"Estamos dispuestos a hacer nuevas transferencias competenciales, a reconocer singularidades, a permitir que todas las comunidades que lo deseen recauden y gestionen más gravámenes. Es coherente con nuestro estado federal, que en España lo llamamos autonómico y que ya hacen países como Alemania y Canadá". Con estas palabras, pronunciadas el pasado mes, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, abrió la puerta a la reforma del sistema de financiación de las autonomías. Y lo hizo, como reconoce sin tapujos el PSOE, por la presión ejercida desde Catalunya.

Catalunya fue la segunda comunidad autónoma que más dinero aportó al sistema de financiación autonómica en 2020, pero, en cambio, solo fue la décima en ingresos recibidos, según datos de la liquidación del sistema de financiación publicados por el departamento de Economía de la Generalitat este jueves. Se repite así el patrón habitual de los últimos años en cuanto al reparto de recursos con el modelo de financiación.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) presiona al gobierno español por la "falta total y absoluta de información" sobre su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en palabras de su presidenta, Cristina Herrero. La máxima responsable del organismo de control de las finanzas públicas también ha cifrado en unos 700 millones de euros el coste adicional en intereses de la deuda que tendrá que pagar el Estado por cada punto porcentual adicional que suba el índice de precios al consumo (IPC, el indicador que mide la evolución de los precios de bienes y servicios de consumo habitual para las familias) y en 1.500 millones el gasto en pensiones, a la vez que incrementa en 2.000 millones de euros la recaudación de impuestos.

Rusia se encuentra en una situación de suspensión parcial de pagos, según la agencia de calificación internacional Standard and Poor's (S&P). En un comunicado publicado este lunes, S&P considera que, debido a las sanciones impuestas por los países occidentales, el estado ruso no tiene suficiente capacidad financiera para pagar todos los vencimientos de deuda internacional denominada en moneda extranjera, sobre todo dólares norteamericanos.

El gobierno de Estados Unidos bloqueó este lunes el pago de 636 millones de dólares de deuda rusa que las autoridades de Moscú querían abonar utilizando las reservas de divisas que tienen en bancos norteamericanos.

El déficit de la Generalitat de Catalunya -la diferencia entre ingresos y gastos- fue en 2021 de 752 millones de euros, un 0,33% del producto interior bruto (PIB, el indicador que mide la actividad económica), según datos del ministerio de Hacienda presentados por la ministra María Jesús Montero. Así pues, el Govern solo utilizó un tercio de la capacidad de endeudamiento máxima recomendada por el Estado, que era del 1,1% del PIB, a pesar de que legalmente podría haber sido superior, puesto que las reglas de estabilidad presupuestaria impuestas por Bruselas están suspendidas desde el inicio de la pandemia.

Algunos inversores internacionales ya han recibido el pago, en dólares norteamericanos, de los intereses de la deuda que Rusia tenía que pagar este miércoles, según ha informado la agencia Reuters. Así pues, Rusia evita de momento la suspensión de pagos, a pesar de que tendrá que hacer frente a más vencimientos en las próximas semanas. Concretamente, el pasado miércoles expiró el plazo oficial para pagar dos vencimientos de cupones –intereses de dos bonos– por un valor total de 117,2 millones de dólares, el primer pago desde la invasión de Ucrania. A pesar de tratarse de una cantidad pequeña para un gobierno como el ruso, había dudas de que el Kremlin fuera capaz de pagarlos debido a las sanciones impuestas por la mayoría de países occidentales.

La Airef ha dado luz verde este miércoles a las previsiones económicas de la Generalitat para los presupuestos de 2022. La autoridad independiente considera, pues, que el PIB catalán podría crecer un 6,4% el próximo año, como estima el Govern. Aún así, la institución es más escéptica en cuanto al pronóstico de 2021, que el departamento de Economía, liderado por Jaume Giró, calculaba también con un aumento del 6,4%. En este sentido, considera que este dato es "poco probable", a pesar de que admite que es "factible" teniendo en cuenta el elevado grado de incertidumbre económica que todavía hay por el contexto de pandemia.

Los gobiernos de la zona euro se endeudan a unos precios más bajos que nunca. La mayoría de los estados que comparten la moneda común llevan meses colocando nuevas emisiones de deuda a unos tipos de interés irrisorios, a pesar de la fuerte crisis económica que ha afectado a la economía mundial, y a la europea en particular, debido a la pandemia del covid-19. 

El déficit público de España se ha disparado hasta el 10,97%, según ha anunciado hoy el ministerio de Hacienda, capitaneado por María Jesús Montero. Es una cifra muy superior al 2,9% con el que se cerró el 2019 y que roza -pero no supera- los límites de la crisis anterior. En concreto, en 2010 se llegó a lograr un déficit del 11,2%, cifra récord desde el 1850 (que es desde cuando existen registros). Esta vez, a pesar de que la caída de la economía española ha sido la más destructiva desde la Guerra Civil, el déficit no ha marcado un récord.

La pandemia ha tenido un impacto de 4.761 millones de euros en la Generalitat en 2020, según el cierre provisional del ejercicio difundido por el departamento de Vicepresidència, Economia i Hisenda. De este impacto, 3.638 millones corresponden al aumento del gasto causado por el covid-19, y 1.123 millones a la bajada de ingresos por la caída de la actividad económica y el aplazamiento o la supresión de tributos. El impacto se sitúa por debajo de lo previsto el diciembre pasado, cuando se calculaba que sería de 5.128 millones.