"Con motivo de la huelga general y por motivos de seguridad, los enlaces entre líneas se realizarán por el exterior", decía una voz por la megafonía del metro este miércoles por la tarde, cuando los servicios mínimos han vuelto a funcionar. Faltaban nueve minutos para que llegara el próximo metro a la estación de La Sagrera, en la línea 5, y el andén ya estaba lleno de pasajeros. Las huelgas generales tienen esto: la falta de transporte público dificulta llegar al trabajo, pero también complica ir a manifestarse.

Montserrat Junyent es presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Barcelona y de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC). Atiende al ARA el mismo día que el país se moviliza en una huelga general por la crisis de la vivienda.

A menos de 24 horas de una huelga general motivada, entre otras cuestiones, por la situación insostenible de la vivienda en Cataluña y en España, y pocas horas antes de someter a votación los decretos anticrisis en la Diputación Permanente del Congreso, prevista para este jueves, el Partido Popular ha presentado su programa electoral para las elecciones generales del 29-N, con un aviso para navegantes en materia de vivienda. La formación plantea hasta 14 medidas sectoriales en este ámbito, entre las cuales destaca la derogación frontal de la ley estatal de vivienda, aprobada en 2023 y reformada recientemente.

Este miércoles se celebra la huelga general más transversal desde la Transición. Sindicatos mayoritarios –CCOO y UGT–, las organizaciones de la Mesa Sindical –CGT, IAC, Co.bas, CNT, COS, SO– y entidades del mundo de la vivienda –como el Sindicato de Inquilinas– han hecho un llamamiento a la movilización con el fin de detener los centros de trabajo del Estado. La jornada, que pretende "pararlo todo", reclama propuestas estrictamente laborales, tales como subidas de salarios y detener la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Y, por primera vez, una huelga general a escala española también pide intervenir el mercado de la vivienda. Hace ya 14 años que no se realiza una huelga general de 24 horas con el consenso de los sindicatos mayoritarios.

La Generalitat vuelve a sacar pecho de la lluvia de millones prometida para Catalunya dentro del Plan Estatal de Vivienda. Cuando el gobierno de Pedro Sánchez aprobó el plan a mediados de abril, ya anunció que invertiría 7.000 millones de euros hasta el 2030 para resolver el problema de acceso a la vivienda en todo el Estado. De estos, 1.015 millones son para Catalunya. Tal como estaba previsto, la administración central aportará el 60% –609 millones– y, el resto saldrá de las arcas de la Generalitat.

Los sueldos no siempre dan para vivir sin ahogos. De hecho, hace tiempo que se utiliza el término "trabajadores pobres", es decir, trabajadores que, a pesar de tener un empleo, no llegan a fin de mes. Y el hecho es que para poder tener una vida "digna" o sin asfixia en el área metropolitana de Barcelona se deben ganar al menos 1.891 euros brutos al mes en 12 pagas, pero son más en la capital catalana (2.020 euros) que en su área metropolitana (1.772 euros). Además, los diferentes tipos de familias también requieren cantidades diferentes. Por ejemplo, una pareja con dos hijos, 2.326 euros; y una familia monoparental, 2.680 euros, ya que depende de un único sueldo, en ambos casos en el área metropolitana. Son conclusiones del estudio Salario de vida 2026 elaborado por las consultoras de evaluación de políticas públicas KSNET y de estrategia y gestión pública Daleph, que forman parte de la red internacional Global Living Wage Movement.

El interés por la vivienda no termina en el diagnóstico del problema. También hay voluntad e interés para encontrar las posibles respuestas. Así lo está demostrando el ciclo de cinefórums organizado por el Colegio de la Arquitectura Técnica de Barcelona (Cateb), que ha llenado con gran asistencia de público el teatro y la sala de cine del Espai Texas en las cinco primeras sesiones. Los videopodcasts «Tocar techo», que el diario ARA publica después de cada acto, también han despertado interés y acumulan cientos de descargas en los primeros capítulos ya publicados.

A las puertas de la huelga general por la vivienda y los salarios, y pocos días antes de que el Congreso vote los decretos de vivienda del gobierno español, cuatro de las universidades más prestigiosas del país han querido dar su opinión e intentar poner blanco sobre negro en el debate. La Universidad de Barcelona (UB), la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y la Universidad Pompeu Fabra (UPF) han cargado contra la “sobrerregulación de baja calidad” en materia de vivienda, en palabras de Juli Ponce Solé, doctor en derecho de la UB.

La huelga general del próximo 11 de noviembre ha servido para marcar los perfiles de los agentes sociales del país. Mientras los sindicatos laborales y de vivienda han aprovechado la convocatoria para presionar al ejecutivo y afilar sus argumentos en el ámbito del trabajo –desde el SMI hasta la reducción de jornada o la distribución de los beneficios empresariales–, las patronales han reconocido la crisis residencial, pero no la herramienta que se ha elegido para darle respuesta. El presidente de la patronal catalana de las pequeñas y medianas empresas Pimec, Antoni Cañete (Barcelona, 1963), habla con el ARA sobre una protesta que considera "un error" y sobre una tensión en el mercado de compra y alquiler que apela a "la sociedad en general".

Enric Aragonès (Reus, 1991) llega directamente de trabajar —en un empleo que no tiene nada que ver con el activismo— al espacio de la sede central de la Universidad de Barcelona desde donde el Sindicato de Inquilinas organiza la huelga general del 11 de noviembre. Entre fotografía y fotografía, agradece que hagamos una entrevista en profundidad para discutir sobre la convocatoria a las puertas de las elecciones, en un mundo veloz en el que la actualidad acostumbra a ir a golpe de declaraciones.

Anna Puigdevall (Barcelona, 1968) ha trabajado toda su vida profesional en el ámbito de la empresa, después de estudiar física y, desde hace menos de dos años, forma parte de laasociación de propietarios Som Habitatge. Aseguran que se financian a partir de las cuotas de los socios y de donaciones, y que no reciben recursos de ninguna gran gestora inmobiliaria.

La crisis económica de 2008 terminó, al menos teóricamente, en 2013. Fue el último año en que la economía española registró un crecimiento negativo. Las consecuencias de la recesión todavía perduran hoy en día, y se agravan por el encarecimiento más reciente de un grupo muy determinado de productos de la cesta de la compra. Son fundamentalmente dos: la vivienda y la alimentación, según deja claro la Generalitat en el Informe Social 2025. Estos dos elementos también son los principales motores de la huelga general convocada para el 11 de noviembre.

El próximo miércoles estamos llamados a una huelga general para reclamar mejores salarios, una vivienda asequible y medidas contra el encarecimiento de la vida. Y esto en un momento en que Cataluña registra una de las tasas de paro más bajas desde 2008, el salario mínimo ha aumentado casi un 66% desde 2018 y la pobreza monetaria se ha reducido en los últimos años. Y, sin embargo, muchas familias siguen teniendo dificultades para llegar a fin de mes. ¿Cómo se explica?

El Ayuntamiento de Barcelona descarta, por ahora, instalar las luces de Navidad en la plaza Catalunya. La decisión se ha tomado ante la continuidad de la acampada por el derecho a la vivienda que ocupa el espacio, según ha avanzado El Periódico y confirman fuentes municipales a la ACN. Estas fuentes dicen que de momento "el Ayuntamiento no instalará el alumbrado de Navidad en la plaza Catalunya". También indican que el consistorio no se plantea instalar las luces de autor previstas para la plaza en ningún lugar de la ciudad, ya que estaban pensadas "específicamente" para este espacio.

Malgrat que la Rosa R.R. fa anys que viu a Martorell i ha demanat empadronar-se en nombroses ocasions, l'Ajuntament sempre l'hi ha impedit. Per això, va presentar una demanda contra el consistori i ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) li ha donat la raó. La justícia declara que la negativa municipal a tramitar la seva sol·licitud d'empadronament, tot i demostrar que viu al municipi, vulnera el dret fonamental a la igualtat. La sentència, que ha avançat Nació Digital, recorda que la inscripció al padró municipal és una obligació de les administracions locals i que la seva finalitat és acreditar el lloc on resideix efectivament una persona, amb independència que disposi o no d'un contracte de lloguer, un títol de propietat o una autorització del titular de l'immoble.

La pelota vuelve a estar sobre el tejado del Ayuntamiento de Barcelona. El martes la subcomisión de Urbanismo de Barcelona –integrada por representantes de la Generalitat y del consistorio– dio luz verde a la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) para establecer que el uso habitual y permanente de la vivienda es el "prioritario" en la ciudad y que está por encima del uso temporal. Un paraguas legal que permite ahora al consistorio desplegar su propia regulación para combatir el alquiler de temporada y modelos de negocio como el coalojamiento.

Belén López (Masies de Voltregà, 1976) es desde hace un año y medio la secretaria general de CCOO de Cataluña. La líder sindical asegura al ARA que prevé que la huelga sea un éxito, ya que la ciudadanía se siente “interpelada”. López asegura que, el día 11, CCOO tendrá un papel clave a la hora de paralizar los principales centros de trabajo catalanes: "Pilotaremos el cierre de empresas y, como cabe esperar, participaremos de todas las actividades que se hagan con el protagonismo que se merece ser el primer sindicato en Cataluña".

Dos años después de la entrada en vigor de los topes de los alquileres, la Generalitat defiende encarnizadamente la medida: "Funciona como estaba previsto", asegura la consejera del ramo, Sílvia Paneque. Las rentas en el conjunto del país han subido un 1% desde el primer trimestre de 2024 –justo antes de la aplicación de la regulación–, según las fianzas depositadas en el Incasòl. Al mismo tiempo, en contra de las premisas del sector inmobiliario, desde la Generalitat garantizan que "la regulación no ha reducido la oferta", sino la rotación: las familias cambian menos de vivienda y están más tiempo en los pisos que ya ocupan.

España debate cómo intervenir el mercado para gestionar el parque de vivienda existente mientras, en paralelo –al menos sobre el papel– incrementa la oferta con nueva construcción. Los decretos que desencadenaron la convocatoria electoral del 29-N ponían sobre la mesa la prórroga de los alquileres, limitar la actualización de los precios (e incluso congelarlos) y prohibir el desahucio de vulnerables sin alternativa habitacional. Al otro lado de la frontera, Portugal plantea una fórmula prácticamente opuesta para abordar una de las peores crisis de acceso a la vivienda (si no la peor) que hay en la Unión Europea.

Mi artículo anterior partía de la idea de que lo que hace más intratable el problema de la vivienda es que se procura desvincularlo de su causa principal, que no es sino la inmigración. La integración de la inmigración, por otra parte, es el principal problema que tenemos planteado a largo plazo, y está íntimamente vinculado a la solución que demos a su acceso a la vivienda.