El diputado de Vox y líder del partido en Girona, Alberto Tarradas Paneque, vuelve a la acción gracias a la polémica. Reapareció el pasado sábado, siendo el único dirigente de Vox que asistió a la convocatoria antiinmigración de Save Europe Act, en el que había supremacistas blancos y racistas entre los poco más de 50 asistentes.

El concepto de prioridad nacional que hoy enarbola la extrema derecha española –con Vox a la cabeza y un PP que la ha asumido sin mucho espíritu crítico ni matices (este verano la han incluido en los presupuestos del País Valenciano)– no es ninguna novedad histórica, sino un eufemismo con una genealogía larga y oscura. Detrás de su apariencia administrativa y neutral se esconde una lógica profundamente perturbadora: la idea de que existe una comunidad humana auténtica y pura, cuyos derechos son ontológicamente superiores a los de aquellos que, por nacimiento, religión, lengua o etnia, son clasificados como los otros. Esta narrativa construye una jerarquía de merecidas humanidades en que unos merecen plenamente y otros merecen menos, o directamente no merecen nada. Y esta jerarquía, por sutil que parezca en su formulación inicial, tiende históricamente a justificar primero la discriminación, después la segregación, más tarde la expulsión y, en sus versiones más extremas, el exterminio. No es, pues, un punto de partida inocuo que se pueda detener a voluntad en algún punto razonable del camino, sino una pendiente con una dirección ya conocida.

Hace unos días Vox propagó la idea de que habían prohibido el menú halal en las escuelas valencianas. La mayoría de los medios picaron el anzuelo y en las redes se multiplicaron los debates a favor y en contra. Pero resulta que no era verdad. El diario El Paíspublica este miércoles una información del periodista Ignacio Zafra que es un ejemplo de buen periodismo. Zafra se ha mirado el detalle de la norma aprobada, que solo dice que, en el caso de la carne, "el sacrificio del animal se habrá de haber llevado a cabo mediante un procedimiento de aturdimiento previo", y ha contrastado con fuentes del sector cárnico que la mayoría de productos halal ya cumplen este requisito. Acto seguido, ha llamado a la consejería de Enseñanza y le han confirmado que el titular de la prohibición es falso, y que los centros pueden continuar ofreciendo menús en función de las creencias de los alumnos, sea por razones religiosas, médicas o de cualquier otro tipo. Por ejemplo, si se quiere hacer un menú vegano.

El síndic del PSPV-PSOE en las Cortes, José Muñoz, ha exigido hoy la dimisión del consejero de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, después de poner ante el espejo durante su comparecencia en la Diputación Permanente de las Cortes las graves deficiencias que arrastra el servicio de extinción de incendios de la Comunidad Valenciana. “Usted es un auténtico peligro público como consejero de Emergencias”, ha afirmado Muñoz, dirigiéndose a Valderrama, antes de reclamarle directamente que abandone el cargo: “Dímita y deje paso a otro”.

El sábado, la plaza Sant Jaume de Barcelona acogió la primera parada en el Estado del movimiento ultra Save Europe Act, que reclama la "remigración" –el retorno forzoso de los migrantes no europeos–. La concentración, con solo unas cincuenta personas, evidenció un pinchazo de asistencia en medio de un rechazo unánime de las instituciones y el tejido social. El Ayuntamiento de Barcelona anunció que llevará a la fiscalía los mensajes racistas expresados durante la manifestación —como también había planteado el Govern el viernes—, mientras que los Comuns denunciaron el domingo el acto en la Generalitat y exigieron sanciones de hasta 500.000 euros por los discursos xenófobos. Previamente, partidos como la CUP, ERC y los mismos Comuns ya habían pedido abrir la vía para prohibir la movilización; una petición compartida por los colectivos presentes en la contramanifestación antifascista del sábado en la plaza. Ahora bien, ¿se pueden prohibir actos como este?

Que Vox vuelva a gobernar en cuatro autonomías, en coalición con el PP, es una de las novedades que ha dejado este curso político. Tras las elecciones en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, el balance para la extrema derecha es que ha obtenido cuatro vicepresidencias de ejecutivos autonómicos a las que hay que sumar cinco consejerías más. Esto ha supuesto un nuevo giro estratégico para los de Santiago Abascal tras la decisión de abandonar las responsabilidades de gobierno hace dos años. La etapa de oposición a los populares, que ha sido de crecimiento electoral de Vox, ha dado paso a una nueva fase en la que el partido apuesta por gestionar. Se les abre ahora la posibilidad de aplicar sus políticas en las carpetas que han arrancado de la negociación con el PP, como son las de agricultura, ganadería, gestión forestal, servicios sociales, familia, turismo, cultura y, de nueva creación aplicando su propio marco, de desregulación.

La extrema derecha que reivindica la primacía de la población "autóctona" y "blanca" en Europa pone a Barcelona en el mapa de su ofensiva continental. El movimiento Save Europe Act –que reclama a la Unión Europea la "remigración" (expulsión) forzosa de los migrantes no europeos para proteger la "continuidad étnica" de los "pueblos nativos" del continente– hará este sábado 22 de agosto su primera parada en el Estado en la plaza Sant Jaume de Barcelona. El acto se enmarca en una gira que ya ha pasado por Bruselas, Utrecht, Lyon y Lille, y llega en un momento en que la gestión de la inmigración –con la crisis de Ceuta como telón de fondo– ocupa el centro del debate político europeo.

Intersindical Valenciana (STEPV) ha denunciado la ley de acompañamiento de los presupuestos y el artículo 155, que pide "velar por la neutralidad ideológica en los centros educativos, supervisando que las actividades docentes, los materiales curriculares y los actos escolares se mantengan ajenos a cualquier tipo de adoctrinamiento".

A menudo se comenta que en política ya se ha visto todo: pactos contra natura, cambios repentinos de posicionamiento o dirigentes que se van a otro partido. De hecho, pasar de una formación a otra no es excepcional en Cataluña. Con el Procés, dirigentes del PSC o de ICV entraron en ERC, representantes de Cs se enrolaron al PP con el declive del partido naranja y ahora cargos de Junts se marchan a Aliança. Lo que no es habitual son los cambios de chaqueta entre partidos situados en los extremos opuestos del espectro ideológico.

Desde que se puso sobre la mesa, Vox ha convertido la ley de amnistía en uno de sus principales caballos de batalla, prometiendo por activa y por pasiva que, si llega al gobierno español, "revertirá" y "derogará" la norma de manera inmediata. A esta idea también se ha sumado el Partido Popular, y su líder, Alberto Núñez Feijóo, en una dinámica que, analizando la hemeroteca, es habitual en los populares: prometer la derogación de las leyes del PSOE para acabar manteniéndolas intactas una vez llegan al poder —como pasó en el pasado con la ley del aborto o el matrimonio homosexual. Pese a la insistencia constante de la extrema derecha sobre esta supuesta derogación, la amenaza choca de lleno con un muro infranqueable: la arquitectura del estado de derecho. Según los expertos consultados por el ARA, la promesa de Vox es jurídicamente inviable y la eliminación de la ley tendría unos efectos prácticamente nulos para los encausados. De hecho, el mismo partido admite al ARA que es consciente de este muro legal.

El PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP han cerrado un acuerdo para reformar el reglamento del Parlament e incorporar el Código de Conducta de la cámara, que recoge las posibles sanciones a diputados que lo vulneren, según ha avanzado este miércoles El Periódico y ha podido confirmar el ARA. La reforma, que se hace para blindar los discursos de odio, clarificaría las amonestaciones en función de la gravedad de los hechos y el trabajo, que corresponde a la Comisión del Estatuto del Diputado y a la mesa: de los 600 a los 6.000 euros las infracciones graves y de 6.001 a los 12.000 euros, las muy graves.

Los mallorquines tienen, o tenemos, como sociedad, cierta fama de apáticos y de conformistas. No diré que no sea una fama hasta un punto merecida, pero tiene un reverso más interesante. Esta misma sociedad también forma un país de personas sensatas y elegantes, con una profunda alergia a las malas maneras, la grosería, las gesticulaciones exageradas y la violencia en cualquier forma. Para los ciudadanos de este país llamado Mallorca, hay pocas cosas menos interesantes que perder los papeles y la ironía, salir de cascarón, volverse solemne o intransigente. Y ya no digamos ponerse agresivo: todo esto, en Mallorca, está francamente mal visto.Este país, a pesar de lo que dicen algunos, existe, y volvió a manifestarse el domingo de manera masiva y ejemplar por las calles de Palma. Más de 70.000 personas salieron a pedir que se aplique sensatez a las políticas turísticas e inmobiliarias. El actual modelo es extractivo y parasitario, con grandes beneficios concentrados en pocas manos y una lista larguísima de problemas sociales que sufren los ciudadanos/contribuyentes. Especulación, imposibilidad para gran parte de la población de acceder a una vivienda, expulsión de las personas que literalmente no se pueden permitir vivir aquí, desigualdades crecientes, precariedad laboral, abandono prematuro de los estudios, sobrepoblación, dificultades de convivencia y fractura social. Contra todo esto se manifestaron este domingo los mallorquines.El éxito de la convocatoria –de la plataforma Menos Turismo, Más Vida, con el apoyo de 145 entidades– se concretó en una verdadera ola humana (como podéis leer en elAra Balears) que recorrió el centro de Palma sin insultos, sin tensiones, con un tono alegre y una impecable actitud cívica. La protesta fue realmente histórica, comparable con pocas de la historia reciente de Mallorca. Ante una movilización de esta envergadura, empresarios y políticos solo pueden hacer una cosa sensata: ponerse a trabajar en las correcciones que se les exigen.En cambio, lo que hicieron fue enviar la Policía Nacional a pegar a los ciudadanos. Provocaciones, impedimentos y, finalmente, cargas policiales con porras y disparos de pelotas de goma, con un resultado de varios heridos leves y un fotoperiodista herido grave en la cabeza. Una absoluta e intolerable vergüenza, el primer responsable de la cual es el delegado del gobierno de España, Alfonso Rodríguez, que efectivamente debería dimitir, tal como le exigen de todas partes. El gobierno de PP y Vox no debería pensar, sin embargo, que sale beneficiado: querían exactamente esto, para poder acusar la manifestación de ser “violenta”. Llevaban semanas intentando descalificar y criminalizar las protestas, y el vicepresidente Antoni Costa llegó al extremo de invitar a “hacer las maletas” a aquellos que piden un decrecimiento turístico. El domingo los mallorquines dieron un ejemplo de dignidad, y sus gobernantes, de indignidad e ineptitud. El domingo, también, algo se rompió entre los mallorquines y sus representantes institucionales.

No fue el primer territorio donde el PP y Vox pactaron un gobierno conjunto, porque Castilla y León se adelantó un año y cuatro meses, pero el País Valenciano sí que será la primera autonomía que incluirá el criterio de prioridad nacional en sus presupuestos. En concreto, en diversas partidas para la concesión de ayudas sociales.

El Parlament ha actuado este martes contra las vulneraciones del Código de Conducta en el hemiciclo. Después de nueve meses y de arrastrar cuatro expedientes –uno de Aliança Catalana y tres de Vox– en la Comisión del Estatuto de los Diputados, el órgano presidido por Antoni Castellà (Junts) ha acordado, en sesión secreta a puerta cerrada, calificar la actuación de la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, de falta leve. Ahora la comisión trasladará este dictamen a la mesa del Parlament, que será la encargada de decidir y aplicar la sanción final. Este castigo puede ir desde una amonestación pública hasta una multa económica de entre 600 y 12.000 euros.

El presidente de los EE. UU., Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, son dos aliados de Vox que han sido un dolor de cabeza constante para el partido de extrema derecha. Hasta ahora, la formación de Santiago Abascal había respondido tímidamente a los despropósitos del presidente estadounidense, lo que había permitido a los exdirigentes rebeldes o las formaciones de izquierdas acusar a Vox de ser "esclavos" de Trump. Ahora bien, esta semana el partido ha alzado ligeramente la voz para desmarcarse de la amenaza del presidente de los EE. UU. de cortar el comercio con España o de las vejaciones de Trump a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a quien, con un tono irónico, dijo que quería "una orden de alejamiento". El objetivo es consolidar un giro que hace tiempo que se debate en la cúpula de Vox para poner fin a la imagen rastrera que trasladaba hasta ahora el partido. El punto culminante fue entre marzo y abril, cuando Israel perpetraba ataques contra cristianos. Fue entonces cuando la dirección estatal tomó una decisión, según fuentes conocedoras consultadas por el ARA: "Tenemos que marcar distancias, como Meloni".

Es noticia cualquier información que altera la percepción de la realidad. Una encuesta del CEO se ha convertido en evento porque atribuye a Aliança Catalana un insólito paso de 2 escaños a una franja de 23-25 (tercera fuerza). Un castigo a Junts que se acaba de redondear con la conversión de ERC en segunda fuerza. El PSC, con un cierto retroceso, sigue liderando la situación. La izquierda de la izquierda, Comuns y compañía, continúa en el limbo.

El Partido Popular tiene un armario lleno de banderas que va sacando al debate público a medida que encuentra que le pueden ser de servicio. Las saca a desfilar, las envuelve de ruido, fuerza con ellas falsas disyuntivas y debates igualmente falsos, y después saca la siguiente. Tanto da si es la inmigración, Cataluña y la lengua catalana, la organización territorial del Estado, la lucha contra la corrupción, los diversos negacionismos que arrastra o la defensa de lo que llama la unidad familiar. Todo consiste en conseguir hacer desfilar una bandera, o unas cuantas banderas simultáneamente, y hacer sonar la matraca.Ahora se trata del concebido no nacido, un concepto grotesco que pretende que un feto sea un miembro más de la ya mencionada unidad familiar. En este caso, la bandera sale de los telares de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, expertos en banderas victoriosas, que ya han legislado sobre la cuestión en la Asamblea de Madrid (qué nombre irónico, Asamblea de Madrid). Vox también quiere disputarla, esta bandera, porque les viene muy bien: al fin y al cabo, el antiavortismo y la negación de los derechos reproductivos de las mujeres ocupan un punto destacado del ideario fascista/neofascista que promulgan desde el partido de Abascal. Hay también un componente de machismo rancio y patriarcalismo: la criatura empieza a existir desde el momento en que el padre fecunda a la afortunada madre, o quizás ya cuando el padre se baja la cremallera. Por si todo ello no fuera suficiente, es un discurso que viene avalado también por el movimiento MAGA y el trumpismo. Así pues, el concebido no nacido es un hallazgo que está en sintonía con el aire de los tiempos y merece el nihil obstat del nuevo integrismo. Aceite en un crisol.La idea de contar un embrión como un miembro de la familia, a parte de macabra y aberrante, también es muy acertada. Hace unas semanas, a propuesta de Vox, se discutió sobre el concebido no nacido al Parlament balear –una cámara vanguardista, desde que la preside un energúmeno de ultraderecha con el apoyo del PP– y ya se vio que la idea es tan buena que deberían incluir también dentro la unidad familiar a los parientes muertos. Así tendríamos el concebido no nacido y el difunto ya enterrado: entre todos juntos formarían una unidad familiar ideal y bien completa.No hace falta decir que la ley aprobada en la Comunidad de Madrid bajo la mayoría absoluta de Ayuso, y que Feijóo promete introducir en una ley de alcance estatal en caso de gobernar, supone una involución alarmante en derechos y libertades. También plantea preguntas: ¿cómo concuerda el concebido no nacido con la prioridad nacional de Vox? ¿Y con la mayoría nacional de Aznar? Más concretamente: ¿un embrión de inmigrante es miembro de una unidad familiar? Y si es así, ¿esta unidad familiar, que cuenta sus fetos, merece formar parte de la mayoría nacional y, por tanto, recibir privilegios reservados a los ciudadanos de la prioridad nacional? Vox ya ha contestado que no. ¿O quizá alguien dudaba que, entre los embriones, también los hay de primera y de segunda? El problema de hacer desfilar tantas banderas a la vez es que tropiezan entre ellas y todo.

Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, hijo del marqués de Valtierra, entró en política con Vox y en acabó expulsado el pasado miércoles, culminando un pulso con la dirección estatal de Santiago Abascal que duraba tres años. Todo se torció en el momento en que las derechas perdieron las elecciones de 2023 y él no pudo ser ministro –que es lo que deseaba–, pero el choque ya venía de las listas electorales, donde Abascal vetó varios nombres propuestos por él en puestos clave para los comicios estatales y municipales, según fuentes conocedoras consultadas. Una vez ha sido fulminado, ya no quedan críticos dentro del partido de extrema derecha y el intento de rebelión interna para pedir un congreso extraordinario ha terminado por completo. Pero la rebelión puede acabar siendo externa, en forma de competición electoral si Espinosa y sus acólitos optan por confeccionar otro partido como varios de los exdirigentes han verbalizado públicamente.

"Quien viene a delinquir debe saber que no tiene cabida en nuestra sociedad". Leído de manera aislada y sin ningún tipo de contexto, actualmente puede resultar difícil acertar de qué líder o partido político puede venir esta frase. La realidad, sin embargo, es un extracto de la ponencia del PP catalán para su 16º congreso de hace apenas unos días. Esta contundencia discursiva pone sobre la mesa una evidencia e introduce un debate vivo: la política española, así como la catalana, está virando hacia una derecha cada vez más radicalizada.

1. Juanma Moreno Bonilla dijo que no quería repetir como presidente de Andalucía si tenía que tener Vox dentro del gobierno. Al final, como tantas otras comunidades autónomas donde el Partido Popular ganó pero se quedó corto, Andalucía también tendrá un gobierno de coalición de la derecha con la ultraderecha. Moreno Bonilla, a contrapelo, se ha tragado sus principios y ha tenido que ceder. Ha acabado aceptando los postulados de Abascal y ya tiene un vicepresidente de Vox en su gobierno que le enmienda la plana antes de la investidura. “Y lo que te rondaré, morena”, que dirían en Sevilla, en otra expresión popular que ya debe estar cerca de alguna bandera roja.