Primero fue el Tribunal Supremo y ahora el Partido Popular quien ha puesto al ex fiscal general y ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, en la diana por su ascenso como fiscal de sala del alto tribunal. Este lunes los de Alberto Núñez Feijóo han anunciado que presentarán ante el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el nombramiento de Delgado como fiscal de sala del alto tribunal, la máxima categoría de la carrera del ministerio público. Según el PP, García Ortiz cometió "desviación de poder" al nombrar a su predecesora. A ojos de los populares puede acarrear un "delito de prevaricación".

Hasta ahora se conocía la química que surgía en los pasillos de los institutos, de los hospitales o de las cámaras del Parlamento Europeo, pero nada se sabía de las relaciones que nacían en la Audiencia Nacional. Este domingo, Baltasar Garzón, de 68 años, y Dolores Delgado, de 61, se darán el "sí, quiero" después de años manteniendo una relación discreta. La unión de los letrados se realizará en la misma casa donde viven en las afueras de Madrid, que compraron tras divorciarse de sus respectivas parejas.

Dolores Delgado deja el cargo de fiscal general del Estado. Según ha avanzado El Confidencial y han confirmado fuentes de la Moncloa, a Delgado la sustituirá su número dos en el ministerio público, el hasta ahora fiscal de sala y jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz. La renuncia de Delgado, según las mismas fuentes, es por motivos de salud. El consejo de ministros de este martes hará oficial el relevo entre los dos fiscales. Delgado fue ministra de Justicia entre junio del 2018 y el enero del 2020 y ha ocupado el cargo de fiscal general del Estado desde febrero de este mismo año. Precisamente, el paso de ministra a fiscal fue duramente criticado por la bancada de la derecha, a pesar de que el socio de coalición, Unidas Podemos, tampoco lo vio con buenos ojos.

La derecha ha puesto este miércoles el grito en el cielo por una enmienda que el PSOE ha colado en una reforma sobre la ley concursal, que nada tiene que ver con los cambios que quiere hacer en el estatuto orgánico de la Fiscalía. El Gobierno español quiere blindar normativamente que siempre que el fiscal general del Estado abandone el cargo ascienda a fiscal de sala del Tribunal Supremo. "Garantiza una salida de acuerdo con la dignidad del cargo", ha defendido la ministra de Justicia, Pilar Llop, que ha negado que esto sea un "vestido a medida" para quien en estos momentos ostenta el cargo, la exministra de Justícia Dolores Delgado. De hecho, ha recordado que su antecesora, María José Segarra, ya fue nombrada fiscal de sala del Supremo. En cuanto al hecho de introducirlo a través de una ley que nada tiene que ver con el contenido de la reforma, Llop ha justificado que la concursal es la que tiene la tramitación más avanzada en la comisión de justicia.

La sección IV de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, desestimó este martes 19 los recursos del Partido Popular y de Vox contra el nombramiento de la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado en enero de 2020. La sección, que se formó esta vez con siete magistrados, resolvió que ambos partidos carecen de legitimidad para recurrir, sin entrar a considerar si, como planteaban los recurrentes, Delgado era idónea o inidónea, imparcial o parcial para ocupar el puesto. 

El Tribunal Supremo ha salvado a Pedro Sánchez de una iniciativa de PP y Vox que hubiera puesto en muy mal lugar al presidente del gobierno español. Una de sus decisiones más polémicas desde que llegó a la Moncloa, nombrar a Dolores Delgado fiscal general del Estado, no será revocada por la sala tercera. Este martes la sección cuarta ha tumbado los recursos que había presentado la derecha al considerar que no están legitimados para impugnar la decisión del jefe del ejecutivo, tal como había avanzado el ARA. La sentencia entera, adoptada por cinco de los siete miembros del tribunal, se dará a conocer los próximos días.

La sección IV de la sala de lo contencioso-administrativo, la sala tercera del Tribunal Supremo, desestimará este martes 19 de octubre, según había avanzado el ARA, los recursos del Partido Popular y de Vox dirigidos a anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado por presunta falta de idoneidad e imparcialidad. La deliberación y votación será presidida por el presidente de la sala tercera, César Tolosa, porque los recursos afectan al ministerio fiscal.  

La mañana de este lunes 6 de septiembre de 2021 entrará en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, tras ser recibido, a lo más durante un par de minutos, por los magistrados miembros de la Sala de Gobierno, el rey Felipe VI. Irá seguido desde la calle por el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, a los que se unirá la fiscal General del Estado (FGE), Dolores Delgado. El rey pronunciará su clásica frase: “Se abre la sesión, audiencia pública, dese cuenta por el secretario de la sala de gobierno”.

Dos horas de intervención inicial, turnos para los grupos de siete minutos y una réplica breve de Dolores Delgado porque se estaba alargando la comisión de Justicia en el Congreso. Así es como la fiscal general del Estado ha pasado de puntillas sobre el cúmulo de reproches que las formaciones políticas le han dedicado durante su comparecencia en la cámara baja para presentar la memoria de la Fiscalía 2018-2019, cuando entonces era ministra de Justicia. "Las causas vinculadas al Procés han seguido su curso. No se ha dado ninguna instrucción ni se ha producido ningún cambio de fiscal. La institución tiene un funcionamiento muy autónomo. Quien la conoce sabe que es imposible interferir porque tenemos elementos y normas...", se ha limitado a replicar cuando los partidos independentistas, pero también Vox, le han recriminado que la Fiscalía recurriera el tercer grado de los presos al día siguiente de las elecciones catalanas.

Los presos políticos hacen campaña electoral pendientes de si el tercer grado se esfuma, tal como ocurrió con el primer intento. La semana pasada la Generalitat avaló la propuesta de las juntas de tratamiento y ahora la pelota está en el tejado de la Fiscalía, que puede recurrir ante los jueces de vigilancia penitenciaria antes de pasar al Tribunal Supremo. Este miércoles la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ya ha sugerido que el ministerio público actuará "en la línea" de lo que dictaminó el Supremo en diciembre, cuando revocó el tercer grado a los nueve condenados por sedición al ver la medida como prematura.