El desalojo de una familia con cuatro menores en el barrio de Cerdanyola de Mataró ha acabado con tres adolescentes detenidos y diversas cargas de los Mossos d'Esquadra para poder ejecutar el lanzamiento judicial. Los hechos han tenido lugar a primera hora de la mañana en la avenida Gatassa, donde, según informan los Mossos, medio centenar de personas se ha concentrado para evitar la actuación policial y han lanzado objetos contra la línea policial. Los Mossos hablan de lanzamientos de adoquines y piedras, por los cuales cinco agentes han resultado heridos leves.

Que la economía catalana y la española crecen es indudable. A escala macroeconómica, la evolución que mantiene el producto interior bruto (PIB) es positiva, especialmente si se compara con los países del entorno, que forman el club del euro. Ni la guerra en Irán, que ha tenido menos impacto del que se podía esperar, ha hecho bajar la economía de los primeros puestos en crecimiento.

Vienen tiempos malos para los titulares de hipotecas con interés variable. El Euríbor diario a 12 meses, la principal referencia en este tipo de préstamos para la compra de vivienda, ha cerrado el mes en una media por encima del 2,8% (2,804%) y apunta hacia el 3%, según los analistas. De esta manera, la cuota mensual para una hipoteca media de 174.132 euros y el Euríbor más un punto que era de 833,11 euros, pasará a 900,39 euros, lo que supone 67,28 euros más o 807,36 euros más al año.

El Gobierno ampliará hasta los 40 años la edad de las personas que pueden acceder a los préstamos de emancipación a partir del lunes. Se trata de un instrumento para facilitar el pago de la entrada de una vivienda a los jóvenes para que después puedan solicitar una hipoteca: "Se encuentran con una barrera, con un muro, que es la entrada", ha explicado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en un acto en el Institut Català de Finances (ICF) este viernes.

El alcalde Jaume Collboni (Barcelona, 1969) recibe a el ARA cuando falta justo un año para las elecciones municipales. Hablamos de vivienda –el principal problema de los barceloneses–, turismo, seguridad y también de la situación del PSOE en medio de la tormenta Zapatero.

Las donaciones económicas o de inmuebles que se firman ante notario han crecido un 20% hasta "máximos históricos", y el Colegio Notarial de Cataluña lo relaciona con la crisis de vivienda y la necesidad de recibir ayudas para poder comprar una. "Responden mucho a la voluntad de ayudar al hijo o familiar que quiere adquirir una vivienda, y las donaciones pueden ser la solución: tanto de dinero para comprar una como de vivienda si los padres tienen la suerte de tener más de una", ha explicado la vicedecana del Colegio, Raquel Iglesias, en la presentación de los datos del V Observatorio Notarial de Cataluña. "Donaciones por mera generosidad, sin necesidad, sí que las hay, pero no las vemos tanto", ha aclarado.

La Cámara de Comercio de Barcelona ha presentado este miércoles su plan para combatir la crisis de la vivienda. La entidad empresarial ha anunciado un conjunto de 20 medidas "estructurales" para afrontar el reto que supone para el país. Según asegura la Cámara, los objetivos de la iniciativa son "incrementar de manera sostenida la oferta de vivienda, reforzar la seguridad jurídica y garantizar el acceso a una vivienda digna para el conjunto de la ciudadanía". Las estimaciones recogidas por la entidad apuntan que en los próximos cinco años habrá que dar respuesta a más de 180.000 nuevas necesidades de vivienda.

Después de más de una década de investigación entre la Universidad Harvard y el MIT, Ramon Gras (Barcelona, 1984) cofundó Aretian el año 2018. A través de gemelos digitales, esta start-up analiza cómo la morfología de una ciudad influye en su economía e innovación. En los últimos años ha desarrollado el de la región metropolitana primero y después el de toda Cataluña. Un proyecto que cuenta con el apoyo de la Fundación Torres y de Barcelona Global, que ya está a disposición de las administraciones y que pronto se abrirá también al sector privado.

Hacer una búsqueda en cualquiera de los grandes portales inmobiliarios de lofts o estudios en planta baja en Barcelona genera una página de resultados llena de anuncios de propiedades sin cédula de habitabilidad disponibles para comprar –mayoritariamente– o para alquilar, algunos de los cuales a precios muy superiores a la media del mercado y que pueden llegar a los 760.000 euros. A pesar de ser un documento obligatorio legalmente para poder vivir en una vivienda, preguntadas por el ARA, las administraciones catalanas –como la Generalitat o el Ayuntamiento de Barcelona– no facilitan de momento datos de inspecciones y sanciones por este tema.

El Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona calcula cuál ha sido el impacto real del tope del alquiler. Los precios en la capital catalana se habrían disparado entre 160 y 270 euros más al mes si no se hubiera implantado esta medida, según apunta un informe elaborado por este ente. Sin la regulación, dice el documento, los arrendamientos habrían continuado creciendo hasta los 1.318,6 euros al mes siguiendo la tendencia de la última década, o podrían haber subido incluso más, hasta los 1.492,2 euros, si se hubiera mantenido el ritmo acentuado de crecimiento del mercado los últimos dos años.

La economía española mantiene el pulso a pesar del impacto de la guerra en Oriente Próximo, pero no por ello está exenta de riesgos. Es una de las grandes conclusiones de los economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe anual sobre la economía española, el llamado Artículo IV, en el que lanzan una serie de recomendaciones al gobierno español, empezando por el hecho de llevar a cabo una consolidación fiscal que ayude a fortalecer las arcas públicas.

El gobierno español ha anunciado este jueves un nuevo expediente sancionador contra una "gran inmobiliaria" –el ejecutivo rehúsa, de momento, hacer público su nombre– por vulnerar presuntamente los derechos de los consumidores en materia de vivienda. Es el cuarto expediente por esta cuestión que abre durante la legislatura, comenzada hace ahora tres años, según han confirmado fuentes del ministerio de Consumo al diario ARA.

Iván Giesen tiene 68 años y lleva 27 viviendo en un piso del número 153 de la calle Ramon Turró, en el Poblenou. En 1999 se mudó allí después de vivir unos años en el barrio Gótico, en un momento en que el precio del alquiler de esta zona más céntrica empezó a duplicarse. "Buscaba un lugar y encontré este piso en el Poblenou, que, además, me venía muy bien porque entonces llevaba una academia de idiomas en el barrio", relata el vecino. En 2019, sin embargo, la empresa Maramca SL –propietaria de la finca desde 2012– empezó unas obras en el edificio y notificó que dejaría de renovar el contrato a los vecinos, entre ellos Giesen.

Cataluña rompe la racha de crecimientos mensuales en la compra de vivienda, que ya duraba seis meses. Según los últimos datos de transmisiones de derechos de la propiedad, publicadas este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las compraventas han caído un 3,5% en el mes de marzo en comparación con el mismo período del año anterior. El retroceso del tercer mes del año invierte la tendencia que se mantenía desde el inicio del curso, con crecimientos del 1,4% en enero y de más del 5,7% en febrero.

Decía Ildefons Cerdà que “la cultura de los pueblos viene grafiada por la construcción de sus viviendas, o lo que es igual, que la civilización y la urbanización discurren en paral·lelo, son una misma cosa”. Por eso la casa de Anna Frank, la granja familiar de Oklahoma de Steinbeck o el desván de Bachelard dicen muchas más cosas sobre los hogares y los momentos que les tocó vivir que los planos. Yo soy de la última generación analógica, como Llucia Ramis, y también he vivido en muchas casas. Como sus sobrinos, mis hijas han dado muchas vueltas hasta que finalmente nos hipotecamos, fuera de Barcelona. Pero yo no sabría explicar los pisos compartidos, las mudanzas y las conversaciones con amigos y amores con tanta astucia. Un metro cuadrado es una delicia porque a las situaciones dolorosas hay que hacerles frente con un poco de humor y sensibilidad. Para una arquitecta como yo, leer vivencias de las casas y cargas es material de valor incalculable.Si la Mary Beard del futuro, de aquí a dos mil años, lee los escritos de Ramis, esta lectura de más de veinticinco años de trayectoria barcelonesa constituirá una fuente muy precisa de lo que la ciudad supone para la gente joven sin patrimonio o la gente mayor que ha vivido de alquiler. Es muy sintomático que en pleno siglo XXI el nomadismo vuelva en un mundo urbano lleno de ciudades que se inventaron precisamente para dar estabilidad. Una cosa es cambiar de casa porque necesitas más metros o porque encuentres trabajo a 100 km de casa, y la otra es tener que cambiar de casa porque el mercado necesite siempre extraerle más rentas y más dinero.Todo esto me da vueltas en la cabeza y me pregunto qué hemos hecho mal como profesión, nosotros que estudiamos el legado del arquitecto municipal Aldo Van Eyck en Ámsterdam, los manifiestos del GATCPAC, las ideas revolucionarias de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, los proyectos compartidos del Team X, y hacíamos proyectos de viviendas industrializadas para soñar que era posible reducir sus costes.

La crisis de vivienda y el encarecimiento del precio, tanto de los alquileres como de compra, ha puesto en duda una parte importante de la fiscalidad en las empresas inmobiliarias por el bajo nivel de impuestos que pagan en comparación con otros sectores de la economía. Uno de los blancos de las críticas a esta baja tributación son las socimis, sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 representa una ruptura con el anterior y, en general, con la tradición de la política española de promoción de vivienda asequible. Los volantazos suelen responder al desconcierto, pero es que, además, este cambio en concreto no ha gustado al socio minoritario del gobierno español –Sumar–, que apuesta por una tercera vía diferente. ¿Podemos arrojar un poco de luz a la oscuridad?Tradicionalmente, la política había consistido en la ayuda al promotor facilitándole y bonificándole la financiación, pero el Plan 2022-2025, mucho más agresivo, partía del principio de que el problema era el precio y la incapacidad de muchas familias modestas para hacerle frente. En consecuencia el centro pasó a ser la ayuda al inquilino: 40% del alquiler en el caso de familias con ingresos bajos; 250€ mensuales a los menores de 35 años durante dos años; hasta el 100% del alquiler a colectivos vulnerables (víctimas de violencia de género, personas sin hogar, etc).Este enfoque no podía sino fracasar, porque si el problema es que falta vivienda, ayudar a unas familias a acceder a lo poco que hay no hace sino trasladar el problema a otras, que ahora se quedarán sin. El Plan 2026-2030 parte del principio –mucho más sensato– de que el problema es de falta de oferta, y, por tanto, lo que hace es crear un incentivo para que los promotores privados construyan. El incentivo es generoso: una subvención de entre 85.000 y 110.000 euros por vivienda. Teniendo en cuenta que el coste de construcción ronda los 1.200 €/m², la subvención equivale a la totalidad del coste de una vivienda de 80 o 90 m², de manera que para que al promotor le salgan los números solo hace falta que el alquiler cubra el coste del solar. Este enfoque funcionará porque impulsará la construcción, pero tiene dos problemas. Antes de abordarlos, sin embargo, hay que examinar por qué no gusta a Sumar y qué es lo que prefiere este partido.A Sumar no le gusta que se pongan dinero del contribuyente en los bolsillos de empresas privadas. Es una inquietud comprensible, pero ya hemos visto por qué no puede funcionar –de hecho, por qué no ha funcionado– ponerlo en los bolsillos de los particulares más necesitados. Consciente de este problema, Sumar apuesta por la lucha contra la especulación; es decir, contra quienes cobran alquileres altos, y de ahí la insistencia en la congelación de alquileres y en las limitaciones a los “grandes tenedores”. Después hablaremos de los especuladores, pero ahora lo que importa es que este enfoque tiene exactamente las mismas limitaciones que la ayuda directa a los inquilinos más desfavorecidos: en el caso de la congelación, por ejemplo, ayuda a los que ya tienen un contrato, pero no ayuda nada a los que no tienen ninguno.Si dejamos de lado la estética, pues, el Plan 2026-2030 está mejor enfocado que las alternativas: impulsará la construcción, que es lo que hay que hacer ahora. Otra cosa es que también resulte del todo oportuno limitar los beneficios extraordinarios que están obteniendo los propietarios a causa de una situación de escasez. No estamos hablando de la retribución que un mercado idealizado concede al esfuerzo o al riesgo, sino de una retribución inmerecida y estéril que proviene exclusivamente de la suerte. Ahora bien, ya he avanzado que el esquema tiene dos problemas. Lo primero es que –más pronto que tarde– la totalidad de las ayudas serán capturadas por los propietarios de los solares vía aumento de su precio. Es un mecanismo que la mayor parte de los economistas académicos ignoran, pero que fue descrito con precisión por los padres de su disciplina –Adam Smith y David Ricardo– hace más de 200 años. Mientras los solares sean escasos, todas las ayudas acabarán en los bolsillos de sus propietarios.Esto nos lleva al segundo problema, que no es sino el crecimiento de la demanda. Está bien impulsar la construcción, porque es lo que ahora hace falta, pero sin olvidar cuál es el origen del problema, que no es sino una inmigración exageradamente elevada, una irresponsable apuesta por el turismo urbano y una política exitosa de captación de estudiantes extranjeros por parte de centros educativos públicos y privados.

Me cuesta entender que las propuestas de Junts para hacer frente a la crisis de la vivienda pasen por volver a desgravar la hipoteca y el alquiler, porque es poco imaginativo. Buena parte de las ideas sobre las cuales se han ido haciendo las ciudades catalanas las impulsó Convergència i Unió, en los años ochenta, y eran mucho más valientes. Por ejemplo, cuando Josep Maria Cullell fue consejero de Política Territorial y Obras Públicas con Jordi Pujol, se creó el Institut Català del Sòl, y se legisló porque su función debería ser la de “promover las actuaciones necesarias, tanto en el aspecto organizativo como en el funcional, para permitir una utilización del suelo de acuerdo con el interés general y para impedir la especulación y favorecer la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Con este instrumento, la Generalitat y algunos ayuntamientos que eran de la misma escuela compraron grandes sectores de suelo para convertirlos en buenos barrios hoy: el de Fontajau en Girona, el Eixample de Martorell, el Mas Lluí en Sant Feliu de Llobregat, el Parc de l’Alba en Cerdanyola... y tantos otros. Después, el año 1996, aún con Jordi Pujol al frente, se hizo la ley del registro y el depósito de fianzas, pensada para potenciar el mercado de arrendamientos urbanos y disponer de una información adecuada sobre la situación del parque de viviendas de alquiler. Entonces se determinó que el depósito de fianzas serviría para la construcción pública de viviendas sin que ello tuviera que comprometer los presupuestos públicos, únicamente contando con que habría un saldo siempre positivo entre cancelaciones y devoluciones. Los impuestos son el instrumento básico para garantizar la redistribución y, por tanto, la equidad dentro de una sociedad democrática, pero rebajar impuestos a todos por igual puede no ser igualitario. Diversos estudios demuestran que dar incentivos para fomentar aún más la propiedad solo ayuda a aumentar las desigualdades. La OCDE, en un informe reciente sobre vivienda e impuestos, concluye que la deducción impositiva por los intereses hipotecarios ha demostrado ser regresiva e ineficaz, porque quien tiene una vivienda en propiedad tiene un acceso al capital y una estabilidad que los inquilinos no tienen.

Miles de personas han participado este mediodía en la manifestación convocada por la UGT y CCOO en Barcelona por el Día del Trabajador, el acto central de la jornada de protestas en Cataluña. La Guardia Urbana ha cifrado la participación en 2.500 personas, mientras que los organizadores han estimado que eran 10.000. Los trabajadores se han movilizado espoleados por la inestabilidad geopolítica internacional y el calendario electoral en el Estado.

Más allá de politiquerías y estrategias de partido (en Junts deben estar muy seguros de adónde van, votando lo que votan), cualquier debate sobre vivienda debería partir de este principio: el derecho de las personas a una vivienda digna es superior y debe prevalecer sobre otros derechos, como el de la propiedad privada y su explotación dineraria. Aún podemos hacerlo más amplio: como principio general, allí donde los derechos individuales colisionan con el bien común, aquello que debe retroceder es el derecho individual. Jamás el bien común ni el interés de la sociedad. En una situación de emergencia habitacional, un particular —sea individuo, empresa inmobiliaria o fondo de inversión— no tiene “derecho” a especular con los precios del alquiler y la venta de viviendas. En una situación de crisis climática, nadie tiene “derecho” a destruir el medio ambiente en nombre de la productividad económica, y tampoco a cuestionar sin argumentos válidos las evidencias científicas. En una situación de epidemia, o pandemia, nadie tiene “derecho” a no vacunarse, si no es asumiendo que su decisión pone en peligro la salud y las vidas de las personas a su alrededor (y que le es indiferente). Son solo algunos ejemplos.Algunos tildarán el párrafo anterior de comunista, pero no lo es: es simple socialdemocracia y sociedad del bienestar, tal como las entendíamos no hace tanto tiempo. El principio es sencillo: para que las sociedades avancen deben hacerlo colectivamente. Si solo se benefician unos pocos y muchos salen perjudicados, no hay progreso: hay involución. Los discursos iliberales, o turbocapitalistas, no son una evolución del liberalismo clásico, sino su degradación. El mercado, por sí mismo, no pone a cada uno en su lugar, especialmente cuando el mercado está dopado, inflado y falseado en favor de intereses bien concretos y descriptibles. La retracción de la democracia deja al descubierto otro proyecto, un nuevo orden pensado y comandado por oligarcas globales con sirvientes locales en cada país, que imponen a los gobernantes y las poblaciones una especie de selección natural basada en el dinero. No es ninguna novedad en la historia humana, pero si durante algunas décadas nos hemos enorgullecido de que Occidente era la zona más avanzada del planeta, era justamente porque se había trabajado en la dirección contraria a todo esto.Intentar encarnar esta ideología en la figura del buen catalán (o el buen mallorquín) que ha currado toda la vida como una bestia y ahora tiene derecho a hacer lo que quiera con las casas y pisos que ha heredado de los abuelos, o que ha comprado especulando, es, como mínimo, una falsedad indecente. Cataluña, precisamente, ha sido pionera por haber sido un país construido sobre la idea firme (y esta sí, liberal) de la distribución de la riqueza y el mejoramiento colectivo. En Mallorca esta idea no ha existido nunca, y por eso se ahoga en un turismo masivo y sin alternativas a la vista (y vendiendo las casas y pisos de los abuelos al mejor postor, que curiosamente son los fondos buitre). El derecho a la vivienda digna, repitámoslo, debe prevalecer por encima del derecho a la propiedad.