Un mes y medio después de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, la crisis en la ciudad autónoma continúa marcando la agenda y los ataques en la política española. Ahora bien, como ha pasado en las grandes catástrofes previas que ha tenido que gestionar el ejecutivo de Pedro Sánchez en coordinación con las comunidades del PP, como la dana en el País Valenciano o los incendios del verano en Madrid y Castilla y León, el debate está derivando en un choque competencial. El ejemplo claro es la situación de los menores inmigrantes que todavía están en Ceuta, de los cuales actualmente hay 2.084 filiados y entre 700 y 1.000 deambulando por la calle. Sobre la delicada situación un mes y medio después, Sánchez ha sido tajante: "Que se lo pregunten a [Juan Jesús] Vivas", ha dicho en declaraciones saliendo del hemiciclo del Congreso. Es decir, el presidente español señala directamente al gobierno de Ceuta.

¿Regalar pasaportes españoles? [...] Eso se ha acabado" y "El pasaporte se tiene que merecer". Las frases las pronunció este julio Alberto Núñez Feijóo en el marco de su balance del curso como líder de la oposición. En medio de la polémica por la ley de amnistíadel gobierno español, e inmerso en una competición con Vox por la dureza en el discurso sobre inmigración, el presidente del PP ya proponía un endurecimiento de las condiciones para acceder a la nacionalidad española. Tan solo dos meses después, y en plena crisis en Ceuta, los populares van un paso más allá: plantean ahora retirar la nacionalidad a los españoles de origen extranjero que cometan delitos graves.

Toda la cúpula del PP y la gran mayoría de los barones del partido tenían una cita en Madrid este lunes: un desayuno informativo de Juan Jesús Vivas en el Nueva Economía Fórum. El presidente de Ceuta ha viajado a la capital española 39 días después de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma que todavía marca el día a día de la actualidad política, y en plena multiplicación de la tensión política y de los reproches cruzados con el gobierno español. El encargado de presentarlo ha sido Alberto Núñez Feijóo, que ha elogiado que haya “encarnado como nadie la dignidad del Estado” y esté actuando como un “presidente idóneo” para defender a Ceuta en “los momentos de inquietud”. “Tienes un lugar en el corazón de millones de españoles”, ha dicho.

La crisis migratoria de Ceuta supone una grave complicación más para un gobierno fatigado, ya sin aliados permanentes, pero dirigido por un presidente decidido a continuar y terminar la legislatura. Cada vez parece más inverosímil la hipótesis de un milagro que permita a los socialistas rehacer el año que viene alianzas y proyectos para una nueva etapa en el poder. El debate del jueves en el Congreso puso de manifiesto la soledad de Pedro Sánchez, criticado por el conjunto de las fuerzas parlamentarias. Pero una vez más consiguió permanecer en pie, sin caer exhausto sobre la lona. Feijóo intenta golpear cada vez con más fuerza al líder socialista y tumbarlo definitivamente. Ya no hay ningún tipo de respeto ni consideración entre ambos. Y a pesar de ello siempre queda en el ambiente la sensación de que el presidente del PP tendrá que continuar esperando, porque sus golpes –que serían bien contundentes contra otros oponentes– no hacen mucho efecto en Sánchez, que no muestra síntomas de buscar otra salida que la de jugárselo todo a una carta cuando sea que convoque las próximas elecciones generales.

Entre el 17 y el 18 de mayo de 2021, 10.000 personas entraron en Ceuta desde Marruecos en la última gran crisis migratoria —hasta la actual— en la ciudad autónoma. Coincidiendo con aquellas fechas, el teléfono móvil del presidente español, Pedro Sánchez, fue infectado con el software espía Pegasus. También lo fueron el de la ministra de Defensa, Margarita Robles; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Agricultura y antiguo embajador español en Marruecos, Luis Planas. ¿Quién les espió? Como en la entrada masiva de este verano en Ceuta, el gobierno español asegura que no tiene ninguna certeza, pero desde el primer minuto las investigaciones internas (y el sentido común) han apuntado a los servicios secretos marroquíes. Este jueves, desde el Congreso, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado para recordarlo: ¿Qué documento o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera? ¿Por qué tiene miedo de Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?".

El autobús 37, pasadas las siete de la tarde, estaba lleno de personas con banderas españolas que se acercaban a la plaza Cibeles de Madrid. No eran pocas las que se acercaban al conductor –que contestaba amablemente– para saber dónde era mejor bajar para asistir a la convocatoria en apoyo de Ceuta. No había un patrón concreto: gente de todas las edades, jóvenes y mayores, que en el momento en que se han unido a la masa de personas que ya había en la Puerta de Alcalá no han dudado a la hora de gritar los lemas: "Pedro Sánchez, hijo de puta" o "Dimisión" del gobierno español. De esta manera, en Madrid y en decenas de ciudades más de toda España, miles de personas se han manifestado por la crisis en Ceuta y han convertido la indignación por lo que se vive en la ciudad autónoma en un clamor contra el gobierno español. Una movilización –convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el PP– que ha trasladado a la calle el mensaje político que quería la derecha. Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida (PP) y Santiago Abascal (Vox) han hecho acto de presencia en la concentración de Madrid, mientras que algunos dirigentes del PSOE también se han movilizado desoyendo a la dirección socialista porque consideraban que este miércoles, Día de Ceuta, debían salir a la calle.

Durante todo el mes de agosto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado hacer. Mientras la polémica del ático de lujo –comprado por la Comunidad de Madrid– de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, crecía semana tras semana, él no decía ni media palabra, ni para criticarla ni para defenderla. Este silencio calculado acabó en una entrevista a Europa Press en la que hizo un gesto que los populares conocen bien: exigir explicaciones internas. Un gesto que recuerda el que cuatro años antes costó el cargo al entonces líder popular, Pablo Casado, y que precisamente abrió a Feijóo las puertas de la dirección de los populares.

Queda claro que nuestra sociedad está formada en una medida importante por personas blancas que se sienten, digamos, incómodas conviviendo con personas con otros colores o tonalidades de piel. Buena gente, sin duda, que se espanta cuando sale a la calle y se encuentra con que el barrio, o el pueblo, se les ha “llenado” –es la percepción que tienen– de gente de pigmentación gradualmente oscura. La presencia de estas personas les hace sentir inseguridad, aún más si son pobres. Esto tiene un nombre: se llama xenofobia o racismo, y también aporofobia. Aporófobo no es una palabra que se use con un sentido despectivo, pero racista o xenófobo sí, y por este motivo los racistas se enfadan mucho cuando se les dice que lo son. El hecho de ser muchos, por otra parte, hace que el racismo deje de considerarse anómalo y se convierta en una postura normal, incluso banal. Muchos no saldrían a perseguir inmigrantes ilegales por las calles, pero sí que les molesta que un inmigrante les vaya delante en la sala de espera del médico. O que sus hijos tengan que compartir aulas con los hijos de estos inmigrantes.En consecuencia, se multiplican las opciones políticas basadas en el racismo, la xenofobia y la aporofobia (de la gente llegada de fuera, también de etnias y religiones diferentes, pero con dinero, nunca se quejan). En España empieza un curso absolutamente electoral y el Partido Popular, en boca de Feijóo, ha adoptado el discurso antiinmigración de la extrema derecha más dura: ya pide expulsiones masivas con menores incluidos, una demanda que va directamente contra la ley –española y europea– y que ha descolocado a los barones del PP: así, mientras en Extremadura María Guardiola y su gobierno hablan de “cumplir la legalidad”, en Andalucía el moderado Moreno Bonilla se embarca en abstrusas disquisiciones para justificar su sumisión a los socios de gobierno de Vox. La petición de expulsar menores no es propia de ningún partido de centroderecha liberal, como insisten en presentarse Feijóo y su PP. Muy al contrario, la podría firmar sin problemas la neonazi Alternativa para Alemania, que por cierto está a punto de obtener en las elecciones del land de Sajonia-Anhalt del próximo 6 de septiembre una victoria que significaría un golpe muy duro y una regresión a los peores momentos de su historia tanto para Alemania como para el conjunto de la Unión Europea.Obviamente, lo que pase en España y en Europa influirá en la política catalana, que no entra en año electoral pero sí preelectoral. Junts, con declaraciones de su secretario general, Jordi Turull, se ha desmarcado de la ultraderechista y racista Aliança Catalana con una contundencia que se agradece. En el entorno de Junts, sin embargo, no son pocas las voces partidarias de normalizar AC dentro del sistema político catalán y llegar a acuerdos. Lo justifican apelando a la necesidad de hacer frente a la embestida de Vox y PP, una suma ultraespañolista que hasta ahora decían que era un espantajo pero que ahora les empieza a dar miedo. Olvidan, sin embargo, que AC no suma con el independentismo catalán: suma con PP y con Vox, especialmente con este último.

El enésimo enfrentamiento por Ceuta entre el gobierno español y el PP gira en torno a la situación sanitaria y de las infecciones que se habrían detectado a raíz de la entrada masiva de migrantes de finales de julio. El Colegio de Enfermería de Ceuta había alertado de un incremento de casos de gastroenteritis, sarna y tuberculosis que vincularía a las condiciones de hacinamiento y falta de higiene en las que se encuentran algunos migrantes. Ahora, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al ejecutivo que estudie el aislamiento de los migrantes afectados, pero la ministra de Sanidad, Mónica García, ha rechazado la petición alegando que podría ser contraproducente. En cambio, ha instado a Feijóo a reclamar al gobierno ceutí la cesión inmediata de todos los espacios disponibles para alojar a estas personas en condiciones salubres.

Desde Navaluenga, en Ávila, una de las provincias donde el fuego ha quemado sin control los últimos días, el presidente español, Pedro Sánchez, insistía este jueves en la unidad política "en la respuesta, en la prevención y la reconstrucción" de las zonas afectadas por los incendios, y volvía a ofrecer "la mano tendida del gobierno de España" para llegar a "un acuerdo de país" en materia de emergencia climática, una cuestión que considera primordial ahora mismo. Es decir, como ha hecho en las últimas intervenciones públicas, Sánchez volvía a poner sobre la mesa el Pacto de Estado ante la Emergencia Climática: un plan presentado en septiembre de 2025 y ampliado en diciembre con 15 ejes y 80 medidas que hasta ahora no ha conseguido ver la luz por falta de consenso político.

Alberto Núñez Feijóo da por acabada la legislatura en el Estado, si bien al mismo tiempo asume que aún se alargará unos meses durante los cuales espera que la situación del PSOE se complique más por las investigaciones judiciales en marcha y su debilidad parlamentaria. "Pedro Sánchez afronta su última Navidad en la Moncloa. No merece otra cosa que el mayor castigo electoral posible porque ha sido una desgracia para este país", ha afirmado este miércoles en una comparecencia de balance del curso político. De aquí a las próximas elecciones españolas, el presidente del PP ha esperado sumar en más ocasiones con Junts y Vox en el Congreso para desgastar aún más al presidente del Gobierno. "Hemos votado de la misma manera en 170 ocasiones", ha subrayado. En este sentido, el líder del PP ha argumentado que "hace un mes que [Sánchez] ignora que ha sido cesado políticamente", en referencia a la iniciativa aprobada en la cámara baja, con los votos de PP, Junts y Vox, que pedía la dimisión del líder socialista. "Ha pasado de gobernar en minoría a gobernar contra la mayoría, no da más de sí", ha sentenciado.

La respuesta del PP ante el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont es una demostración más de la estrategia que quieren aplicar los de Alberto Núñez Feijóo en Cataluña. Desde Génova defendieron que hay que dejar atrás la pantalla del 'procés' para "abrir un nuevo tiempo que permita hablar únicamente de lo que necesitan los catalanes". "Más vivienda, más médicos, menos impuestos y más seguridad". Esta es la receta que el líder del PP ya puso en escena durante el congreso de los populares catalanes de hace tres semanas. Su aspiración es conseguir que el eje social y económico se imponga al nacional y que su proyecto sea atractivo, principalmente con propuestas en materia económica, para un elector tanto de Junts como del PSC y de Vox.

No pienses en un elefante... ¿Has pensado en él? Probablemente, sí. Ahora debes estar preguntándote por qué motivo este artículo empieza así, preguntando sobre un elefante, pero la respuesta es sencilla: demostrar cómo opera el A-B-C de cualquier campaña electoral y que es clave para ganar elecciones. Tal como teorizó George Lakoff en su libro de referencia No pienses en un elefante! (2004, Chelsea Green Publishing), quien impone el marco del debate y consigue que se hable de lo que uno quiere y con el lenguaje que uno elige, tiene muchos números de llevarse la victoria a las urnas. Y esta es la batalla de fondo que hace meses que libran el PP y el PSOE en Madrid, ya que quien consigue imponer los términos de la discusión pública es quien sale con ventaja de cara a las próximas elecciones generales. El enfrentamiento es entre dos visiones: los que agitan el fantasma de la corrupción (el PP) contra los que amenazan con el fantasma del neofascismo (el PSOE).

El foro Libertas es una iniciativa del Partido Popular Europeo que pretende tejer puentes de diálogo entre Europa y Iberoamérica y está formado por organizaciones de derecha y centroderecha, con un total de 60 partidos de más de 40 países diferentes. Y ha sido en el marco de la cumbre celebrada en Madrid este miércoles, ante líderes europeos y también iberoamericanos, que Alberto Núñez Feijóo ha definido a Pedro Sánchez como un "presidente autoritario". En un discurso de inauguración en el que ha reivindicado los "valores occidentales" y la alianza con los Estados Unidos frente a otros estados como China, Feijóo ha acusado a Sánchez sin citarlo explícitamente de querer "controlar" los elementos clave del Estado y de "amenazar" la democracia.

Las derechas españolas siempre han tenido un cierto complejo respecto a Francia. Ver la unidad nacional francesa, aparentemente tan bien atada, frente a una nación española que nunca ha podido neutralizar del todo los hechos diferenciales periféricos, parece que les acompleja: ¿por qué ellos sí y nosotros no? Les altera tener de vecino un país que el general De Gaulle dejó sustancialmente articulado en la posguerra. Si tuvieran la dignidad de pensar a quién confiaron las fuerzas reaccionarias la estructuración de la patria (al general Franco con una guerra) y a quién la confiaron los franceses, verían que hay un abismo que debería darles vergüenza, pero hacen ver que no se acuerdan. No es extraño que cuando la derecha hispánica quiere hacer patria emerja el resentimiento y se dispare la psicopatología de las pequeñas y las grandes diferencias.

Con Juanma Moreno Bonilla entregado a Vox, al barón popular le ha caído, al menos de puertas afuera, la etiqueta de moderado que se había ganado al contraponer su perfil ideológico con el de Isabel Díaz Ayuso. El PP tiene asumido que si quiere que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa tendrá que ser de la mano de Vox. Por eso los populares han ido allanando el terreno a los pactos con la extrema derecha en la esfera autonómica y, en los últimos días, se ha intentado añadir el líder popular. Eso sí, con su estilo torpe y siguiendo una línea más bien errática.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha provocado esta semana un auténtico terremoto al defender recortar el sueldo a quien esté de baja laboral. Spoiler: eso ya ocurre. En el caso de las enfermedades comunes, como una gripe o una lumbalgia, por ejemplo, durante los tres primeros días no hay prestación; a partir del cuarto y hasta el día 20, el trabajador cobra el 60% a cargo de la empresa; del día 21 en adelante, el 75% va a cargo de la Seguridad Social. Con todo, puede haber modificaciones incluidas en el convenio colectivo y cobrar otras cantidades o el 100%, como ocurre en la baja por maternidad o paternidad, que paga la Seguridad Social. Cuando es un accidente o enfermedad profesional se cobra el 75% desde el primer día a cargo de la empresa.

Feijóo lo ha vuelto a hacer y, cuando parece que los vientos le soplan a favor (con la modesta ayuda de la magistratura, la Fiscalía, la Guardia Civil, la UCO, y una parte mayoritaria de los medios de comunicación españoles y españolistas, y del Ibex-35), consigue demostrar que todavía es capaz de dispararse en el pie. Y con puntería. Esta vez ha dicho que las bajas laborales remuneradas incentivan el "cáncer" del absentismo laboral y, por tanto, el fraude. Meteoro antifraude y anticáncer. Viendo el revuelo levantado, el portavoz Borja Sémper salió en las redes y por todas partes para intentar clarificar el mensaje: fue peor, porque en este caso el mensaje era la persona de Sémper. Hace poco, el portavoz más meloso de la derecha extrema tuvo que coger una baja laboral remunerada, justamente por un tratamiento de cáncer. Los intentos posteriores desde el partido de hacer ver que Feijóo no había dicho lo que sí había dicho tampoco han servido de mucho.Garamendi y Sánchez Llibre –pareja casi cómica de tacaños– apuntaron que Feijóo demuestra “sensibilidad” por un problema que “los empresarios” denuncian desde hace tiempo. Una sensibilidad exquisita. Habría que saber con más concreción, por otra parte, a qué “empresarios” se refieren. ¿Son el tipo de empresarios, quizás, que explotan a inmigrantes sin papeles mientras piden mano dura contra las pateras? ¿De los que obligan a los empleados a ser falsos autónomos? ¿De los que se niegan a pagar las horas extras? ¿De los que abusan de los empleados en prácticas? El trabajador absentista es un ser de la misma galaxia que el okupa que te quita la vivienda cuando te vas de vacaciones, el alumno catalán que no sabe hablar en castellano o el moro violador de jóvenes blancas, católicas y bien educadas y alimentadas. Son personajes que forman parte del imaginario de las derechas de ahora, creados a partir de medias verdades y de mentiras completas, que sirven para rellenar los cuentos de miedo que explican en sus actos públicos, en sus mítines, en sus artículos y tertulias y podcasts y todo lo que ustedes quieran. En cualquier caso, de denunciar el absentismo laboral a identificar los derechos laborales como “un cáncer”, y hacerlo desde un lugar tan identificado con el privilegio y el parasitismo como la clase política, hay un trecho.Feijóo afirma tener la cura para esta enfermedad: una reforma laboral (no negociada con los sindicatos) que incluya un recorte a los sueldos de los trabajadores que estén de baja. Por fuerza hace recordar la reforma laboral impulsada por su compatriota Rajoy, aprobada con el rodillo de la mayoría absoluta al grito de “Que se jodan”, proferido dentro del Congreso por la diputada Andreíta Fabra, hija del corrupto Carlos Fabra, el del aeropuerto de Castellón. Han pasado casi quince años y la doctrina del PP en materia laboral sigue allá donde estaba: ahora, si acaso, con el presupuesto de que la precariedad y las desigualdades crecientes (y eso que vivimos en una dictadura comunista, según ellos) justifican cualquier atropello contra los derechos laborales.

Cuando volví de los Estados Unidos y venían compañeros de profesión, futuros corresponsales, a pedirme consejos para el día que pudieran ir allí a trabajar, les decía –y les digo– que saber historia americana o el sistema político de controles y contrapesos está muy bien, pero que lo más importante es que estuvieran en forma. Que pasarían mucho calor y mucho frío, que estarían sometidos a condiciones climáticas extremas: temperaturas tórrridas, nevadas monstruosas y meses con las aceras heladas y sin poder tomar un café en una terraza, tornados, ventoleras, que se les iría la luz, es decir, la nevera y el aire acondicionado. O la calefacción… y que, además de sufrirlo, tendrían que ir a explicarlo a primera línea. Y que si no se hacían fuertes física y mentalmente, se les haría muy duro.Bueno, esto ya ha llegado aquí, a Cataluña. Solo hay que mirar los récords que se están batiendo estos días:“Barcelona bate su récord de calor en 113 años. El Observatorio Fabra registra una temperatura de 40,9 grados”. En Vinebre se superaron los 44 grados. Y tenemos para una semana más.No es aventurado pensar que las habituales lluvias torrenciales de septiembre pueden ser este año particularmente peligrosas, teniendo en cuenta la cantidad de calor que habrán almacenado la tierra y el mar. Todos estos fenómenos extremos tienen un coste en salud, física y mental, en hábitos de vida, en ocio, pero también, en el funcionamiento de los servicios básicos y el mantenimiento de las infraestructuras. Cada vez más, los gobiernos tendrán que dejar todo lo que estén haciendo para ocuparse de emergencias y, en general, para adaptar los espacios públicos y los servicios (calles, parques naturales, escuelas, hospitales, residencias) a las nuevas condiciones climáticas. Y nosotros, también. 

Paso a paso, ya sea forzado por los pactos con Vox o por iniciativa propia, el PP va asumiendo los postulados de la extrema derecha en diferentes ámbitos, como la inmigración, la violencia de género o, ahora, la agenda antiavortista. Alberto Núñez Feijóo ha anunciado este lunes que cuando llegue a la Moncloa impulsará una ley del concebido no nacido para que las mujeres puedan recibir ayudas desde el momento mismo de la fecundación, cuando acrediten el embarazo. Se trata de una supuesta ley que se presenta como social y en defensa de la familia, pero que en realidad lo que quiere establecer es un principio ideológico que condiciona los derechos de las mujeres, que es que, como dijo la misma Isabel Díaz Ayuso, "el concebido es persona desde el primer minuto".