El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, recitó el miércoles desde la tribuna uno a uno los nombres de todos los diputados de Junts que habían votado en contra del decreto sobre la prórroga de los alquileres. Lo hizo con un billete de 50 euros desplegado en el atril y después de haber dicho que aquella era la única "bandera" de Junts. Este señalamiento público fue seguido después de un intento de agresión a la diputada de Junts y exalcaldesa de Girona Marta Madrenas y de la publicación de informaciones falsas en las redes que apuntaban que todos los diputados junteros tenían ingresos por pisos en alquiler.

El Congreso ha rechazado la convalidación del llamado decreto ley de vivienda aprobado hace dos meses por el consejo de ministros. La norma preveía, entre otras medidas urgentes, la prórroga de contratos de alquiler que expirasen antes del 31 de diciembre de 2027, el tope del 2% en las renovaciones para contener subidas abusivas y mecanismos de protección para personas vulnerables ante desahucios. Estas medidas tienen el origen en iniciativas de Sumar inscritas en un decreto anticrisis más amplio del gobierno español, que incluía también ayudas como rebajas fiscales en energía y carburantes. Con el voto contrario de Junts per Catalunya, el Partido Popular y Vox, estas medidas han decaído. El rechazo no es un episodio menor y, vistos los comentarios en medios y redes sociales, tiene claros efectos reputacionales para Junts, ya que refuerza la ambivalencia de su posicionamiento ideológico. Con su caída se pierden instrumentos concretos que, aun siendo limitados, ofrecían un cierto alivio inmediato a miles de personas. No resolvían el problema de la vivienda, pero contenían los efectos más duros.Junts ha justificado su voto contrario argumentando que el decreto era insuficiente y no abordaba las causas estructurales de la crisis. Además, como en anteriores ocasiones, su portavoz en Madrid, Míriam Nogueras, ha defendido que no se pueden continuar avalando iniciativas puntuales sin una negociación más amplia y sostenida que tome en serio el cumplimiento de los pactos de investidura y los reclamos de Junts. Esta posición puede ser comprensible en clave estratégica de partido y de país, pero para los sectores más críticos resulta problemática cuando acaba bloqueando medidas de protección en un contexto de emergencia habitacional.

El Gobierno socialista de Salvador Illa está tropezando ostentosamente con la educación. No es nuevo. El gobierno republicano de Aragonès, con el conseller González-Cambray al frente del departamento, también tropezó. Pero en realidad, y esto es lo más grave, es el país entero, la sociedad entera, el futuro de nuestro país, lo que está tropezando con la educación.Vamos por partes. Miren esta página: Salvador Illa asume el desafío de los maestros. El president defiende el acuerdo con CCOO y UGT y sin la USTEC. Tenemos un conflicto laboral con los maestros que en el mes y medio que queda de curso nos proporcionará 17 días de huelgas diversas, unas cinco por centro escolar. Así que tenemos un Gobierno que se hace el fuerte (postura negociadora) pero que ha cometido el error de sobreestimar la importancia de un pacto con sindicatos que, en la enseñanza, no son mayoritarios. Esto, en un momento en que casi la mitad de los aspirantes a maestro han suspendido la prueba de aptitud. Solo el 54% de los estudiantes han superado los exámenes para poder hacer la selectividad y acceder a los grados de educación. La parte buena es que tenemos unas pruebas que criban a los alumnos más capaces. La mala es que unas notas generalizadas tan bajas dicen algo preocupante sobre cuán competentes llegan los estudiantes a nuestras universidades.Cuando todavía estamos rumiando esta noticia, pasamos página y nos encontramos que la industria avisa que con la formación actual no pueden cubrir 15.000 plazas al año. O sea que tenemos trabajo, pero no tenemos gente preparada. Y hace décadas que la industria catalana está así. Pues bien, es en medio de todo esto que el Gobierno quiere incorporar Mossos en las escuelas, de paisano, que ayuden a los maestros en tareas de seguridad y mediación. El debate en el Parlament ayer fue así: Salvador Illa: Acepto que ustedes no vean de qué va esto, lo acepto. Si yo hubiera visto de qué va, como presidente, diría adelante y lo hacemos en toda Cataluña. Estamos diciendo “hagamos una prueba de concepto”. Esto es lo que estamos diciendo. Y si los centros no lo quieren hacer, no se hará. ¿Qué miedo tienen de probarlo?Mónica Sales : En las escuelas hace falta autoridad, sí. La de los maestros, no la de los policías. Ellos ya hacen buena labor donde toca.Jessica Albiach: Estos centros no necesitan policías. Lo que necesitan son psicólogos, educadores sociales, integradores, bajar las ratios, que los coordinadores de convivencia y bienestar tengan dedicación exclusiva y formación específica, y que el Plan contra la Pobreza Infantil funcione. Eso es lo que necesitan.Pilar Castillejo : Es que ustedes están asumiendo un marco mental y una manera de hacer que no es propia de la escuela pública, sino que es propia de la extrema derecha.En medio de un conflicto con los maestros, en medio de unos resultados nada prometedores de los aspirantes a maestro o de los alumnos en las pruebas PISA, y de las hornadas de graduados ante las necesidades laborales de la industria, el Gobierno abre la caja de los Mossos en las escuelas y se encuentra, claro, que los docentes piden más especialistas, no personal de seguridad, por más mediación que sepa hacer (que los Mossos saben) y que se haga en otros países. Ya hace décadas que algo no va bien en la educación de este país, cosa que tiene que ver con la complejidad social creciente, la valoración social del trabajo de los maestros, los cambios constantes de leyes educativas, los recursos económicos y materiales de que disponen, la sindicalización de sus reivindicaciones, la dificultad para el diálogo en un mundo que se siente injustamente criticado y que es muy susceptible con cualquier fuerza exterior. Encontrar la confianza y el consenso para mejorar la educación es una cuestión de vida o muerte para el país.Buenos días.

Junts ha dicho no a la prórroga de los alquileres de Sumar-PSOE y leemos en el ARA que es una toma de posición arriesgada, “porque según todas las encuestas la vivienda es el principal problema de la ciudadanía”. Es verdad. Alquilar o comprar un piso es inasumible, no solo para los jóvenes. Y pagar el alquiler o la hipoteca también. ¿Pero qué arreglaba esta prórroga?

Más allá de politiquerías y estrategias de partido (en Junts deben estar muy seguros de adónde van, votando lo que votan), cualquier debate sobre vivienda debería partir de este principio: el derecho de las personas a una vivienda digna es superior y debe prevalecer sobre otros derechos, como el de la propiedad privada y su explotación dineraria. Aún podemos hacerlo más amplio: como principio general, allí donde los derechos individuales colisionan con el bien común, aquello que debe retroceder es el derecho individual. Jamás el bien común ni el interés de la sociedad. En una situación de emergencia habitacional, un particular —sea individuo, empresa inmobiliaria o fondo de inversión— no tiene “derecho” a especular con los precios del alquiler y la venta de viviendas. En una situación de crisis climática, nadie tiene “derecho” a destruir el medio ambiente en nombre de la productividad económica, y tampoco a cuestionar sin argumentos válidos las evidencias científicas. En una situación de epidemia, o pandemia, nadie tiene “derecho” a no vacunarse, si no es asumiendo que su decisión pone en peligro la salud y las vidas de las personas a su alrededor (y que le es indiferente). Son solo algunos ejemplos.Algunos tildarán el párrafo anterior de comunista, pero no lo es: es simple socialdemocracia y sociedad del bienestar, tal como las entendíamos no hace tanto tiempo. El principio es sencillo: para que las sociedades avancen deben hacerlo colectivamente. Si solo se benefician unos pocos y muchos salen perjudicados, no hay progreso: hay involución. Los discursos iliberales, o turbocapitalistas, no son una evolución del liberalismo clásico, sino su degradación. El mercado, por sí mismo, no pone a cada uno en su lugar, especialmente cuando el mercado está dopado, inflado y falseado en favor de intereses bien concretos y descriptibles. La retracción de la democracia deja al descubierto otro proyecto, un nuevo orden pensado y comandado por oligarcas globales con sirvientes locales en cada país, que imponen a los gobernantes y las poblaciones una especie de selección natural basada en el dinero. No es ninguna novedad en la historia humana, pero si durante algunas décadas nos hemos enorgullecido de que Occidente era la zona más avanzada del planeta, era justamente porque se había trabajado en la dirección contraria a todo esto.Intentar encarnar esta ideología en la figura del buen catalán (o el buen mallorquín) que ha currado toda la vida como una bestia y ahora tiene derecho a hacer lo que quiera con las casas y pisos que ha heredado de los abuelos, o que ha comprado especulando, es, como mínimo, una falsedad indecente. Cataluña, precisamente, ha sido pionera por haber sido un país construido sobre la idea firme (y esta sí, liberal) de la distribución de la riqueza y el mejoramiento colectivo. En Mallorca esta idea no ha existido nunca, y por eso se ahoga en un turismo masivo y sin alternativas a la vista (y vendiendo las casas y pisos de los abuelos al mejor postor, que curiosamente son los fondos buitre). El derecho a la vivienda digna, repitámoslo, debe prevalecer por encima del derecho a la propiedad.

A Pedro Sánchez se le complica el camino hasta el final de la legislatura. En las últimas horas dos de los socios clave de la mayoría de investidura, Junts y el PNB, han dado muestras de distanciamiento respecto al gobierno español. Si los juntaires se sumaron este martes al PP y Vox para tumbar el decreto de prórroga de los alquileres y el consorcio de inversiones pactado entre el PSOE y ERC, los nacionalistas vascos suspendieron una reunión en la Moncloa después de un polémico mensaje en las redes del PSE contra Aitor Esteban. Y todo ello les ha servido para pedir "respeto" a Sánchez y lanzarle una advertencia en la sesión de control al Congreso de esta mañana: "Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral, si quiere compañía o no".

Ayer Junts jugó fuerte en el Congreso. Derribó el consorcio de inversiones y el decreto de alquileres.Sobre la prórroga de alquileres, Junts reprochó a Sumar que tenga “alergia sistemática a todos los propietarios”. Y sobre el consorcio, dijo que Cataluña no necesita más “chiringuitos” sino recibir el dinero que le corresponde.No hay ninguna sorpresa en la posición de Junts, ni en un tema ni en el otro. En cuanto a los alquileres, Junts se agarra al hecho de que, en Cataluña, el 90% del mercado de alquiler de pisos está en manos de pequeños propietarios, y sólo un 10% en fondos de inversión. Busca situarse como defensor de los intereses de los inquilinos sobre los que recae la presión de la histórica falta de oferta pública de alquiler. Con todo, votar en contra de esta prórroga tiene un coste social que ayer Gabriel Rufián solemnizó con dos gestos: exhibiendo un billete y señalando a los diputados de Junts uno por uno.  Gabriel Rufián: ¿Sabéis cuál es vuestra bandera? ¿Sabéis cuál es? La tengo aquí. Es pequeña, pero es muy efectiva. Y además, de las que os gustan... Cincuenta pavos. Podría ser más. La dejaré aquí. Esta es su bandera. La que comparten con el PP y con Vox. Para joder a casi tres millones de personas. Quiero que la gente los conozca. Son Josep Maria Cervera, Josep Pagès, Pilar Calvo, Isidre Gavín, Marta Madrenas, Josep Maria Cruset y Miriam Nogueras”.

Salvador Illa no consigue calmar las aguas entre la comunidad educativa. Los sindicatos han convocado hasta 17 días de huelga durante los próximos dos meses en protesta por el acuerdo que el Govern firmó con CCOO y UGT, pero no con USTEC. El ejecutivo de Salvador Illa, sin embargo, a pesar de la envergadura de la protesta, no tiene previsto moverse y hasta ahora ha defendido el pacto firmado hace unos meses. De hecho, ha invitado al sindicato mayoritario, USTEC, a sumarse a él. "Se ha firmado un acuerdo que es el mejor que se ha firmado nunca", ha afirmado el presidente de la Generalitat durante la sesión de control de este miércoles en el Parlament. Unas palabras que se suman a las que pronunció este martes la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, que dejó claro que el Govern no enmendará el acuerdo firmado, sino que lo único que hará será poner "argumentos" sobre la mesa para convencer a USTEC, a quien también invitó a sumarse a "desplegar" este pacto.

Durante muchos años, seguramente desde su fundación en el año 2017, a Junts se le ha acusado de no tener unas líneas ideológicas claras. Con el Procés y la metamorfosis de Convergència, el eje derecha-izquierda se desdibujó y la agenda nacional predominaba en todos los casos. Casi diez años después, los códigos de la política catalana y española son otros y, sobre todo en el Congreso, la agenda de votaciones impone mojarse en debates que hasta ahora habían sido incómodos para los juntaires. Ya no: Junts ha cogido una línea clara en propuestas ideológicas en materia de vivienda que dista del control de precios que plantean las izquierdas, y cada vez se muestra más crítico con el gobierno de Pedro Sánchez.

Doble no de Junts en el Congreso, que ha tumbado tanto el consorcio de inversiones pactado entre el PSOE y ERC como el decreto que prorroga los contratos de alquiler. Un posicionamiento que ha convertido a los juntaires en el blanco de las críticas y de la indignación de la izquierda durante el pleno de este martes por la tarde. En el primer caso, tanto los republicanos como los socialistas, así como el Govern, han reprochado a Junts que bloquee la tramitación de la proposición de ley, presentada por ERC, que plantea constituir un nuevo organismo mixto entre el Estado y la Generalitat. Este ente debería garantizar la ejecución de las inversiones que el gobierno español presupuesta para Cataluña, que, tradicionalmente, no se acaban llevando a la práctica totalmente.

Dos medidas habitacionales penden de un hilo: la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler que finalizan entre el 22 de marzo del 2026 y el 31 de diciembre del 2027 y la limitación de la actualización anual de los contratos al 2% para esquivar la subida de la inflación por la guerra en Oriente Medio. Ambas propuestas se recogen en el decreto del gobierno español para afrontar, precisamente, el choque económico de la guerra sobre la vivienda, en particular sobre los alquileres, que este martes vota el Congreso. Nada hace pensar, sin embargo, que prosperará.

Junts ha acelerado los nombramientos de candidatos a las elecciones municipales. Según fuentes junteras consultadas por el ARA, el objetivo es tener listos los nombres de los cabezas de lista "este verano" para lo que será una prueba de fuego para el partido de Carles Puigdemont, especialmente en un contexto en el que planea la amenaza de Aliança Catalana, que podría robarles apoyos. Más allá del tira y afloja en la Cataluña interior, hay una prioridad absoluta: el área metropolitana y los "municipios cero", aquellos en los que no tienen representación. ¿Cuál es la realidad y el plan para revertir esta pesadilla electoral?

Junts tiene una operación ambiciosa en marcha de cara a las próximas elecciones municipales: reagrupar el espacio de Convergencia. Le ha salido, sin embargo, un competidor porque el PSC también se mueve para pescar entre las filas exconvergentes. A estas alturas hay conversaciones y se están ultimando entendimientos para disputar un legado, el convergente, que ha revivido desde el rescate de la figura de Jordi Pujol.

El presidente Salvador Illa tiene fama de ser una persona puntual. Y este día de Sant Jordi incluso ha llegado un cuarto de hora antes. El jefe del ejecutivo ha acudido a las cuatro y cuarto a la parada del PSC cuando los periodistas estaban citados a las cuatro y media y ha hecho una vuelta relámpago por el cruce de Rambla Catalunya con la calle Diputació. Allí Illa se ha hecho las primeras fotos con algunos seguidores y ha compartido cuatro palabras con el vicepresidente segundo de la mesa del Parlament, David Pérez, y también con el conseller de Justicia, Ramon Espadaler.

La operación para el regreso del expresidente Carles Puigdemont a Cataluña se ha cocido a fuego lento, de manera que desde finales del año pasado ya está cerrada y tiene todos los detalles logísticos milimetrados. Pero a cal y canto, siguiendo el modelo del regreso fugaz del 8 de agosto de 2024, que pilotó un núcleo reducido y en el que participaron con un papel activo el secretario general, Jordi Turull, y el vicepresidente, Toni Castellà. Según ha podido saber el ARA, los pormenores de la vuelta se guardan con el máximo secretismo, pero se tienen claros una serie de elementos, como la "participación clave" del gobierno del 1 de octubre en el acto de regreso, que primará la institucionalidad propia para un presidente en el exilio. Esto deberá permitir el reencuentro de figuras esenciales de aquel ejecutivo, como Oriol Junqueras, su vicepresidente, en una época en que también fueron fundamentales las entidades soberanistas y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Después de reclamar el endurecimiento de los criterios para la regularización extraordinaria de migrantes en España, Junts da un paso más contra la medida que ha aprobado el gobierno de Pedro Sánchez y de la cual se beneficiarán medio millón de personas. El partido de Carles Puigdemont ha anunciado que llevará la regularización a Europa porque "ignora el requisito de conocer el catalán". La formación ha encargado a su departamento jurídico que prepare "la presentación de una denuncia ante las instituciones europeas por la vulneración de diversas directivas y la marginación de una lengua cooficial como criterio de integración", según ha detallado este viernes en un comunicado.

"Racista y clasista", así ha sido como ha descrito la vicepresidenta española, Yolanda Díaz, del espacio de Sumar, Junts per Catalunya, con quienes pactaron la investidura del presidente español, Pedro Sánchez. Díaz ha argumentado que "sabe muy bien" quién es el partido de Carles Puigdemont y ha aseverado que "en su vida nunca ha definido a Junts como progresista". Esta acusación, hecha en una entrevista a Onda Cero, llega en pleno choque con los juntaires por las medidas de vivienda, ya que Sumar quiere que el grupo que lidera Miriam Nogueras convalide el decreto ley que aprobó el consejo de ministros en el paquete de medidas por la guerra de Irán que prorroga los contratos de alquiler. Un apoyo que los de Puigdemont se niegan a brindarle porque no comparten la medida y porque han presentado una alternativa que implica bajar impuestos (deducciones para inquilinos y propietarios). La votación se tiene que hacer en el Congreso el 28 de abril y Sumar ha comenzado una ronda de contactos para lograr apoyos que ha comenzado con mal pie. Junts ha decidido romper relaciones con el partido hasta que rectifiquen, según ha avanzado Europa Press y ha confirmado el ARA.

Todavía no hace ni un mes, el 27 de marzo, me pregunté en este análisis: “¿Puede un ministro socialista mejorar algo de la financiación?” El valenciano Arcadi España acababa de relevar a la vicepresidenta Montero, que se iba de candidata del PSOE a la campaña electoral de Andalucía. Nos preguntábamos si un nuevo ministro de Hacienda podía cambiar algo del reparto del dinero, porque el nuevo ministro era perfectamente consciente de lo mal financiado que está el País Valenciano. Pues no ha habido que esperar mucho una respuesta que deseábamos que no tuviera que ser retórica.Ahí lo tienen: “El nuevo ministro no cede y Catalunya no recaudará el IRPF”. Porque dice el ministro que cualquier traspaso en la recaudación se hará en el marco de la Hacienda estatal. O sea que el gobierno español continúa sin hacer suyo el acuerdo de Esquerra con el PSC para la investidura de Salvador Illa. Será la agencia del Estado la que continuará teniendo las competencias en gestión y recaudación, y la agencia catalana sería una entidad colaboradora. Pues suerte que este era el ministro federalista y que Sánchez e Illa tienen una gran sintonía personal y política. Aparte de que el PSOE solo va arrastrado a las mejoras de autogobierno y que cree que con la amnistía ya se ha quemado bastante, los altos funcionarios son un estado dentro del Estado y tanto da que gobierne el PP como el PSOE.Mientras tanto, Cataluña continúa mal financiada, muy por debajo de lo que paga y de lo que necesita, y no hay margen para que baje el tramo autonómico del IRPF: el PSC, Esquerra, Comuns y la CUP votaron en contra de la propuesta de Junts (votada por el PP, Vox y Aliança Catalana) para rebajar el IRPF y eliminar el impuesto de sucesiones. Junts sabía que perdería pero quiere hacer hincapié con la idea de que los catalanes vivimos ahogados por impuestos mientras otras autonomías sí que se pueden permitir rebajas fiscales.En otro orden de cosas, contestamos una pregunta que nos hacemos esta mañana en el diario a propósito del incidente del diputado de Vox que subió a amenazar al presidente en funciones del Congreso durante un pleno. La pregunta es si el incidente fue una anécdota o es categoría. La respuesta es clara: esto es categoría, la ultraderecha es violenta por definición y necesita desprestigiar las instituciones a base de desprecio e intimidación. Saben perfectamente lo que hacen: hacer ver que están tan cargados de razones que no tienen más remedio que perder los papeles ante las injusticias. Y en concreto, el comportamiento de energúmen del diputado de Vox José María Sánchez es perfectamente consciente, porque es juez en excedencia del Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano. Este es el nivel.Buenos días.

Sumar ha iniciado una ronda de contactos para conseguir suficientes apoyos para convalidar la prórroga de los alquileres que se debe votar en el Congreso el 28 de abril. Un paso imprescindible para que el decreto ley aprobado por el gobierno español a raíz de la guerra de Irán en materia de vivienda se mantenga vigente. Desde el partido de Yolanda Díaz aseguran que hay abierta una negociación con Junts y ven "agua en la piscina", pero los de Miriam Nogueras no están ni mucho menos en esa línea: mantienen su no a la prórroga de los alquileres y han presentado una alternativa en políticas de vivienda para hacer frente a la crisis generada por el conflicto en Oriente Próximo que choca directamente con lo que está haciendo el gobierno español. Los juntaires, pues, solo estarían abiertos a hablar en caso de que el PSOE y Sumar aceptasen sus medidas de "emergencia" y retirasen su decreto.

Ya está vigente desde esta mañana una medida que nos afecta de cerca: la regularización extraordinaria de inmigrantes que el consejo de ministros español aprobó ayer.Aunque el gobierno español no ha dado cifras por comunidades, los cálculos que se han hecho coinciden en decir que Cataluña será la comunidad autónoma donde se regularizarán más, entre 135.000 y 150.000 personas. 90.000 lo harán en el País Valenciano, 60.000 en Madrid y en Andalucía y 18.000 en las Islas Baleares, estimativamente. En total, en España medio millón de personas que ya viven aquí pueden acabar teniendo papeles.El gobierno español ha endurecido las condiciones para la regularización, tal como planteaban Junts y el PP, de manera que habrá que presentar un certificado que demuestre que el solicitante no ha tenido antecedentes penales en los cinco años anteriores a la solicitud. Los términos del debate son conocidos.Si hablamos de política, con esta medida Sánchez hace de anti-Trump y su policía que va por los sitios a la caza y captura de inmigrantes sin papeles. Es la manera de Sánchez de jugar siempre al ataque y de ponerse al frente del progresismo mundial. Por su parte, Feijóo se mueve en los términos previsibles y dice que esta regularización es “inhumana, injusta e insegura”, y lo remata con un “aquí podrá entrar cualquiera”. La realidad es que tanto el PP como el PSOE (Aznar, González, Zapatero) aprobaron regularizaciones.Si hablamos en términos humanitarios, todas las entidades que trabajan con inmigrantes lo encuentran justo, si no queremos que miles de personas que viven entre nosotros malviván sin derecho a nada. Del mismo parecer han sido los obispos.Si hablamos en términos económicos, la población autóctona envejece rápidamente, la natalidad es muy baja y la inmigración es la mano de obra necesaria para un modelo de negocio de servicios, que es por eso que España crece, con sueldos bajos en el sector turístico y en el de los cuidados. En este sentido, se da la paradoja de que los empresarios, el gobierno español de izquierdas y los obispos están a favor de la regularización. Otra cosa es el debate entre economistas sobre si estos nuevos ciudadanos de pleno derecho piden más servicios de los que pagan. Miquel Puig ha escrito sobre esto en ARA. Es aquello de “¿Todo esto, quién lo paga?”.