El historiador Josep Maria Muñoz acaba de publicar Un pesar infinito (Arcadia), en el que repasa el último medio siglo de política catalana y los intentos frustrados de Cataluña por reformular el Estado con el reconocimiento de su identidad nacional.

Cincuenta años después, seguimos con el monotema. La España de hoy se asemeja poco a la de hace medio siglo, cuando el dictador murió en la cama. Ni la Iglesia ni el ejército tienen su poder, y en términos sociales y económicos se ha producido una gran transformación. El terrorismo vasco tampoco existe. ¿Qué queda, pues, de los problemas endémicos heredados del siglo XIX y fosilizados por las dictaduras del XX? El asunto secular de siempre: el elefante catalán en la habitación española.

El excoordinador general de IU (1989-2000) Julio Anguita ha sido claro este jueves en relación al proceso catalán. En una conversación con periodistas en la UB antes de la presentación del libro 'Atraco a la memoria' sobre su vida política, escrito por el historiador Juan Andrade, Anguita se ha mostrado convencido de que "Mas no quiere la independencia", sino uno "estado libre asociado" en el Estado español, con el que compartir incluso al Rey como jefe de estado.

Hubo un día en el que Kosovo se convirtió en el principal referente del independentismo catalán. El 22 de julio de 2010 el Tribunal Internacional de Justicia concluyó que la declaración unilateral de independencia (DUI) de 2008 “no vulneró ninguna norma aplicable al derecho internacional”. La opinión consultiva del Tribunal de la Haya abre una puerta a hacer lo mismo en Catalunya, defienden desde entonces los líderes del movimiento independentista. La DUI que el Parlamento aprobó en 2017 iba, de hecho, en esta línea. Pero las externalidades negativas de tenerlo como referente pronto hicieron saltar las alarmas de un movimiento que reivindica su pacifismo y la no violencia. Cada vez que se citaba a Kosovo había alguien que recordaba los más de 10.000 muertos y desaparecidos y el millón de personas desplazadas por la guerra con Serbia. Así que ha pasado a citarse cada vez más con la boca pequeña y ha desaparecido de los documentos de los partidos.

El Tribunal Supremo del Reino Unido anunció el jueves que los días 11 y 12 de octubre verá la causa presentada por el gobierno escocés en relación a la legislación relativa al segundo referéndum de independencia, después de que Edimburgo enviara al alto tribunal una consulta a finales de junio sobre la legalidad o no del plebiscito, previsto para el 19 de octubre del 2023. La decisión del Supremo se tomó dos días después de que el mismo tribunal desestimara una petición del gobierno británico para que declarara la no idoneidad de la pregunta elevada desde Edimburgo. Así, antes de finales de año, tanto la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, como el Partido Nacional Escocés (SNP, en sus siglas en inglés) sabrán, finalmente, si Holyrood tiene poderes para legislar y convocar un nuevo referéndum.

El independentismo siempre ha visto su horizonte en Europa, tanto a nivel político como judicial, y la prueba es que algunos de los líderes del Procés se exiliaron fuera del Estado por su desconfianza en la justicia española. Los que en noviembre de 2017 entraron en prisión ya tenían la vista puesta, aunque fuera a largo plazo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El momento ha llegado, una vez el Tribunal Constitucional ha resuelto todos los recursos contra la sentencia por sedición del Tribunal Supremo. Y el recorrido ha dejado brechas.

El Club Siglo XXI es una de estas instituciones del Madrid más rancio que, por contraste, acaba sirviendo de plataforma de los presidents de la Generalitat para presentarse en la capital. Entre el público, mujeres de edad avanzada con abrigos de piel, collares de perlas y mascarillas blanca con un ribete con la bandera española. Una de ellas hace una pregunta que uno de los moderadores no se atreve a leer entera por miedo a incomodar a un president que, al estilo Mitterrand, adopta la postura de la esfinge. Ni se inmuta. La señora se indigna y exige que se lea entera. Es la siguiente: “Los catalanes votaron la Constitución, que dice que España es una nación unida. Puesto que no conseguirán separarse, ¿por qué no se dedican a hacer de Catalunya la mejor comunidad de España?” Aragonès responde educado que cuando se laminó el Estatut, muchos catalanes dieron por roto el pacto constitucional.

Queda atrás el ruido grave de las lentas puertas blindadas que se cierran detrás de los presos y las presas, los muros, los cubiertos de plástico, los recuentos, el aislamiento. Y es una buena noticia. Con cara de felicidad o de entierro, debatiendo sobre qué papel adoptar después del indulto, los nueve políticos independentistas condenados por el Tribunal Supremo están en la calle. En Bélgica, Puigdemont, Comín y Puig, y Clara Ponsatí en Escocia, mantienen el pulso jurídico europeo y esperan una sentencia que les permita poner en evidencia la justicia española y allane el camino del regreso. La estrategia de Jaume Asens de impulsar la reforma del delito de sedición avanza y podría acercar la solución para los exiliados, a los cuales hoy en día una parte de la judicatura y de la política españolas querrían ver encarcelados para después lanzar la clave al mar.

Ni los tribunales alemanes, ni los escoceses ni los belgas han aceptado hasta ahora los argumentos del Tribunal Supremo por extraditar a los exiliados del Procés. El último portazo fue el del Tribunal de Apelación de Bélgica, la segunda instancia judicial, que en enero volvió a denegar la extradición del ex conseller de Cultura Lluís Puig. Ahora, el magistrado instructor, Pablo Llarena, pretende cortar la sangría elevando el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con una cuestión prejudicial para que aclare los límites que los tribunales estatales tienen para rechazar las extradiciones. La negativa a extraditar a Puig es firme porque la fiscalía belga renunció a presentar recurso, así que la intención de Llarena es que el TJUE fije las bases para la resolución de las próximas euroórdenes, que ya se preparan para cuando Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí pierdan la inmunidad en el Parlamento Europeo.