Hace casi 15 años que impulsamos mejoras en la calidad institucional de nuestras administraciones con el objetivo de lograr una mayor complicidad con la ciudadanía y, por tanto, una mayor legitimidad social. Se trata de un conjunto de reformas orgánicas como la transparencia, la rendición de cuentas, la Administración abierta, la integridad y lucha contra la corrupción, sistemas internos de compliance, etc. Todo esto se desplegó con buen criterio, ya que estos ingredientes de calidad institucional representaban la eterna asignatura pendiente de las administraciones nacionales en comparación con las de los países más avanzados y maduros en el plano democrático. Pasar de la retórica a la práctica no ha sido sencillo y las administraciones han tenido que invertir un extraordinario volumen de recursos para poder implantar estas estrategias. El resultado de todo esto genera dos paradojas. La primera: que, de forma sorprendente, los ciudadanos de a pie han acogido con absoluta indiferencia todas estas novedades. La segunda: que los esfuerzos organizativos por cumplir estas nuevas exigencias han ido en detrimento de la calidad de los servicios públicos y, en estos momentos, la legitimación social de las administraciones públicas está, seguramente, en su momento más bajo en las últimas cuatro décadas. En definitiva: hemos impulsado unos instrumentos para gozar de mayor complicidad social y el resultado ha sido justo lo contrario. Ponemos sobre la mesa algunas reflexiones sobre lo que ha ocurrido durante los últimos años:

El sector público vuelve a pagar más tarde que el sector privado. En concreto, en 2024 las administraciones públicas pagaron de media a los 67 días. Esto no sólo supone haber incrementado el plazo de pago a las empresas en doce días respecto al año 2023, sino también superar en tres días el plazo de pago del sector privado, según denunció este jueves la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) que lidera el presidente de Pimec, Antoni Cañete, a través de un nuevo informe sobre la situación de la moros. Esta situación, en la que el sector público paga más tarde que el sector privado, no se daba desde el 2014, cuando el Estado todavía se encontraba en medio de la Gran Recesión.

Septiembre –para otros lo es enero, con el arranque del nuevo año– es un mes de propósitos, de poner en marcha planes y objetivos para el resto del curso. Para muchos trabajadores, parados o jóvenes recién salidos de la universidad que aspiran a entrar en la administración pública también es a menudo el momento de ponerse en serio y empezar a estudiar unas oposiciones. A cuál de estos exámenes es más adecuado presentarse, sin embargo, dependerá de muchas variables como la formación y calificaciones requeridas para optar a la plaza, el tiempo mínimo necesario para prepararse y, por supuesto, la situación económica y familiar de cada persona. El ARA ha querido preguntar a algunas academias especializadas en cursos para aprobar oposiciones cuáles son las más demandadas, las pruebas más asequibles en cuanto a la dedicación y el coste de contratar refuerzos como el que ofrecen ellos.

El gobierno español, las comunidades autónomas y los sindicatos han cerrado este lunes un acuerdo sobre el plan de choque para reducir la temporalidad en las administraciones públicas. El ministerio presidido por Miquel Iceta se ha comprometido con Bruselas a reducir en un plazo de tres años hasta un máximo del 8% el elevado volumen de interinos que hay en los ayuntamientos, las diputaciones o los gobiernos autonómicos, incluidos la educación y la sanidad. Las administraciones tendrán la obligación de convertir en fijas unas 300.000 plazas a través de oposiciones. Después de semanas de negociaciones, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha conseguido un acuerdo que "incluye reivindicaciones fundamentales con suficientes garantías", según subraya Comisiones Obreras (CCOO).