Cerca de la estación de tren de Girona, hay una plaza que da la bienvenida al viajante con adoquines y plátanos centenarios donde habitan cientos de estorninos. La mayoría de los gerundenses la conocen por ser "la plaza del Bar Núria", un establecimiento con licencia de quiosco frecuentado tanto por quien madruga como por quien estira la noche. Pero lo que pocos gerundenses saben es que el nombre real de la plaza, Poeta Marquina, homenajea a un barcelonés que no tenía ningún vínculo con Girona y que, una vez terminada la guerra, se convirtió en uno de los grandes exponentes de la propaganda falangista. También fue el autor de la primera letra oficial que tuvo el himno español, la Marcha real, por encargo de Alfonso XIII. Los mayores aún recuerdan que antiguamente se llamaba "plaza del Carril". En la parte más cercana a las vías elevadas estaba situada la estación del tren de Francia, hasta que en 1974 se construyó el viaducto. Los adoquines actuales son testigo: existen porque buena parte de la plaza todavía es titularidad de Adif. Es decir, del Estado.

Una juez de Barcelona ha absuelto a los líderes de Alianza Nacional y la Falange, Pedro Pablo Peña y Manuel Andrino, para quien la Fiscalía pedía penas de hasta tres años de prisión por incitar al odio y a la violencia en sus discursos del 12 de octubre del 2013 en un acto ultra en Montjuïc por el Día de la Hispanidad. En los mítines, que reunieron a unas 150 personas de colectivos de extrema derecha, entre símbolos neonazis y cánticos como "Artur Mas, a la cámara de gas", los procesados aseguraron que estaban dispuestos a morir y a "matar" por la unidad de España y que "no habrá secesión de Catalunya si no es a base de mucha sangre". Y estas expresiones, de hecho, han sido probadas por el juez. Aún así, la sentencia ha acabado siendo absolutoria porque el documento que dio lugar a la investigación –firmado por dos grupos ultras que incitaban a cometer actos violentos el Día de la Hispanidad de 2013– era falso. Así, el juzgado penal número 8 de Barcelona concluye que la prueba que permitió abrir la instrucción del caso no es lícita, de forma que la causa ha quedado "contaminada".