Junto a la C-65, la carretera que une Girona con la Costa Brava, se alza la sede de la mayor empresa de recursos con capital español del Estado. Cada día contrata, desde siete países, a un total de 27.000 personas; 91.000 al cabo del año. Y lo hace desde el polígono de un pueblo corchero, con ninguna voluntad de dejar atrás 35 años de historia. Se trata de Eurofirms, que, con una facturación superior a los 700 millones de euros en 2025 y un crecimiento del 13%, es la tercera en cuota del sector en el conjunto de España. Pero no le basta.

La Generalitat ha aprobado un decreto ley para acelerar la ejecución de las obras públicas y ampliar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los contratos de la administración catalana, según ha informado este martes el propio Govern.

El número de ofertas presentadas por empresas en los concursos de la Generalitat se disparó en 2021 respecto a un año atrás. La administración catalana también vio cómo aumentaba el número de ofertas recibidas, de media, por cada licitación publicada, y rebajó notablemente las adjudicaciones con carácter de emergencia una vez pasado el momento más complicado de la pandemia, según el último informe sobre la concurrencia en la contratación pública publicado por el departamento de Economía.

La investigación judicial por el mantenimiento de los vehículos de los Bomberos de la Generalitat ha evidenciado las irregularidades de un contrato que, en los veinte años que hace que dura, siempre ha ganado Iturri. Un ejemplo de este mal funcionamiento es que en los últimos seis años el Govern ha aprobado ocho reconocimientos extrajudiciales de crédito, que es como se denomina a una figura –que en principio es excepcional– para pagar a una empresa más dinero del que pone en el contrato. Según la documentación obtenida por el ARA, con una petición de acceso a la información pública, se han pagado más de dos millones de euros extras a Iturri por este servicio.

Durante los últimos 15 años el poder adquisitivo de los trabajadores se ha prácticamente estancado. De hecho, según el informo Evolución Salarial 2007-2021, presentado este miércoles por el grupo ICS A y la escuela de negocios EADA, los asalariados han perdido un poco (-0,64%) mientras que los directivos (0,3%) y los cargos intermedios (1,29%) lo han incrementado muy ligeramente.

El departamento de Salud ha hecho 17.663 contratos a médicos, enfermeras y personal administrativo para gestionar la demanda covid en la atención primaria y en los hospitales y, según ha podido saber el ARA, prevé reconvertir 5.135 plazas eventuales en estructurales a lo largo de 2022, unas plazas que se sumarán a las 2.500 que ya se han transformado en el último año para reforzar el sistema sanitario. El conseller Josep Maria Argimon aseguró que “todo el mundo que se ha contratado este año continuará” en 2022, un grupo donde se tienen que incluir a las 600 enfermeras que se habían quedado sin trabajo en Andalucía y que se han incorporado en los centros catalanes, tal como avanzó La Vanguardia. 

La Generalitat ha incrementado la presión para hacer la contratación pública socialmente responsable. Siguiendo el mandato de Bruselas, que obliga a los estados de la Unión Europea a fomentar esta tendencia, el 66,6% de los servicios que adjudicó el Govern el año pasado estaban vinculados a algún tipo de cláusula social. Es decir, que en aproximadamente dos de cada tres licitaciones se tuvieron en cuenta cuestiones como las condiciones de producción, los materiales utilizados, las consecuencias de la producción y las condiciones laborales de los trabajadores implicados.