Un joven de 19 años, Mohammed Fahir Khan, que visitaba por primera vez Reino Unido, ha acabado con una lesión cerebral presuntamente tras ser agredido por un agente de policía en la terminal T2 del aeropuerto de Manchester, poco después de aterrizar. El chico es familiar de un oficial de la policía de Manchester que ha pedido ser relevado del servicio por miedo a la reacción de los compañeros del cuerpo mientras no se aclaran los hechos.

La policía de Illinois, en Estados Unidos, hizo público este lunes un vídeo en el que se puede ver a un policía disparando a una mujer negra desarmada en su casa. El vídeo, que se ha viralizado rápidamente en las redes sociales, ha despertado una ola de indignación con un caso que a muchos ha recordado a las muertes de Breonna Taylor o George Floyd, que murió asfixiado por la presión de la rodilla de un policía sobre su.

Las cargas de los agentes antidisturbios de la Policía Nacional y la Guardia Civil del 1 de octubre del 2017 acabaron con más de 900 personas heridas y unas imágenes de brutalidad policial que dieron la vuelta al mundo. Seis años después de los hechos todavía no se ha registrado ni una sola condena. Los pocos casos que se han juzgado han terminado con absolución y las grandes causas o bien se han archivado o siguen pendientes de juicio. Hay 132 agentes –algunos de ellos mandos a pie de calle durante la jornada del referendo– que siguen procesados e investigados. Una futura ley de amnistía para las causas del Procés como la que se discute ahora podría cambiar su situación. Pero la gran pregunta es si los policías del 1-O deberían formar parte.

Van siempre en motos de gran cilindrada, vestidos de negro de pies a cabeza, y nunca se quitan el casco. A primer golpe de vista, cuesta reconocerlos como policías. Hasta que se bajan de la moto y sacan la porra para dispersar a manifestantes. Son los miembros de la brigada de represión de la acción violenta motorizada (Brav-M), una unidad que da apoyo a los dispositivos policiales en las manifestaciones en Francia y que está en el punto de mira por sus polémicas actuaciones en las protestas contra la reforma de las pensiones. No están en primera línea y solo actúan cuando hay disturbios y hay que dispersar a los manifestantes, a menudo en las manifestaciones no autorizadas. Es habitual verlos por encima de las aceras, con las motos, persiguiendo a manifestantes.

"Todavía no he tenido tiempo de lamentarme. Continúo procesando la muerte de mi hijo", ha dicho en una emotiva rueda de prensa RowVaughn Wells, la madre de Tyre Nichols, víctima del enésimo caso mediático de brutalidad policial contra un afroamericano que ha conmocionado a los Estados Unidos. El 7 de enero, su hijo, de 29 años, conducía una moto de camino a casa para ir a cenar cuando se topó con un control policial que lo paró por indicios de conducción temeraria. Cuando los cinco agentes –también afroamericanos– se acercaron al vehículo, Nichols intentó huir y empezó un enfrentamiento violento que acabó con su detención. Durante la escena, los agentes lo electrocutaron con una Taser, lo rociaron con espray de pimienta y le dieron una paliza, mientras él decía "¿Qué he hecho?", preguntaba por su madre, impotente, y reiteraba: "Solo quiero ir a casa".

En historia, las continuidades pesan más que los cambios. Incluso en momentos de cambio. Esto, por ejemplo, cada vez resulta más evidente en cuanto a la Transición española a la democracia. La dictadura se acabó, sí, y de manera incruenta, sí. Pero muchas impunidades del poder continuaron soterradamente, con verdugos y víctimas. Así lo testimonia la investigación que ha hecho el historiador David Ballester en relación con las, por decirlo eufemísticamente, malas praxis policiales. Si tenemos que ser más claros: asesinatos. Muchos.

El historiador David Ballester ha puesto nombre y apellido a las víctimas de la violencia policial que hubo durante la Transición española. Según Ballester, del 20 de noviembre del 1975 al 2 de diciembre del 1982, 134 personas murieron por culpa de una mala actuación policial. Eran hombres y mujeres inocentes y sus muertes, precisa el historiador, son responsabilidad del Estado: "Estos agentes formaban parte del aparato del Estado y actuaban bajo las órdenes de mandos policiales y responsables políticos. No es que el Estado persiguiera a estas víctimas ni que ordenara matarlas, pero es responsable de los errores y crímenes cometidos por sus funcionarios". Ballester, doctor en historia contemporánea por la Universitat Autònoma de Barcelona, documenta y contextualiza todas estas muertes a Las otras víctimas. La violencia policial durante la Transición (1975-1982) (Prensas de la Universidad Zaragoza).

La entidad de derechos humanos Irídia asegura que los cuerpos policiales continúan poniendo trabas a la identificación de los agentes investigados por agresiones o malas praxis. En la actualidad, los abogados de esta plataforma llevan 56 casos judiciales –la mayoría, por una denuncia de violencia policial– y aseguran que solo en cinco de estos casos el cuerpo implicado ha facilitado la identidad de los agentes bajo sospecha. "Es especialmente preocupante", según recoge el informe del servicio de atención y denuncia ante situaciones de violencia institucional de Irídia, que se ha presentado este jueves.

El año 2022 tendría que ser el de los juicios contra los agentes que participaron en las cargas policiales del 1 de octubre de 2017, que acabaron con más de 900 personas heridas y unas imágenes de brutalidad policial que dieron la vuelta al mundo. Cuatro años después, todavía no se ha registrado ni una sola condena para los policías nacionales y guardias civiles que formaron parte del operativo. Las investigaciones que han ido más rápido han acabado con la absolución de los policías o bien se han archivado por falta de pruebas. Pero hay dos causas que están a punto de ir a juicio. En Girona, el juez ha procesado a 27 policías nacionales y un guardia civil por las cargas en la ciudad y en Aiguaviva. En Barcelona, el juez ha prorrogado hasta enero la investigación contra 67 policías por la intervención en diferentes centros y las lesiones a Roger Español, que perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma.

Es una de las últimas causas que se abrieron por las cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1 de octubre de 2017 y una de las primeras que podría ir a juicio. El juez que investigaba la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en Girona y Aiguaviva durante la jornada del referéndum a raíz de la querella colectiva impulsada por un grupo de abogados ha ordenado procesar a 27 agentes de la policía española y un guardia civil por lesionar a diferentes votantes.

La Audiencia de Barcelona ha abierto la puerta a la posibilidad de que el escopetero que le hizo perder un ojo al activista Roger Español el 1-O con una pelota de goma y el resto de agentes que formaban parte del dispositivo sean condenados por un delito más grave de lesiones intencionadas, con una pena que podría llegar hasta los doce años de prisión. El juez que investiga las cargas de la Policía Nacional en Barcelona durante el referéndum –una causa en la que hay unos setenta agentes y mandos a pie de calle investigados– había fijado que el caso se tenía que juzgar solo por un delito de lesiones por imprudencia. Los abogados de la entidad Irídia que llevan el caso de Español y la acusación popular de Òmnium Cultural habían recurrido la decisión en el tribunal para que también se pudiera acusar a estos agentes de lesiones dolosas o intencionadas y la Audiencia lo ha aceptado.

Hasta que el juez leyó el veredicto dictado por el jurado, nadie daba por hecho que el policía Derek Chauvin acabaría en la prisión. Ni siquiera la grabación en la que se ve cómo el agente mantiene presionado el cuello de George Floyd durante cerca de diez minutos, hasta que expira su último aliento, era garantía de nada. Teniendo en cuenta los precedentes, de hecho, un veredicto condenatorio es mucho más extraño que una posible absolución. Comentaristas, activistas y el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, admitían que una condena como esta era "rara" y que se habían tenido que dar circunstancias muy excepcionales, incluido el vídeo viral de 9 minutos y el movimiento de protesta por los derechos civiles más grande en muchas décadas, para poder conseguir finalmente un veredicto de culpabilidad por asesinato.

Justo este lunes, el día que arranca el juicio en los Estados Unidos por la muerte de George Floyd, otro vídeo en el que aparece un agente de policía poniendo la rodilla sobre el cuello de una mujer detenida hasta que le acaba causando la muerte ha encendido México y ha vuelto a generar indignación mundial. La Fiscalía del estado de Quintana Roo, de hecho, ha abierto una investigación después de que haya salido a la luz el vídeo, más corto pero muy parecido al que tan solo hace diez meses hizo estallar las protestas más multitudinarias contra la injusticia racial en los EE.UU. en cinco décadas.

Una fortaleza de vallas coronadas con alambre de púas, barreras de hormigón y edificios tapiados, con fuerte presencia policial a la que se han sumado unos 2.000 soldados de la Guardia Nacional. Es el retrato del centro de Mineápolis, la ciudad en la que esta semana ha comenzado un juicio que condensa en gran medida las aspiraciones y temores de la comunidad afroamericana. Derek Chauvin, el policía bajo cuyo peso perdió la vida asfixiado en mayo del año pasado George Floyd, de 46 años, afronta cargos de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario. Chauvin, de 44 años, podría pasar un máximo de 40 años en prisión si fuera declarado culpable del cargo más grave, aunque las guías estatales sugieren once años para un condenado sin antecedentes.

Disparos y se cae al suelo. La joven de 19 años que ha perdido el ojo en las protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasél se cayó al suelo desplomada instantes después de que se oyeran los disparos lanzados por los escopeteros de los Mossos d'Esquadra a escasos metros de donde estaba. Un vídeo grabado por una periodista de la cadena Betevé sitúa los hechos a las 20.21 h, según el registro del teléfono móvil que graba el vídeo, en la Via Augusta con calle del Bosch de Barcelona, cuando los agentes que estaban en formación para evitar que los manifestantes avanzaran hacia la comisaría de la Policía Nacional que hay cerca disparan balas de foam.