En la trama del caso Montoro hay un elemento clave que los investigadores están tratando de descifrar: como Equipo Económico, el bufete vinculado al exministro de Hacienda, desvió el dinero que presuntamente pagaba grandes empresas para que el PP aprobara leyes a medida de sus intereses. Para ello, según el juez, el despacho creó un entramado de sociedades pantalla que le giraban facturas pero que, en la práctica, no tenían ni más actividad comercial ni socios distintos a los de Equipo Económico. De este modo, el dinero no salía del perímetro de colaboradores de Montoro que se quedaron el negocio cuando, supuestamente, el expopular se desvinculó (algo que el instructor también cuestiona). Y aquí es donde toma protagonismo la figura de Luis Miguel Triguero López, empresario experto en creación expreso de sociedades mercantiles que no es un desconocido para quienes han seguido la letra pequeña de escándalos vinculados a corruptelas económicas y políticas en España en los últimos años.

El empresario Fernando Martín, expresidente de la promotora Martinsa y del Real Madrid, reconoce haber pagado una comisión de 25 millones de euros a la Gürtel para asegurarse una adjudicación del ayuntamiento madrileño de Arganda del Rey hace más de dos décadas, cuando el PP gobernaba en el municipio. Así consta en un escrito de confesión para intentar evitar la cárcel al que ha tenido acceso El País y que Martín ha entregado a la Audiencia Nacional, donde este lunes ha arrancado el penúltimo juicio de la trama corrupta.

La Audiencia Nacional ha certificado hoy que el Partido Popular valenciano "financió sus campañas electorales [de los años 2007 y 2008] de forma tan absolutamente irregular que fue delictiva". De ahí que el tribunal condene al ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa a 4 años de cárcel, una pena menor de la solicitada inicialmente por los atenuantes de colaboración activa y confesión. También han sido condenados el ex gerente del partido Cristina Ibáñez, con una pena de 3 años y 4 meses; el exvicesecretario de la formación David Serra, con 3 años y 8 meses, y la extesorera Yolanda García, con una condena de 4 meses. Por el contrario, el juzgado ha absuelto al exvicepresidente del gobierno valenciano Vicente Rambla.

Este lunes se reanudó en la Audiencia Nacional el juicio, con la lectura de los informes finales de la acusación y la defensa, contra más de una veintena de acusados ​​en la trama Gürtel. La Fiscalía situó al expresidente valenciano, Francisco Camps, como el "paciente cero" que ofreció a la trama Gürtel trasladarse a la Comunidad Valenciana, donde "colonizó" y "parasitó" las instituciones de la Generalitat.

Alberto Núñez Feijóo ya tiene su condena por corrupción como presidente del PP. La de la primera época de la Gürtel acabó con el gobierno de Mariano Rajoy, la de la caja B estalló durante el liderazgo de Pablo Casado y ahora llega la derivada de la Gürtel en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, donde las adjudicaciones de contratos públicos al grupo empresarial de Francisco Correa a cambio de comisiones para cargos del partido se estableció como modus operandi entre 2001 y 2009. El principal condenado es el exalcalde, Arturo González Panero, a 36 años y 11 meses de prisión, pero el PP tendrá que pagar 204.198 euros como responsable a título lucrativo.

Mariano Rajoy ha dejado de ser invisible para la Fiscalía Anticorrupción. Nunca en sus escritos en los múltiples casos de corrupción del Partido Popular, dirigidos a jueces instructores o magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción había apuntado directamente al presidente del gobierno.

El auto del juez Manuel García-Castellón refleja una doble actitud. Por un lado, defiende a María Dolores de Cospedal y a su marido Ignacio López del Hierro frente a la pretensión de la Fiscalía Anticorrupción, cursada el 4 de septiembre de 2020, de citarles como investigados/imputados. Por el otro, admite que las anotaciones en las nuevas agendas del comisario José Manuel Villarejo halladas en su domicilio – periodo 2007-2016 – incorporan posibles vinculaciones de ambos con la trama Kitchen.

Después del extesorero del PP Luis Bárcenas, ahora el líder de la Gürtel, Francisco Correa. El empresario también ha decidido presentar un escrito de confesión a la Fiscalía Anticorrupción en el que da por buena la acusación sobre la segunda época de la Gürtel (2005-2009) y avala que hizo de intermediario para facilitar adjudicaciones a determinadas empresas a cambio de que responsables políticos de los ayuntamientos de Boadilla del Monte y Majadahonda se llevaran comisiones. Si Bárcenas confesó días antes de que empezara el juicio sobre la caja B del PP, Correa lo hace a meses vista, con dos escritos a mano avanzados por El País y El Mundo este lunes pero con fecha del 25 de noviembre del 2020.

Luis Bárcenas continúa divulgando información y este miércoles la salpicada ha sido la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. El ex tesorero del PP la ha implicado en el cobro de dinero negro vinculado a donaciones de empresarios en el marco de la trama Púnica, que investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid y sobre la cual ha declarado como testigo ante el juez Manuel García Castellón. En este caso, sin embargo, no habría sido una desviación para complementos salariales, sino un sobre de 60.000 euros que se habrían dedicado a sufragar gastos de la campaña de las elecciones autonómicas del 2007. Según informan algunos medios, el extesorero del PP ha identificado como donante al presidente de la constructora Ploder, Luis Gálvez, que posteriormente habría sido beneficiario de una adjudicación pública.