"No es solo piedra. No es solo tierra. Es un grito que despierta generaciones. Es la voz de un pueblo que se alza con las manos sucias y el corazón incendiado. Es memoria que no se arrodilla. Es orgullo que no pide permiso". Son frases, casi versos, de Josep Maria Martí, un albañil del Alt Camp que hace unos días dirigió unas jornadas de recuperación de la piedra seca en el Meüll, un pequeño núcleo de Castell de Mur (en el Pallars Jussà). "Es más que piedra, es memoria viva", concluye Martí, que conduce proyectos similares en otras comarcas catalanas, como en el Alt Urgell.

La artesanía está históricamente relacionada con el trabajo manual, y muy vinculada a una tradición heredada de los maestros antepasados. Cesteros, alfareros, ebanistas, herreros, vidrieros y tejedores son algunos de los oficios artesanos más popularizados a lo largo de la historia. Hoy en día, buena parte de estos maestros reivindican un revulsivo que permita su supervivencia en un mundo primordialmente tecnificado y que abra sus puertas a la experimentación ya la innovación.

En Bovera, en el extremo sur de Les Garrigues, hay una casa de cuatro habitaciones con un horno de pan que se alquila por 250 euros al mes. La oferta la anunció el Ayuntamiento en 2020 para atraer a recién llegados que quisieran hacer pan para sus 200 habitantes. El año pasado, una familia adquirió este chollo, pero unos meses después se lo repensó y acabó yéndose a Barcelona. Y ahora Bovera vuelve a estar sin panadería, lo cual obliga a la gente a desplazarse en la Granadella (a siete kilómetros) para comprar el pan. La propuesta del Ayuntamiento continúa en pie, pero su alcalde, Òscar Acero, se siente pesimista. “Nadie quiere venir a vivir a los pueblos”, se lamenta. A pesar de ofrecer este negocio sin impuestos municipales, continúa sin pretendientes.

Uno de los fenómenos más preocupantes en las sociedades occidentales es la desigualdad. En genérico y con todas las derivadas, esencialmente económicas, territoriales y socioculturales. No conseguir que casi toda la población esté dentro de un abanico de bienestar homologable, sobre todo las rentas bajas, es un fracaso en sí mismo y por las consecuencias negativas que acaba comportando globalmente; es decir, para toda la población, sea cual sea su renta. Históricamente, cualquier conflicto a gran escala nos lo demuestra. Actualmente, la pandemia y la búsqueda de una máxima eficacia en la vacunación nos lo plantan ante los ojos con no menos crudeza. O avanzamos todos, al ritmo que pida el contexto de cada colectivo, o no saldremos adelante. O al menos no de una manera eficiente. 

La emergencia climática es una realidad reconocida por la Generalitat y por el Parlament desde 2019, mucho antes que irrumpiera la pandemia, pero la respuesta palpable en esta urgencia se hace esperar. La primera tarea del próximo Govern -sea o no con el departamento propio de Medio Ambiente que reclaman los movimientos ecologistas- será trasladar a la práctica los objetivos que ya fija la ley del cambio climático, una norma pionera aprobada hace cuatro años que se ha quedado atrapada en su despliegue. Están pendientes los presupuestos de carbono, que fijarán el esfuerzo que tendrá que hacer cada sector económico del país para cumplir el objetivo de reducción de gases de efecto invernadero (GEH). El horizonte es muy ambicioso: una Catalunya en la que el 50% de la energía venga de fuentes renovables en 2030 y donde se logren las cero emisiones en 2050, y hay que concretar esta transición. El despliegue de la energía eólica y fotovoltaica se tiene que acelerar, pero lo tiene que hacer con garantías que los proyectos sean compatibles con otras actividades indispensables, como las agrícolas, para garantizar la soberanía alimentaria o la protección de zonas de gran valor ecológico. La descarbonización es un requisito que decantará, en buena parte, donde van a parar los codiciados fondos europeos, y habrá que discernir bien las prioridades. Sin embargo, más allá de esto, Catalunya también tiene pendiente desplegar impuestos propios para financiar políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. A finales de este año tiene que implantarse el impuesto que graba el CO de los vehículos. Los otros dos previstos, a las actividades económicas más contaminantes y a los grandes barcos, todavía no se han desplegado. El proyecto de ley de prevención de residuos, y la adaptación de normas europeas como la del plástico desechable, también está pendiente. Y, tal como recuerdan temporales como el Filomena o el Gloria, el plan de protección y ordenación del litoral no puede aplazarse más.

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