Cuando Pedro Sánchez le escogió para que ocupara el ministerio de Justicia de su primer gobierno de coalición, Juan Carlos Campo (Osuna, Sevilla, 1961) era reconocido incluso por sus rivales políticos por la experiencia y la solvencia de su carrera anterior como magistrado. Miembros del PP veían en su figura a un ministro moderado. Sin embargo, le acabarían señalando para sacar adelante una de las medidas que la dependencia de las fuerzas independentistas obligó a tomar: la aprobación de los indultos a los presos políticos. Quien les había condenado, el juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena, es su amigo –se refería a él en una entrevista en el 2019 en la que alababa el trabajo de Manolo en el Supremo–. Los indultos fueron prácticamente el único que pudo cumplir como ministro, porque su paso por el gobierno español fue más bien corto: en cuanto se aprobó la medida de gracia, el presidente español le destituyó. Otros 18 días duró en el cargo.

Ha sido una real crisis de gobierno. O una crisis de gobierno real. 

Carles Puigdemont solo tendrá la posibilidad de ser indultado si vuelve a España y es juzgado. Así lo ha asegurado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ha afirmado que la Moncloa "no se plantea en ningún caso" un indulto anticipado al expresident catalán exiliado en Bélgica. Campo ha admitido que esta fórmula es posible, a pesar de que esencialmente el indulto requiere que haya una sentencia condenatoria firme. Hay, sin embargo, una excepción.

Pedro Sánchez oye día tras día en el Congreso cómo la derecha lo acusa de "mentiroso", de "no tener palabra" e, incluso, de liderar un gobierno "ilegítimo". El motivo es que en las campañas electorales de 2019 receló de hacer una coalición con Unidas Podemos y de gobernar con el apoyo de los independentistas. Ahora, con la concesión del indulto a los presos políticos, afronta un nuevo episodio en el que la hemeroteca le hace una jugarreta. "Nunca más indultos políticos, hay que ponerles fin ya", "Sin injerencia del poder ejecutivo en el judicial y contando siempre con la petición del tribunal sentenciador", "No tiene ningún sentido que un político indulte a otro", "[Sobre el indulto del PSOE al banquero Alfredo Sáenz en 2011] Pido perdón. A mí esto también me cabrea". Así es como el presidente del PP, Pablo Casado, ha empezado la sesión de control este miércoles en el Congreso: leyendo frases literales de Sánchez en el pasado.

Pedro Sánchez decidió no prorrogar el estado de alarma en buena medida por la celebración de las elecciones madrileñas. No quería que la cuestión capitalizara titulares a las puertas del 4 de mayo. Se levantaría la medida y listos. Pero ni esto consiguió evitar el batacazo electoral que se llevó el PSOE el pasado martes, con la pérdida de más de un tercio de los votos y el sorpasso de Más País. Desde entonces la Moncloa ha intentado mirar hacia otro lado y no liarse con el caos judicial que puede derivar de la falta de un amparo legal para las restricciones sanitarias.

Después de difuminar la participación de Podemos en las negociaciones y retirar la polémica reforma de la ley orgánica del poder judicial (LOPJ), solo una condición separa PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Públicamente desde los dos lados se dice que "mañana mismo" podría haber acuerdo, pero continúa habiendo obstáculos. El tercer requisito que plantea la formación de Pablo Casado es que el gobierno español se comprometa a despolitizar el órgano y se avenga a aplicar progresivamente una serie de reformas que garanticen la independencia judicial. Una serie de reivindicaciones que se han convertido ahora en urgentes para el PP a pesar de que el sistema actual está vigente desde el 1984.