El 29 de octubre de 2008, el pequeño municipio gallego de San Cibrao das Viñas estaba de celebración. La empresa T-Solar acababa de inaugurar una planta de producción de placas solares que en poco tiempo se convertiría en la segunda fábrica más importante del sector en todo el Estado. Todo el mundo estaba eufórico. De hecho, ese día, por la flamante nave industrial situada en el Tecnopole -un parque tecnológico de más de 550.000 metros cuadrados- fueron desfilando un montón de autoridades, como Elena Espinosa, entonces ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino del gobierno español. Era la ocasión perfecta para sacar pecho: formada por capital 100% español, T-Solar había invertido más de 80 millones de euros en poner en marcha la nueva fábrica, había anunciado que daría trabajo a 190 profesionales y aseguró que, en tan sólo un año, el grupo facturaría más de 100 millones de euros. Todo ello gracias al impulso definitivo proveniente de la fabricación de unos módulos solares pioneros en Europa, mayores que los que fabricaba toda la competencia y con unos costes de instalación y cableado mucho más bajos. Pero la historia no tardó en torcerse.