Hace más de seis semanas de las elecciones andaluzas que atar al popular Juanma Moreno Bonilla a Vox. El presidente de Andalucía en funciones, uno de los barones del PP más reticentes a pactar con la extrema derecha, se ha visto obligado a negociar con ellos por el hecho de que se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta. Sin embargo, las conversaciones todavía no han llegado a buen puerto. Es lo que se ha constatado este martes por la tarde en el primer intento de investidura en el Parlament andaluz. Los de Santiago Abascal han votado en contra de hacer presidente a Moreno Bonilla y han esgrimido que todavía no han cerrado un acuerdo programático con el PP. La formación de extrema derecha ha culpado al barón popular de haberse puesto demasiado tarde –Moreno Bonilla esperó más de tres semanas después de los comicios para sentarse a hablar por primera vez–.

Pedro Sánchez no prepara exactamente un "pucherazo", sino que diseña a través de "ingeniería electoral" un plan para poder ganar las próximas elecciones estatales gracias al voto exterior. Es la tesis que defiende el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este martes ha querido volver a situar a los populares un peldaño por debajo de Vox en las acusaciones de futuro fraude electoral que los dos partidos hace tiempo que alimentan. Feijóo, que ha sido entrevistado en el medio La7 Región de Murcia, ha precisado, pues, sus palabras el lunes en esRadio, donde criticó abiertamente que la bautizada como "ley de nietos" –una disposición que incluye la ley de memoria democrática– está diseñada para alterar el censo electoral en beneficio del PSOE.

Las compuertas del menosprecio político hace tiempo que se abrieron en España, y el agua del menosprecio mutuo entre la oposición y el gobierno está a nivel de récord. Lo peor no es que se detesten mutuamente y lo demuestren permanentemente, sino los efectos que esto tiene sobre la opinión pública que algún día irá a votar.

PP, Vox y Junts pidieron ayer la dimisión de Sánchez o que se someta a una cuestión de confianza a través de una votación que no tiene valor práctico porque Sánchez ni dimitirá ni se someterá a una cuestión de confianza. La votación tiene valor político, claro, porque hace 3 años Junts votó a favor de la investidura de Sánchez y ayer le pidió que se retire en una votación. Y al mismo tiempo, no es ninguna victoria para el PP, porque no tiene los votos de Junts para una moción de censura que, esta sí, podría hacer caer a Sánchez. Y a pesar de todo, ayer, en el momento de los resultados, ambas bancadas gritaban y aplaudían.

Cuestionar los resultados electorales es una estrategia que aplica la extrema derecha mundial y que ahora Vox ha importado a España, pero no por ello es menos peligrosa. Sin ir más lejos, Donald Trump todavía no ha aceptado su derrota electoral de 2020 ante Joe Biden, a pesar de que no hay ninguna prueba que acredite que ganó aquellas elecciones. Ahora Santiago Abascal, y en menor medida también el PP de la mano de Isabel Díaz Ayuso, agitan el fantasma del fraude electoral y acusan a Pedro Sánchez de estar preparando un pucherazo de cara a las próximas elecciones generales.

El tiempo que le queda a la actual legislatura en el Estado es una de las grandes incógnitas que hay ahora mismo en la política española. Mientras Pedro Sánchez proclama su voluntad de resistir tanto como pueda y el PP se encomienda al desgaste que pueda sufrir el presidente español por la sucesión de escándalos, desde Vox la estrategia es la de proclamar el "peligro" que pueden suponer los próximos meses si el líder socialista continúa en el poder. La reacción de los de Santiago Abascal a la sentencia del Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos ha sido la de advertir que lo que tildan de "mafia criminal" socialista está dispuesta a hacer "cualquier cosa" para mantenerse en la Moncloa hasta 2027. Y también más allá de esa fecha electoral. "Lo peor vendrá ahora", vaticinan. El escenario casi apocalíptico que presenta la extrema derecha incluye la hipótesis de que Sánchez podría "robar" las próximas elecciones españolas.

Más allá del PSOE y el PSC, las izquierdas dibujan un mosaico plural en el estado español. Esta configuración compleja expresa dos hechos. El carácter plurinacional del Estado, con sociedades diferenciadas que generan sistemas de partidos propios, y la tendencia hacia espacios delimitados en términos ideológicos: una cultura de vinculación política que genera dificultades para articular frentes amplios. A grandes rasgos, en diez de las diecisiete comunidades autónomas operan izquierdas de proximidad con presencia institucional. Se trata, en todos los casos, de un único sujeto que aglutina el soberanismo progresista: Endavant Andalucía, el BNG, la CHA, Compromís, Bildu, Més Madrid, Més y Nova Canarias. Cataluña es la excepción: aquí ERC, Comuns y CUP habitan (y disputan) el espacio. Existen, por otra parte, tres fuerzas con voluntad de operar en todo el Estado: IU, Podemos y Movimiento Sumar.A lo largo de los años 2023 a 2026, las izquierdas soberanistas completan un ciclo con resultados relevantes: por encima del 30% en Euskadi y Galicia; entre el 15 y el 25% en Cataluña, Madrid, Navarra y el País Valenciano; alrededor del 10% en Andalucía, Aragón, Canarias y Baleares. Las izquierdas federales, en el mismo ciclo, se sitúan en niveles modestos: entre el 2% y el 5%. En tres comunidades, sin embargo, estas fuerzas articulan candidaturas basadas en trayectorias que van más allá de la coalición puntual: Per Andalusia, Unides per Extremadura y Contigo-Zurekin (Navarra); en todos los casos, los resultados mejoran y se sitúan entre el 6% y el 10%. El conjunto de estas dinámicas ofrece algunas claves para transitar caminos de fortalecimiento. Se trata, además, de factores conectados a tendencias de fondo.El arraigo territorial. En un contexto global de incertidumbres, individualización y aceleración de ritmos, los anclajes comunitarios resultan del todo necesarios. Pero hay que rehacerlos sobre bases nuevas. El estallido de la diversidad requiere entornos cotidianos donde los vínculos sean posibles. Se trata de dotar los itinerarios vitales de elementos de seguridad relacional: marcos donde se articulen apoyos y capacidades de acción colectiva. En términos políticos, estas gramáticas solidarias se traducen en actores orientados a trabajar lógicas de arraigo territorial y proyectos municipalistas. Fuerzas políticas semejantes a la gente, donde la pertenencia se construye en clave de prácticas y valores, no tanto de relatos ideológicos; donde la identidad se orienta a forjar poder popular y soberanías de proximidad, no tanto abstracciones nacionales.La voluntad de articular mayorías. A lo largo del siglo pasado, la expresión política del conflicto social consolidó el eje clásico izquierda/derecha. En aquel contexto, la socialdemocracia consiguió ganar centralidad en el ámbito progresista. Y más relevante aún: construyó un marco de referencialidad, que situaba al resto de actores, por ejemplo, a la izquierda de los socialistas. Este marco todavía vertebra –a menudo inercialmente– muchas percepciones. Pero se ha empezado a desbordar. Se articulan hoy espacios de izquierdas que transitan del rincón del tablero hacia propuestas más amplias. Fuerzas políticas que conectan con nuevos sentidos comunes, más transformadores y más transversales a la vez.La activación de la esperanza y la alegría. “Ser radical es hacer la esperanza posible, no la desesperación convincente”. Con estas palabras, el sociólogo galés Raymond Williams quiso fijar un claro contrapunto respecto a un estado emocional muy arraigado en las izquierdas. Aquello que Deleuze llamó las pasiones tristes”: una lógica política abonada al desánimo, o, en el mejor de los casos, a cavar trincheras de resistencia. Pero también aquí las cosas han empezado a cambiar: está emergiendo la izquierda de la esperanza. Actores que vinculan la ambición transformadora a las pasiones alegres”. Espacios políticos que van trabajando un nuevo marco emocional generador de horizontes de sentido, y también de caminos fraternos para avanzar. Una gramática rebelde –sin resentimientos ni nostalgias– tejida por la confianza y la empatía.Los buenos resultados recientes de las izquierdas soberanistas, y también de las federales cuando trabajan desde la proximidad, ofrecen bases sólidas. El reto ahora es traducir este bagaje en fórmulas de cooperación con inteligencia táctica (dado un sistema electoral en el cual la proporcionalidad desaparece en buena parte del territorio). Un buen resultado de las izquierdas en las elecciones generales será clave para derrotar a PP y Vox. Se han situado dos propuestas abiertas de confluencia: la llamada de Gabriel Rufián y la de los partidos de Sumar en el gobierno. Habría que trabajarlas, construir reconocimientos cruzados y avanzar hacia frentes inclusivos: pivotando sobre la plurinacionalidad, con capacidad de articular mayorías y ensanchar la esperanza. Quizás no es fácil, pero resultaría difícilmente explicable no intentarlo.

Al día siguiente de que los respectivos grupos parlamentarios aplaudieran con fervor cristiano (de beatos falsos, de sepulcros blanqueados) en el Congreso las palabras de León XIV contra la xenofobia y la prioridad nacional, el PP y Vox invistieron al nuevo presidente de Castilla y León con un acuerdo de gobierno basado principalmente en este concepto. Es hipócrita y es contrario al espíritu y a la letra de todo aquello que dicen defender, desde la Constitución hasta la Carta de Derechos Humanos, pero estaba completamente cantado que sería así. Castilla y León no sería una excepción a lo que ya ha pasado en Extremadura y Aragón, ni a lo que con toda probabilidad pasará también en Andalucía. De hecho, en las comunidades que no han tenido elecciones este pasado invierno pero que también están gobernadas por acuerdos o pactos del PP con Vox, la prioridad nacional también se ha incorporado a la hoja de ruta como condición indispensable para mantener los gobiernos. El esquema es siempre el mismo: Vox pone un bloqueo al PP y no lo levanta hasta que el PP no firma un largo documento en el que se compromete a aplicar, en su acción de gobierno, las exigencias de Vox. Como Vox es un partido completamente vertical y jerárquico, hace siempre las cosas de la misma manera en todas partes, de modo que es absolutamente previsible.La primera de estas exigencias es la famosa prioridad nacional, que conceptualmente implica la institucionalización del racismo y la xenofobia, y en la práctica significa un recorte severo en el acceso de los inmigrantes a los servicios públicos. Es, por cierto, exactamente la misma receta que propone Alianza Catalana en Cataluña, y es también el “Primero los de aquí” característico del populismo fascista. Rima bien con la política migratoria de la Unión Europea, que, como acaba de certificar la abogada general del TJUE, exporta inmigrantes a prisiones de países extracomunitarios sin ninguna garantía en cuanto a sus derechos fundamentales. Sin eufemismos: para que los vean y los maten en estos otros países, que a cambio reciben el correspondiente estipendio.Volviendo a la prioridad nacional de Vox y el PP, lo que no saben muchos de sus partidarios es que los recortes de servicios públicos y de derechos que aplauden que se apliquen a los inmigrantes mañana se aplicarán también contra ellos. Oír a Mañueco (el presidente de Castilla y León se dice así, y además repite en el cargo) balbucear excusas vagas para quitar importancia al acuerdo es un triste aviso de las justificaciones que sus votantes tendrán que buscar cuando se den cuenta –si se dan cuenta– de que en el fondo de todo ello está el desmantelamiento del estado del bienestar, primero, y de la democracia misma después, o simultáneamente. Todo ello, aderezado con fogatas de mal gusto desafiante: la presidenta de Extremadura, María Guardiola, que hace un par de años afirmaba tener como línea roja gobernar con Vox, ahora pone los recursos y la fuerza para crear una porquería llamada Extremestiza, para exaltar con dinero público las figuras de los expoliadores extremeños de América Latina, Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Y lo que es peor, con Nacho Cano de asesor musical.

Después de décadas de lo que se conocía como "excepcionalismo ibérico" –la ausencia de formaciones de derecha radical en los parlamentos de la península–, este espectro político no solo ha irrumpido en el Parlament de Catalunya, sino que lo ha hecho por partida doble. Un estudio del Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), publicado este miércoles, analiza a fondo el ascenso de Vox y Aliança Catalana (AC), dos formaciones que, a pesar de defender proyectos nacionales diametralmente opuestos, se alimentan principalmente de un mismo combustible electoral: el rechazo a la inmigración.El estudio del ICPS desafía la idea de que el crecimiento de estos partidos responde únicamente a la polarización y la gestión del proceso independentista. Si bien el conflicto territorial creó el clima propicio para que Vox, de la mano de Ignasi Garriga, entrara en el Parlament en 2021 y Alianza Catalana, de la mano de Sílvia Orriols, lo hiciera en 2024, el verdadero motor de ambos electorados es estructural. Las dos formaciones explotan de pleno el "chauvinismo del bienestar", una estrategia que propugna que los servicios públicos deben reservarse exclusivamente a los "nacionales". Tanto el partido liderado por Santiago Abascal como el de Sílvia Orriols coinciden en sus programas en asociar inmigración y delincuencia, reclaman la deportación de inmigrantes en situación irregular y la expulsión de los menores extranjeros no acompañados (MENA), y exigen medidas drásticas para agilizar el desalojo de okupas. Económicamente, también van de la mano: proponen recortes fiscales, supresión de impuestos como el de sucesiones y donaciones y el de patrimonio, critican el exceso de gasto público y claman, en general, un fuerte impulso de políticas de libre mercado.

El PP y Vox ya han cerrado un pacto de gobierno en Castilla y León. Tras los acuerdos en Aragón y Extremadura, la derecha y la extrema derecha han sellado un nuevo entendimiento para que Alfonso Fernández Mañueco, que ya había gobernado con los ultras, repita como presidente. No ha habido sorpresas en cuanto al contenido del pacto, que replica el espíritu de los suscritos en las dos autonomías anteriores con la asunción por parte del PP del principio de "prioridad nacional". Mañueco ha remarcado, en una comparecencia este miércoles ante los medios, que es "el mismo texto que en Extremadura y Aragón", que fija una "asignación prioritaria según el arraigo real, verificable y efectivo" en el territorio, y ha defendido que se enmarca en "el ordenamiento jurídico".

El Tribunal Supremo ha parado los pies al gobierno de Isabel Díaz Ayuso y a Vox y ha rechazado paralizar temporalmente la regularización extraordinaria deinmigrantes que arrancó hace un mes y medio. Lo ha decidido la Sala de lo Contencioso-Administrativo después de cinco vistas que se han celebrado esta mañana y que han servido para que el ejecutivo madrileño, el partido de extrema derecha y tres asociaciones ultra cargaran contra el proceso de regularización que impulsó el gobierno español después de un pacto con Podemos. En una de ellas, el abogado del Estado ha anunciado que hasta el 21 de mayo se han presentado 549.596 solicitudes y se han empezado a tramitar 91.905. Los que han superado el primer filtro han recibido una autorización provisional para poder trabajar. En muchos casos, era gente que tenía trabajo: estaba trabajando en negro y ahora lo hace de manera regular o ha encontrado trabajo en otro lugar. "No estamos hablando de entrada, sino de una cuestión radicalmente diferente. Estamos hablando de un conjunto de personas que estaban en España, que pueden acreditar cinco meses de haber vivido allí y que tenían déficit de acceso a los derechos", ha argumentado el abogado del Estado. También ha puesto de relieve que la regularización sirve para "dar respuesta a los retos del mercado laboral" y busca ofrecer una "integración efectiva y rápida" a personas que tienen "arraigo" y un "vínculo indisoluble de convivencia" en España.

El Parlament ha dejado de vivir los episodios de tensión de la época del Procés, pero el desembarco de la extrema derecha, con la irrupción de Vox y después de Aliança Catalana, también provoca momentos de malestar en la cámara catalana. Este jueves se vivió uno que lejos de quedarse en una anécdota ha generado acusaciones y peticiones de dimisión.

La derrota del PSOE en Andalucía es profunda. Solo hay que ver la evolución del resultado electoral desde las autonómicas de 1982 hasta el día de hoy para darse cuenta de la magnitud del desastre. Porque no solo se trata de una pérdida de votos del partido sino que también hay una derechización palmaria de esta comunidad. Una corriente de fondo que ha ido calando desde 2018, el primer año desde la restauración de la democracia que el PP llegó al poder de la mano de Vox y de Ciudadanos. La misma candidata María Jesús Montero ha hecho autocrítica –la honestidad siempre es bienvenida–, ya que es consciente de que ha quedado muy lejos de su objetivo y que si el bloque de izquierdas ha revivido mínimamente ha sido por el resultado de la izquierda soberanista de Endavant Andalucía.

Las elecciones andaluzas confirman que la derecha española se aboca a vivir dentro de eso que Moreno Bonilla y Feijóo habían insistido durante toda la campaña que querían evitar: el lío (en versión original "el lío", una terminología heredada de Rajoy). El lío es tener que gobernar con Vox, y eso es exactamente lo que tendrá que hacer el PP andaluz en esta nueva legislatura, una vez ha perdido la mayoría absoluta. En las negociaciones autonómicas con el Partido Popular, Vox actúa como un partido que no conoce el significado de expresiones como lealtad institucional o proporcionalidad. Aparentemente, ni siquiera entienden qué significa exactamente negociar: para Vox solo existe la posibilidad de imponer sus consignas y sus obsesiones ideológicas, o romper el juego. No son socios de gobierno: tutelan gobiernos. Últimamente, la consigna de Vox se dice prioridad nacional, que significa institucionalizar el racismo, el supremacismo y la xenofobia, y convertirlos en elementos transversales en la acción de gobierno. Después de eso, sigue una lista de odios (el feminismo, el ecologismo, etc.) en cuya cima está la lengua catalana y cualquier cosa que el nacionalismo ultraderechista español identifique como “catalana”. Este es “el lío” con el que tendrá que enfrentarse Moreno Bonilla, que no sale exactamente indemne (5 escaños menos y pérdida de la mayoría absoluta) del escándalo de los cribados de cáncer de mama, a pesar de que había motivos de sobra para que el desgaste fuera más acusado.Por su parte, la pregunta que se puede hacer el PSOE andaluz es si ya ha tocado fondo y si todavía le quedan sábanas por perder en próximas lavadas electorales. A toro pasado es fácil decirlo, pero lo cierto es que difícilmente podían elegir los socialistas una peor candidata que María Jesús Montero, una mujer que es andaluza de nacimiento pero que lo es poco o nada de hecho, mucho más ligada a Madrid, a Pedro Sánchez y al aparato partidista que no a la discusión política andaluza, que es intensa, densa y vibrante. La vieja táctica de enviar “a provincias” a políticos que han “triunfado” en Madrid como ministros (Pilar Alegría en Aragón, María Jesús Montero en Andalucía), que han utilizado tantas veces tanto el PP como el PSOE, indistintamente, no da resultados a Pedro Sánchez.La importante subida de la izquierda soberanista de Endavant Andalusia, liderada por José Ignacio García, frente al bloqueo que ha sufrido la confluencia de Sumar, Podem y Esquerra Unida que es Per Andalusia, con Antonio Maíllo de candidato, confirma que “loo que importa a la gente” también es ideológico, y que el soberanismo tiene sentido (y votantes) cuando se presenta como una forma de mejoramiento democrático, unido a las reivindicaciones de los derechos y las libertades de las personas, tanto individualmente como colectivamente. Que Endavant Andalusia haya sido más votada que Vox en circunscripciones como Cádiz o Sevilla también es relevante. Por bloques, las derechas suman 68 escaños, frente a los 41 de las izquierdas. Comienza en Andalucía el enredo que ya conocemos en Baleares o en el País Valencià.

Juanma Moreno Bonilla ha entrado entre aplausos en la sede estatal del PP al día siguiente de las elecciones andaluzas. Pese al regusto agridulce de su victoria, este lunes entre las filas populares se reivindica el "espectacular" resultado obtenido por el candidato popular. En declaraciones a los medios a la entrada de la junta directiva estatal del partido, Moreno Bonilla ha defendido que, por mucho que se haya quedado a dos diputados de la mayoría absoluta, los 53 escaños son un resultado "suficientemente contundente" como para dejar a Vox fuera de su futuro ejecutivo autonómico. "Es un resultado muy bueno que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario", ha afirmado. De momento, Vox no ha puesto el precio de entrar en el gobierno, como sí hizo en Extremadura y Aragón, a la espera de que comience la negociación. Moreno ha explicado que aún no ha mantenido contactos con los de Santiago Abascal.

Cataluña concentra una tal cantidad de diversidad y complejidad que es una especie de Port Aventura de la política, donde tienes de todo multiplicado por dos y a veces se entrecruzan procesos aparentemente contradictorios.

El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, se queja de que la ministra de Sanidad, Mónica García, le ha “ridiculizado” y le ha “llevado al meme” por su teoría de las ratas nadadoras que podrían escapar del crucero MV Hondius y diseminarse por territorio canario mordiendo a diestro y siniestro a la sufrida ciudadanía, una idea que sostenía en una captura de pantalla cogida de una IA. Tal vez Clavijo no se dé cuenta, pero ha sido él mismo quien se ha puesto en ridículo y quien se ha ofrecido como protagonista de memes, al haber aportado la sinopsis de una película de serie B a un operativo sanitario extremadamente delicado y con una fuerte repercusión internacional. La risible —que no graciosa— sobreactuación de Clavijo no ha podido evitar que Pedro Sánchez haya vuelto a llevarse aplausos en la comunidad internacional: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el de la ONU, António Guterres, y también el presidente de la OMS, Tedros Adhanom, han elogiado la gestión que el ejecutivo español ha hecho de la situación. El portavoz nacional de Vox José Antonio Fúster ha apostillado: “Qué miedo, cuando la OMS te elogia, mala cosa debe ser”. Porque como sabemos, la OMS es uno de los objetivos preferidos de las mentiras y las visiones conspirativas de la ultraderecha mundial. Quizá por todo ello, Clavijo ha anunciado la posibilidad de llevar al gobierno de España a los tribunales por la gestión del hantavirus (de hecho, la llegada del barco ya ha sido objeto de resoluciones judiciales: el viernes, la Audiencia Nacional rechazó paralizar de urgencia el desembarco, y al día siguiente, el Tribunal de Instancia de Madrid confirmó la imposición de una cuarentena a los pasajeros del crucero). Cuando les falla el mecanismo del miedo (la teoría de la invasión de las ratas anfibias, por mucha broma a la que haya dado pie, no era más que un intento de sembrar el miedo entre la población), siempre les queda la carta de llevar las cuestiones, sean cuales sean, a los tribunales. No siempre ganan (muchas veces sí), pero como mínimo ya han conseguido empantanar la discusión.”Expertos en esparcir falsedades y judicializar, la entidad ultra Abogados Cristianos ha puesto el grito en el cielo porque quieren evitar que el papa León XIV, en su visita de aquí a un mes a Barcelona, visite el estadio Lluís Companys porque, aducen, bajo el mandato de Companys “murieron asesinadas más de ocho mil personas”. Se refieren a las persecuciones de religiosos por parte de la FAI durante la Guerra Civil, pero omiten precisamente eso: que había una Guerra Civil causada por un levantamiento militar y fascista, que contó con el apoyo de la Iglesia. Proponen que, en vez del estadio Lluís Companys, el pontífice vaya al Valle de los Caídos, como ellos lo llaman todavía. Se ve que bajo el mandato de Franco no debió morir nadie, empezando por las 33.833 personas (12.000 de las cuales no identificadas) que el dictador hizo enterrar en su túmulo de Cuelgamuros: la fosa común más grande de una España fascista a la que algunos quieren volver así como sea.

Desde su emergencia como un actor de primer orden, muchos partidos políticos han intentado buscar una manera de reaccionar a la extrema derecha. La capacidad de la derecha populista radical de sustraer votantes diversos, así como de movilizar abstencionistas y perfiles desconectados de la política, desconcierta a muchas formaciones acostumbradas a jugar en un terreno de juego diferente. La retórica de la extrema derecha y los temas que pone sobre la mesa, especialmente el de la inmigración, han extendido la voluntad de construir una estrategia para hacerle frente. Sea por convicción o electoralismo, cómo conviene reaccionar a la extrema derecha es una cuestión que ocupa y preocupa.

La primera regla de los líderes autoritarios es deslegitimar las instituciones y no reconocer nunca una derrota electoral. Lo estamos viendo en Estados Unidos con Donald Trump, que seis años después aún no ha reconocido la victoria de Joe Biden en 2020. En España es Vox quien aplica al pie de la letra el libro de instrucciones del trumpismo, y ya hace semanas que Santiago Abascal y los suyos propagan en las redes y por tierra, mar y aire la idea de que el gobierno de Pedro Sánchez prepara un pucherazo de cara a las elecciones previstas para el año que viene. Este caldo de cultivo se alimenta a través de fake news sobre el poder de Indra, sobre la manipulación del voto por correo o sobre los efectos que tendrá la regularización de inmigrantes sobre el censo, que son nulos. El objetivo, sin embargo, es crear un clima irrespirable, cercano a la insurrección, y preparar el terreno para impugnar los resultados si estos no coinciden con sus expectativas. El riesgo, sin embargo, de provocar un estallido social con violencia es muy elevado, como ya pasó el 6 de enero de 2021 en el Capitolio o también en Brasilia el 8 de enero de 2023.

El chiste del momento: la presidenta Díaz Ayuso declara Madrid “territorio libre de nacionalismos e ideologías identitarias”, “la región más heterogénea que existe porque está hecha de todas las formas de ser español”. Me ha sonado a reverberación de uno de los eslóganes del franquismo: “España, una, grande y libre”, ahora concentrado en la capital.