El Parlament ha actuado este martes contra las vulneraciones del Código de Conducta en el hemiciclo. Después de nueve meses y de arrastrar cuatro expedientes –uno de Aliança Catalana y tres de Vox– en la Comisión del Estatuto de los Diputados, el órgano presidido por Antoni Castellà (Junts) ha acordado, en sesión secreta a puerta cerrada, calificar la actuación de la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, de falta leve. Ahora la comisión trasladará este dictamen a la mesa del Parlament, que será la encargada de decidir y aplicar la sanción final. Este castigo puede ir desde una amonestación pública hasta una multa económica de entre 600 y 12.000 euros.

El presidente de los EE. UU., Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, son dos aliados de Vox que han sido un dolor de cabeza constante para el partido de extrema derecha. Hasta ahora, la formación de Santiago Abascal había respondido tímidamente a los despropósitos del presidente estadounidense, lo que había permitido a los exdirigentes rebeldes o las formaciones de izquierdas acusar a Vox de ser "esclavos" de Trump. Ahora bien, esta semana el partido ha alzado ligeramente la voz para desmarcarse de la amenaza del presidente de los EE. UU. de cortar el comercio con España o de las vejaciones de Trump a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a quien, con un tono irónico, dijo que quería "una orden de alejamiento". El objetivo es consolidar un giro que hace tiempo que se debate en la cúpula de Vox para poner fin a la imagen rastrera que trasladaba hasta ahora el partido. El punto culminante fue entre marzo y abril, cuando Israel perpetraba ataques contra cristianos. Fue entonces cuando la dirección estatal tomó una decisión, según fuentes conocedoras consultadas por el ARA: "Tenemos que marcar distancias, como Meloni".

Es noticia cualquier información que altera la percepción de la realidad. Una encuesta del CEO se ha convertido en evento porque atribuye a Aliança Catalana un insólito paso de 2 escaños a una franja de 23-25 (tercera fuerza). Un castigo a Junts que se acaba de redondear con la conversión de ERC en segunda fuerza. El PSC, con un cierto retroceso, sigue liderando la situación. La izquierda de la izquierda, Comuns y compañía, continúa en el limbo.

El Partido Popular tiene un armario lleno de banderas que va sacando al debate público a medida que encuentra que le pueden ser de servicio. Las saca a desfilar, las envuelve de ruido, fuerza con ellas falsas disyuntivas y debates igualmente falsos, y después saca la siguiente. Tanto da si es la inmigración, Cataluña y la lengua catalana, la organización territorial del Estado, la lucha contra la corrupción, los diversos negacionismos que arrastra o la defensa de lo que llama la unidad familiar. Todo consiste en conseguir hacer desfilar una bandera, o unas cuantas banderas simultáneamente, y hacer sonar la matraca.Ahora se trata del concebido no nacido, un concepto grotesco que pretende que un feto sea un miembro más de la ya mencionada unidad familiar. En este caso, la bandera sale de los telares de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, expertos en banderas victoriosas, que ya han legislado sobre la cuestión en la Asamblea de Madrid (qué nombre irónico, Asamblea de Madrid). Vox también quiere disputarla, esta bandera, porque les viene muy bien: al fin y al cabo, el antiavortismo y la negación de los derechos reproductivos de las mujeres ocupan un punto destacado del ideario fascista/neofascista que promulgan desde el partido de Abascal. Hay también un componente de machismo rancio y patriarcalismo: la criatura empieza a existir desde el momento en que el padre fecunda a la afortunada madre, o quizás ya cuando el padre se baja la cremallera. Por si todo ello no fuera suficiente, es un discurso que viene avalado también por el movimiento MAGA y el trumpismo. Así pues, el concebido no nacido es un hallazgo que está en sintonía con el aire de los tiempos y merece el nihil obstat del nuevo integrismo. Aceite en un crisol.La idea de contar un embrión como un miembro de la familia, a parte de macabra y aberrante, también es muy acertada. Hace unas semanas, a propuesta de Vox, se discutió sobre el concebido no nacido al Parlament balear –una cámara vanguardista, desde que la preside un energúmeno de ultraderecha con el apoyo del PP– y ya se vio que la idea es tan buena que deberían incluir también dentro la unidad familiar a los parientes muertos. Así tendríamos el concebido no nacido y el difunto ya enterrado: entre todos juntos formarían una unidad familiar ideal y bien completa.No hace falta decir que la ley aprobada en la Comunidad de Madrid bajo la mayoría absoluta de Ayuso, y que Feijóo promete introducir en una ley de alcance estatal en caso de gobernar, supone una involución alarmante en derechos y libertades. También plantea preguntas: ¿cómo concuerda el concebido no nacido con la prioridad nacional de Vox? ¿Y con la mayoría nacional de Aznar? Más concretamente: ¿un embrión de inmigrante es miembro de una unidad familiar? Y si es así, ¿esta unidad familiar, que cuenta sus fetos, merece formar parte de la mayoría nacional y, por tanto, recibir privilegios reservados a los ciudadanos de la prioridad nacional? Vox ya ha contestado que no. ¿O quizá alguien dudaba que, entre los embriones, también los hay de primera y de segunda? El problema de hacer desfilar tantas banderas a la vez es que tropiezan entre ellas y todo.

Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, hijo del marqués de Valtierra, entró en política con Vox y en acabó expulsado el pasado miércoles, culminando un pulso con la dirección estatal de Santiago Abascal que duraba tres años. Todo se torció en el momento en que las derechas perdieron las elecciones de 2023 y él no pudo ser ministro –que es lo que deseaba–, pero el choque ya venía de las listas electorales, donde Abascal vetó varios nombres propuestos por él en puestos clave para los comicios estatales y municipales, según fuentes conocedoras consultadas. Una vez ha sido fulminado, ya no quedan críticos dentro del partido de extrema derecha y el intento de rebelión interna para pedir un congreso extraordinario ha terminado por completo. Pero la rebelión puede acabar siendo externa, en forma de competición electoral si Espinosa y sus acólitos optan por confeccionar otro partido como varios de los exdirigentes han verbalizado públicamente.

"Quien viene a delinquir debe saber que no tiene cabida en nuestra sociedad". Leído de manera aislada y sin ningún tipo de contexto, actualmente puede resultar difícil acertar de qué líder o partido político puede venir esta frase. La realidad, sin embargo, es un extracto de la ponencia del PP catalán para su 16º congreso de hace apenas unos días. Esta contundencia discursiva pone sobre la mesa una evidencia e introduce un debate vivo: la política española, así como la catalana, está virando hacia una derecha cada vez más radicalizada.

1. Juanma Moreno Bonilla dijo que no quería repetir como presidente de Andalucía si tenía que tener Vox dentro del gobierno. Al final, como tantas otras comunidades autónomas donde el Partido Popular ganó pero se quedó corto, Andalucía también tendrá un gobierno de coalición de la derecha con la ultraderecha. Moreno Bonilla, a contrapelo, se ha tragado sus principios y ha tenido que ceder. Ha acabado aceptando los postulados de Abascal y ya tiene un vicepresidente de Vox en su gobierno que le enmienda la plana antes de la investidura. “Y lo que te rondaré, morena”, que dirían en Sevilla, en otra expresión popular que ya debe estar cerca de alguna bandera roja.

Ya hace casi cuatro años –octubre de 2022– que el Congreso aprobó lo que se ha bautizado como ley de nietos. No se trata de una ley como tal sino de una disposición incluida en la ley de memoria democrática que reconoce la nacionalidad española a descendientes de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo. Ante el volumen de peticiones –especialmente en Latinoamérica– y la limitación de los recursos de los consulados en el extranjero, donde se deben procesar las solicitudes, aún quedan cientos de miles pendientes de resolver. Ahora bien, si está en el foco mediático estos días es porque el PP y Vox la han utilizado como argumento para acusar al gobierno español de estar tratando de alterar el censo electoral de cara a las próximas elecciones españolas. ¿De qué estamos hablando exactamente?

Alberto Núñez Feijóo tenía una esperanza con Juanma Moreno Bonilla. Era el barón autonómico con más posibilidades, según las encuestas, de mantener la mayoría absoluta y seguir gobernando sin la concurrencia de Vox. Pero el resultado de las elecciones disipó cualquier duda de que el destino del PP exige tener que convivir con la extrema derecha, también su dirigente más moderado, como se ha demostrado con el pacto de este jueves que cede importantes espacios de poder para los de Santiago Abascal en Andalucía. Con el nuevo gobierno de coalición de Juanma Moreno con la extrema derecha, la coalición PP-Vox pasa a ser la modalidad de ejecutivo autonómico que gobierna a más gente en el Estado, en concreto un 27,3%, por delante de los gobiernos populares en solitario, que rigen sobre el 20,8% de los ciudadanos, y los gobiernos del PP con apoyo de la extrema derecha, que afectan a un 16,8%.

PP y Vox han cerrado el último de los pactos pendientes. Después de haberse puesto de acuerdo en Extremadura, Aragón y Castilla y León, los de Alberto Núñez Feijóo y los de Santiago Abascal cierran el círculo en Andalucía con la investidura de Juanma Moreno gracias a los votos de la extrema derecha. El candidato de los populares no superó una primera votación hace dos días, pero este jueves por la tarde sí que ha conseguido salir del Parlament andaluz como presidente después de haber superado 'in extremis' los últimos escollos de la negociación con Vox. De nuevo, la "prioridad nacional" y la incorporación de la extrema derecha al gobierno han formado parte del corpus del pacto y son las dos principales cesiones que el PP lleva ya meses haciendo a Vox para mantener el poder autonómico.

Primero tuvo que pasar por el acicalador de Vox la presidenta extremeña, María Guardiola, a pesar de las dificultades; después fue el turno del Aragón de Jorge Azcón y de la Castilla y León de Alfonso Fernández Mañueco. Pero aún quedaba el máximo exponente de los moderados del PP, el presidente andaluz, el sorayista Juanma Moreno Bonilla, que también cederá a las pretensiones de Vox, tal como ha asumido él mismo y como quiere la dirección estatal. El acuerdo se está ultimando, pero la única duda que queda es el tempo, es decir, si claudica para la sesión de investidura de este jueves o lo deja para más adelante haciéndose rogar de cara a la opinión pública. En todo caso, según fuentes conocedoras de las negociaciones entre el PP y Vox consultadas por el ARA, el dilema fue claro desde el principio: "O aceptas las condiciones o elecciones", dijo el equipo negociador de Vox.

Hace más de seis semanas de las elecciones andaluzas que atar al popular Juanma Moreno Bonilla a Vox. El presidente de Andalucía en funciones, uno de los barones del PP más reticentes a pactar con la extrema derecha, se ha visto obligado a negociar con ellos por el hecho de que se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta. Sin embargo, las conversaciones todavía no han llegado a buen puerto. Es lo que se ha constatado este martes por la tarde en el primer intento de investidura en el Parlament andaluz. Los de Santiago Abascal han votado en contra de hacer presidente a Moreno Bonilla y han esgrimido que todavía no han cerrado un acuerdo programático con el PP. La formación de extrema derecha ha culpado al barón popular de haberse puesto demasiado tarde –Moreno Bonilla esperó más de tres semanas después de los comicios para sentarse a hablar por primera vez–.

Pedro Sánchez no prepara exactamente un "pucherazo", sino que diseña a través de "ingeniería electoral" un plan para poder ganar las próximas elecciones estatales gracias al voto exterior. Es la tesis que defiende el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este martes ha querido volver a situar a los populares un peldaño por debajo de Vox en las acusaciones de futuro fraude electoral que los dos partidos hace tiempo que alimentan. Feijóo, que ha sido entrevistado en el medio La7 Región de Murcia, ha precisado, pues, sus palabras el lunes en esRadio, donde criticó abiertamente que la bautizada como "ley de nietos" –una disposición que incluye la ley de memoria democrática– está diseñada para alterar el censo electoral en beneficio del PSOE.

Las compuertas del menosprecio político hace tiempo que se abrieron en España, y el agua del menosprecio mutuo entre la oposición y el gobierno está a nivel de récord. Lo peor no es que se detesten mutuamente y lo demuestren permanentemente, sino los efectos que esto tiene sobre la opinión pública que algún día irá a votar.

PP, Vox y Junts pidieron ayer la dimisión de Sánchez o que se someta a una cuestión de confianza a través de una votación que no tiene valor práctico porque Sánchez ni dimitirá ni se someterá a una cuestión de confianza. La votación tiene valor político, claro, porque hace 3 años Junts votó a favor de la investidura de Sánchez y ayer le pidió que se retire en una votación. Y al mismo tiempo, no es ninguna victoria para el PP, porque no tiene los votos de Junts para una moción de censura que, esta sí, podría hacer caer a Sánchez. Y a pesar de todo, ayer, en el momento de los resultados, ambas bancadas gritaban y aplaudían.

Cuestionar los resultados electorales es una estrategia que aplica la extrema derecha mundial y que ahora Vox ha importado a España, pero no por ello es menos peligrosa. Sin ir más lejos, Donald Trump todavía no ha aceptado su derrota electoral de 2020 ante Joe Biden, a pesar de que no hay ninguna prueba que acredite que ganó aquellas elecciones. Ahora Santiago Abascal, y en menor medida también el PP de la mano de Isabel Díaz Ayuso, agitan el fantasma del fraude electoral y acusan a Pedro Sánchez de estar preparando un pucherazo de cara a las próximas elecciones generales.

El tiempo que le queda a la actual legislatura en el Estado es una de las grandes incógnitas que hay ahora mismo en la política española. Mientras Pedro Sánchez proclama su voluntad de resistir tanto como pueda y el PP se encomienda al desgaste que pueda sufrir el presidente español por la sucesión de escándalos, desde Vox la estrategia es la de proclamar el "peligro" que pueden suponer los próximos meses si el líder socialista continúa en el poder. La reacción de los de Santiago Abascal a la sentencia del Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos ha sido la de advertir que lo que tildan de "mafia criminal" socialista está dispuesta a hacer "cualquier cosa" para mantenerse en la Moncloa hasta 2027. Y también más allá de esa fecha electoral. "Lo peor vendrá ahora", vaticinan. El escenario casi apocalíptico que presenta la extrema derecha incluye la hipótesis de que Sánchez podría "robar" las próximas elecciones españolas.

Más allá del PSOE y el PSC, las izquierdas dibujan un mosaico plural en el estado español. Esta configuración compleja expresa dos hechos. El carácter plurinacional del Estado, con sociedades diferenciadas que generan sistemas de partidos propios, y la tendencia hacia espacios delimitados en términos ideológicos: una cultura de vinculación política que genera dificultades para articular frentes amplios. A grandes rasgos, en diez de las diecisiete comunidades autónomas operan izquierdas de proximidad con presencia institucional. Se trata, en todos los casos, de un único sujeto que aglutina el soberanismo progresista: Endavant Andalucía, el BNG, la CHA, Compromís, Bildu, Més Madrid, Més y Nova Canarias. Cataluña es la excepción: aquí ERC, Comuns y CUP habitan (y disputan) el espacio. Existen, por otra parte, tres fuerzas con voluntad de operar en todo el Estado: IU, Podemos y Movimiento Sumar.A lo largo de los años 2023 a 2026, las izquierdas soberanistas completan un ciclo con resultados relevantes: por encima del 30% en Euskadi y Galicia; entre el 15 y el 25% en Cataluña, Madrid, Navarra y el País Valenciano; alrededor del 10% en Andalucía, Aragón, Canarias y Baleares. Las izquierdas federales, en el mismo ciclo, se sitúan en niveles modestos: entre el 2% y el 5%. En tres comunidades, sin embargo, estas fuerzas articulan candidaturas basadas en trayectorias que van más allá de la coalición puntual: Per Andalusia, Unides per Extremadura y Contigo-Zurekin (Navarra); en todos los casos, los resultados mejoran y se sitúan entre el 6% y el 10%. El conjunto de estas dinámicas ofrece algunas claves para transitar caminos de fortalecimiento. Se trata, además, de factores conectados a tendencias de fondo.El arraigo territorial. En un contexto global de incertidumbres, individualización y aceleración de ritmos, los anclajes comunitarios resultan del todo necesarios. Pero hay que rehacerlos sobre bases nuevas. El estallido de la diversidad requiere entornos cotidianos donde los vínculos sean posibles. Se trata de dotar los itinerarios vitales de elementos de seguridad relacional: marcos donde se articulen apoyos y capacidades de acción colectiva. En términos políticos, estas gramáticas solidarias se traducen en actores orientados a trabajar lógicas de arraigo territorial y proyectos municipalistas. Fuerzas políticas semejantes a la gente, donde la pertenencia se construye en clave de prácticas y valores, no tanto de relatos ideológicos; donde la identidad se orienta a forjar poder popular y soberanías de proximidad, no tanto abstracciones nacionales.La voluntad de articular mayorías. A lo largo del siglo pasado, la expresión política del conflicto social consolidó el eje clásico izquierda/derecha. En aquel contexto, la socialdemocracia consiguió ganar centralidad en el ámbito progresista. Y más relevante aún: construyó un marco de referencialidad, que situaba al resto de actores, por ejemplo, a la izquierda de los socialistas. Este marco todavía vertebra –a menudo inercialmente– muchas percepciones. Pero se ha empezado a desbordar. Se articulan hoy espacios de izquierdas que transitan del rincón del tablero hacia propuestas más amplias. Fuerzas políticas que conectan con nuevos sentidos comunes, más transformadores y más transversales a la vez.La activación de la esperanza y la alegría. “Ser radical es hacer la esperanza posible, no la desesperación convincente”. Con estas palabras, el sociólogo galés Raymond Williams quiso fijar un claro contrapunto respecto a un estado emocional muy arraigado en las izquierdas. Aquello que Deleuze llamó las pasiones tristes”: una lógica política abonada al desánimo, o, en el mejor de los casos, a cavar trincheras de resistencia. Pero también aquí las cosas han empezado a cambiar: está emergiendo la izquierda de la esperanza. Actores que vinculan la ambición transformadora a las pasiones alegres”. Espacios políticos que van trabajando un nuevo marco emocional generador de horizontes de sentido, y también de caminos fraternos para avanzar. Una gramática rebelde –sin resentimientos ni nostalgias– tejida por la confianza y la empatía.Los buenos resultados recientes de las izquierdas soberanistas, y también de las federales cuando trabajan desde la proximidad, ofrecen bases sólidas. El reto ahora es traducir este bagaje en fórmulas de cooperación con inteligencia táctica (dado un sistema electoral en el cual la proporcionalidad desaparece en buena parte del territorio). Un buen resultado de las izquierdas en las elecciones generales será clave para derrotar a PP y Vox. Se han situado dos propuestas abiertas de confluencia: la llamada de Gabriel Rufián y la de los partidos de Sumar en el gobierno. Habría que trabajarlas, construir reconocimientos cruzados y avanzar hacia frentes inclusivos: pivotando sobre la plurinacionalidad, con capacidad de articular mayorías y ensanchar la esperanza. Quizás no es fácil, pero resultaría difícilmente explicable no intentarlo.

Al día siguiente de que los respectivos grupos parlamentarios aplaudieran con fervor cristiano (de beatos falsos, de sepulcros blanqueados) en el Congreso las palabras de León XIV contra la xenofobia y la prioridad nacional, el PP y Vox invistieron al nuevo presidente de Castilla y León con un acuerdo de gobierno basado principalmente en este concepto. Es hipócrita y es contrario al espíritu y a la letra de todo aquello que dicen defender, desde la Constitución hasta la Carta de Derechos Humanos, pero estaba completamente cantado que sería así. Castilla y León no sería una excepción a lo que ya ha pasado en Extremadura y Aragón, ni a lo que con toda probabilidad pasará también en Andalucía. De hecho, en las comunidades que no han tenido elecciones este pasado invierno pero que también están gobernadas por acuerdos o pactos del PP con Vox, la prioridad nacional también se ha incorporado a la hoja de ruta como condición indispensable para mantener los gobiernos. El esquema es siempre el mismo: Vox pone un bloqueo al PP y no lo levanta hasta que el PP no firma un largo documento en el que se compromete a aplicar, en su acción de gobierno, las exigencias de Vox. Como Vox es un partido completamente vertical y jerárquico, hace siempre las cosas de la misma manera en todas partes, de modo que es absolutamente previsible.La primera de estas exigencias es la famosa prioridad nacional, que conceptualmente implica la institucionalización del racismo y la xenofobia, y en la práctica significa un recorte severo en el acceso de los inmigrantes a los servicios públicos. Es, por cierto, exactamente la misma receta que propone Alianza Catalana en Cataluña, y es también el “Primero los de aquí” característico del populismo fascista. Rima bien con la política migratoria de la Unión Europea, que, como acaba de certificar la abogada general del TJUE, exporta inmigrantes a prisiones de países extracomunitarios sin ninguna garantía en cuanto a sus derechos fundamentales. Sin eufemismos: para que los vean y los maten en estos otros países, que a cambio reciben el correspondiente estipendio.Volviendo a la prioridad nacional de Vox y el PP, lo que no saben muchos de sus partidarios es que los recortes de servicios públicos y de derechos que aplauden que se apliquen a los inmigrantes mañana se aplicarán también contra ellos. Oír a Mañueco (el presidente de Castilla y León se dice así, y además repite en el cargo) balbucear excusas vagas para quitar importancia al acuerdo es un triste aviso de las justificaciones que sus votantes tendrán que buscar cuando se den cuenta –si se dan cuenta– de que en el fondo de todo ello está el desmantelamiento del estado del bienestar, primero, y de la democracia misma después, o simultáneamente. Todo ello, aderezado con fogatas de mal gusto desafiante: la presidenta de Extremadura, María Guardiola, que hace un par de años afirmaba tener como línea roja gobernar con Vox, ahora pone los recursos y la fuerza para crear una porquería llamada Extremestiza, para exaltar con dinero público las figuras de los expoliadores extremeños de América Latina, Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Y lo que es peor, con Nacho Cano de asesor musical.

Después de décadas de lo que se conocía como "excepcionalismo ibérico" –la ausencia de formaciones de derecha radical en los parlamentos de la península–, este espectro político no solo ha irrumpido en el Parlament de Catalunya, sino que lo ha hecho por partida doble. Un estudio del Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), publicado este miércoles, analiza a fondo el ascenso de Vox y Aliança Catalana (AC), dos formaciones que, a pesar de defender proyectos nacionales diametralmente opuestos, se alimentan principalmente de un mismo combustible electoral: el rechazo a la inmigración.El estudio del ICPS desafía la idea de que el crecimiento de estos partidos responde únicamente a la polarización y la gestión del proceso independentista. Si bien el conflicto territorial creó el clima propicio para que Vox, de la mano de Ignasi Garriga, entrara en el Parlament en 2021 y Alianza Catalana, de la mano de Sílvia Orriols, lo hiciera en 2024, el verdadero motor de ambos electorados es estructural. Las dos formaciones explotan de pleno el "chauvinismo del bienestar", una estrategia que propugna que los servicios públicos deben reservarse exclusivamente a los "nacionales". Tanto el partido liderado por Santiago Abascal como el de Sílvia Orriols coinciden en sus programas en asociar inmigración y delincuencia, reclaman la deportación de inmigrantes en situación irregular y la expulsión de los menores extranjeros no acompañados (MENA), y exigen medidas drásticas para agilizar el desalojo de okupas. Económicamente, también van de la mano: proponen recortes fiscales, supresión de impuestos como el de sucesiones y donaciones y el de patrimonio, critican el exceso de gasto público y claman, en general, un fuerte impulso de políticas de libre mercado.