La Airef, el organismo independiente que controla las finanzas públicas, ha señalado el "riesgo" de que Catalunya incumpla las reglas de gasto en 2027, y ha abierto la puerta a desviaciones hasta 2029. La autoridad fiscal ha opinado que, con el plan económico y financiero (PEF) presentado este año por la Generalitat, "se modera, respecto a otros informes, el riesgo apreciado de incumplimiento" para este 2026, pero que "se mantiene" de cara al año próximo.

10.623 millones de euros ha sido la recaudación de Hacienda en la campaña de la renta de este año. Podemos debatir si es mucho o poco, pero ha crecido un 53% respecto al año pasado. Y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo.

El 41% de la población española aporta más a través de impuestos y tasas que lo que recibe en forma de prestaciones. La proporción se eleva al 68% entre los 25 y los 64 años, la etapa activa de los ciudadanos, y cae por debajo del 10% en los extremos del ciclo vital, la infancia y la vejez, que mantiene una tendencia creciente. La cuestión es que se deben plantear fórmulas para distribuir los costes del envejecimiento poblacional "de manera más predecible y equitativa entre generaciones" para "evitar que se trasladen de forma menos visible a las generaciones futuras a través de más niveles de deuda", según un estudio del centro de política económica EsadeEcPol. Una de las soluciones que aportan consiste en aumentar la proporción de población trabajadora de 55 a 64 años, que se encuentra por debajo de la media europea, y que es la que más contribuye en cotizaciones sociales e impuestos.

Un duro informe sobre el estado de la economía catalana, elaborado por diversos economistas, carga contra la estructura productiva del país por el hecho de que hay diversos sectores empresariales que acaban estando, de facto, "altamente subvencionados" por el resto del tejido económico. Este modelo actual ha representado un "empobrecimiento" de la sociedad catalana y una pérdida continuada de productividad del tejido empresarial en comparación con Europa en los últimos 25 años. "El país se desangra", ha resumido el coordinador del informe, el directivo y ingeniero Xavier Roig.

La futura ley de mecenazgo catalana completa uno de sus grandes trámites. Este lunes, el PSC, Junts y ERC registraron en el Parlament la primera propuesta de ley para fomentar el mecenazgo en el país, una iniciativa que llevaba una década de parálisis institucional y que había sido ampliamente solicitada por los diferentes agentes que conforman el sector cultural. Este martes, el anuncio se ha hecho oficial.

La crisis de vivienda y el encarecimiento del precio, tanto de los alquileres como de compra, ha puesto en duda una parte importante de la fiscalidad en las empresas inmobiliarias por el bajo nivel de impuestos que pagan en comparación con otros sectores de la economía. Uno de los blancos de las críticas a esta baja tributación son las socimis, sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario.

La Comisión Europea tiene un nuevo diagnóstico sobre fiscalidad que apunta a las rentas más altas y a las grandes fortunas. Según un estudio publicado por el ejecutivo comunitario, durante los últimos treinta años se ha producido en la Unión Europea una concentración de la riqueza en las capas más pudientes de la población, por lo que es necesario repensar los impuestos que gravan el patrimonio, las herencias y las rentas del capital en la UE para deshacer esta tendencia.

Si las predicciones hubieran sido correctas, desde 2022 en Noruega no quedaría ni un solo millonario. En 2021 el Partido Laborista (centroderecha) del actual primer ministro, Jonas Gahr Store, ganó las elecciones parlamentarias y entró en un gobierno de coalición con el Partido de Centro. El nuevo ejecutivo aprobó una reforma del formuesskatt, el impuesto de patrimonio, que aumentaba lo que pagan los contribuyentes más ricos del país.

España fue uno de los siete países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, el think tank de las economías más desarrolladas del mundo) donde el año pasado la subida de impuestos que gravan los salarios se comió con creces el incremento de los sueldos, lo que se tradujo en una pérdida de ingresos reales. El cálculo, sin embargo, no tiene en cuenta el valor de los servicios públicos que reciben los ciudadanos y que se financian con los impuestos.

Desde hace unos días la ofensiva de la oposición consiste en hablar de la existencia de un infierno fiscal. El PP, que insiste en la necesidad de bajar los impuestos, utiliza últimamente el concepto con frecuencia. Y es una expresión que el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, que se volverá a presentar para un tercer mandato en las elecciones que ha convocado para el 18 de mayo, dio a conocer durante la presentación del Libro verde sobre la fiscalidad en Cataluña en 2024. Él mismo la considera "acertada" y dice que perdura actualmente.

El Consejo General de Economistas, el organismo que agrupa los colegios de economistas del Estado, propone que el gobierno español ajuste su tramo del impuesto sobre la renta (IRPF) a los incrementos salariales de los últimos años. Según los cálculos de la entidad, un trabajador catalán con un sueldo bruto anual de 25.000 euros se ahorraría unos 252 euros anuales, mientras que en los sueldos más altos, como 400.000 euros, el ahorro superaría los 2.100 euros anuales.

El Estado cerró el 2025 con el déficit público más bajo desde el estallido de la crisis financiera del año 2008, gracias a un nuevo récord histórico de recaudación de impuestos, según ha informado este martes el ministerio de Hacienda.

El gobierno español trabaja en un paquete de medidas para afrontar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio, sobre todo la escalada de los precios energéticos. Mientras, patronales, sindicatos y distintos sectores de la economía ya le están poniendo sobre la mesa distintas demandas, algunas de las cuales tienen como denominador común una rebaja fiscal. De hecho, tras la ronda de contactos políticos entre el ministerio de la Presidencia y los partidos en el Congreso, este jueves por la mañana es el turno de los sindicatos mayoritarios y las patronales: CCOO, UGT, CEOE y Cepyme se reunirán con las carteras económicas del gobierno español en el ministerio de Economía.

Cataluña tiene una virtud indiscutible: sabe analizarse. Disponemos de informes, comisiones, estudios, think tanks y debates de gran nivel. Pero esa fortaleza también puede convertirse en un lastre cuando el diagnóstico sustituye a la acción. Somos un país sobrediagnosticado. Y ha llegado la hora de sobreejecutar.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que el ejercicio tributario de 2025 cerrará con un incremento en la recaudación tributaria. Según el último informe publicado por el organismo que dirige Cristina Herrero, los ingresos tributarios se habrían elevado un 9,5% en el último año. Este crecimiento se explica por una combinación de factores.

En el ámbito de la economía pública es bastante conocida la máxima de que los impuestos son el precio que hay que pagar por vivir en democracia. Sin embargo, pagar impuestos no supone un beneficio directo a la persona que paga, sino al conjunto de la sociedad, ya menudo puede caerse en la tentación de pensar que no pasa nada si no se paga, porque ya lo hará otro. Por este motivo, además de garantizar una administración tributaria que facilite y garantice el efectivo cumplimiento de los impuestos, es bueno que los gobiernos fomenten la confianza en el sector público, de modo que la predisposición a pagar impuestos sea favorable. Esto, por ejemplo, es lo que encontramos en un estudio realizado conjuntamente con Leo Rizzo y Riccardo Secomandi, profesores de la Universidad de Ferrara e investigadores asociados del IEB, en el contexto del proceso de vacunación de la covid-19.

Es recurrente el clamor de buena parte de la clase empresarial por reducir la presión fiscal que soportan las empresas y los inversores para favorecer la innovación, la creación de puestos de trabajo, la recuperación de talento, etc. Es difícil no mostrar simpatía con esta postura, aunque la reivindicación no puede ser eliminar todo lo que molesta. No se trata de abolir por la vía fácil alguno de los impuestos que generan ciertos problemas empresariales de forma genérica, sino de ajustar la fiscalidad a los propósitos concretos.

La Agencia Tributaria ha desmantelado una estructura de 38 sociedades que habría defraudado a más de 300 millones de euros en 2024 a través del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en el sector de los hidrocarburos. El entramado es uno de los dos casos más grandes de la historia de España en este sector, y ha sido bautizado como Pamplinas Stars. La investigación contó con la participación de 160 funcionarios de la agencia y fueron detenidas cinco personas consideradas responsables de la organización criminal. Una de estas personas opera como líder de la trama y ya está en prisión por presuntos delitos contra la hacienda pública, organización criminal y blanqueo de capitales.

En el tema de la fiscalidad es muy fácil hacer demagogia. Por un lado, nadie quiere pagar impuestos voluntariamente, a pesar de saber que si todos nos negamos, probablemente todos acabaremos perdiendo. Por otra parte, las cosas a veces son bastante envueltas debido a la misma legislación que queriendo afinar resulta muy compleja, y al final algunos analistas optan por una simplificación que sirve para argumentar a favor de la supresión. A menudo lo hacen argumentando bajar los brazos ante el dumping fiscal autonómico, olvidando la existencia del impuesto estatal. Y a veces, reside algún interés oculto, ya que por el bien de la economía son propuestas que benefician siempre a las clases más poderosas. Por ejemplo, desde la idea de que los impuestos son confiscatorios, se pide la abolición del impuesto sobre el patrimonio, sin mayores consideraciones respecto de la globalidad de la fiscalidad en renta y riqueza, renta del trabajo y del capital, o de patrimonios productivos y no productivos, cuando de hecho en renta y patrimonio se limita al 60% como máximo la renta tributaria como máximo.

La vicepresidenta segunda del gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que su partido, Sumar, exigirá al PSOE la creación de un nuevo tributo, que ha llamado tasa Trump, sobre las multinacionales tecnológicas estadounidenses para asegurar que pagan impuestos en España. Con este impuesto, Díaz cree que el Estado podría garantizar una competencia más "leal" de las grandes tecnológicas estadounidenses con las empresas españolas.