La semana pasada, la Guardia Civil detuvo, esposadas como si fueran delincuentes peligrosas, a dos jóvenes de la localidad mallorquina de Santa Maria del Camí por haber hecho pintadas contra la saturación turística y la especulación en la fachada de la oficina de una inmobiliaria alemana. Para la detención, fueron avisados varios medios de comunicación, que difundieron la imagen de las dos jóvenes siendo conducidas con las esposas puestas. También se difundieron imágenes grabadas ilegalmente con cámaras de seguridad de la misma inmobiliaria, en las que se las ve a ellas dos haciendo las pintadas. Al día siguiente, la Guardia Civil las acusó de pertenecer a una “organización criminal”. También Guardia Civil y Policía Nacional hicieron pública una amenaza: “Quien cometa delitos contra los intereses turísticos en Mallorca será detenido”.La desproporción es tan exagerada que ha causado indignación. Como se ha hecho notar en las redes, nunca se ha detenido a nadie en Mallorca por hacer pintadas fascistas, como las que ensucian regularmente —por ejemplo— el busto de Aurora Picornell. En todo caso, una pintada es un hecho anecdótico en una isla donde los ataques, las destrozos y los atropellos contra el medio ambiente, los espacios urbanos y las casas donde viven las personas se producen cada día, y a raudales. Y no a cargo de activistas que cuestionan el sistema, ciertamente, sino de un turismo de masas llevado al paroxismo, que tiene como consecuencia directa la presión demográfica y la crisis habitacional más fuertes de todo el estado español. La isla de Mallorca está siendo triturada y, al mismo tiempo, mercantilizada sin control ni medida. Muy al contrario, el gobierno actual de PP y Vox ha llevado adelante una ley ómnibus y una modificación de la ley agraria para desproteger el suelo rústico y los espacios naturales de la isla. Han creado un marco jurídico a medida para que cualquier abuso especulativo sobre una isla ya saturada y frágil sea no tan solo posible, sino perfectamente legal.Que las autoras de una pintada reivindicativa sean tratadas como delincuentes peligrosas es otro abuso, en este caso policial, del que deben responder el delegado del gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, y el ministro Marlaska. El contexto es fácil de entender: para el próximo domingo 26 hay convocada una gran manifestación en Palma contra la saturación turística, y los poderes políticos y económicos que se consideran dueños de la isla intentan criminalizar la protesta y generar miedo, a fin de sofocar y diluir la convocatoria. Hay un precedente inmediato: la gran cadena humana del pasado 5 de julio, en protesta por la desprotección del Parque Natural es Trenc: se pensaron que sería poca cosa y se encontraron con una importante movilización ciudadana, que les escoció y que han intentado —también— criminalizar diciendo... que se habían hecho pintadas. Previsiblemente, usarán las viejas jugadas sucias, empezando por las infiltraciones de provocadores dentro de la manifestación. Es absolutamente necesario que la de este domingo que viene sea la protesta más grande jamás vista en Baleares.

La semana pasada visité Llorenç del Penedès para participar en un club de lectura en la biblioteca. A su llegada, la bibliotecaria me confesó que estaba un poco preocupada por si vendría suficiente gente. En un intento de tranquilizarla le comenté que, según mi experiencia, cuanto menor es el pueblo en el que se organiza una actividad cultural, más asistencia de público tienes asegurada. Tanto la bibliotecaria como el concejal de Urbanismo –que había tenido el detalle de sustituir a la concejala de Cultura, que no se encontraba bien– me interrumpieron con vivacidad. "Es que Llorenç del Penedès es un caso aparte". Y no querían decir que fuera un pueblo más bien apático, sino todo lo contrario: ambos me aseguraron que es un pueblo que tiene una actividad cultural enorme, muy activo, y que lo que temían es que el club de lectura coincidiera con algún otro acto programado. "A veces nos vemos obligados a quedar mal con alguien porque no debemos elegir alguna de las actividades que coinciden", se lamentaban los de Llorenç.

La abuela Dolors nos abre la puerta de su apartamento a pie de calle, en Mataró. Después aparecen, desde el apartamento contiguo, Bintou Jarju y sus hijos, Arlet y Sam, de 12 y 10 años respectivamente, con cara de haber ido a dormir tarde. Son Santes y la ciudad está de fiesta. Sam está en el grupo de diablos, y Arlet disfruta más con los conciertos, me cuentan. Durante la sesión de fotografías para nuestro reportaje, rasgos físicos diversos componen las imágenes: Dolors es más bien bajita y blanca de piel, mientras que su hija Bintou y los niños —que son catalanosenegaleses— tienen la piel negra y están tirando a altos. ¿Cómo es que aún ahora recaen tantos prejuicios sobre tan naturalizadas diferencias en esta familia?

Hace días que pienso en la aparición del Sindicato de Alquiladoras en los premios Gaudí: en un momento de la gala, un actor del público se levantaba indignado del sillón, se sacaba la americana y, enseñando la camiseta con el logo del sindicato , tomaba el control del show, en un gesto de apariencia revolucionaria. Entonces, cambiaron el atril elegante donde los premiados recogían la estatuilla por uno de cemento, de estética brutalista, eliminaron los focos de cine por unos andamios de obra y el nuevo presentador se situó de espaldas al público porque, desde casa, la platea llena de gente fuera el nuevo fondo, en un símbolo del Pueblo. Todo ello, interpelando a los políticos que, indemnes, sentaban observando el número teatral. Durante la gala, varios premiados reivindicaron el derecho a disfrutar de una vivienda digna e, incluso, espolearon a los espectadores a asistir al desahucio de Casa Orsola.

En un círculo, una mujer explica que la compañía eléctrica le amenaza con cortarle la luz porque no paga, y un hombre pide la palabra para preguntar cómo puede solicitar el bono eléctrico. En las dos horas que dura el asesoramiento que dos miércoles al mes ofrecen los activistas de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB) se sienten consejos, preguntas y también respuestas que sirven para llevar algo de calma a quien se ve entre la espada y la pared. En este corro hay activistas técnicos, con conocimientos profesionales sobre facturas, pero también personas que aportan su experiencia personal en la lucha contra la pobreza energética, un concepto que la APE ha sabido poner en la agenda política y social.

En las numerosas entrevistas que ha protagonizado, su discurso político elocuente y firme sobre ecología choca porque sale de la boca de un niño de 12 años. Francisco Vera es un activista colombiano y fundador del movimiento ambiental Guardianes por la Vida. Una nueva voz en representación de las generaciones futuras. Con miles de seguidores en las redes sociales y activo en varias movilizaciones, ahora ha dado un paso más asistiendo a su primera Cumbre del Clima de la ONU, la COP26 de Glasgow.

Arcadi Oliveres (Barcelona, 1945) pasa sus últimos días en la casa de veraneo que su abuelo construyó en Sant Cugat, donde vive desde hace quince años. Cuando nos sentamos a hablar nos muestra los dibujos de dos de sus nietos. Uno ha dibujado la casa y el otro a su abuelo a punto de hablar en público. Y es que Oliveres, a lo largo de los años, ha hecho miles de charlas sobre democracia, refugiados, capitalismo, cultura de la paz, cambio climático, desarme, consumo responsable... Jueves de la semana pasada le diagnosticaron un cáncer de páncreas que no le dará mucho tiempo de descuento y, desde entonces, por su casa no para de pasar gente. Atrás han quedado las noches en el hospital, donde no podía recibir visitas. “Estos días son días felices, me siento muy querido”, dice. Siempre tiene cerca a su mujer, Janine.