La política española tiene etapas de un alboroto inigualable. Estos días la aceleración ha llegado a un grado de excitación que hace temer por la salud coronaria de gobiernos, políticos, propagandistas y ciudadanos creyentes en general. Intentando comprender el mundo que nos rodea en plena aceleración y una vez hemos agotado las citas al cínico de Maquiavelo, el bienaventurado de Rousseau, el provocador de Nietzsche y la valiente de Arendt, ya solo nos queda entregarnos a la sabiduría de James Bond. La política responde hoy al “shaken, not stirred” (agitado, no removido) de un enésimo Martini que sabemos que no puede acabar bien.

"A Pedro Sánchez no lo investiremos porque hemos salido escaldados". De esta manera respondía el secretario general de Junts, Jordi Turull, esta semana a la periodista Ariadna Oltra en Els matins cuando le preguntaba qué haría su partido si volvieran a ser decisivos en el Congreso de los Diputados. ¿Qué ha pasado en estos tres años para que la conclusión de Junts sea esta? ¿Qué se ha roto y, sobre todo cuándo, si al final parece que se podrá aplicar la amnistía al expresidente Carles Puigdemont? El ARA ha reconstruido los momentos clave de esta tortuosa relación que empezó el verano de 2023 después de años de poco contacto a raíz del Procés.

El reaccionarismo español y el catalán rechazaron la semana pasada los decretos de urgencia sobre vivienda que podían paliar, que no resolver, la situación de emergencia residencial que sufre una parte importante de la población. Había un clamor social para que se afrontase. Junts ha asumido el relato de los grandes tenedores y especuladores inmobiliarios, como también el de los rentistas pequeños y medianos que han contribuido a tensionar, y de qué manera, este mercado. Con su posición, no han defendido los intereses de sus votantes ni de los que son propietarios de su vivienda, sino los de los especuladores con apartamentos turísticos y grandes tenedores de pisos. Lo plantean como una mera cuestión técnica, pero el tema es radicalmente político. O defendemos intereses particulares o bien generales, esto es indiscutible. Cuando alguien puso en duda la existencia de la lucha de clases, el gran financiero Warren Buffett dijo: “Sí que hay lucha de clases, y la que va ganando es la mía”. Buffett es un especulador que era lo suficientemente sensato para decir que no entiende que a él se le aplique un tipo impositivo por debajo del de su secretaria. Hay quien está en política para defender lobis, fondos buitre y las minorías extractivas. No lo disimula que se envuelvan en banderas o discursos falsamente técnicos. Afirman los entendidos que el acuerdo para validar uno de los decretos estaba hecho, y que fueron Puigdemont y su antipática representante en Madrid quienes lo echaron atrás.

1. El núcleo de la transacción entre Junts y el PSOE para facilitar la investidura de Pedro Sánchez fue la amnistía, que finalmente se ha materializado después de mucho esfuerzo. El acuerdo desencadenó una ola de resentimiento como nunca se había visto en Madrid (nosotros, bien que ya la conocíamos, aquí). Jueces, poderes económicos, medios de comunicación y todos los resortes del Estado profundo reaccionaron a la ofensa orquestando una operación de caza mayor del presidente del gobierno español y de su entorno. Finalmente, en un cierre digno de una tragedia griega, Sánchez ha acabado abatido por quien le había estado dando aire durante más de tres años. ¿Qué balance hago de todo ello? Junts ha desperdiciado una oportunidad verdaderamente histórica para hacer valer al país en lugar de concentrarlo todo en la restitución de los agravios a las víctimas del Procés. Ambas causas eran legítimas, por supuesto, pero había que elegir prioridades. Y los hechos son tozudos: o una cosa o la otra. Con un gobierno en el horizonte en el que el PP y Vox tendrán una mayoría holgada, ya nos podemos olvidar por muchos años de una mejor financiación, de la condonación de una parte de la deuda del FLA, de la transparencia en las balanzas fiscales y de las necesarias inversiones en infraestructuras. No quedará nada de nada.

Terremoto político en el Alt Empordà. El gobierno municipal de Junts, liderado por Lídia Ferrer, ha decidido mantener a Roger Pinart, el concejal de El Port de la Selva que eligió la esvástica por delante de la alpargata, en una de las últimas polémicas relacionadas con Aliança Catalana. La dirección del partido de Carles Puigdemont ha exigido la destitución fulminante de Pinart –que no milita en Junts pero forma parte del ejecutivo municipal–, pero Ferrer ha decidido darle "apoyo total". En declaraciones a l'ARA, Ferrer defiende su "magnífico trabajo como concejal de Seguridad" en el consistorio, donde es segundo teniente de alcalde, y resta importancia a su polémico tuit a favor de la esvástica. La alcaldesa admite el choque con la dirección de Junts, pero deja claro que en ningún caso le destituirá y que el partido debe respetar su decisión.

Permítanme que comience el análisis saliendo del guion previsible, pero es una gran noticia que ayer 55.000 personas asistieran al primer concierto de despedida de Oques Grasses en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Llenar un estadio olímpico no está al alcance de todo el mundo, y menos hacerlo cuatro días seguidos. No se pierdan la crónica que hace nuestro especialista musical, Xavier Cervantes. La música cantada en catalán llega, tiene público, un público de todas las edades, incluyendo muchos jóvenes, y cuando hay una buena noticia para nuestra cultura también se ha de decir.

Cambio de tono de Salvador Illa. Este miércoles era el primer pleno del Parlament después de la amnistía total a Carles Puigdemont y los exiliados, pero también del adelanto electoral en España, y el presidente de la Generalitat ha entrado de lleno en precampaña electoral en la sesión de control. El líder socialista, y gran valedor de Pedro Sánchez, se ha referido una vez tras otra a los comicios españoles del 29 de noviembre y ha cargado de manera contundente contra la oposición. "Tres siglas, PP, Vox y Junts; un solo voto, bloquear el acceso a la vivienda", ha espetado, en referencia a los dos decretos que las tres formaciones rechazaron la semana pasada.

Al día siguiente de que la líder de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, cerrara del todo la puerta a facilitar un gobierno del PP y Vox, el secretario general de la formación, Jordi Turull, también ha descartado investir al presidente español y líder socialista: "A Pedro Sánchez no le investiremos, porque hemos salido muy escaldados de esta persona", ha sentenciado en una entrevista a TV3. De hecho, ha recalcado que el pacto de Bruselas, semilla de la última legislatura en el Estado, "era un acuerdo en términos históricos, pero cuando no era un ajo era una cebolla y siempre encontrando excusas todo se iba retrasando".

Ni el mejor guionista lo habría previsto mejor. Tres años después de que la amnistía diera una legislatura más a Pedro Sánchez, con la amnistía se ha puesto también punto final. La aceleración de los tiempos a raíz del caso de desahucio de Maricarmen Abascal ha hecho que la disolución de las Cortes haya coincidido prácticamente con la orden del Constitucional al Supremo de que aplique la amnistía inmediatamente a los líderes del Procés y con la retirada de las órdenes de detención al expresidente Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. Una espada de Damocles que hacía nueve años que llevaban encima. Ahora bien, después de casi una década, a Carles Puigdemont le queda la parte más difícil: el verdadero retorno.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha dado por terminada la etapa "de represión política" posterior al 1-O después de que el Tribunal Constitucional haya avalado por completo la amnistía. La decisión supone, ha dicho, una derrota para los diversos poderes públicos españoles que han puesto palos en las ruedas a la aplicación de la ley "por razones estrictamente políticas". La comparecencia institucional del exjefe del Gobierno se ha producido esta tarde, pocas horas después de que el Tribunal Supremo haya anunciado también el levantamiento de su orden de detención, lo que supone el primer paso definitivo para que regrese del exilio a Cataluña. El líder de Junts ha reivindicado la "enorme importancia política" de la ley, que desautoriza la represión y evidencia que "este no era el camino". Ahora bien, ha advertido de que el conflicto político con el Estado sigue vigente: "En términos de la relación Cataluña-España, hoy no se soluciona nada [...]. La amnistía no es en sí misma una solución", ha reivindicado desde Waterloo.

La publicación de la convocatoria de elecciones anticipadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha dado este martes el pistoletazo de salida a la precampaña. Pedro Sánchez busca arrastrar el voto progresista movilizado por la crisis de vivienda y darle la vuelta al resultado que auguran las encuestas, que dan mayoría a la derecha y la extrema derecha. Todo dependerá, sin embargo, de la correlación de fuerzas resultante de las urnas el 29 de noviembre, y gran parte de las miradas en campaña estarán sobre Junts, que ya hizo decantar la balanza en esta última legislatura española. Se espera una posición de equilibrios y equidistancia calculada de los juntaires en campaña, pero la portavoz en Madrid, Miriam Nogueras, ya ha asegurado que no facilitarán un gobierno del PP y Vox.

No suelo coincidir con Junts en muchas cosas. Pero, en materia de vivienda, su voto contrario a los decretos contiene un gran sentido económico que, en tanto que ciencia, está por encima de cualquier ideología.

¿La negativa a votar los decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados puede beneficiar a Junts? La convocatoria de elecciones anticipadas del presidente español, Pedro Sánchez, ¿le permitirá ganar apoyos, frenar la caída que detectan las encuestas o, por el contrario, le pasará factura? Las cuestiones relacionadas con la vivienda navegan, en el ámbito electoral y comunicativo, entre lo que se llama técnicamente un tema posicional y un tema de valencia. Es decir, por un lado, los partidos tienen posiciones (propuestas) diferentes, las cuales en este caso pueden oscilar entre posiciones más pro mercado o pro intervención (alineadas a menudo en la lógica de izquierda y derecha). Por otro lado, están los temas valencia, una manera de enfocar una cuestión que, a priori, tiene una posición contraria, pero que nadie defiende. Por ejemplo, la idea de que todo el mundo tiene derecho a la vivienda es, políticamente, una posición valencia. Raramente, un político hará un discurso en público defendiendo la posición contraria. Esto también aplica en muchos otros ámbitos: es difícil pensar que un partido puede ganar votos defendiendo la corrupción o la incompetencia.

Vivimos tiempos peligrosos para la verdad y la coherencia. La polarización ha devorado la capacidad de confrontar ideas –sustituyendo adversarios por enemigos– y los eslóganes electoralistas han sustituido las leyes. No se legisla, se hacen anuncios. No se solucionan problemas, se aplican parches. No se exigen responsabilidades a los gobiernos sino a la oposición. En general, el sentido común hace años que se exilió.

Definitivamente, Junts ha marcado perfil propio en el Congreso en una semana en la que todas las miradas apuntaban hacia los de Carles Puigdemont. La presión de la izquierda no ha surtido efecto y los juntaires han tumbado los decretos de vivienda, y han contribuido a una crisis institucional que amenaza con llevar al Estado a unas nuevas elecciones. El balance que hace el partido es positivo: son el único partido catalán –además de las delegaciones del PP y Vox– que se ha distanciado de las propuestas de la Moncloa. De hecho, fuentes juntaires explican que no han parado de recibir "felicitaciones" de pequeños propietarios, que les habían reclamado tumbar los decretos (algunas de las cartas las publicó el mismo partido en las redes).

La partida política se está acelerando. No está claro que los actores sepan a dónde van, pero sí que está claro que están acelerando. De rebote, aceleramos todos probablemente hacia unas nuevas elecciones. La convocatoria dependerá del nuevo periodo de reflexión del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que no había calculado que la precipitación con la que se han gestionado los decretos de vivienda podía cargarse la legislatura. ¿Cómo se ha llegado a una derrota parlamentaria que pone la legislatura contra las cuerdas? Con un cúmulo de irresponsabilidad, codicia, oportunismo, presiones y más voluntad de parchear que de resolver. De entrada, irresponsabilidad del PP madrileño, que ha actuado con crueldad y displicencia ante un caso que pedía empatía de la administración para evitar el desahucio de una persona de 87 años. Irresponsabilidad también de una izquierda que pretende hacer de oposición y de gobierno a la vez y que en lucha con su propia izquierda compite por ponerse al frente de la manifestación.

Ayer el Congreso tumbó los decretos de vivienda con los votos del PP, Vox y Junts. Puede parecer un episodio más de una legislatura que se juega la supervivencia en cada votación, pero es más que eso. Vuelve al centro de la política un conflicto, presente en toda Europa, largamente aplazado y nunca resuelto. Un conflicto que se sitúa sin ambigüedades en el eje izquierda-derecha, entre liberalización e intervención. Una fractura entre quien tiene casa y quien no la tiene, entre quien podrá dejar un piso en herencia y quien no podrá nunca.

Gabriel Rufián pedía este viernes "cabeza fría" a Pedro Sánchez a la hora de decidir si pulsa el botón rojo para avanzar las elecciones. El portavoz republicano lo decía porque a la izquierda del PSOE no hay "nada para poder sumar" –el espacio de Sumar todavía no ha elegido cara visible ni tampoco ha negociado cómo será su coalición–. Esta ha sido una de las obsesiones de Rufián desde hace meses, aglutinar las fuerzas de izquierdas y soberanistas de todo el Estado en un frente amplio para intentar maximizar el voto –una propuesta que ha topado con el rechazo frontal de Oriol Junqueras–. Pero más allá de cómo se reconfigure este espacio, Rufián obvió que si se acaba la legislatura española, también quedarán en papel mojado los principales pactos que ERC todavía tiene por cumplir. Sin ir más lejos, no vería la luz el nuevo modelo de financiación para Catalunya, el pacto estrella que llevó a ERC a investir a Salvador Illa.

La vivienda es sin duda el gran problema de la sociedad actual, y no hay ninguna solución mágica ni, sobre todo, rápida. Ahora bien, hay dos elementos que son ciertos: el primero es que las familias se ven obligadas a destinar una porción cada vez mayor de sus ingresos, especialmente si están de alquiler. Y el segundo es que este esfuerzo económico excesivo provoca que mucha gente, al sufrir alguna circunstancia que conlleva una rebaja de ingresos –como la pérdida del trabajo o un problema de salud–, no pueda afrontar el pago de la hipoteca o del alquiler. Convertirse en persona vulnerable no es tan difícil en el mundo actual, y su cara más amarga son los desahucios.

Esta mañana ha comenzado con un rumor que ha derivado en pregunta: después de que Junts haya anunciado que no votará los dos decretos de vivienda, ¿Pedro Sánchez anunciará la convocatoria de elecciones? Porque el escenario es propicio: el caso Maricarmen ha dado la vuelta al mundo (incluso ha llegado al Papa), ha sacado a la gente a la calle; con los dos decretos, el PSOE se ponía al lado de la gente de la calle, ergo si alguna vez ha habido una coyuntura mínimamente favorable al PSOE para convocar elecciones era esta. El caso Maricarmen ha borrado a Ceuta del debate. Con Ceuta no podías ir a elecciones, pero con la Maricarmen sí. Ahora hay un corte limpio: derechas e izquierdas.