Tras décadas de lo que se conocía como "excepcionalismo ibérico" –la ausencia de formaciones de derecha radical en los parlamentos de la península–, este espectro político no solo ha irrumpido en el Parlament de Catalunya, sino que lo ha hecho por partida doble. Un estudio del Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), publicado este miércoles, analiza a fondo el ascenso de Vox y Aliança Catalana (AC), dos formaciones que, a pesar de defender proyectos nacionales diametralmente opuestos, se alimentan principalmente de un mismo combustible electoral: el rechazo a la inmigración.El estudio del ICPS desafía la idea de que el crecimiento de estos partidos responde únicamente a la polarización y la gestión del proceso independentista. Si bien el conflicto territorial creó el clima propicio para que Vox, de la mano de Ignasi Garriga, entrase al Parlament en 2021 y Aliança Catalana, de la mano de Sílvia Orriols, lo hiciera en 2024, el verdadero motor de ambos electorados es estructural. Las dos formaciones explotan de pleno el "chauvinismo del bienestar", una estrategia que propugna que los servicios públicos deben reservarse exclusivamente a los "nacionales". Tanto el partido liderado por Santiago Abascal como el de Sílvia Orriols coinciden en sus programas en asociar inmigración y delincuencia, reclaman la deportación de inmigrantes en situación irregular y la expulsión de los menores extranjeros no acompañados (MENA), y exigen medidas drásticas para agilizar el desalojo de okupas. Económicamente, también van de la mano: proponen recortes fiscales, supresión de impuestos como el de sucesiones y donaciones y el de patrimonio, critican el exceso de gasto público y claman, en general, un fuerte impulso de políticas de libre mercado.

El PP y Vox ya han cerrado un pacto de gobierno en Castilla y León. Tras los acuerdos en Aragón y Extremadura, la derecha y la extrema derecha han sellado un nuevo entendimiento para que Alfonso Fernández Mañueco, que ya había gobernado con los ultras, repita como presidente. No ha habido sorpresas en cuanto al contenido del pacto, que replica el espíritu de los suscritos en las dos autonomías anteriores con la asunción por parte del PP del principio de "prioridad nacional". Mañueco ha remarcado, en una comparecencia este miércoles ante los medios, que es "el mismo texto que en Extremadura y Aragón", que fija una "asignación prioritaria según el arraigo real, verificable y efectivo" en el territorio, y ha defendido que se enmarca en "el ordenamiento jurídico".

El Tribunal Supremo ha parado los pies al gobierno de Isabel Díaz Ayuso y a Vox y ha rechazado paralizar temporalmente la regularización extraordinaria deinmigrantes que arrancó hace un mes y medio. Lo ha decidido la Sala de lo Contencioso-Administrativo después de cinco vistas que se han celebrado esta mañana y que han servido para que el ejecutivo madrileño, el partido de extrema derecha y tres asociaciones ultra cargaran contra el proceso de regularización que impulsó el gobierno español después de un pacto con Podemos. En una de ellas, el abogado del Estado ha anunciado que hasta el 21 de mayo se han presentado 549.596 solicitudes y se han empezado a tramitar 91.905. Los que han superado el primer filtro han recibido una autorización provisional para poder trabajar. En muchos casos, era gente que tenía trabajo: estaba trabajando en negro y ahora lo hace de manera regular o ha encontrado trabajo en otro lugar. "No estamos hablando de entrada, sino de una cuestión radicalmente diferente. Estamos hablando de un conjunto de personas que estaban en España, que pueden acreditar cinco meses de haber vivido allí y que tenían déficit de acceso a los derechos", ha argumentado el abogado del Estado. También ha puesto de relieve que la regularización sirve para "dar respuesta a los retos del mercado laboral" y busca ofrecer una "integración efectiva y rápida" a personas que tienen "arraigo" y un "vínculo indisoluble de convivencia" en España.

El Parlament ha dejado de vivir los episodios de tensión de la época del Procés, pero el desembarco de la extrema derecha, con la irrupción de Vox y después de Aliança Catalana, también provoca momentos de malestar en la cámara catalana. Este jueves se vivió uno que lejos de quedarse en una anécdota ha generado acusaciones y peticiones de dimisión.

La derrota del PSOE en Andalucía es profunda. Solo hay que ver la evolución del resultado electoral desde las autonómicas de 1982 hasta el día de hoy para darse cuenta de la magnitud del desastre. Porque no solo se trata de una pérdida de votos del partido sino que también hay una derechización palmaria de esta comunidad. Una corriente de fondo que ha ido calando desde 2018, el primer año desde la restauración de la democracia que el PP llegó al poder de la mano de Vox y de Ciudadanos. La misma candidata María Jesús Montero ha hecho autocrítica –la honestidad siempre es bienvenida–, ya que es consciente de que ha quedado muy lejos de su objetivo y que si el bloque de izquierdas ha revivido mínimamente ha sido por el resultado de la izquierda soberanista de Endavant Andalucía.

Las elecciones andaluzas confirman que la derecha española se aboca a vivir dentro de eso que Moreno Bonilla y Feijóo habían insistido durante toda la campaña que querían evitar: el lío (en versión original "el lío", una terminología heredada de Rajoy). El lío es tener que gobernar con Vox, y eso es exactamente lo que tendrá que hacer el PP andaluz en esta nueva legislatura, una vez ha perdido la mayoría absoluta. En las negociaciones autonómicas con el Partido Popular, Vox actúa como un partido que no conoce el significado de expresiones como lealtad institucional o proporcionalidad. Aparentemente, ni siquiera entienden qué significa exactamente negociar: para Vox solo existe la posibilidad de imponer sus consignas y sus obsesiones ideológicas, o romper el juego. No son socios de gobierno: tutelan gobiernos. Últimamente, la consigna de Vox se dice prioridad nacional, que significa institucionalizar el racismo, el supremacismo y la xenofobia, y convertirlos en elementos transversales en la acción de gobierno. Después de eso, sigue una lista de odios (el feminismo, el ecologismo, etc.) en cuya cima está la lengua catalana y cualquier cosa que el nacionalismo ultraderechista español identifique como “catalana”. Este es “el lío” con el que tendrá que enfrentarse Moreno Bonilla, que no sale exactamente indemne (5 escaños menos y pérdida de la mayoría absoluta) del escándalo de los cribados de cáncer de mama, a pesar de que había motivos de sobra para que el desgaste fuera más acusado.Por su parte, la pregunta que se puede hacer el PSOE andaluz es si ya ha tocado fondo y si todavía le quedan sábanas por perder en próximas lavadas electorales. A toro pasado es fácil decirlo, pero lo cierto es que difícilmente podían elegir los socialistas una peor candidata que María Jesús Montero, una mujer que es andaluza de nacimiento pero que lo es poco o nada de hecho, mucho más ligada a Madrid, a Pedro Sánchez y al aparato partidista que no a la discusión política andaluza, que es intensa, densa y vibrante. La vieja táctica de enviar “a provincias” a políticos que han “triunfado” en Madrid como ministros (Pilar Alegría en Aragón, María Jesús Montero en Andalucía), que han utilizado tantas veces tanto el PP como el PSOE, indistintamente, no da resultados a Pedro Sánchez.La importante subida de la izquierda soberanista de Endavant Andalusia, liderada por José Ignacio García, frente al bloqueo que ha sufrido la confluencia de Sumar, Podem y Esquerra Unida que es Per Andalusia, con Antonio Maíllo de candidato, confirma que “loo que importa a la gente” también es ideológico, y que el soberanismo tiene sentido (y votantes) cuando se presenta como una forma de mejoramiento democrático, unido a las reivindicaciones de los derechos y las libertades de las personas, tanto individualmente como colectivamente. Que Endavant Andalusia haya sido más votada que Vox en circunscripciones como Cádiz o Sevilla también es relevante. Por bloques, las derechas suman 68 escaños, frente a los 41 de las izquierdas. Comienza en Andalucía el enredo que ya conocemos en Baleares o en el País Valencià.

Juanma Moreno Bonilla ha entrado entre aplausos en la sede estatal del PP al día siguiente de las elecciones andaluzas. Pese al regusto agridulce de su victoria, este lunes entre las filas populares se reivindica el "espectacular" resultado obtenido por el candidato popular. En declaraciones a los medios a la entrada de la junta directiva estatal del partido, Moreno Bonilla ha defendido que, por mucho que se haya quedado a dos diputados de la mayoría absoluta, los 53 escaños son un resultado "suficientemente contundente" como para dejar a Vox fuera de su futuro ejecutivo autonómico. "Es un resultado muy bueno que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario", ha afirmado. De momento, Vox no ha puesto el precio de entrar en el gobierno, como sí hizo en Extremadura y Aragón, a la espera de que comience la negociación. Moreno ha explicado que aún no ha mantenido contactos con los de Santiago Abascal.

Cataluña concentra una tal cantidad de diversidad y complejidad que es una especie de Port Aventura de la política, donde tienes de todo multiplicado por dos y a veces se entrecruzan procesos aparentemente contradictorios.

El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, se queja de que la ministra de Sanidad, Mónica García, le ha “ridiculizado” y le ha “llevado al meme” por su teoría de las ratas nadadoras que podrían escapar del crucero MV Hondius y diseminarse por territorio canario mordiendo a diestro y siniestro a la sufrida ciudadanía, una idea que sostenía en una captura de pantalla cogida de una IA. Tal vez Clavijo no se dé cuenta, pero ha sido él mismo quien se ha puesto en ridículo y quien se ha ofrecido como protagonista de memes, al haber aportado la sinopsis de una película de serie B a un operativo sanitario extremadamente delicado y con una fuerte repercusión internacional. La risible —que no graciosa— sobreactuación de Clavijo no ha podido evitar que Pedro Sánchez haya vuelto a llevarse aplausos en la comunidad internacional: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el de la ONU, António Guterres, y también el presidente de la OMS, Tedros Adhanom, han elogiado la gestión que el ejecutivo español ha hecho de la situación. El portavoz nacional de Vox José Antonio Fúster ha apostillado: “Qué miedo, cuando la OMS te elogia, mala cosa debe ser”. Porque como sabemos, la OMS es uno de los objetivos preferidos de las mentiras y las visiones conspirativas de la ultraderecha mundial. Quizá por todo ello, Clavijo ha anunciado la posibilidad de llevar al gobierno de España a los tribunales por la gestión del hantavirus (de hecho, la llegada del barco ya ha sido objeto de resoluciones judiciales: el viernes, la Audiencia Nacional rechazó paralizar de urgencia el desembarco, y al día siguiente, el Tribunal de Instancia de Madrid confirmó la imposición de una cuarentena a los pasajeros del crucero). Cuando les falla el mecanismo del miedo (la teoría de la invasión de las ratas anfibias, por mucha broma a la que haya dado pie, no era más que un intento de sembrar el miedo entre la población), siempre les queda la carta de llevar las cuestiones, sean cuales sean, a los tribunales. No siempre ganan (muchas veces sí), pero como mínimo ya han conseguido empantanar la discusión.”Expertos en esparcir falsedades y judicializar, la entidad ultra Abogados Cristianos ha puesto el grito en el cielo porque quieren evitar que el papa León XIV, en su visita de aquí a un mes a Barcelona, visite el estadio Lluís Companys porque, aducen, bajo el mandato de Companys “murieron asesinadas más de ocho mil personas”. Se refieren a las persecuciones de religiosos por parte de la FAI durante la Guerra Civil, pero omiten precisamente eso: que había una Guerra Civil causada por un levantamiento militar y fascista, que contó con el apoyo de la Iglesia. Proponen que, en vez del estadio Lluís Companys, el pontífice vaya al Valle de los Caídos, como ellos lo llaman todavía. Se ve que bajo el mandato de Franco no debió morir nadie, empezando por las 33.833 personas (12.000 de las cuales no identificadas) que el dictador hizo enterrar en su túmulo de Cuelgamuros: la fosa común más grande de una España fascista a la que algunos quieren volver así como sea.

Desde su emergencia como un actor de primer orden, muchos partidos políticos han intentado buscar una manera de reaccionar a la extrema derecha. La capacidad de la derecha populista radical de sustraer votantes diversos, así como de movilizar abstencionistas y perfiles desconectados de la política, desconcierta a muchas formaciones acostumbradas a jugar en un terreno de juego diferente. La retórica de la extrema derecha y los temas que pone sobre la mesa, especialmente el de la inmigración, han extendido la voluntad de construir una estrategia para hacerle frente. Sea por convicción o electoralismo, cómo conviene reaccionar a la extrema derecha es una cuestión que ocupa y preocupa.

La primera regla de los líderes autoritarios es deslegitimar las instituciones y no reconocer nunca una derrota electoral. Lo estamos viendo en Estados Unidos con Donald Trump, que seis años después aún no ha reconocido la victoria de Joe Biden en 2020. En España es Vox quien aplica al pie de la letra el libro de instrucciones del trumpismo, y ya hace semanas que Santiago Abascal y los suyos propagan en las redes y por tierra, mar y aire la idea de que el gobierno de Pedro Sánchez prepara un pucherazo de cara a las elecciones previstas para el año que viene. Este caldo de cultivo se alimenta a través de fake news sobre el poder de Indra, sobre la manipulación del voto por correo o sobre los efectos que tendrá la regularización de inmigrantes sobre el censo, que son nulos. El objetivo, sin embargo, es crear un clima irrespirable, cercano a la insurrección, y preparar el terreno para impugnar los resultados si estos no coinciden con sus expectativas. El riesgo, sin embargo, de provocar un estallido social con violencia es muy elevado, como ya pasó el 6 de enero de 2021 en el Capitolio o también en Brasilia el 8 de enero de 2023.

El chiste del momento: la presidenta Díaz Ayuso declara Madrid “territorio libre de nacionalismos e ideologías identitarias”, “la región más heterogénea que existe porque está hecha de todas las formas de ser español”. Me ha sonado a reverberación de uno de los eslóganes del franquismo: “España, una, grande y libre”, ahora concentrado en la capital.

Frente común de entidades, sindicatos y partidos en Girona en contra del gestor de la cuenta de Instagram Girona Perduda, que con más de 30.000 seguidores se ha convertido desde principio de curso en un canal del malestar ciudadano, en aspectos como la limpieza y la seguridad en las calles vinculando inmigración y delincuencia con una mezcla de fotos, vídeos y datos ciertos, otros exagerados, desinformaciones y noticias falsas. Un ejemplo más de cuentas presuntamente apartidistas que sirven a la extrema derecha para polarizar la opinión pública, según la valoración de los expertos consultados por el ARA, que en diciembre destapó los vínculos entre el administrador de Girona Perduda y Vox.

Era sábado a las once de la mañana cuando un hombre apuñaló varias veces a una mujer por la espalda. Después le cortó el cuello. La investigación de los Mossos no ha podido determinar que se conocieran: todo parece indicar que fue una víctima escogida al azar que tuvo la peor de las suertes.

El tsunami conservador que parecía apuntar al resultado de las elecciones del 28-M en España –con la gran mayoría de comunidades autónomas y grandes ciudades teñidas del azul del PP y el verde de Vox– podría acabar convertido en una ola que muere a la orilla de la costa este 23-J. El empuje de los populares, que sueñan con superar los 160 diputados, parece que se ha ido diluyendo en las últimas semanas, y, según la encuesta que el Instituto Opinòmetre ha hecho para el ARA, a pesar de ganar las elecciones con entre 125 y 140 diputados, Alberto Núñez Feijóo lo tendría muy difícil para acceder a la Moncloa. Ni tan solo la suma con Vox (entre 22 y 30 diputados) serviría para superar los 176 escaños que marcan la mayoría absoluta en el Congreso. Incluso por la parte alta de la horquilla, los dos partidos solamente suman 170 parlamentarios.

No es nuevo, pero sí que se intensifica cada día. El PP de Madrid y la extrema derecha de Vox están esparciendo la teoría del pucherazo sin tapujos. En la misma línea de Donald Trump en Estados Unidos después de su derrota en 2020 –que acabó con una insurrección golpista fallida– y tal como la derecha española ya fue insinuando con ataques al voto por correo tanto en las últimas elecciones generales como en los comicios extremeños, vuelve a sobrevolar la bandera del fraude electoral que señala a Pedro Sánchez como culpable.

El diputado de Vox por Girona Alberto Tarradas pronunció un discurso envenenado jugando con la amenaza de deportación de la diputada de ERC Najat Driouech que no solo no es ninguna broma, sino que contiene todos los elementos del discurso del odio propio del fascismo. Pronunciado desde la tribuna del Parlament, da escalofríos y estamos esperando con impaciencia el castigo de la cámara.

Después de atacar verbalmente a la diputada de ERC Najat Driouech, el también diputado Alberto Tarradas, de Vox, efectuó una recogida de cable y balbuceó una confusa petición de perdón “si mi declaración ha podido ofender”, al mismo tiempo que decía alguna imbecilidad sobre el humor (los fascistas, cuando amenazan, a menudo dicen que hacían una broma, para no tener que afrontar las consecuencias). El discurso de odio del tal Tarradas contra una diputada musulmana causó consternación, con motivo, y hizo que muchos exclamaran que un hecho así no tenía precedentes en el Parlament de Catalunya. En esto, se equivocan: de precedentes, los hay, y los más recientes se encuentran en la trayectoria y el legado político, nunca suficientemente lamentados, de Ciudadanos. El estilo agresivo, frontal, desafiante, de personajes como Arrimadas o Carrizosa, basado siempre en mentiras o tergiversaciones, llevando las premisas del discurso hacia conclusiones aberrantes, eran formas de discurso de odio, entonces contra el independentismo catalán y las izquierdas. Ciudadanos construyó una gran pista de aterrizaje para la ultraderecha, sobre la cual han aterrizado cómodamente Vox y Aliança Catalana con sus soflamas racistas y xenófobas, y con su fobia contra el progresismo —que ellos llaman woke—. Ahora no solo están en el Parlament de Catalunya, sino que sus perspectivas (sobre todo en lo que respecta a AC) son de incrementar su presencia de forma importante.En Baleares no es un diputado cualquiera, sino el presidente del Parlamento, Gabriel Le Senne, que también preside la delegación isleña de Vox, quien está pendiente de un juicio por delito de odio por haber roto una fotografía de Aurora Picornell y las Roges del Molinar, asesinadas por el fascismo la noche de Reyes de 1937. Pero la causa judicial contra Le Senne —curiosamente— no acaba de avanzar, y pronto hará dos años de los hechos sin que haya tenido que asumir tampoco ningún tipo de consecuencia política. El motivo es el apoyo que le ha dado y le da el gobierno del Partido Popular, presidido por Marga Prohens. Lo menciono a modo de ejemplo de un hecho que es bastante visible: a pesar de la multitud de voces que lamentan que el PP se haya “dejado arrastrar” o condicionar por Vox, como si hubiera sufrido un viraje dramático en su trayectoria, la realidad es que el apoyo del PP a Vox en todos los lugares donde tienen acuerdos es total. No solo eso: las, digamos, recaídas del PP en discursos y actitudes supremacistas, xenófobas, frontistas, guerracivilistas y demagogas tampoco son ninguna novedad, sino que son una constante bien destacada en la historia del partido.Todo esto lleva a este momento oscuro en que los discursos de odio se airean con una arrogancia que pone en peligro cualquier idea de cohesión social. No ayuda en nada la izquierda cuando también cae en populismos de la peor especie, como el gesto de señalamiento que Rufián hizo en el Congreso contra los diputados de Junts. Querer luchar —por estrategia o por pura soberbia— contra la ultraderecha con las armas de la ultraderecha no es una forma de audacia, sino un camino directo hacia el embrutecimiento y el fracaso.

Hay definiciones que permiten aproximarse al concepto de extrema derecha. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) la considera "la forma más iliberal que puede adoptar un partido de derecha" y destaca varias características, como la hostilidad hacia la democracia liberal, el nativismo, el autoritarismo y el populismo de sus postulados. Cuando, además, contempla el uso de la violencia, hablamos de ultraderecha. El politólogo holandés Cas Mudde explica que hoy en día es precisamente el nativismo (la forma xenófoba de entender el nacionalismo que adopta eslóganes del estilo "Primero los de casa") el principal rasgo que une a la extrema derecha mundial. Pero, claro, ¿cómo se mide el grado de nativismo, teniendo en cuenta, además, que hay partidos tradicionales que aplican políticas similares? ¿O el grado de populismo o de hostilidad hacia la democracia liberal? Conceptos abstractes llevan a valoraciones subjetivas y, en el caso de Cataluña, donde conviven dos partidos comúnmente considerados de extrema derecha, tenemos un ejemplo meridiano.

Las encuestas de opinión son la traducción política del humor de la opinión pública en un momento determinado, y la fotografía que sale de la encuesta que publicamos estos días en el ARA es la de una sociedad agitada. Se la podría calificar de frustrada. La cuestión es que los síntomas que presenta son los de una sociedad con miedo que reacciona acercándose a los más iracundos. Las encuestas marcan tendencias sociales y en la de YouGov vemos un gobierno con un presidente que no entusiasma, pero mantiene, aunque un poco a la baja, las expectativas del PSC, una Esquerra Republicana que habría tocado fondo y iría al alza y una extrema derecha disparada. Aliança Catalana se sitúa tercera en intención de voto, Vox continúa avanzando y ambos amenazan a Junts.Los juntaires están inmersos en una grave crisis de proyecto y perderían votos a derecha e izquierda.