En la política no todo deben ser proclamas y gestualidad. También hace falta pragmatismo. En resumen, ser prácticos para que los ciudadanos, los administrados, tengan la sensación de que no se les deja a un lado cuando van mal dados. Y ésta parece ser la vía que ha emprendido el gobierno español con el paquete de medidas destinado a paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio. El conflicto, cuyo final se vislumbra lejano, ha disparado los precios del gas y del petróleo y, por tanto, de todo lo que se deriva, como los carburantes y las tarifas de la luz. Por eso las medidas anunciadas por Pedro Sánchez supondrán unos 5.000 millones de euros, lejos de los más de 20.000 millones movilizados en el 2022 a raíz de la invasión de Ucrania –pero todavía estamos en los inicios e ignoramos cuánto puede durar la guerra.

El gobierno español se reunirá el viernes en un consejo de ministres extraordinario para hacer frente a los efectos económicos de la guerra en Irán y aprobar un paquete de medidas. Fuentes de la Moncloa explican que el plan de respuesta para la guerra en Oriente Medio incluirá decisiones coyunturales y estructurales, tal como ha confirmado la misma vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. Pero de entrada no serán medidas generalizadas como se hizo con la guerra de Ucrania en los carburantes, sino que se priorizarán los sectores económicos más afectados y también los "más vulnerables".

Los ataques de EE.UU. e Israel en Irán ya se notan en los bolsillos. La situación será peor cuanto más dure el conflicto y más se tarde en solucionar el cierre del estrecho de Ormuz, por el que pasan la quinta parte del petróleo y el gas mundiales. "Nadie sabe lo que va a pasar mañana, pero sí sabemos que el riesgo es muy alto", afirma Javier Díaz-Giménez, profesor del Iese. El problema es que nos encontramos en un contexto de incertidumbre y volatilidad, añade Pedro Aznar, profesor de Economía de Esade.

País Vasco, Cataluña y la Comunidad Valenciana son las tres comunidades con una menor proporción de generación renovable sobre el total de electricidad que producen, según los datos publicados este miércoles por Red Eléctrica de España, la compañía participada por el Estado que opera el sistema eléctrico español. Así, en el País Vasco sólo un 17% de la energía que se genera es de origen renovable, en Cataluña es un 18% y en la Comunidad Valenciana es un 20%.

El gobierno español no cree que haya un problema de saturación en la red de transporte eléctrico de alta tensión, la que gestiona Red Eléctrica, sino un "acaparamiento indebido" de las demandas de conexión, según indicaron fuentes del ejecutivo español. Este viernes, Red Eléctrica (REE) ha publicado sus mapas de capacidad, que indican que existe un 25% de disponibilidad de conexión a la red.

Las energías eólica y solar generaron más electricidad que los combustibles fósiles en la Unión Europea (UE) por primera vez en 2025. Ambas fuentes de energía en conjunto alcanzaron un récord del 30% de la generación de electricidad en la UE, frente a los combustibles fósiles, que representaron el 29%. European Electricity Review, delthink tankbritánico Ember, que ofrece un panorama completo del sistema eléctrico en Europa.

El sistema eléctrico ha perdido cerca de 2,8 gigavatios (GW) de capacidad disponible en sólo dos meses –entre octubre y noviembre de 2025–, dejando gran parte del territorio del Estado sin margen técnico para nuevos proyectos, según el análisis realizado por Forum Industria y Energía (FIE) y Opina 360 desde eléctricas, que cifra el grado de saturación en el 85,7%.

Endesa Energía ha reconocido un acceso no autorizado a la plataforma comercial que ha dado como resultado la extracción de datos de los clientes relacionados con sus contratos, incluidos su documento de identidad y los medios de pago. Un actor malicioso ha sobrepasado las medidas de seguridad implantadas por la empresa en la plataforma comercial en un reciente incidente de seguridad, del que ya ha empezado a notificar a los usuarios afectados a través de un correo electrónico.

Más del 90% de los teléfonos utilizados para realizar llamadas a posibles clientes en nombre de Endesa son sospechosos de fraude. Así lo revela el buscador que puso en marcha la compañía energética para dar herramientas a los consumidores para evitar el fraude telefónico.

Las últimas décadas del siglo XIX y los primeros años del siglo XX fueron una época en la que la electrificación se puso de moda. La toma de conciencia de que los saltos de agua pirenaicos podían ser una fuente de energía cambió para siempre tanto el paisaje como el ecosistema empresarial del país. Algunos hombres clave de ese proceso fueron Carles Montañès Criquillion, Frederick S. Pearson o Emili Riu Periquet, entre otros. Pero menos conocido hoy en día y con la misma capacidad de emprendeduría que los demás, estaba el ingeniero Lluís Rouvière Bula, quien no sólo se dedicó a la electricidad, sino que también diseñó proyectos ferroviarios de gran relevancia.

Descarbonizar sectores estratégicos, impulsar el autoconsumo y reducir la dependencia energética del exterior. Éstos son tres de los grandes retos que afronta el sistema energético de Catalunya, pero también tres oportunidades decisivas para repensarlo de arriba abajo. Para hacer frente y avanzar hacia un modelo más limpio, eficiente y soberano, existe una pieza clave: la electrificación de la demanda. Ésta fue la premisa de partida de la tercera edición de las Conversaciones ARA-CEEC, una jornada coorganizada por el diario ARA y el Clúster de la Energía Eficiente de Cataluña (CEEC), con la colaboración de Estabanell, que reunió a expertos, instituciones y empresas para analizar cómo transformar el consumo energético del país en clave sostenible.

El pasado septiembre, el operador del sistema eléctrico español, Red Eléctrica, registró "variaciones bruscas de tensión" en la red eléctrica y pidió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobar una serie de cambios normativos para reforzar el sistema eléctrico ante la posibilidad de que estos problemas tuvieran un impacto en la seguridad de suministro. Sin embargo, Red Eléctrica aseguró que las anomalías registradas en septiembre no implicaban estar ante un riesgo de apagón eléctrico masivo como el del 28 de abril, lo que comparten desde la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), la patronal que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP.

Desde el apagón eléctrico masivo del 28 de abril que dejó sin suministro eléctrico a toda la península Ibérica, el operador del sistema, Red Eléctrica, funciona en "modo refuerzo". Este modo consiste, a grandes rasgos, en que más de una veintena de ciclos combinados (centrales de gas) se mantienen encendidos en el ralentí. No generan electricidad, pero están disponibles para activarse en cualquier momento, sobre todo en caso de que la demanda se dispare y las renovables no puedan cubrirla, o se detecten, de nuevo, problemas técnicos en el sistema.

Iberdrola emprenderá acciones legales contra la presidenta de Red Eléctrica España (REE), Beatriz Corredor, después de que atribuyera al incumplimiento de grupos convencionales la responsabilidad del apagón eléctrico masivo del 28 de abril. Según confirmaron a Efe fuentes jurídicas y adelantó este lunes el diario El Mundo, la eléctrica sostiene que unas declaraciones de Corredor del 11 de septiembre suponen un "ataque a su honor", aunque la presidenta del operador del sistema eléctrico español no mencionó a la compañía en ningún momento.

Enric Brazís Caubet (Palma, 1969), ingeniero industrial y con estudios de especialización en Esade, es el director de Endesa en Cataluña, la principal compañía eléctrica del territorio tanto en generación como en distribución y comercialización. La red de distribución, precisamente, está en el punto de mira, tanto por el gran apagón del pasado 28 de abril como por las quejas de usuarios para acceder.

El camino para que una parte de la industria sustituya a los combustibles fósiles que hoy utiliza implica de lleno la electrificación, o al menos ésta es la apuesta del Estado. Ahora bien, esto requiere que las infraestructuras que posibiliten el consumo de energía eléctrica estén preparadas para este cambio, pero también para la llegada de nuevas actividades industriales que presionarán al alza la demanda eléctrica. Por eso será clave la propuesta de planificación de la red eléctrica 2026-2030, con una inversión de 13.600 millones de euros (aún no hay una distribución por territorios). Este jueves el ministerio para la Transición Ecológica ha puesto el documento a audiencia pública, y estará ahí hasta el 16 de diciembre, y de entrada la Generalitat presentará alegaciones, según confirman fuentes del Govern.

La industria se ha convertido en el gran motor del consumo eléctrico de Cataluña, que claramente lidera el gasto en electricidad en España. Y dentro de ese consumo eléctrico, destaca especialmente la provincia de Barcelona, ​​según se desprende de los datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), recogidos por la compañía Papernest, especializada en el asesoramiento y gestión de suministros. De hecho, fuentes del sector apuntan a que el aumento del consumo eléctrico industrial obedece, en principio, al crecimiento de la economía –el PIB catalán ha crecido por encima de la media española desde el cuarto trimestre de 2023 y, sobre todo, europea, ya que la debilidad económica de Alemania y Francia ha frenado el crecimiento de la UE.

Hay quien apunta a que gracias a los pequeños incendios provocados por los rayos los humanos pudieron empezar a utilizar y dominar el fuego, que fue crucial para que la especie tuviera tasas de supervivencia más elevadas, indujera a un cambio en la dieta y favoreciera un desarrollo técnico de la especie. Sin embargo, a pesar de la importancia de este fenómeno y el millón de años de progreso humano, los científicos aún no han acabado de aclarar qué provoca que caigan del cielo descargas eléctricas de gran intensidad.

El llamamiento a la "sensatez y el sentido común" de la portavoz del gobierno español, Pilar Alegría, este martes al mediodía, para que el Congreso de los Diputados votara a favor del decreto energético para reforzar el sistema eléctrico, ha servido de poco. El PP, Vox, UPN y buena parte de los socios de investidura (Juntos, Podemos y el BNG) han votado en contra evidenciando, de nuevo, la debilidad de Pedro Sánchez en la cámara baja española y la inestabilidad a la que está inmersa desde hace tiempo la legislatura actual.

Hay un debate técnico que desde hace meses sobrevuela el sector eléctrico y que ahora entra en una fase decisiva: ¿cuánto tendrá que pagarse en los próximos años para desplegar y mejorar la red eléctrica que permite que la luz nos llegue a las casas? La pregunta implica una parte importante de las empresas del sector, así como Red Eléctrica, el operador del sistema eléctrico, pero también la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Pero entre las compañías y la CNMC la respuesta difiere, y mucho. Uno de los motivos de fondo es el hecho de que es el consumidor quien se ve salpicado directamente por la decisión que acabe tomándose: el coste de la red se traslada al recibo de la luz.