Han pasado 265 días desde que Angela Merkel y Emmanuel Macron propusieron crear un fondo de medio billón de euros para repartir en forma de ayudas a los países más afectados por la pandemia del coronavirus. Desde entonces, el fondo ha ido tomando cuerpo y forma en función de las negociaciones entre frugales y países del sur, chantajes de Hungría y los empujones del Parlamento Europeo. Finalmente, son 750.000 millones: 390.000 millones en forma de ayudas directas y el resto como créditos baratos. El dinero aún no han llegado a los gobiernos y no lo hará, como mucho hasta finales de verano; un largo camino si se tiene en cuenta la emergencia de la situación, pero bastante corto si recordamos que se trata de un programa sin precedentes dentro del gigantesco engranaje burocrático de la UE.

Con la actividad económica hundida por la pandemia, España mira hacia los fondos europeos como el salvavidas para remontar la economía. Al Estado le corresponden 140.000 millones de euros, de los que 72.000 son ayudas directas. El gobierno español ha movilizado todos sus ministerios para empezar a poner manos a la obra y concretar cómo se gastarán el dinero a través de dos programas, React-EU y el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia.

Miquel Puig (Tarragona, 1954) coordina el grupo de 13 expertos creado por la Generalitat para evaluar los posibles proyectos candidatos a recibir financiación de los fondos europeos NextGen. Ocupó varios altos cargos en el departamento de Industria con los gobiernos de CiU y posteriormente fue directivo de la empresa de infraestructuras Abertis. Actualmente es concejal de ERC en Barcelona.