La crisis de vivienda y el encarecimiento del precio, tanto de los alquileres como de compra, ha puesto en duda una parte importante de la fiscalidad en las empresas inmobiliarias por el bajo nivel de impuestos que pagan en comparación con otros sectores de la economía. Uno de los blancos de las críticas a esta baja tributación son las socimis, sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 representa una ruptura con el anterior y, en general, con la tradición de la política española de promoción de vivienda asequible. Los volantazos suelen responder al desconcierto, pero es que, además, este cambio en concreto no ha gustado al socio minoritario del gobierno español –Sumar–, que apuesta por una tercera vía diferente. ¿Podemos arrojar un poco de luz a la oscuridad?Tradicionalmente, la política había consistido en la ayuda al promotor facilitándole y bonificándole la financiación, pero el Plan 2022-2025, mucho más agresivo, partía del principio de que el problema era el precio y la incapacidad de muchas familias modestas para hacerle frente. En consecuencia el centro pasó a ser la ayuda al inquilino: 40% del alquiler en el caso de familias con ingresos bajos; 250€ mensuales a los menores de 35 años durante dos años; hasta el 100% del alquiler a colectivos vulnerables (víctimas de violencia de género, personas sin hogar, etc).Este enfoque no podía sino fracasar, porque si el problema es que falta vivienda, ayudar a unas familias a acceder a lo poco que hay no hace sino trasladar el problema a otras, que ahora se quedarán sin. El Plan 2026-2030 parte del principio –mucho más sensato– de que el problema es de falta de oferta, y, por tanto, lo que hace es crear un incentivo para que los promotores privados construyan. El incentivo es generoso: una subvención de entre 85.000 y 110.000 euros por vivienda. Teniendo en cuenta que el coste de construcción ronda los 1.200 €/m², la subvención equivale a la totalidad del coste de una vivienda de 80 o 90 m², de manera que para que al promotor le salgan los números solo hace falta que el alquiler cubra el coste del solar. Este enfoque funcionará porque impulsará la construcción, pero tiene dos problemas. Antes de abordarlos, sin embargo, hay que examinar por qué no gusta a Sumar y qué es lo que prefiere este partido.A Sumar no le gusta que se pongan dinero del contribuyente en los bolsillos de empresas privadas. Es una inquietud comprensible, pero ya hemos visto por qué no puede funcionar –de hecho, por qué no ha funcionado– ponerlo en los bolsillos de los particulares más necesitados. Consciente de este problema, Sumar apuesta por la lucha contra la especulación; es decir, contra quienes cobran alquileres altos, y de ahí la insistencia en la congelación de alquileres y en las limitaciones a los “grandes tenedores”. Después hablaremos de los especuladores, pero ahora lo que importa es que este enfoque tiene exactamente las mismas limitaciones que la ayuda directa a los inquilinos más desfavorecidos: en el caso de la congelación, por ejemplo, ayuda a los que ya tienen un contrato, pero no ayuda nada a los que no tienen ninguno.Si dejamos de lado la estética, pues, el Plan 2026-2030 está mejor enfocado que las alternativas: impulsará la construcción, que es lo que hay que hacer ahora. Otra cosa es que también resulte del todo oportuno limitar los beneficios extraordinarios que están obteniendo los propietarios a causa de una situación de escasez. No estamos hablando de la retribución que un mercado idealizado concede al esfuerzo o al riesgo, sino de una retribución inmerecida y estéril que proviene exclusivamente de la suerte. Ahora bien, ya he avanzado que el esquema tiene dos problemas. Lo primero es que –más pronto que tarde– la totalidad de las ayudas serán capturadas por los propietarios de los solares vía aumento de su precio. Es un mecanismo que la mayor parte de los economistas académicos ignoran, pero que fue descrito con precisión por los padres de su disciplina –Adam Smith y David Ricardo– hace más de 200 años. Mientras los solares sean escasos, todas las ayudas acabarán en los bolsillos de sus propietarios.Esto nos lleva al segundo problema, que no es sino el crecimiento de la demanda. Está bien impulsar la construcción, porque es lo que ahora hace falta, pero sin olvidar cuál es el origen del problema, que no es sino una inmigración exageradamente elevada, una irresponsable apuesta por el turismo urbano y una política exitosa de captación de estudiantes extranjeros por parte de centros educativos públicos y privados.

Me cuesta entender que las propuestas de Junts para hacer frente a la crisis de la vivienda pasen por volver a desgravar la hipoteca y el alquiler, porque es poco imaginativo. Buena parte de las ideas sobre las cuales se han ido haciendo las ciudades catalanas las impulsó Convergència i Unió, en los años ochenta, y eran mucho más valientes. Por ejemplo, cuando Josep Maria Cullell fue consejero de Política Territorial y Obras Públicas con Jordi Pujol, se creó el Institut Català del Sòl, y se legisló porque su función debería ser la de “promover las actuaciones necesarias, tanto en el aspecto organizativo como en el funcional, para permitir una utilización del suelo de acuerdo con el interés general y para impedir la especulación y favorecer la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Con este instrumento, la Generalitat y algunos ayuntamientos que eran de la misma escuela compraron grandes sectores de suelo para convertirlos en buenos barrios hoy: el de Fontajau en Girona, el Eixample de Martorell, el Mas Lluí en Sant Feliu de Llobregat, el Parc de l’Alba en Cerdanyola... y tantos otros. Después, el año 1996, aún con Jordi Pujol al frente, se hizo la ley del registro y el depósito de fianzas, pensada para potenciar el mercado de arrendamientos urbanos y disponer de una información adecuada sobre la situación del parque de viviendas de alquiler. Entonces se determinó que el depósito de fianzas serviría para la construcción pública de viviendas sin que ello tuviera que comprometer los presupuestos públicos, únicamente contando con que habría un saldo siempre positivo entre cancelaciones y devoluciones. Los impuestos son el instrumento básico para garantizar la redistribución y, por tanto, la equidad dentro de una sociedad democrática, pero rebajar impuestos a todos por igual puede no ser igualitario. Diversos estudios demuestran que dar incentivos para fomentar aún más la propiedad solo ayuda a aumentar las desigualdades. La OCDE, en un informe reciente sobre vivienda e impuestos, concluye que la deducción impositiva por los intereses hipotecarios ha demostrado ser regresiva e ineficaz, porque quien tiene una vivienda en propiedad tiene un acceso al capital y una estabilidad que los inquilinos no tienen.

Miles de personas han participado este mediodía en la manifestación convocada por la UGT y CCOO en Barcelona por el Día del Trabajador, el acto central de la jornada de protestas en Cataluña. La Guardia Urbana ha cifrado la participación en 2.500 personas, mientras que los organizadores han estimado que eran 10.000. Los trabajadores se han movilizado espoleados por la inestabilidad geopolítica internacional y el calendario electoral en el Estado.

Más allá de politiquerías y estrategias de partido (en Junts deben estar muy seguros de adónde van, votando lo que votan), cualquier debate sobre vivienda debería partir de este principio: el derecho de las personas a una vivienda digna es superior y debe prevalecer sobre otros derechos, como el de la propiedad privada y su explotación dineraria. Aún podemos hacerlo más amplio: como principio general, allí donde los derechos individuales colisionan con el bien común, aquello que debe retroceder es el derecho individual. Jamás el bien común ni el interés de la sociedad. En una situación de emergencia habitacional, un particular —sea individuo, empresa inmobiliaria o fondo de inversión— no tiene “derecho” a especular con los precios del alquiler y la venta de viviendas. En una situación de crisis climática, nadie tiene “derecho” a destruir el medio ambiente en nombre de la productividad económica, y tampoco a cuestionar sin argumentos válidos las evidencias científicas. En una situación de epidemia, o pandemia, nadie tiene “derecho” a no vacunarse, si no es asumiendo que su decisión pone en peligro la salud y las vidas de las personas a su alrededor (y que le es indiferente). Son solo algunos ejemplos.Algunos tildarán el párrafo anterior de comunista, pero no lo es: es simple socialdemocracia y sociedad del bienestar, tal como las entendíamos no hace tanto tiempo. El principio es sencillo: para que las sociedades avancen deben hacerlo colectivamente. Si solo se benefician unos pocos y muchos salen perjudicados, no hay progreso: hay involución. Los discursos iliberales, o turbocapitalistas, no son una evolución del liberalismo clásico, sino su degradación. El mercado, por sí mismo, no pone a cada uno en su lugar, especialmente cuando el mercado está dopado, inflado y falseado en favor de intereses bien concretos y descriptibles. La retracción de la democracia deja al descubierto otro proyecto, un nuevo orden pensado y comandado por oligarcas globales con sirvientes locales en cada país, que imponen a los gobernantes y las poblaciones una especie de selección natural basada en el dinero. No es ninguna novedad en la historia humana, pero si durante algunas décadas nos hemos enorgullecido de que Occidente era la zona más avanzada del planeta, era justamente porque se había trabajado en la dirección contraria a todo esto.Intentar encarnar esta ideología en la figura del buen catalán (o el buen mallorquín) que ha currado toda la vida como una bestia y ahora tiene derecho a hacer lo que quiera con las casas y pisos que ha heredado de los abuelos, o que ha comprado especulando, es, como mínimo, una falsedad indecente. Cataluña, precisamente, ha sido pionera por haber sido un país construido sobre la idea firme (y esta sí, liberal) de la distribución de la riqueza y el mejoramiento colectivo. En Mallorca esta idea no ha existido nunca, y por eso se ahoga en un turismo masivo y sin alternativas a la vista (y vendiendo las casas y pisos de los abuelos al mejor postor, que curiosamente son los fondos buitre). El derecho a la vivienda digna, repitámoslo, debe prevalecer por encima del derecho a la propiedad.

El gobierno español se vio obligado a dividir en dos partes las ayudas para la guerra en Oriente Medio. La primera, con rebajas fiscales a los combustibles, entre otros aspectos, ya fue convalidada por el Congreso. Pero la oposición de Junts ha hecho descarrilar el segundo decreto, el de la vivienda, que entre otras medidas proponía alargar dos años los contratos de alquiler que llegaban a su término y un tope del 2% en las subidas de la renta.

Doble no de Junts en el Congreso, que ha tumbado tanto el consorcio de inversiones pactado entre el PSOE y ERC como el decreto que prorroga los contratos de alquiler. Un posicionamiento que ha convertido a los juntaires en el blanco de las críticas y de la indignación de la izquierda durante el pleno de este martes por la tarde. En el primer caso, tanto los republicanos como los socialistas, así como el Govern, han reprochado a Junts que bloquee la tramitación de la proposición de ley, presentada por ERC, que plantea constituir un nuevo organismo mixto entre el Estado y la Generalitat. Este ente debería garantizar la ejecución de las inversiones que el gobierno español presupuesta para Cataluña, que, tradicionalmente, no se acaban llevando a la práctica totalmente.

Dos medidas habitacionales penden de un hilo: la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler que finalizan entre el 22 de marzo del 2026 y el 31 de diciembre del 2027 y la limitación de la actualización anual de los contratos al 2% para esquivar la subida de la inflación por la guerra en Oriente Medio. Ambas propuestas se recogen en el decreto del gobierno español para afrontar, precisamente, el choque económico de la guerra sobre la vivienda, en particular sobre los alquileres, que este martes vota el Congreso. Nada hace pensar, sin embargo, que prosperará.

El martes, 28 de abril, nos jugamos mucho como sociedad. Ese día, el Congreso decidirá si se aprueba la prórroga de los contratos de alquiler, una medida que puede evitar que cerca de 475.000 personas inquilinas en Cataluña, y más de 3 millones en todo el Estado, con contratos que vencen próximamente, se vean obligadas a dejar su vivienda en los próximos meses.

¿El límite del alquiler en las zonas tensionadas ha frenado la subida de precios? No, claro. Los últimos datos de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, que se basan en las fianzas depositadas en el Incasòl, muestran que en Cataluña el precio medio del alquiler ya es superior a la entrada en vigor del límite, el primer trimestre de 2024. En la ciudad de Barcelona, el precio medio aún no supera el de aquel momento, pero durante todo el 2025 ha ido subiendo y, si en lugar del precio medio nos fijamos en el precio por metro cuadrado, ya supera el de antes del límite.

No es tan sencillo como aplicar directamente la teoría económica, pero hay que tenerla en cuenta. Una de las principales vías para conseguir que la vivienda deje de ser un bien de lujo como resulta ser hoy en día –especialmente en las grandes ciudades, pero también en las medianas, que sufren el encarecimiento provocado por la huida de demanda que busca lugares más asequibles para tener una casa donde vivir– es aumentar la oferta. Y que esta se adapte a la demanda. Pero esto es más fácil de decir que de hacer. Convertida en la principal preocupación de la población, la de la vivienda es en realidad una cuestión de estado, que todos los partidos deberían asumir.

Cataluña superó las 8.500 hipotecas sobre vivienda constituidas en un mes de febrero por primera vez desde 2010 y ya encadena 20 meses de incrementos interanuales, según las cifras que ha actualizado el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes.

El sector inmobiliario continúa poniendo el foco en la primera corona de Barcelona como válvula de escape a la falta de suelo de la capital. RTV Grupo Inmobiliario ha anunciado una inversión aproximada de 29 millones de euros para el desarrollo de dos nuevos proyectos residenciales en Sant Adrià de Besòs. La operación, que se ha cerrado con la adquisición de dos parcelas estratégicas, prevé la construcción de 77 unidades que transformarán el entorno del Fórum y el barrio de La Catalana.

Cataluña superó las 10.000 compraventas de vivienda en un febrero por primera vez desde 2007, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este jueves. En concreto, se formalizaron 10.389 adquisiciones, un 6,4% más que el mes anterior y un 5,7% más que en febrero de 2025.

La jueza que investiga la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante ha citado a declarar a 15 personas en calidad de imputados y a siete como testigos. Entre los investigados se encuentran la exconcejala de Urbanismo de la ciudad Rocío Gómez; la jefa del Servicio de Contratación del consistorio, María Pérez-Hickman; el arquitecto municipal, Francisco Nieto; el administrador único de la cooperativa promotora, Francisco Ordiñana, y el jefe de la sección de Vivienda Protegida de la conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Roberto Palencia. Los cinco deberán comparecer el 20 de mayo.

Hasta tres veces Maika Granados intentó un alquiler social para la planta baja del barrio de La Florida de L'Hospitalet de Llobregat, donde vive desde hace años con los tres hijos y el marido. No hubo manera de que el fondo buitre propietario de la vivienda o los servicios sociales municipales que le habían firmado "todos los informes de vulnerabilidad del mundo" atendieran sus súplicas. Los ingresos familiares hacían imposible acceder a un piso en el mercado libre, ni siquiera en este barrio con un parque muy degradado: los alquileres ya superan los 1.000 euros, y una habitación, los 700.

Un buen libro sobre vivienda es el de Javier Gil, Generación inquilina, publicado por Capitán Swing. Lo es porque está escrito con lenguaje llano y aterriza algunos de los pronósticos que habían hecho Saskia Sassen y Richard Sennett en el caso de la España postburbuja. El autor explica que las contradicciones en materia de vivienda del mundo occidental comienzan con las políticas neoliberales de desposesión de la clase trabajadora, con una batería de decisiones que favorecieron la especulación rampante y la preferencia por la acumulación de patrimonio, que dio la vuelta a la tendencia de alquileres estables hacia compras de vivienda para invertir. Lo conecta con las conocidas tesis de Thomas Piketty: cuando la vivienda es un bien de inversión se vuelve inaccesible para la mayoría y los ingresos patrimoniales crecen por encima de las rentas del trabajo.Pero, además, Gil cuantifica la magnitud de la tragedia en España: después del 2007, los fondos de inversión como Blackstone, Lone Star, Oaktree, Deutsche Bank, Goldman Sachs o Cerberus compraron cientos de miles de viviendas de los bancos españoles. Solo Blackstone, Cerberus y Lone Star adquirieron 450.000 viviendas en España en pocas operaciones. El gigante Blackstone ha comprado grandes volúmenes de pisos en España, mientras que en el resto del mundo tiene activos más diversificados. Esto merece un estudio, porque, simultáneamente, se han perdido muchas promotoras locales.Paralelamente, el Estado destinó 72.000 millones al rescate de los bancos, y 51.000 millones para la creación de la Sareb. Gil hace una pregunta importante: ¿qué habría pasado si la movilización más grande de fondos públicos de la historia se hubiera destinado a comprar las viviendas obtenidas por los desahucios?

España es cada vez más un país de inquilinos y no un país de propietarios. La proporción de hogares que tienen la vivienda principal en régimen de propiedad continuó descendiendo en 2023 y 2024. En concreto, si en 2022 la residencia habitual en propiedad suponía un 72,1% del total de los hogares, hace dos años la cifra caía al 70,6%, tal como se desprende de la nueva Encuesta Financiera de las Familias (EFF) correspondiente al año 2024 y que el Banco de España elabora cada dos años. La cifra queda lejos del 90% de hogares que vivían en una vivienda en propiedad en el año 2011. De hecho, en el informe de este año, publicado este jueves, el organismo supervisor destaca que uno de los "problemas persistentes" de la economía española desde 2022, cuando se publicó la última encuesta, continúa siendo la dificultad para acceder a una vivienda. "Condiciona de forma importante la situación económica y financiera de las familias", hasta el punto de que se ha convertido en una "tensión persistente", se desprende del informe.

Sumar ha iniciado una ronda de contactos para conseguir suficientes apoyos para convalidar la prórroga de los alquileres que se debe votar en el Congreso el 28 de abril. Un paso imprescindible para que el decreto ley aprobado por el gobierno español a raíz de la guerra de Irán en materia de vivienda se mantenga vigente. Desde el partido de Yolanda Díaz aseguran que hay abierta una negociación con Junts y ven "agua en la piscina", pero los de Miriam Nogueras no están ni mucho menos en esa línea: mantienen su no a la prórroga de los alquileres y han presentado una alternativa en políticas de vivienda para hacer frente a la crisis generada por el conflicto en Oriente Próximo que choca directamente con lo que está haciendo el gobierno español. Los juntaires, pues, solo estarían abiertos a hablar en caso de que el PSOE y Sumar aceptasen sus medidas de "emergencia" y retirasen su decreto.

En la exposición Alojar las mayorías, Barcelona 1860-2010, comisariada por Manel Guardià y Maribel Roselló, del museo de la vivienda de Barcelona, sede del MUHBA en las antiguas casas baratas del Bon Pastor, se puede observar un cartel de los años 60 de una empresa constructora en el cual se muestran múltiples promociones residenciales sobre un mapa de Barcelona. El cartel tiene como título “Pisos pisos pisos pisos” y deja entrever en buena medida cómo fue la respuesta que se dio desde finales de los años 50 al problema de acceso a la vivienda y el chabolismo a través del Plan de Urgencia Social de Barcelona de 1958. Este plan, centrado en la máxima producción de “pisos” posible de la manera más barata (a través de los conocidos como “polígonos de vivienda” se construyeron cerca de 128.000 viviendas en unas 922 hectáreas) derivó en lo que se bautizó posteriormente como chabolismo vertical, es decir, nuevos sectores residenciales con edificios con patologías constructivas, viviendas precarias y sin dotaciones públicas. Y en una nueva dimensión metropolitana segregada socioespacialmente.