Las elecciones al Parlamento de este domingo no han ido bien para el independentismo, pero algunos municipios siguen siendo territorio prohibido para las fuerzas unionistas. El pueblo con mayor porcentaje de apoyo a la independencia ha sido Vallfogona de Ripollès, con un 92,1% de los votos. En este pequeño municipio de 200 habitantes, 47 personas han votado a Esquerra (33,5%), 44 Junts (31,4%), 26 la CUP (18,5%), 11 Alianza (7,8%) e incluso todo ha habido un voto por Alhora (0,7%), lo que ha sumado una victoria incontestable para las fuerzas independentistas. El PSC, el partido ganador de las elecciones, sólo ha logrado el apoyo de cuatro vecinos, con un irrisorio 2,8% del total de votos. Tres votantes del PUM+J, dos de los comunes y uno de Vox han sido los demás habitantes del municipio que han secundado a formaciones constitucionalistas.

La batalla a la derecha españolista en estas elecciones está siendo dura, con unas encuestas ajustadas: el PP intenta hacer el sorpasso en Vox, la extrema derecha se emplea en mantener el liderazgo dentro de la triple derecha unionista y Ciutadans busca evitar su extinción. Los tres tienen el objetivo de seducir a un perfil de votante similar –de derechas y unionista–, pero lo hacen con estrategias distintas. Mientras el PP se ha conjurado a no hablar de sus competidores del espacio y cargar sólo contra el independentismo y el PSC –su otro competidor en el unionismo pero a la izquierda–, el partido de extrema derecha Vox sí se dedica a criticar abiertamente al líder popular (estatal), Alberto Núñez Feijóo. En cuanto a Ciudadanos, obvia a los de Santiago Abascal y carga contra el PP, el PSC y el independentismo, sobre todo focalizándose en Carles Puigdemont.

¿Se acerca la fecha de fallecimiento de Ciudadanos? ¿O quizás los comicios en el Parlament serán el revulsivo que lleva tiempo reivindicando el partido, pero que ninguna encuesta pronostica? Se encadenarán en un solo mes de diferencia las elecciones catalanas del 12 de mayo y las europeas del 9 de junio. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dado la vuelta a las previsiones que dibujaba el partido porque no se esperaba la batalla en Catalunya hasta el 2025, pero no ha cambiado sus prioridades. Desde hace meses la formación ha situado a Europa y Cataluña como principales objetivos para reponerse e impulsar un proyecto "de centro liberal y no nacionalista" y lo ratificó en su Consejo General de principios de marzo. A estas alturas, está fuertemente tocado desde el descalabro del 2019 y la práctica desaparición del mostrador político en el 2023, con un reducto en Catalunya de seis diputados, un diputado en el País Vasco –que perderán en abril porque no concurren a las elecciones– y otro representante en Castilla y León, aunque abandonó el partido.

1. Pedro Sánchez ya puede respirar tranquilo. La segunda gran manifestación para intentar impedir su investidura tampoco pasará a la historia. Si en Madrid, hace quince días, el PP reunió a 48.000 personas, en Barcelona, Sociedad Civil Catalana llegó a agrupar a 50.000, juntándolo todo: populares, Vox, los restos del naufragio de Ciutadans y algún legionario que dio color al desfile matinal del domingo. Pedro Sánchez debe pensar que ya está, que le ha salido barato, que se han desahogado con cuatro cánticos, le han pintado bigotito de Hitler, han gritado “Puigdemont a prisión”, han clamado contra la amnistía y la organizadora Elda Mata ha comparado el procés con el nazismo. Si es todo el ruido callejero que tenía que haber contra la amnistía, su investidura está mucho más cerca.

Después de la manifestación contra la amnistía en Barcelona, las reacciones no se han hecho esperar. El presidente del Govern, Pere Aragonès, ha criticado desde Masquefa el "fracaso" de la marcha, que ha reunido a 50.000 personas según la Guardia Urbana –65.000 menos que la protesta independentista del 11-S, según el mismo cuerpo–, y ha lamentado que la derecha españolista haya venido a la capital catalana a promover "venganza, odio y represión". En opinión del presidente, la presencia de los líderes del PP y Vox es "inversamente proporcional a su éxito y apoyo" entre la ciudadanía de Catalunya, donde solo tienen 8 de los 48 diputados que los catalanes envían al Congreso de Diputados. Aragonès también ha señalado que la quiebra de la protesta "empuja más que nunca a batallar por la amnistía y la autodeterminación".

El unionismo ha vuelto a volcarse en la calle este domingo contra la amnistía y la autodeterminación, dos claves de la negociación de los independentistas con Pedro Sánchez. Lo hace de la mano de Societat Civil Catalana (SCC), una entidad que ha ido perdiendo protagonismo desde 2017, cuando se manifestaron contra el "golpe" independentista. Ahora reaparece en Barcelona después de un periplo en el que se ha visto afectada por la desmovilización y la pérdida de aliados políticos, como el PSC –que se ha distanciado de ellos y en esta protesta no participará–. ¿Cómo ha evolucionado la organización?

Presionar revistas académicas para evitar que en ellas publiquen investigadores con el argumento de que son independentistas, o que los financian administraciones en manos de partidos independentistas, es jugar sucio. Y el debate académico tendría que partir del juego limpio. Las ideas, investigaciones y conclusiones se tienen que rebatir con argumentos y datos, no intentando evitar que se difundan. Nadie encontrará extraño que un politólogo españolista publique una investigación sobre el independentismo aunque trabaje en una universidad pública en manos de una administración dirigida por partidos unionistas. O que lo haga con una investigación pagada por una institución que dependa del gobierno español, evidentemente, unionista. Pues a la inversa tampoco tendría que ser extraño.

Elda Mata (Barcelona, 1953) es la nueva presidenta de Societat Civil Catalana (SCC) después de un periodo en el que la entidad ha vivido problemas económicos y crisis internas y ha reducido su capacidad de convocatoria respecto al 2017.

Por primera vez desde el 2016, Ciudadanos se ha descolgado de la manifestación a favor de la unidad de España que, con motivo del 12 de Octubre, ha reunido este martes a unas 3.700 personas –según la Guardia Urbana– en el centro de Barcelona. A pesar de haber secundado el manifiesto de la concentración y haber puesto una carpa en la Plaça Catalunya, los diputados naranjas no han querido ocupar la cabecera y han evitado la foto conjunta con Vox y el PP. 

Esta semana la coordinadora de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, ha vuelto a poner encima de la mesa una vieja propuesta de su espacio político: un referéndum con tres opciones en que la ciudadanía pudiera escoger entre la situación actual, más autogobierno y la independencia. De hecho, en la consulta del 9-N de 2014 se empleó una pregunta un poco barroca pero que en esencia daba estas tres opciones. En Escocia antes de 2014 esta opción también se planteó, pero se descartó.

El primer recurso contra los indultos a los presos políticos no ha venido de la mano de ninguno de los tres partidos que lo habían anunciado -PP, Cs y Vox-, sino de la entidad unionista Convivencia Cívica Catalana, presidida por el abogado Ángel Escolano. La organización ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo en contra de la medida cuando no hacía más de unas horas que había sido publicada en el Boletín Oficial del Estado. En un comunicado, considera que la concesión de los indultos significa un agravio contra "la parte de la sociedad catalana que sufrió en carne propia los graves hechos del mal llamado Procés", y denuncia que se dé un "trato de favor totalmente injustificado" a los presos políticos.

Societat Civil Catalana (SCC) ha recuperado un cierto protagonismo después de un periodo en que ha mantenido un perfil bajo. La pandemia y el desinterés de parte del unionismo -la independencia ya “no da tanto miedo”, recuerda una voz-, son dos causas de la bajada de actividad de la entidad que el 8 de octubre de 2017 organizó la concentración unionista más multitudinaria desde el comienzo del Procés. Hay, además, una tercera razón que no se le escapa a nadie: el cambio de color político en la Moncloa. Los movimientos de SCC solían ir compasados con el ejecutivo de Mariano Rajoy, y la entidad ha intentado hacer equilibrios para mantener esta sintonía también con el gobierno de Pedro Sánchez. Pero la frialdad del ejecutivo socialista hacia la organización presidida por Fernando Sánchez Costa -que se queja de que la Moncloa no lo haya recibido todavía- han acabado llevando a SCC a concentrarse dos veces en una semana a las puertas de la delegación del gobierno español en Barcelona contra los indultos a los presos políticos.