La amenaza de huelga se cierne de nuevo sobre la sanidad pública catalana. Según ha podido saber el ARA, esta vez vuelven a ser los sindicatos de técnicos sanitarios, que hace un año saturaron hospitales y atención primaria con un paro indefinido, quienes han anunciado nuevas movilizaciones para este diciembre. El motivo: no han logrado las mejoras que pactaron con el departamento de Salut, entonces con Manel Balcells al frente.

La estafa de 226.239 euros en el Instituto Catalán de la Salud (ICS) con recetas falsas para conseguir tratamientos de fertilidad gratuitos y después venderlos en internet estuvo a punto de no juzgarse. Unos minutos antes de que el juicio empezara ayer miércoles, defensas y acusaciones negociaban en los pasillos de la Audiencia de Barcelona un acuerdo para que los cinco acusados ​​admitieran el fraude a cambio de una condena menor. Pero una de las implicadas prefirió luchar una absolución, una decisión que ha derivado en dos días de juicio llenos de confesiones a medias, pero también de algunas acusaciones cruzadas entre los procesados.

Algunos centros de atención primaria (CAP) tendrán que disminuir el número de sustituciones para cubrir profesionales que estén de vacaciones este verano. El Instituto Catalán de la Salud (ICS) comenzó el jueves a comunicar verbalmente esta medida a los equipos directivos de los distintos centros dada "la situación económica actual vinculada a la prórroga presupuestaria". Según ha avanzado El Periódico y ha confirmado el ARA, el departamento de Salut no concreta qué CAP ni cuántos serán los afectados por esta decisión. Los centros, por tanto, no tendrán efectivos para sustituir a los profesionales que estén de vacaciones y deberán suplirlo con el mismo personal. Por otra parte, fuentes del ICS aseguran que estas sustituciones normalmente ya se cubren con los propios profesionales del equipo, ya que no existen ni profesionales de medicina de familia ni de enfermería en la bolsa de trabajo.

Más personas, más envejecidas y más tiempo de espera. Ésta es la realidad de las urgencias hospitalarias en Cataluña, que cada año tienen más demanda en un contexto de falta de profesionales generalizada. Esto se traduce en más trabajo por médicos y enfermeras y más personas en las salas de espera de los centros. De hecho, los pacientes de los servicios de urgencias hospitalarias de la red pública catalana esperaron de media 62 minutos por visita en 2023. En 2010, en cambio, era de 40 minutos, según un análisis del ACN en partir de una petición a Transparencia. Ante estas cifras, el conseller de Salud, Manel Balcells, ha admitido este lunes que las urgencias en los hospitales y el tiempo de espera para ser atendido "están aumentando", aunque se han reducido unos dos minutos respecto al 2022.

Antes de que arranque en Barcelona la tercera movilización de enfermeras de la sanidad pública, el consejero de Salud, Manel Balcells, ha anunciado que Catalunya pedirá al Estado que reclasifique a las enfermeras y las incluya de forma efectiva en la misma categoría profesional que los médicos. Desde la unificación de enseñanzas universitarias europeas del plan Bolonia, hace 13 años, las enfermeras salen de las universidades con el título de graduadas, como los médicos, y no como diplomadas, como había ocurrido hasta entonces. Ahora bien, en España, para acceder a la carrera y promocionar económicamente todavía se mantienen las subcategorías funcionariales que respondían a esta diferencia ya revertida: el A1, el equivalente a licenciatura, incluye sólo al personal médico, mientras que el A2 , la diplomatura, se extiende a las enfermeras, los fisioterapeutas y los nutricionistas, entre otros.

Tras dos años de intensas negociaciones (huelgas incluidas), el departamento de Salut y los sindicatos han logrado llegar a un entendimiento para firmar el tercer convenio laboral del Instituto Catalán de la Salud (ICS). El nuevo acuerdo salarial de la empresa pública de servicios sanitarios, de la que cuelgan 55.000 profesionales de 289 centros de atención primaria (CAP) y ocho hospitales, actualiza el pacto aprobado en 2006, que había quedado obsoleto, e inyecta 320 millones de euros para mejorar las condiciones laborales de todas las categorías profesionales. "Lo teníamos pendiente: era necesario corregirlas y ponerlas al día", ha afirmado el conseller de Salut, Manel Balcells, quien ha comparecido acompañado de los representantes de los cuatro sindicatos mayoritarios.

Durante siete meses fue una médica más del servicio de Urgencias del Hospital de Berga, pero en realidad no lo es. Las "dudas razonables sobre sus capacidades" profesionales hicieron que la dirección del centro decidiera apartarla y denunciarla por intrusismo profesional frente a los Mossos d'Esquadra. En paralelo, el Servicio Catalán de la Salud, el órgano público que gestiona la prestación de los servicios sanitarios, ha abierto un expediente interno para esclarecer los hechos que espera cerrar pronto.

Como médico de familia en el CAP de La Pau de Barcelona y miembro del grupo de violencia machista de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), Pilar Babi hace años que analiza las deficiencias de la atención primaria en la detección de mujeres –sus pacientes– que sufren este tipo de violencia. Hecho el diagnóstico, reclama cambios estructurales para llevar un control de las consecuencias en su salud, como se hace con las enfermedades orgánicas.

Lunes, 19 de julio. Son las 8 del anochecer y en la asamblea del Sindicato de Vivienda de Mataró uno de los presentes explica que un compañero hace días que se encuentra mal pero que como no tiene papeles de residencia ni tarjeta sanitaria no se atreve a ir a un CAP para que le visiten. Los dos conviven con una veintena de personas en un garaje que no reúne las condiciones mínimas pero es la única alternativa que han encontrado a quedarse en la calle.