El 20 de julio de 2010, Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) se despidió de la histórica sede que tenía en la calle Ciutat de Barcelona, junto al Ayuntamiento, para trasladarse a una mucho más amplia y moderna –por dentro, no por fuera– a pocos minutos a pie de distancia. En el pasaje del Rellotge, con acceso desde una reja de la calle Escudellers, los ecosocialistas estuvieron hasta 2019, cuando, ahogados por las deudas, tuvieron que acogerse a un concurso de acreedores para liquidar el partido heredero del PSUC. En plena burbuja inmobiliaria, aquella nueva sede había costado 7,5 millones de euros –incluyendo una importante reforma–, financiados básicamente por CaixaBank. Siete años después, aquel edificio que acabó condenando al partido está a la venta en el portal inmobiliario Building Center –la filial inmobiliaria de CaixaBank– por 1,75 millones de euros. Ahora ya no es propiedad de ICV, sino de la misma entidad financiera, que se la ha quedado ante la imposibilidad de venderla durante el proceso concursal.

El edificio del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Gavà, valorado en 2,3 millones de euros, ha salido a subasta por un precio de salida que es prácticamente la mitad de su valor. El centro anunció que cerraba a mediados de abril, una decisión que obligó a recolocar a los alumnos en otros centros del municipio. La escuela arrastraba problemas económicos en los últimos años que derivaron en un concurso de acreedores.

La liquidación de Convergència está a punto de ser una realidad siete años después de decidir su autodisolución. El concurso de acreedores en el que está inmersa desde junio del 2020 ha llegado a su fase final, en la cual la juez decide cómo califica el procedimiento: si culpable –que quiere decir que la insolvencia se ha agravado por la gestión que ha hecho el partido– o fortuito –que quiere decir que no ha habido culpabilidad–. Según ha podido saber el ARA, en una resolución del 2 de febrero, la juez se decantó por la segunda opción y ha declarado fortuito el concurso de CDC, es decir, que sus gestores no han agravado su situación de impagos. En fase ya de liquidación de activos, actualmente Convergència cuenta con 8,5 millones de euros de patrimonio para afrontar un pasivo de 11 millones de euros, entre ellos el decomiso de 6,6 millones de euros del caso Palau.