El líder de Vox, Santiago Abascal, ha decidido comenzar en Cataluña la precampaña electoral para los comicios españoles. No venía desde las elecciones catalanas de 2024, pero el escenario político comienza a estar lo suficientemente maduro para pensar que pronto Pedro Sánchez puede pulsar el botón electoral. Este jueves pasó por Lérida y el viernes ha estado en Tarragona y Barcelona. "Abascal comienza la precampaña en Cataluña por la importancia que tiene y sobre todo porque es uno de los lugares donde más se puede crecer junto con Ceuta, Murcia y Valencia". Así defienden fuentes de Vox consultadas por el ARA esta elección estratégica, y argumentan que entre los factores del auge está el apoyo captado de áreas tradicionalmente socialistas y el voto dual con Aliança Catalana, que, apuntan, les beneficia significativamente en las elecciones generales. En este contexto, Abascal ha afirmado desde la capital catalana que hace falta unidad entre "catalanes y castellanos" para luchar contra el islam –similar a lo que dijo en Lérida.

El presidente de la Generalitat tiene que poner en marcha, arrancar, como quieran llamarlo, una ronda de conversaciones para también poner en marcha, arrancar, como quieran llamarlo, un pacto nacional por la educación. Como parte del pacto —y no es menor, la cuestión— se climatizarán las aulas en un plazo de cinco años. Esto nos dará una nueva distracción, que consistirá en sufrir por el cambio climático, quejarnos de los resfriados por cambios de temperatura, matar a los alumnos que no cierren las puertas, etcétera.

¿Regalar pasaportes españoles? [...] Eso se ha acabado" y "El pasaporte se tiene que merecer". Las frases las pronunció este julio Alberto Núñez Feijóo en el marco de su balance del curso como líder de la oposición. En medio de la polémica por la ley de amnistíadel gobierno español, e inmerso en una competición con Vox por la dureza en el discurso sobre inmigración, el presidente del PP ya proponía un endurecimiento de las condiciones para acceder a la nacionalidad española. Tan solo dos meses después, y en plena crisis en Ceuta, los populares van un paso más allá: plantean ahora retirar la nacionalidad a los españoles de origen extranjero que cometan delitos graves.

Los resultados electorales en Sajonia-Anhalt han caído como un jarro de agua fría en el conjunto de Alemania y de Europa. La ola continental de ultraderecha, que en un momento pareció que se frenaba, ha retornado de golpe al corazón de la desmemoria nazi. Y ha recibido el aplauso de Trump-Musk-Putin. La AfD es pro-Kremlin y quiere que se detenga el apoyo a Ucrania. Los peores fantasmas de la xenofobia antidemocrática planean sobre el Viejo Continente.

Con el nuevo curso después del parón estival se incorpora al seminario el joven Juan Pich-Aguilera Blasco, tras dimitir como vocal de Vox en Valldoreix y dejarlo todo para convertirse en sacerdote. Tomó ejemplo de su hermano Pablo, que hace siete años que es sacerdote. Se da el caso de que todos ellos son descendientes de una importante saga textil catalana –los Pich-Aguilera–, que inició la incursión textil en 1886 y que todavía conserva la histórica empresa Sedatex. Pero este linaje no solo tiene estos sacerdotes ni Juan ha sido el único activo de la familia dentro de Vox. ¿Cómo es la saga que nutre a la Iglesia y al partido de Santiago Abascal?

La semana termina con la resaca del debate de ayer en el Congreso. Solo 24 horas después ya se confirma aquello que avanzábamos ayer sobre la marcha: las explicaciones de Sánchez llegaron tarde, quedan ensombrecidas por la realidad de los miles de personas que todavía deambulan por Ceuta y, por tanto, el presidente español está sentenciado. Ni oposición ni socios de investidura se creen que Marruecos no hubiera tenido nada que ver (es imposible que el desplazamiento ilegal de setenta mil personas pase por alto de un régimen como Marruecos) y por tanto Sánchez se mueve entre la figura de quien por sentido de estado no quiere indisponerse con un vecino con capacidad de complicarte la vida y la del presidente víctima de un chantaje de Marruecos. Eso de que Sánchez está sentenciado es una metáfora, pero para el PP y Vox es un deseo. Feijóo dijo ayer que “Sánchez pagará su gestión, en las urnas y en los tribunales”. Y es que Vox ya hace tiempo que recuerda que se puede juzgar a Sánchez por traición, un procedimiento que está regulado en el artículo 102 de la Constitución y del cual se ocuparía la sala penal del Tribunal Supremo y que consiste en una iniciativa de una cuarta parte de los miembros del Congreso de los Diputados y exige la aprobación de la mitad más uno de los diputados (esto sería 176), y PP y Vox solos no llegan, son 169.Más allá de cuándo y cómo termine la legislatura, el caso tiene otras dimensiones igual de graves. Por ejemplo el poder de Marruecos, aliado de los Estados Unidos, con buena relación con Israel, y que recibe dinero de la UE para que regule los flujos migratorios. Esto le da un gran poder de negociación. Como explica hoy nuestro jefe de Internacional, Francesc Millan, en esta columna en la que hace el contraste entre cómo la UE cierra filas cuando Rusia ataca pero cuando el problema ha estado en su frontera sur, el problema era español, no europeo. Eso sí, mientras hablamos de geopolítica, ayer más de 80 personas aparecieron muertas en una patera que llegó a las Canarias. La patera había salido de Gambia hace 26 días.  Después de décadas de vida aparentemente previsible, hemos entrado en la época de la vida bajo amenaza, una amenaza híbrida, indirecta, disruptiva, que impide hacer planes y vivir bajo la impresión (más o menos basada en hechos reales) de que la vida depende de nosotros y no de factores externos, geopolíticos.Hablando de disrupciones violentas, ayer se estrenó en el Liceu, en Barcelona, la película Cronos, sobre los atentados de la Rambla y Cambrils de julio de 2017.Tuve la oportunidad de verlo y se lo recomiendo. Empiezas a verlo con un nudo en el estómago y terminas de la misma manera.El ritmo que le ha dado el director es muy alto y sostenido, el guion es claro, la interpretación solvente, la producción está hecha con medios. La historia se explica, sobre todo, desde dentro de los Mossos, desde Trapero a los mandos que dirigieron la captura de los terroristas, que se alargó cuatro días, pasando por la directora de comunicación de los Mossos, Patrícia Plaja, y su impecable comunicación de crisis de aquellos días. Queda apuntada la disputa política gobierno español - Generalitat por la gestión y la información del atentado, la lamentable filtración de The Mossos-The nota para hacer quedar mal a los Mossos y a la Generalitat. Lo que no se da por contexto es que solo faltaba un mes y medio para el 1 de Octubre. Y el estado de shock en Ripoll también queda bien apuntado. No tanto la historia de unos chicos aparentemente integrados pero carne de radicalización. Pero como estamos hablando de una película de dos horas y no de una serie de seis capítulos, se te ocurren muchos árboles narrativos que quedan por desplegar.

El Grupo Municipal de Compromís en Castelló declara que pedirá explicaciones al gobierno municipal del PP y Vox, liderado por Begoña Carrasco, "ante la situación de la ayuda humanitaria recogida en Castelló para las personas afectadas por los terremotos de Venezuela".

El diputado de Vox y líder del partido en Girona, Alberto Tarradas Paneque, vuelve a la acción gracias a la polémica. Reapareció el pasado sábado, siendo el único dirigente de Vox que asistió a la convocatoria antiinmigración de Save Europe Act, en el que había supremacistas blancos y racistas entre los poco más de 50 asistentes.

El concepto de prioridad nacional que hoy enarbola la extrema derecha española –con Vox a la cabeza y un PP que la ha asumido sin mucho espíritu crítico ni matices (este verano la han incluido en los presupuestos del País Valenciano)– no es ninguna novedad histórica, sino un eufemismo con una genealogía larga y oscura. Detrás de su apariencia administrativa y neutral se esconde una lógica profundamente perturbadora: la idea de que existe una comunidad humana auténtica y pura, cuyos derechos son ontológicamente superiores a los de aquellos que, por nacimiento, religión, lengua o etnia, son clasificados como los otros. Esta narrativa construye una jerarquía de merecidas humanidades en que unos merecen plenamente y otros merecen menos, o directamente no merecen nada. Y esta jerarquía, por sutil que parezca en su formulación inicial, tiende históricamente a justificar primero la discriminación, después la segregación, más tarde la expulsión y, en sus versiones más extremas, el exterminio. No es, pues, un punto de partida inocuo que se pueda detener a voluntad en algún punto razonable del camino, sino una pendiente con una dirección ya conocida.

Hace unos días Vox propagó la idea de que habían prohibido el menú halal en las escuelas valencianas. La mayoría de los medios picaron el anzuelo y en las redes se multiplicaron los debates a favor y en contra. Pero resulta que no era verdad. El diario El Paíspublica este miércoles una información del periodista Ignacio Zafra que es un ejemplo de buen periodismo. Zafra se ha mirado el detalle de la norma aprobada, que solo dice que, en el caso de la carne, "el sacrificio del animal se habrá de haber llevado a cabo mediante un procedimiento de aturdimiento previo", y ha contrastado con fuentes del sector cárnico que la mayoría de productos halal ya cumplen este requisito. Acto seguido, ha llamado a la consejería de Enseñanza y le han confirmado que el titular de la prohibición es falso, y que los centros pueden continuar ofreciendo menús en función de las creencias de los alumnos, sea por razones religiosas, médicas o de cualquier otro tipo. Por ejemplo, si se quiere hacer un menú vegano.

El síndic del PSPV-PSOE en las Cortes, José Muñoz, ha exigido hoy la dimisión del consejero de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, después de poner ante el espejo durante su comparecencia en la Diputación Permanente de las Cortes las graves deficiencias que arrastra el servicio de extinción de incendios de la Comunidad Valenciana. “Usted es un auténtico peligro público como consejero de Emergencias”, ha afirmado Muñoz, dirigiéndose a Valderrama, antes de reclamarle directamente que abandone el cargo: “Dímita y deje paso a otro”.

El sábado, la plaza Sant Jaume de Barcelona acogió la primera parada en el Estado del movimiento ultra Save Europe Act, que reclama la "remigración" –el retorno forzoso de los migrantes no europeos–. La concentración, con solo unas cincuenta personas, evidenció un pinchazo de asistencia en medio de un rechazo unánime de las instituciones y el tejido social. El Ayuntamiento de Barcelona anunció que llevará a la fiscalía los mensajes racistas expresados durante la manifestación —como también había planteado el Govern el viernes—, mientras que los Comuns denunciaron el domingo el acto en la Generalitat y exigieron sanciones de hasta 500.000 euros por los discursos xenófobos. Previamente, partidos como la CUP, ERC y los mismos Comuns ya habían pedido abrir la vía para prohibir la movilización; una petición compartida por los colectivos presentes en la contramanifestación antifascista del sábado en la plaza. Ahora bien, ¿se pueden prohibir actos como este?

Que Vox vuelva a gobernar en cuatro autonomías, en coalición con el PP, es una de las novedades que ha dejado este curso político. Tras las elecciones en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, el balance para la extrema derecha es que ha obtenido cuatro vicepresidencias de ejecutivos autonómicos a las que hay que sumar cinco consejerías más. Esto ha supuesto un nuevo giro estratégico para los de Santiago Abascal tras la decisión de abandonar las responsabilidades de gobierno hace dos años. La etapa de oposición a los populares, que ha sido de crecimiento electoral de Vox, ha dado paso a una nueva fase en la que el partido apuesta por gestionar. Se les abre ahora la posibilidad de aplicar sus políticas en las carpetas que han arrancado de la negociación con el PP, como son las de agricultura, ganadería, gestión forestal, servicios sociales, familia, turismo, cultura y, de nueva creación aplicando su propio marco, de desregulación.

La extrema derecha que reivindica la primacía de la población "autóctona" y "blanca" en Europa pone a Barcelona en el mapa de su ofensiva continental. El movimiento Save Europe Act –que reclama a la Unión Europea la "remigración" (expulsión) forzosa de los migrantes no europeos para proteger la "continuidad étnica" de los "pueblos nativos" del continente– hará este sábado 22 de agosto su primera parada en el Estado en la plaza Sant Jaume de Barcelona. El acto se enmarca en una gira que ya ha pasado por Bruselas, Utrecht, Lyon y Lille, y llega en un momento en que la gestión de la inmigración –con la crisis de Ceuta como telón de fondo– ocupa el centro del debate político europeo.

Intersindical Valenciana (STEPV) ha denunciado la ley de acompañamiento de los presupuestos y el artículo 155, que pide "velar por la neutralidad ideológica en los centros educativos, supervisando que las actividades docentes, los materiales curriculares y los actos escolares se mantengan ajenos a cualquier tipo de adoctrinamiento".

A menudo se comenta que en política ya se ha visto todo: pactos contra natura, cambios repentinos de posicionamiento o dirigentes que se van a otro partido. De hecho, pasar de una formación a otra no es excepcional en Cataluña. Con el Procés, dirigentes del PSC o de ICV entraron en ERC, representantes de Cs se enrolaron al PP con el declive del partido naranja y ahora cargos de Junts se marchan a Aliança. Lo que no es habitual son los cambios de chaqueta entre partidos situados en los extremos opuestos del espectro ideológico.

Desde que se puso sobre la mesa, Vox ha convertido la ley de amnistía en uno de sus principales caballos de batalla, prometiendo por activa y por pasiva que, si llega al gobierno español, "revertirá" y "derogará" la norma de manera inmediata. A esta idea también se ha sumado el Partido Popular, y su líder, Alberto Núñez Feijóo, en una dinámica que, analizando la hemeroteca, es habitual en los populares: prometer la derogación de las leyes del PSOE para acabar manteniéndolas intactas una vez llegan al poder —como pasó en el pasado con la ley del aborto o el matrimonio homosexual. Pese a la insistencia constante de la extrema derecha sobre esta supuesta derogación, la amenaza choca de lleno con un muro infranqueable: la arquitectura del estado de derecho. Según los expertos consultados por el ARA, la promesa de Vox es jurídicamente inviable y la eliminación de la ley tendría unos efectos prácticamente nulos para los encausados. De hecho, el mismo partido admite al ARA que es consciente de este muro legal.

El PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP han cerrado un acuerdo para reformar el reglamento del Parlament e incorporar el Código de Conducta de la cámara, que recoge las posibles sanciones a diputados que lo vulneren, según ha avanzado este miércoles El Periódico y ha podido confirmar el ARA. La reforma, que se hace para blindar los discursos de odio, clarificaría las amonestaciones en función de la gravedad de los hechos y el trabajo, que corresponde a la Comisión del Estatuto del Diputado y a la mesa: de los 600 a los 6.000 euros las infracciones graves y de 6.001 a los 12.000 euros, las muy graves.

Los mallorquines tienen, o tenemos, como sociedad, cierta fama de apáticos y de conformistas. No diré que no sea una fama hasta un punto merecida, pero tiene un reverso más interesante. Esta misma sociedad también forma un país de personas sensatas y elegantes, con una profunda alergia a las malas maneras, la grosería, las gesticulaciones exageradas y la violencia en cualquier forma. Para los ciudadanos de este país llamado Mallorca, hay pocas cosas menos interesantes que perder los papeles y la ironía, salir de cascarón, volverse solemne o intransigente. Y ya no digamos ponerse agresivo: todo esto, en Mallorca, está francamente mal visto.Este país, a pesar de lo que dicen algunos, existe, y volvió a manifestarse el domingo de manera masiva y ejemplar por las calles de Palma. Más de 70.000 personas salieron a pedir que se aplique sensatez a las políticas turísticas e inmobiliarias. El actual modelo es extractivo y parasitario, con grandes beneficios concentrados en pocas manos y una lista larguísima de problemas sociales que sufren los ciudadanos/contribuyentes. Especulación, imposibilidad para gran parte de la población de acceder a una vivienda, expulsión de las personas que literalmente no se pueden permitir vivir aquí, desigualdades crecientes, precariedad laboral, abandono prematuro de los estudios, sobrepoblación, dificultades de convivencia y fractura social. Contra todo esto se manifestaron este domingo los mallorquines.El éxito de la convocatoria –de la plataforma Menos Turismo, Más Vida, con el apoyo de 145 entidades– se concretó en una verdadera ola humana (como podéis leer en elAra Balears) que recorrió el centro de Palma sin insultos, sin tensiones, con un tono alegre y una impecable actitud cívica. La protesta fue realmente histórica, comparable con pocas de la historia reciente de Mallorca. Ante una movilización de esta envergadura, empresarios y políticos solo pueden hacer una cosa sensata: ponerse a trabajar en las correcciones que se les exigen.En cambio, lo que hicieron fue enviar la Policía Nacional a pegar a los ciudadanos. Provocaciones, impedimentos y, finalmente, cargas policiales con porras y disparos de pelotas de goma, con un resultado de varios heridos leves y un fotoperiodista herido grave en la cabeza. Una absoluta e intolerable vergüenza, el primer responsable de la cual es el delegado del gobierno de España, Alfonso Rodríguez, que efectivamente debería dimitir, tal como le exigen de todas partes. El gobierno de PP y Vox no debería pensar, sin embargo, que sale beneficiado: querían exactamente esto, para poder acusar la manifestación de ser “violenta”. Llevaban semanas intentando descalificar y criminalizar las protestas, y el vicepresidente Antoni Costa llegó al extremo de invitar a “hacer las maletas” a aquellos que piden un decrecimiento turístico. El domingo los mallorquines dieron un ejemplo de dignidad, y sus gobernantes, de indignidad e ineptitud. El domingo, también, algo se rompió entre los mallorquines y sus representantes institucionales.

No fue el primer territorio donde el PP y Vox pactaron un gobierno conjunto, porque Castilla y León se adelantó un año y cuatro meses, pero el País Valenciano sí que será la primera autonomía que incluirá el criterio de prioridad nacional en sus presupuestos. En concreto, en diversas partidas para la concesión de ayudas sociales.