La designación de los nuevos miembros de la Junta Electoral Central (JEC) ha reavivado una queja recurrente de Vox esta legislatura. Los de Santiago Abascal denuncian que se les excluye sistemáticamente de los organismos del Estado y que el PP contribuye a ello, dando pinza con PSOE y Sumar. Hasta ahora el partido de extrema derecha tenía un representante en el árbitro electoral, escogido antes de las elecciones del 23-J, que propulsaron a los de Alberto Núñez Feijóo a primera fuerza mientras Vox perdía 19 escaños. Este cambio en el equilibrio de fuerzas ha hecho que el PP haya pasado a tener a más representantes en lugar de compartir con los de Abascal las sillas que no ocupa la mayoría plurinacional. Es lo que ha ocurrido en la JEC, renovada esta semana. El PP ha ampliado su parte de la tarta, de uno a dos representantes, en detrimento de Vox, mientras que los otros tres nombramientos -el Congreso elige cinco puestos reservados a catedráticos- se les han repartido el PSOE (dos) y Sumar (uno), con la misma proporción que antes.

Ante un gran mural del pintor barcelonés Josep Maria Sert y que dibuja la ciudad de Cuenca, Miguel Colmenero (Madrid, 1951) preside en una sala anexa del Congreso de los Diputados las reuniones de la Junta Electoral Central. Fiscal desde los 26 años y actual magistrado del Tribunal Supremo, es el presidente del órgano que debe garantizar que los procesos electorales en el Estado funcionen correctamente y de forma transparente, pero también es el encargado de picar la cresta a los políticos que supuestamente hacen campaña donde no toca –lo hizo con el gobierno de Aragonès cuando presentó la propuesta de financiación singular–, entre otras funciones.

El secretario de la mesa del Parlament y diputado de la CUP, Pau Juvillà, se encuentra "en una situación de salud complicada" que le impedirá seguir desarrollando "su actividad política habitual". Con un breve comunicado de cuatro líneas, la CUP ha dado esta última hora que no impide, sin embargo, que Juvillà siga pidiendo que el Parlament le mantenga el escaño de diputado a pesar de la decisión de la Junta Electoral, que ha dado cinco días a la presidenta de la cámara, Laura Borràs, para que se lo retire. Este martes hay mesa y Juvillà no estará como consecuencia de su estado de salud, confirman fuentes de la CUP.

La Junta Electoral Central mantiene que el escaño del diputado de la CUP Pau Juvillà tiene que ser retirado, exprime plazos y advierte a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de lo que puede venir si no cumple. En una resolución de este jueves y después de que Ciudadanos denunciara que el cupero mantenía el acta, la JEC ha dado cinco días hábiles a Borràs para que ejecute la retirada del escaño y la amenaza con "consecuencias jurídicas" si se niega a hacerlo. La mesa, pues, tiene hasta el próximo miércoles para decidir si se ratifica en su posición de proteger al diputado o bien cumple las órdenes de la JEC.

La Junta Electoral Central (JEC) ordena al Parlament de Catalunya que deje al diputado de la CUP Pau Juvillà sin escaño, después de la inhabilitación dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La JEC ha emitido una resolución este jueves en la que considera que la condena supone una causa de inelegibilidad sobrevenida que le obliga a tener que dejar el escaño del Parlament. Juvillà fue inhabilitado después de negarse a descolgar lazos amarillos de la fachada de su despacho de la Paeria. PP, Ciutadans y Vox habían pedido a la JEC que obligara al Parlament a ejecutar la sentencia del TSJC y le retirara el escaño a Juvillà, tal como pasó en el caso del expresidente de la Generalitat Quim Torra.

Pau Juvillà mantiene el acta de diputado, por ahora. A pesar de que el martes el diputado de la CUP fue inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSC) por un delito de desobediencia por no descolgar el lazo amarillo de su despacho del ayuntamiento cuando era concejal en 2019, el Parlament constata que todavía no hay una sentencia firme y que, por lo tanto, según el reglamento de la cámara el cupero sigue preservando su escaño. Esta es la conclusión de la comisión del Estatuto del Diputado, que ha elaborado un dictamen este jueves con el apoyo de ERC, JxCat, la CUP, los comuns y el PSC, una mayoría que se tendría que repetir en el pleno de la semana que viene cuando se ratificará el dictamen de esta comisión. "No concurre ninguna de las causas de pérdida del acta de diputado de acuerdo con el artículo 24 del reglamento del Parlament", ha leído David Saldoni (JxCat), que preside la comisión, para dejar constancia del acuerdo de los grupos políticos.

La Junta Electoral Central (JEC) estaba capacitada para dejar a Quim Torra sin escaño el 3 de enero del 2020, según ha confirmado este viernes la sala cuarta contenciosa administrativa del Tribunal Supremo. Torra perdió el escaño a pesar de que entonces no pesaba sobre él una condena en firme (la confirmó el Supremo a finales de septiembre) y que siguió ejerciendo de presidente de la Generalitat durante nueve meses. El Supremo ha desestimado el recurso planteado por el Parlament en el que se argumentaba que, sin sentencia firme, solo la cámara catalana puede retirar el escaño a un diputado. Además, el recurso cuestionaba la competencia de la JEC para tomar una decisión como esta, puesto que llegaba fuera del proceso electoral.

El Tribunal Supremo confirma que la Universitat Pompeu Fabra (UPF) vulneró la neutralidad "política" aprobando un manifiesto que rechazaba la sentencia del Procés. El alto tribunal lo ha reafirmado desestimando un recurso de la UPF contra el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) del año 2019 que estableció que el centro no había sido neutral posicionándose en contra de la condena a los presos políticos. Los hechos se remontan a otoño de 2019, cuando, una semana después de la sentencia del Supremo, las universidades públicas catalanas impulsaron un manifiesto conjunto que criticaba esta decisión: expresaba "rechazo a las condenas de los presos políticos catalanes y a la judicialización de la política". En aquel momento, sin embargo, la actualidad política no solo pivotaba sobre los tribunales, sino que faltaban pocos días para las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019. El posicionamiento de las universidades, pues, llegó al inicio de la campaña electoral y aquí fue cuando la cuestión entró en el radio de actuación de la JEC. En una resolución, el organismo apuntó que el manifiesto iba en contra de la "neutralidad política" y era "partidista".

Nuevo portazo del Tribunal Supremo a Oriol Junqueras y a la justicia europea. La sala de lo contencioso administrativo del alto tribunal ha confirmado que el líder de ERC tenía que recoger el acta de eurodiputado y jurar o prometer la Constitución ante la Junta Electoral Central (JEC) para poder ser nombrado miembro del Parlamento Europeo. De este modo, el Supremo contradice al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en diciembre de 2019 determinó que Junqueras, como cargo electo en las elecciones europeas del 26 de mayo, tenía inmunidad en el mismo momento en el que se proclamaron los resultados de los comicios y que para lograr los derechos como eurodiputado no había que haber prometido o jurado la Constitución ante la JEC. Por este motivo, Luxemburgo apuntó que Junqueras tendría que haber podido salir de la prisión para asumir el cargo de eurodiputado, puesto que en aquel momento –todavía no se había publicado la sentencia del juicio del Procés y, por lo tanto, estaba en prisión preventiva– disfrutaba de inmunidad parlamentaria.

La Junta Electoral Central ha recordado este domingo a la Generalitat que un papel en blanco dentro del sobre será considerado voto nulo. "Esta Junta ya ha reiterado en diferentes ocasiones que el voto en blanco se expresa de manera prevista en el artículo 96.5 de la LOREG, que considera como tal el sobre que no contenga papeleta. No se prevé la confección de papeletas en blanco", concluye la resolución emitida este mismo domingo. "Se considera voto en blanco, pero válido, el sobre que no contenga papeleta", recuerda la JEC citando la Ley Orgánica de Régimen Electoral.

Si no se puede constituir una mesa, se reubicarán suplentes. Este es el criterio general dictado por la Junta Electoral Central. Después de que cada una de las juntas de zona estableciera alternativas propias, el juez electoral ha decidido unificar criterios y dar una orden clara: no están permitidos los voluntarios, pero en cambio sí se puede reubicar a suplentes de otras mesas que constituidas a otra que no se ha podido formar. La JEC responde así a una petición de la Junta Electoral Provincial de Tarragona, que pedía establecer un método conjunto para todo el territorio catalán. El posicionamiento final de la JEC llega después de que la semana pasada la Junta Electoral de Barcelona recomendara a todas las filiales de su provincia descartar la creación de bolsas de voluntarios y considerar la opción de reubicar suplentes como la forma más viable. La JEC coincide con su posicionamiento, puesto que establece que los suplentes se tengan que esperar hasta las 10 de la mañana -la hora límite para formar las mesas- para conocer si tienen que ser reubicados en una mesa del mismo centro o a otro de "próxima". No precisa, sin embargo, si los suplentes podrán ser reubicados en otras poblaciones, simplemente les pide que voten a primera hora en el centro que loe toca y, después, se mantengan a la espera en la misma escuela electoral por si finalmente se tienen que mover para cubrir una baja.