Con el aval del TJUE todavía presente y al día siguiente de que el expresidente Carles Puigdemont denunciara España en la Comisión Europea por el incumplimiento de la ley, el independentismo ha aprovechado la última sesión de control al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para presionarlo, pero sobre todo para rebuscar en su hemeroteca. Lo ha hecho la líder de Junts en el Parlament, Mònica Sales, cuando le ha espetado: "Primero dijo «ni amnistía ni nada de eso»". Se ha sumado poco después el cabeza de filas de ERC en la cámara, Josep Maria Jové, que le ha pedido que "haga memoria": "Usted no la quería". El presidente de la Generalitat ha evitado entrar en ello y ha defendido mirar "adelante": "Una amnistía era necesaria para que en Catalunya se pudieran normalizar las negociaciones".

La empresaria Anna Navarro, que fue la gran apuesta de Carles Puigdemont en las elecciones del 2024, deja el Parlament. En un comunicado, Junts ha anunciado que la que fue número dos de la candidatura del partido ha renunciado a su escaño, aprovechando que finaliza el actual periodo de sesiones. Lo ha hecho durante una reunión del grupo parlamentario, alegando motivos "personales y profesionales", según el texto difundido por la formación. Navarro, sin embargo, continuará vinculada a la organización: seguirá formando parte de la dirección permanente y de la ejecutiva de Junts. Antes de hacerlo público, había comunicado su decisión al presidente del partido, al secretario general Jordi Turull, y a la presidenta del grupo parlamentario, Mònica Sales. Durante esta legislatura, Navarro no había tenido protagonismo en el Parlament ni en las grandes decisiones del día a día del partido, a pesar de presentarse en su momento como el gran fichaje de los juntaires.  

En Junts las encuestas hace tiempo que no van bien en general. No es solo el último barómetro del CEO, sino que, desde la investidura de Salvador Illa como presidente, todo ha ido a la baja. De esta situación se habló en la cumbre del pasado lunes, avanzada por el ARA, en la que el secretario general, Jordi Turull, convocó a una veintena de cuadros, entre alcaldes y cabezas de lista de capitales de comarca. "El partido va bien en Madrid, pero no en Cataluña", fue una de las frases más repetidas en la cumbre, según diversas fuentes consultadas. Y no es nueva: un grueso del partido considera que Junts funciona correctamente en el Congreso, pero no en el Parlament. ¿Cuál es la crítica?

La final del Mundial que enfrentan este domingo España y Argentina ha evidenciado las diferentes posturas dentro del independentismo sobre el apoyo a la selección española de fútbol, un debate que ya se produjo con motivo de la Eurocopa de 2024. Pero la insistencia con que algunos de sus dirigentes se han descolgado estos días con muestras de apoyo abierto a la roja ha reabierto un debate que el soberanismo no ha resuelto nunca del todo: ¿qué hacer cuando España gana?

Uno de los ejes del argumentario de PP y Vox en las últimas semanas ha sido el de señalar que el gobierno español estaría, supuestamente, tratando de alterar el censo electoral con la incorporación masiva de personas de origen extranjero. La ley de nietos, que concede la nacionalidad española a familiares de exiliados durante el franquismo, y la regularización extraordinaria de inmigrantes, que da permiso de residencia y trabajo a personas que ya estaban en el Estado, han estado en el foco de las críticas de la derecha y la extrema derecha españolas. No solo por el impacto que auguran que podría tener en los resultados de los próximos comicios españoles —la regularización no da derecho a voto, mientras que la ley de nietos sí que da esta posibilidad— sino también en la estructura social y el acceso a los servicios públicos. Ahora es Junts quien se ha sumado parcialmente a estas tesis.

A diez meses de las próximas elecciones municipales, el tripartito independentista que gobernaba Girona desde 2023 ha llegado a su fin. Tras un duro artículo publicado el domingo, en el que la vicealcaldesa y candidata de Junts a la reelección, Gemma Geis, ya anticipaba que se le había acabado la "paciencia", el partido de Carles Puigdemont ha tomado la decisión de abandonar el ejecutivo y pasar a la oposición. Geis lo ha anunciado este martes por la mañana en una rueda de prensa, acompañada de los seis concejales del partido. "Nuestro grado de exigencia es muy alto y Girona merece más", ha afirmado.

La dirección nacional de Junts ha convocado este lunes a las seis de la tarde una cumbre municipal con una veintena de cuadros, entre cabezas de lista y alcaldes de capitales de comarca del país, para cerrar el curso abordando los principales retos de la formación. Y entre estos destacan el descenso en encuestas como la del CEO, de hace escasos cuatro días, y el auge de Aliança Catalana a costa de los juntaires que se refleja en ella. Cuando falta menos de un año para las elecciones municipales y solo tres días para la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la amnistía, el secretario general, Jordi Turull, ha encabezado la dirección en el encuentro telemático, en el cual militantes de múltiples comarcas han trasladado su parecer sobre el rumbo del partido en un contexto complejo.

Es noticia cualquier información que altera la percepción de la realidad. Una encuesta del CEO se ha convertido en evento porque atribuye a Aliança Catalana un insólito paso de 2 escaños a una franja de 23-25 (tercera fuerza). Un castigo a Junts que se acaba de redondear con la conversión de ERC en segunda fuerza. El PSC, con un cierto retroceso, sigue liderando la situación. La izquierda de la izquierda, Comuns y compañía, continúa en el limbo.

El resultado de la encuesta del CEO pone números a una realidad que todos hemos palpado en la calle, la de la creciente intención de voto de mucha gente hacia Aliança Catalana. Lo que pasa es que estos números son -o serían, mejor dicho- un tsunami político y representarían una nueva página de la historia de la sociedad catalana.Pasar de los dos diputados que tienen ahora a 23-25 que dice el CEO es un tsunami. Y para Junts, pasar de 35 a 13-18 también lo es.Cuando el mensaje principal de un partido es tan básico como “Salvar Cataluña” y lo formula una líder nada empática, al frente de un equipo desconocido, y, aun así, sus expectativas electorales se disparan, es que ha conectado con los malestares reales o sugeridos de mucha gente, en relación con la inseguridad en las calles, el radicalismo islámico, la inmigración “masiva”, la emigración de jóvenes catalanes bien preparados, la reculada de la lengua o el expolio fiscal. Muchos catalanes sienten –y lo que es peor, notan– que el país se les está deshaciendo entre los dedos. Y atención, porque el diagnóstico ha encontrado una nueva centralidad en la que han ido a coincidir desde votantes del catalanismo integrador de Junts y Convergència hasta españolistas de toro y de Legión de Vox. 1 de cada 3 votos que ganaría Aliança Catalana vendría de Junts, y 1 de cada 4 votos vendría de Vox, hermanados por la bandera de la islamofobia. La actual mayoría parlamentaria PSC, Esquerra, Comuns aguantaría por los pelos, con un PSC que bajaría de 42 a 36-38. El gobierno del sosiego, el de la gestión, no está siendo suficiente, entre otras cosas porque la gestión está siendo claramente mejorable.Que Aliança Catalana haya detectado las causas del malestar no quiere decir que tenga la capacidad de encontrar remedio. De hecho, los partidos de extrema derecha son especialistas en identificar culpables, pero no son tan eficaces a la hora de encontrar las soluciones; al contrario, porque de la dureza al odio que rompe sociedades puede haber un paso muy corto. Y con el odio vamos hacia una nueva fractura social. Miren el reportaje que firma Sebastián Marín, sobre cómo unas 400 personas de origen marroquí se han reunido esta noche en L'Hospitalet de Llobregat para seguir el Francia-Marruecos del Mundial, en un encuentro organizado por el consulado de Marruecos en Barcelona. Tomémoslo como un efecto: no pueden confundir los efectos del islamismo radical, o la delincuencia asociada a la pobreza de algunos inmigrantes, con la convivencia con vecinos de religión islámica. Y la ultraderecha, ya lo sabemos, lo mezcla todo.La encuesta del CEO interpela a Junts y dentro de Junts, al presidente Puigdemont. Ya hace meses que debería poder vivir en Cataluña, en aplicación de la ley de amnistía, pero el poder judicial lo ha bloqueado. Esto perjudica las expectativas de un partido que vive mucho de la figura casi icónica del president en el exilio. Al mismo tiempo, es evidente que hemos pasado de un Puigdemont con iniciativa política, que se movía por Europa y superaba detenciones y estaba muy presente en los medios para dirigir el mensaje, a un Puigdemont que básicamente solo habla en las redes, con un tono a menudo resentido, marcado por los ya casi nueve años de exilio, los magros resultados de la negociación con el PSOE, que transpira la idea de que tanto le da el PP como el PSOE, porque a efectos de Cataluña son lo mismo. Puigdemont tuvo estatus de estrella del rock político. Hoy, Aliança Catalana está actuando de sustituto del interés por la política, de voto emocional, que significó el Procés. Y Junts no podrá abordar esto eficazmente si no deja de ser un partido enfadado con el mundo (por más motivo que tenga) y empieza a generar confianza y orgullo entre la gente.

El PSC volvería a ganar las elecciones al Parlament si se celebrasen hoy, a pesar de mantener una tendencia a la baja que lo llevaría de los 42 escaños que obtuvo en 2024 a una horquilla de entre 36 y 38. Ahora bien, la imagen más relevante que ofrece el barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) que se hizo público ayer es la consolidación de Aliança Catalana en la derecha del arco parlamentario. El partido de Sílvia Orriols se eleva a 23-25 diputados (tiene 2, actualmente) y supera ya de forma clara a Junts per Catalunya, su principal rival, que perdería la mitad de los apoyos hasta una horquilla de entre 16 y 18 diputados. ERC es el otro partido que sube, y consolida la segunda posición que ya le pronostican otros sondeos, hasta los 24-26 diputados.

En la quinta ciudad más poblada de Cataluña, Junts ha atravesado dificultades los últimos años. Quedan lejos los cinco concejales en Sabadell que mantenía de la época de CiU, en la que lideró la oposición: actualmente solo tiene dos y, además, han sido expulsados de la formación por desacatar y confrontar el parecer de la asamblea juntaire en la ciudad. De hecho, de facto, actualmente no hay representación de Junts en Sabadell. Este martes, sin embargo, se ha firmado el acuerdo –trabajado desde hace meses– para una candidatura conjunta entre diversos partidos liderada por Junts y encabezada por el exlíder de ERC en la ciudad Gabriel Fernàndez. Y, bajo el nombre de Acció per Sabadell, ha sido formalmente apadrinada por el secretario general juntaire, Jordi Turull.

Los procedimientos judiciales se acumulan en Altafulla. Además de la causa sobre las adjudicaciones al exconseller Joan Ignasi Elena y el exlíder de Iniciativa Joan Herrera, que también implica al diputado de los Comuns Félix Alonso y al exconseller Salvador Milà, ahora otro caso salpica directamente al alcalde, Jordi Molinera (ERC), y al concejal Tomàs Serra, que fue elegido por Junts y continúa en el gobierno como no adscrito después de que su antigua formación abandonara el gobierno de coalición el año pasado. De hecho, este movimiento es el que ahora está en el punto de mira de los juzgados del Vendrell, donde se ha abierto una investigación a raíz de una denuncia del presidente de Junts en Altafulla por los presuntos delitos de cohecho y prevaricación. En un auto al que ha tenido acceso el ARA, el juez cita a Serra y Molinera a declarar como investigados por este caso el 2 de enero de 2027.

Mientras la legislatura española tenga vida, el gobierno español mantiene los pasos para intentar que el nuevo modelo de financiación autonómica vea la luz. ¿Con qué calendario trabaja? Una vez superadas las elecciones andaluzas –en las que la exvicepresidenta y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, se presentó de candidata–, el ejecutivo estatal ha reactivado la maquinaria y ha fijado para el miércoles 29 de julio una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que debería servir para poner sobre la mesa el nuevo sistema de financiación que los socialistas pactaron con ERC (y presentaron en enero). Previamente, el 14 de julio el gobierno español hará una reunión técnica preparatoria con todas las autonomías y esta semana ya distribuirá a todas las comunidades la propuesta concreta. El siguiente paso ya será que el consejo de ministros apruebe la propuesta para después enviarla al Congreso, probablemente en septiembre. Y allí, todavía ha de ganar los apoyos necesarios para que este nuevo modelo vea la luz.

"Quien viene a delinquir debe saber que no tiene cabida en nuestra sociedad". Leído de manera aislada y sin ningún tipo de contexto, actualmente puede resultar difícil acertar de qué líder o partido político puede venir esta frase. La realidad, sin embargo, es un extracto de la ponencia del PP catalán para su 16º congreso de hace apenas unos días. Esta contundencia discursiva pone sobre la mesa una evidencia e introduce un debate vivo: la política española, así como la catalana, está virando hacia una derecha cada vez más radicalizada.

Quedan diez meses y medio para las elecciones municipales y los partidos todavía debaten candidaturas y programas. En Junts, además, tienen una importante decisión que tomar: qué deberán hacer con Aliança Catalana (AC). Para tapar su crecimiento antes de los comicios, pero también para saber si deben pactar después sabiendo que el partido de Sílvia Orriols se ha propuesto sustituirles. ¿Qué dice la dirección y qué piensa el mundo local?

José María Aznar dio ayer a Alberto Núñez Feijóo una orden ante todo el mundo: para echar a Sánchez hay que contar solo con españoles. Y para gobernar, en un futuro, también, solo españoles, ni el PNB, ni Junts. Lo dijo así:

En Madrid la ambigüedad gallega no cotiza, y por eso cuando Alberto Núñez Feijóo envía mensajes que se pueden interpretar como un gesto hacia Junts o hacia Cataluña (sea o no sea esta la intención del líder gallego) rápidamente alguien le recuerda que por este camino no se va a ninguna parte. Este miércoles ha sido el gran factótum de la derecha madrileña y su guía espiritual, José María Aznar, quien ha marcado a Feijóo cuál debe ser el rumbo que debe seguir. Aznar ha pedido una "mayoría nacional" que incluya la izquierda y la derecha para echar a Pedro Sánchez. "Esta mayoría será nacional o no será", ha remachado. Traducido en términos políticos, Aznar dice a Feijóo que debe olvidarse de Junts y del PNV y, en cambio, debe mirar hacia gente como Emiliano García-Page y Jordi Sevilla, es decir, el PSOE felipista. Por si había dudas, Isabel Díaz Ayuso ha clamado contra "la amenaza independentista constante".

A José María Aznar siempre hay que escucharle. Más allá de la eventual declaración estridente o la ocurrencia que ocupa titulares, lo que dice suele reflejar con profundidad el pensamiento de la derecha dominante en Madrid. No siempre coincidente con lo que, por intuición, podría pensar el gallego Alberto Núñez Feijóo.

Junio comenzó en el Parlament con una crispada sesión de control en la que la oposición intentó cercar al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez. Y la primera sesión de control de este julio ha comenzado igual, con un paso más de los juntaires. La presidenta del grupo de Junts en la cámara catalana, Mònica Sales, ha exigido este miércoles a Illa que pida "perdón" por los casos judiciales y que deje de "esconderse". "Cuando Cataluña tiene un problema usted desaparece, cuando lo tiene el PSOE siempre está", ha dicho. "Este fin de semana tenía la oportunidad de pedir perdón en nombre de su partido", ha espetado, haciendo referencia al comité federal del PSOE, en el que el presidente dijo que los socialistas no tienen "miedo" de nada. Illa, por su parte, ha reiterado que no teme nada y que ya ha dado las "explicaciones" que tocaban.

En su desesperación por obtener los apoyos que le permitan echar a Pedro Sánchez de la Moncloa, el Partido Popular ahora hace su particular tites, tites a Junts. Los dirigentes del PP son conscientes de que su política con relación a Cataluña ha consistido no tan solo en un ultranacionalismo frontal (enriquecido con la energía radiactiva de Vox, socio y, de hecho, escisión del mismo PP), sino también en un populismo catalanófobo que es profundamente divisivo y, a menudo, directamente guerracivilista. Conscientes de que no acaban de ser credenciales muy buenas para pedir los votos de Junts, han decidido acogerse a la amnesia selectiva. El mantra es mirar al futuro y no “al pasado”, un lugar remoto que, en el PP, sitúan entre los años 2017 y 2018. Así lo han dicho y repetido estos días el portavoz “malo” y el “bueno” —el viscoso Miguel Tellado y el lobo con piel de cordero Borja Sémper— y también el curioso antilíder Núñez Feijóo, del todo metido en su papel de un hombre que no encuentra sus gafas. “No pensamos en la Cataluña del 2018, sino en la del 2026 y más allá”, han dicho. Los barcos de piolins, las hostias salvajes de la jauría policial del 1 de Octubre, el “más dura será la caída” del fiscal Maza, la aprobación del 155 y el desmantelamiento de las instituciones de autogobierno catalanas una mañana en el Senado, el juicio-farsa contra los líderes del Procés, con Rajoy y varios ministros y altos cargos —así como decenas de policías— dando falso testimonio, la persecución policial y judicial contra independentistas catalanes; todo esto era, según Sémper, “la posición útil y razonable que debe tener un partido de estado”.Es oportuno, de todas formas, que el PP proponga este ejercicio de desmemoria interesada justo cuando se cumplen veinte años de la aprobación del Estatut. ¡Qué tiempos! Eso ya debe ser la prehistoria, pero los viejos de la zona aún recordamos las mesas petitorias del PP por toda España pidiendo “una firmita contra los catalanes”, las acusaciones —ya entonces— de golpismo y terrorismo, alguna llamada no muy soterrada a la intervención militar, una avalancha de insultos y de fakes xenófobos y supremacistas contra “los catalanes” desde los medios de comunicación controlados por la derecha española y, no hace falta decirlo, la querella al Constitucional que se resolvió con la sentencia que laminó un Estatut votado por los ciudadanos y refrendado por el Parlament de Catalunya y las Cortes españolas, en un verdadero —este sí— golpe de estado judicial que aún hoy continúa con todo el ruido y la furia que conocemos bien.En resumen, el discurso del odio del PP contra Cataluña y todo lo que tiene que ver con ella tiene unas raíces un poco antiguas y es un poco difícil de disimular solo porque ahora estén dispuestos a hacer literalmente lo que sea por los votos de Junts. Por parte catalana, es urgente deshacerse de la gilipollez (la dijera Josep Pla o quien fuera) según la cual no hay nada más parecido a un español de derechas que un español de izquierdas. Es una broma para desahogarse en una sobremesa, pero sobre todo es un bumerán que siempre vuelve y que hace un surco cada vez más profundo.