La atención primaria a menudo se percibe como el patito feo del sistema sanitario entre los trabajadores del sector. El gran volumen de trabajo, la burocracia y la falta de manos hacen que muchos médicos descarten trabajar en un centro de atención primaria (CAP), sobre todo después de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, que tensionó a los equipos y la salud física y mental de sus integrantes. La resaca de la pandemia ha provocado que en los últimos años queden vacantes cientos de plazas de medicina familiar y comunitaria porque los jóvenes que salían de la Universidad optaban por otra especialidad médica. Sin embargo, esta tendencia se ha revertido este 2025 y se han adjudicado la gran mayoría de plazas para hacer la residencia en los CAP, aunque el departamento de Salut no ha concretado cuántos de estos jóvenes han acabado renunciando a la plaza que habían obtenido. El ARA ha hablado con algunas de las caras de esta generación de jóvenes que, de nuevo, quieren ser médicos de familia.

Uno de los principales motivos que en los últimos años se haya intentado que las pruebas de acceso a la universidad sean las mismas –o lo más similares posible– es que en el Estado las universidades funcionan con el llamado "distrito único". La normativa permite que un estudiante acceda a cualquier universidad del país, independientemente de la comunidad autónoma a la que pertenece la institución y del lugar donde ha realizado el bachillerato y la selectividad el aspirante. El distrito único también abre la puerta a una mayor competencia en determinados territorios que ofrecen grados que en otros puntos del Estado tienen menos plazas o que tienen universidades mejor valoradas. El ejemplo más claro de esta disyuntiva en Cataluña lo observamos en el grado de medicina.

Hace unos días que los graduados de medicina se han presentado al examen MIR, una prueba obligatoria para poder formarse en una especialidad médica. En este artículo reflexiono sobre la naturaleza de la prueba. No cuestiono el sistema de formación especializada que todo el mundo reconoce que ha supuesto una gran mejora para la población atendida en los centros sanitarios.

En enero de 2022 Sara Gómez entró en el quirófano de un hospital de Murcia para hacerse una lipoescultura, una operación estética que consiste en extraer la grasa abdominal y recolocarla en los glúteos. A priori es una intervención indolora y rápida, pero no fue bien; la mujer sufrió una veintena de perforaciones en el abdomen que acabaron provocándole una fuerte hemorragia, tuvo que pasar un mes ingresada en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y, finalmente, acabó muriendo a causa de las secuelas . La operó un médico, pero no estaba especializado en cirugía estética, sino en cirugía cardiovascular. Ahora la perseverancia de su familia ha forzado al gobierno español a intervenir: a partir de ahora, sólo los médicos especializados podrán realizar intervenciones estéticas; es decir, los que se hayan formado en cirugía plástica, estética y reparadora u otra especialidad que incluya específicamente las competencias en cirugía estética en el programa formativo oficial.

Pilar, que tiene 77 años, notó un gran descanso cuando, por una reorganización del CAP de Sant Vicenç de Castellet, pasó a tener una médico que la entendía cuando hablaba catalán. Iba a recibir los resultados de las analíticas más calmada. "Ya tienes suficientes nervios como para no poderte explicar tranquilamente", dice su hijo. Esta intuición tan elemental, que la misma lengua entre paciente y médico mejora la satisfacción con el servicio, va más allá: está demostrado científicamente que tiene efectos en la salud del paciente. Un estudio publicado en la revista de la Asociación de Médicos del Canadá (CMAJ en las siglas en inglés) señala que la concordancia de lengua mejora el pronóstico médico, hasta el punto de que el riesgo de mortalidad bajaba si a los pacientes los atendían en su idioma (un 24% en el caso de los francófonos, y llegaba a caer un 54% entre los que no tienen ni el inglés ni el francés como lengua materna y los trataban en su lengua).

"Estábamos convocados, como el resto de España, a las 15 h para poder empezar el examen todos a las 16 h. Éramos más de 1.000 personas y primero pensamos que hacía falta un tiempo para que todo el mundo pudiera entrar. Pero se hicieron las 15.30 h y todavía no nos decían nada ni nadie salía a dar explicaciones. No fue hasta las 16.20 h cuando una puerta se abrió para que pudiéramos empezar a acceder al aula". Elena Balaguer, psicóloga, relata así la espera del pasado sábado para acceder a las pruebas del MIR en la Facultad de Economía de la UB. Era la tercera vez que se presentaba pero cuando llegó a la puerta, después de la espera, vio que su nombre no aparecía en la lista. La redirigieron a un edificio anexo a la misma facultad donde también se examinaban del MIR pero, una vez ahí, se vio en la calle porque el examen, en ese caso, había empezado puntual a las 16 h. Como ella, descubrió que había al menos 24 personas más a las que no se permitía entrar en el aula.

Teresa Pons hizo el examen de MIR en enero del año pasado y, durante más o menos los cinco meses que se tarda en elegir la especialidad y empezar la residencia, ya quería estrenarse como médico. Inicialmente pensaba que le harían un contrato de estudiante con un sueldo “muy bajo”, pero estalló la pandemia y la cogieron en el CUAP y en un CAP de Manresa –prefiere no concretar cuál– como médico adjunta. “Estaba asustada, los residentes sabían más que yo”, admite Pons, que no tenía experiencia laboral en el mundo de la medicina y, con el cargo que ocupaba, ya no tendría que haber necesitado ningún tipo de supervisión. A pesar de su inexperiencia, Pons cobraba más, casi el doble, que los residentes de los centros.