inmigración ilegal, sumando al paquete crítico la reciente regularización, a la que rápidamente se atribuyó un supuesto "efecto llamada". Este lunes mismo el PP español todavía insistía en ello.

La primera respuesta —y, por lo tanto, la más sincera— de la Unión Europea ante la crisis de Ceuta orquestada por Marruecos ha sido la que la política comunitaria menos puede permitirse: de nuevo, la división, la falta de unidad. Pedro Sánchez, que desde el primer momento ha pedido a los socios europeos "solidaridad y empatía", se ha encontrado prácticamente solo, señalado, cuestionado, amenazado ante un intento de desestabilización externa. Cinco días ha tardado Ursula von der Leyen en dar apoyo público a Madrid. Es el mínimo que le exige su cargo. La reunión de urgencia de este martes en Bruselas puede servir para minimizar los daños o para hacerlos más profundos.

El poder es una hidra de Lerna, un dragón de diversas cabezas. Una parte del poder se concreta en instituciones formales, pero hay centros que tienen como mayor fortaleza precisamente su carácter informal. La división de poderes de Montesquieu, que es el esquema de equilibrios y control que predomina en las cada vez más desgastadas democracias modernas, no contiene, ni de lejos, los ámbitos de influencia y de decisión que intervienen en la economía, la política o la sociedad. Aunque en el mundo libre, abierto y democrático pensemos en la preeminencia de lo político, lo cierto es que en este ámbito, aunque se tiende a sobreactuar, en realidad los excesos verbales son una demostración de debilidad e impotencia. El poder, cuando es real y auténtico, tiende a ser poco ruidoso y a moverse en una cierta clandestinidad. Cuando la opacidad supera lo evidente, estaremos ante una sociedad que ha perdido el valor de la transparencia y donde impera el reino de la ocultación.Las organizaciones políticas, los líderes, pierden toda credibilidad en la medida en que ostentan el gobierno, pero gobiernan entre poco y muy poco, ya sea por incapacidad o por el bloqueo que hace la oposición, que puede ser política de forma estridente, pero que puede ir acompañada del poder judicial empoderado, de los sectores económicos que quieren políticas más benévolas o bien de unos medios de comunicación predominantemente en contra de quien dispone formalmente del gobierno. En España, decir que Pedro Sánchez ostenta el poder sería una falacia. Ha tomado decisiones sociales y económicas muy valientes, pero no puede aprobar presupuestos, y los teóricos aliados en el Congreso le hacen decaer las grandes iniciativas legislativas. Al mismo tiempo, los órganos del poder judicial le demuestran —día sí, día también— quién manda de verdad.Los grandes poderes económicos se expresan en el palco del Bernabéu o en los diarios pidiendo rebaja de impuestos y una mayor liberalización económica, especialmente de los servicios públicos. Mientras tanto, los obispos denigran a la izquierda gobernante desde el púlpito y los pseudomedios llenan el espacio comunicativo de descalificaciones, mentiras y medias verdades. El electorado de izquierdas que no cae en el relato ficcionado del antisanchismo, sabe que está en modo "resistencia" y que se bloquean sus políticas mientras recibe un ataque despiadado de una justicia que ya lo es todo, menos justa. Quien gobierna no tiene el poder, no dispone de la hegemonía en el sentido gramsciano: es un masovero que se quiere desahuciar, ya sea de forma civil o criminal.

Este ha sido –o quizás deberíamos decir que aún está siendo– un final de curso de drama y locura. Los incendios en diversas provincias y los hechos de Ceuta dan escalofríos. Nos estábamos acostumbrando a ver las imágenes cotidianas de cientos de personas acogidas en polideportivos mientras esperaban angustiadas noticias sobre el fuego y sobre su casa y sus pertenencias, cuando nos han asaltado imágenes aún más duras, como las de las decenas de miles de inmigrantes –sobre todo jóvenes, muy jóvenes– pasando de Marruecos a Ceuta, en lo que el mismo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "violación de la integridad territorial de España". Una situación de emergencia, sin duda, que ha provocado reacciones de todo tipo. Y es aquí donde encaja la idea de la locura, por la capacidad que esta situación y estas imágenes tienen de disparar los comentarios y las iniciativas más bárbaras e inaceptables.

La entrada de miles de migrantes a Ceuta, que ya se ha saldado con 67 víctimas mortales, según la última actualización de la policía, ha desencadenado un choque diplomático en la Unión Europea en torno al blindaje de las fronteras y que se traducirá en una reunión extraordinaria de los ministros del Interior de los diferentes estados miembros este martes por videoconferencia. El encuentro tendrá lugar después de que lo haya pedido el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, este sábado por la mañana en una carta enviada a las instituciones comunitarias. También lo han pedido 22 países más, que se han sumado a una misiva impulsada por Italia y Dinamarca en la que se pide analizar la crisis en Ceuta y "acordar una respuesta coordinada y acciones inmediatas para el control de la frontera exterior".

Desde Navaluenga, en Ávila, una de las provincias donde el fuego ha quemado sin control los últimos días, el presidente español, Pedro Sánchez, insistía este jueves en la unidad política "en la respuesta, en la prevención y la reconstrucción" de las zonas afectadas por los incendios, y volvía a ofrecer "la mano tendida del gobierno de España" para llegar a "un acuerdo de país" en materia de emergencia climática, una cuestión que considera primordial ahora mismo. Es decir, como ha hecho en las últimas intervenciones públicas, Sánchez volvía a poner sobre la mesa el Pacto de Estado ante la Emergencia Climática: un plan presentado en septiembre de 2025 y ampliado en diciembre con 15 ejes y 80 medidas que hasta ahora no ha conseguido ver la luz por falta de consenso político.

El hecho de que tanto España como Francia hayan vivido los peores incendios de su historia –el de la Comunidad de Madrid y Ávila y Burdeos, respectivamente– tiene una explicación científica. Las condiciones meteorológicas que favorecen los grandes incendios se han intensificado hasta un 50% en estos dos países durante la última década, según las conclusiones del estudio publicado este jueves en la revista Nature. El artículo ve la luz el mismo día que el presidente español, Pedro Sánchez, ha puesto fin a la "emergencia nacional" por los incendios en el centro del Estado, que ya han quemado más de 75.000 hectáreas.

Pedro Sánchez ha querido cortar de raíz cualquier lectura política del indulto parcial concedido a la expresidenta del Parlament Laura Borràs. Durante su visita institucional a Mallorca, el presidente del gobierno español ha negado que la medida de gracia tenga relación alguna con las negociaciones abiertas con Junts o con la necesidad de garantizarse apoyos para aprobar los presupuestos generales del Estado del 2027. “No tiene nada que ver ni con la negociación de los presupuestos ni con nada que tenga que ver con la política. Por favor, lo tienen que tener claro”, ha afirmado en una comparecencia ante los medios.

Que los magazines matinales españoles organicen todo el relato televisivo contra Pedro Sánchez ya es un clásico. Tanto Telecinco como Antena 3 cargan hacia la derecha, y cualquier oportunidad es buena para atacar al gobierno socialista. Los grandes incendios en Madrid, Ávila y la Vall d'Uixó se han convertido ahora en el combustible perfecto para atizar aún más el fuego con la misma virulencia que queman los bosques.Para arrancar las emisiones hace días que encienden el discurso del melodrama. Hacen videoclips con las imágenes de los incendios y las propiedades arrasadas por el fuego, combinando cánticos operísticos con el sonido ambiental de la tragedia: llantos, sirenas y gritos. Se recrean en la desgracia de la gente que ha visto quemar su casa y, aún peor, los exponen a contemplar la devastación con los reporteros hurgando en la herida: “Les acompañamos por primera vez y con nuestra cámara de testigo para ver cuál es su reacción al descubrir, frente a su mirada, la devastación del fuego”. Les hacen explicar, al detalle, cada espacio quemado, cada objeto calcinado. Para añadir drama también van dando los nombres de los famosos a quienes se les ha quemado la finca. A los afectados por el fuego, después de interrogarles sobre las pérdidas y las miserias, les preguntan por los responsables políticos. Constantemente se repite la idea falsa sobre la prohibición de recoger piñas y limpiar el terreno. Y aprovechan la oportunidad para cargar contra los ecologistas y la idea del cambio climático. Es un mantra que cada entrevistado reitera. Una vez ejecutada la fase del drama, se vuelve a incidir en los insultos a Sánchez, que es la nueva tendencia informativa. Subrayar, subtitular y ampliar los improperios lanzados contra los políticos socialistas en cualquier circunstancia. “¿Evita a la gente?”, retocan en pantalla. Y transcriben cada uno de los exabruptos, por vulgares que sean. Los micrófonos a duras penas los captan, pero transcritos a la pantalla y repetidos en bucle, incrementan la sensación de crispación. “¡Hijo de p...!” o “¡Perro, a la cárcel!” son inserts que, cada dos por tres, se añaden en los reportajes. “¿Teme Sánchez el contacto con los ciudadanos?” es el lema que ya repitieron hasta el aburrimiento durante las elecciones andaluzas. “¿Puede Sánchez escapar del síndrome de Paiporta?”, se preguntan como si viviera sentenciado a una condena eterna.Pero lo que hacen, en realidad, es el típico ejercicio de exaltar a las masas y asociar la figura de Sánchez con la reacción natural de insultarle. Es lo mismo que hacían los informativos de deportes cuando, durante el Procés, se preguntaban durante días y días si en los estadios donde jugaba la selección española la grada pitaría a algunos de los futbolistas catalanes. Es una manera de excitar a la audiencia y de crear una especie de predisposición, de inercia lógica, al insulto y a la crispación como un derecho popular que se extiende indefectiblemente. Es la manera de garantizarse siempre la noticia y de consolidar y normalizar la imagen del menosprecio colectivo.

Que Pedro Sánchez sea el más listo de la clase y le dé cincuenta vueltas comunicativas a Alberto Núñez Feijóo (como se está viendo estos días cada vez que el presidente del PP abre la boca a pie de incendio) no quiere decir que no se le vean a tres horas de distancia los trucos de los juegos de manos dialécticos que practica. En el balance del curso político que ha desgranado hoy, Sánchez ha recordado que en 2018, cuando llegó a la Moncloa, el 40% de los catalanes afirmaban que uno de sus principales problemas era la relación entre Catalunya y la administración general del Estado y que, en cambio, hoy, este porcentaje solo es del 2%.

Tras una mínima tregua (no la llamaremos “de cortesía”, porque eso ha desaparecido), y tal como era de prever, la derecha ultranacionalista española y españolista ha salido en tromba a aprovechar el desastre de los grandes incendios (los de todas partes, pero especialmente, como es de esperar también, los que asedian Madrid) para hacer demagogia y politiquería. Podéis leer la crónica de Roger Hernàndez Pujol en este diario.Más listo y ágil, Pedro Sánchez se les adelantó con una propuesta: un pacto de estado para la emergencia climática, que le había quedado aparcado el año pasado. Es cierto que, para contrarrestar su sempiterna debilidad parlamentaria y afrontar el último año de esta legislatura abollada y fiera, a Sánchez le iría de maravilla liderar un pacto de estado del que sea. Pero es igualmente cierto que, al margen de las conveniencias políticas de Sánchez, no faltan materias bien necesitadas de grandes acuerdos y proyectos de mejora pensados a largo plazo: educación –como vemos de manera especialmente cruda estos días en Cataluña–, violencia machista, alternativas a la especulación inmobiliaria y al turismo de masas, impulso a la búsqueda y la investigación, etc. Si la política no se hubiera convertido en un espectáculo grotesco parecido al de Ibai Llanos que critica Mónica Planas en su artículo, los partidos sabrían hacer estos grandes pactos y, a la vez, mantener el tono y la tarea de la oposición. Pero no es así: resulta más sencillo seguir la inercia de la polarización y la crispación sistemáticas, aunque sea al precio de chocar directamente contra la realidad: es aquello que conocemos como negacionismo. Cuando Sánchez saca a relucir su propuesta de pacto de estado para la emergencia climática, lo hace sabiendo que PP y Vox no tan solo no la suscribirán, sino que la rechazarán con la habitual algarabía negacionista. Lo hace, también, para ponerlos en evidencia.No es, sin embargo, ninguna cuestión menor. El calentamiento global alcanzó los 1,37 grados por encima de la era preindustrial en el año 2025, y en el año 2030 podría alcanzar el incremento de 1,5 grados que el Acuerdo de París de 2015 fijó como límite. Las consecuencias ya las sufrimos ahora, en forma de incendios y fenómenos meteorológicos extremos. No hay que ceder a la imaginación apocalíptica para comprender que el estilo de vida desarrollado por Occidente en los últimos cien años no es sostenible en los próximos cien: no, al menos, de la manera que lo conocemos. Habrá que dedicar recursos, humanos y económicos, a encontrar alternativas que, al mismo tiempo, sean medioambientalmente aceptables y no supongan un retroceso en la forma de vida de las personas. Algunos, sin embargo, lo tienen claro: en Baleares (estos días de actualidad), un gobierno negacionista de PP y Vox ha legislado para desregular el suelo rústico y los espacios naturales protegidos, a fin de poder construir y especular. La amenaza de la extrema derecha es contra la democracia, ciertamente. Pero también contra la naturaleza y la salud de las personas, a cambio del beneficio económico no de una élite (palabra demasiado prestigiosa), sino de las pandillas de listillos de siempre.

Durante el balance del curso político antes de las vacaciones de verano, Pedro Sánchez no ha hecho ninguna alusión a lo que tiene que ver con los frentes judiciales en torno al PSOE –ha hablado brevemente de corrupción y solo cuando se ha referido a la aprobación este martes en segunda vuelta de la ley de integridad pública–, ni con su entorno personal, hasta que ha llegado el turno de preguntas de los periodistas. A Sánchez se le ha preguntado por el caso Zapatero y las explicaciones del expresidente español, pero también por los procesos que afectan a David Sánchez, su hermano, y Begoña Gómez, su mujer. Y en este último sentido, el jefe del ejecutivo español no ha esquivado entrar de lleno.

España vive una de las peores temporadas de incendios de los últimos 10 años, con más de 170.000 hectáreas quemadas desde enero. De hecho, los incendios de Madrid, Ávila y Toledo son los "más graves y agresivos" de la historia del Estado, en palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el gobierno español ha declarado zona de emergencia nacional estos tres territorios, con cerca de 90.000 evacuados o confinados. El macroincendio que vive el centro del Estado se suma al de hace solo unas semanas en Almería, donde hubo 14 muertos —el último confirmado hoy mismo—. El fuego se ha convertido en la principal amenaza medioambiental de los últimos veranos y su gestión. Y aquí es cuando ha aflorado con fuerza el negacionismo climático de la extrema derecha que la izquierda ha intentado confrontar con la evidencia empírica de la virulencia de los últimos incendios.

Describir estos días la vida del PSOE equivale a redactar la crónica de una desolación. Si ya era difícil dar un crédito total a las manifestaciones iniciales meramente exculpatorias del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero seguidas de un silencio de más de dos meses, su aparición televisiva para dar explicaciones no ha hecho otra cosa que agravar la situación, en especial en el terreno político. En el ámbito judicial puede ser diferente, porque hay otras reglas del juego. La defensa jugará fuerte la carta de pedir la nulidad de las actuaciones, basándose en problemas procesales y garantías de derechos fundamentales. Tampoco es una batalla fácil, pero Zapatero tiene un abogado con experiencia en este capítulo, Víctor Moreno Catena. Se trata de un catedrático precisamente de derecho procesal que durante seis años (1988-1994) ocupó altos cargos en el ministerio del Interior, primero como secretario general técnico y más tarde como subsecretario.

Doble mensaje de Pedro Sánchez desde el puesto de mando avanzado del incendio que azola la Comunidad de Madrid y que ha quemado casi 10.000 hectáreas. El presidente español ha advertido de que la situación “continúa siendo compleja” porque, a pesar de que las temperaturas han bajado, no se sabe “cuál será la evolución y la intensidad de los vientos” en las próximas horas, pero al mismo tiempo no ha descartado que, durante el fin de semana, haya una “ventana de oportunidad” para “luchar contra el incendio y proteger vidas y núcleos poblacionales”. Lo ha verbalizado después de que, durante la noche, tanto el fuego de Madrid como el de Ávila –que ha calcinado entre 13.000 y 15.000 hectáreas– se hayan mantenido sin control a pesar de los esfuerzos de los bomberos.

Si hay algo que ha marcado la semana, de nuevo, es el caso Zapatero. Comenzó con el escrito de defensa del empresario Julio Martínez Martínez en la Audiencia Nacional en el que incriminaba al expresidente español en el rescate de Plus Ultra; y acaba con la primera entrevista de Zapatero desde que fue imputado el pasado 19 de mayo. El exlíder del PSOE mantiene su inocencia: este jueves volvió a negar cualquier gestión con el gobierno español para conseguir el crédito a la aerolínea de capital venezolano; y explicaba que las joyas fueron un "regalo de cortesía" sin explicar su origen. El expresidente dijo que esto lo explicaría pronto ante el juez de la Audiencia Nacional. Ahora bien, ¿ha convencido Zapatero? ¿Cómo afecta al gobierno de Pedro Sánchez? Vea el análisis.

Hoy tenemos colgada una noticia que empieza diciendo “Bruselas recuerda…”.En concreto, “Bruselas recuerda a los tribunales españoles que deben aplicar la sentencia del TJUE sobre la amnistía”. La noticia podría continuar diciendo “Bruselas recuerda y Madrid desobedece”, o “Bruselas recuerda y Madrid no se acuerda”, porque no es sino desobediencia el caso omiso que el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo están haciendo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la plena conformidad al derecho europeo de la ley de amnistía. El sentido de todo esto es evidente: el regreso a Cataluña del presidente Puigdemont tiene valor de humillación para todo el aparato del estado político, mediático, policial y judicial, sobre todo judicial, que convirtió el procesamiento de centenares de catalanes en una razón para vivir con la bandera rojigualda colgada en el balcón, y un mérito para escalar. Y, por tanto, alargarán el castigo tanto como puedan, porque los exilios y las inhabilitaciones impiden una reorganización estratégica del independentismo, que, por más que sea aquí y ya no se marche, no solo no ha encontrado nuevas formas de expresión de amplia aceptación ni nuevos liderazgos, sino que también ha revelado la peor cara de la desorientación y la división.La pulsión obstruccionista española, que remite, pues, a sus esencias, también tiene un componente táctico que es la cuenta atrás a la espera de la caída (y quién sabe si procesamiento) de Pedro Sánchez, que pondría los mecanismos del ejecutivo y parte del legislativo en las mismas manos que el judicial.

En el tercer aniversario de las elecciones del 23-J y a las puertas del parón estival, Pedro Sánchez ha recibido un nuevo aviso de que su objetivo de aprobar los primeros presupuestos generales del Estado de la legislatura es casi una quimera. El Congreso ha tumbado el segundo y último intento del gobierno español de aprobar la vía de estabilidad (los objetivos de déficit y deuda), que es el primer paso preceptivo para llevar las cuentas del 2027 a la cámara baja este otoño. Tal como ocurrió la semana pasada, los votos en contra de PP, Vox y Junts han hecho que fracase. En una entrevista en TVE previa al debate, la portavoz juntaire en la cámara baja, Miriam Nogueras, ya había avanzado que los de Carles Puigdemont no tenían ninguna intención de cambiar de posicionamiento, si bien el ministro de Hacienda, Arcadi España, se mostraba "esperanzado" a la entrada en el hemiciclo apelando a la "racionalidad", por el hecho de que lo que se votaba hoy es dar más margen fiscal a las autonomías.

El gobierno español ha presentado la candidatura de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para optar a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se trata del organismo de las Naciones Unidas encargado de promover el "trabajo decente" y la "justicia social", y Díaz aspira a convertirse en la primera mujer –y primera representante española– al frente de la institución.