Todos a las urnas. Pedro Sánchez ha acabado con la rumorología anunciando el punto final a una legislatura que será de choque hasta el último momento. Su gobierno ya hace tiempo que había perdido la mayoría para aprobar proyectos relevantes y la Moncloa resistía esperando un momento idóneo para plantear batalla a las derechas, las grandes favoritas a gobernar a partir de ahora. En el PSOE creen que el momento ha llegado con la crisis de la vivienda y que están preparados para afrontar los comicios con garantías. ¿Cómo llegan los partidos a esta convocatoria?

Muchos pequeños propietarios, que son la proporción más grande del mercado de la vivienda, no ven claro el decreto aprobado por el gobierno español que este viernes pasa el examen del Congreso. De los dos decretos de la vivienda, en principio el que incluye medidas para la protección de los vulnerables es el que parecía que tenía más posibilidades de salir adelante, especialmente después del sí anunciado por Podemos y el PNV. Pero el rechazo de Junts —pide al gobierno español que lo retire o votarán en contra— ha trastocado la posibilidad de que prospere. El segundo, el que incorpora las prórrogas automáticas de los alquileres y la indemnización a los inquilinos, no tenía ninguna posibilidad, porque también el PNV votará en contra.

El gobierno español es optimista, pero el hecho es que, a 48 horas de la votación de los decretos de vivienda en el Congreso, todavía no tienen los apoyos garantizados. Ni para el primer decreto ley, con una amplia batería de medidas como la suspensión de los desahucios e incentivos fiscales –ya publicado en el BOE–, ni para el segundo, que prorroga de manera automática los contratos de alquiler, que se publicará oficialmente este jueves. De momento, el gobierno español solo cuenta con el voto afirmativo de EH Bildu y de Esquerra, ya que así lo ha anunciado su presidente, Oriol Junqueras, aunque el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho que se mirará hasta la "última coma". Mientras tanto, Junts, Podemos y el PNV mantienen la incógnita. De hecho, es con estas dos formaciones con quienes el gobierno español tiene que hacer más malabares para satisfacer sus exigencias, muy a menudo contrapuestas. En paralelo, el Sindicato de Inquilinas ha exigido a los grupos que convaliden los dos decretos.

La muerte de Olga, vecina desahuciada de Hospitalet de Llobregat que se suicidó el 7 de septiembre, me ha llevado de golpe, de cabeza y de llantos a noviembre de 2010. Casi automáticamente, como un resorte repentino de la memoria. El 11 de noviembre de aquel año, Miguel se suicidaba, también en Hospitalet, poco antes de ser desahuciado. Tan lejos y tan cerca, entre las casas donde vivían Olga y Miguel hay solo un kilómetro y poco, quince minutos a pie y 15 años y 10 meses de distancia. Unan la línea de puntos, porque en medio hay miles de familias desahuciadas –400.000 en los Países Catalanes–. Ni que sea descriptivamente, geolocalizados políticamente, habrá que añadir que en noviembre de 2010 Cataluña la gobernaba un tripartito formal de izquierdas. Hoy, un tripartito informal. En medio ha pasado de todo y ha pasado todo el mundo, aquí –Mas, Puigdemont, Torra, Aragonès, Illa– y allá –de Rajoy a Sánchez–. Lo digo porque entre ambas muertes, aquello que no ha variado ni un ápice es el inmovilismo en materia de vivienda, gobernase quien gobernase y con los matices pertinentes. Pero todo da miedo y nos deja vacíos, cuando el tiempo nunca pasa en vano. El año 2010 el parque de vivienda social protegida en Cataluña no llegaba al 2%, muy por debajo de la media europea del 15%. El año 2026 todavía estamos ahí: 1,7%. A la cola de la UE y en el podio de los desahucios diarios. 15 añitos y aquí no ha pasado nada. O sí. Realquilen sillas: de aquí al 2040, solo en la demarcación de Barcelona se perderán 50.000 pisos de vivienda protegida. Y eso explica tantas cosas; demasiadas cosas, quizás; o tal vez todas a la vez.Ahora bien, de las cosas que sí han mutado –y a peor– me temo que la más salvaje es poner de manifiesto cómo ha crecido exponencialmente la legitimación de la crueldad, la apología del sadismo social, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno y la aporofobia que tanto criminaliza la pobreza. Un crecimiento que también toma forma demoscópica y electoral, con el auge de las extremas derechas que condensan toda su valentía en la manifiesta cobardía de culpar siempre de todo a los más desfavorecidos. Balas blancas para las bolas negras. Hay quien incluso –sin conocer ningún detalle del caso, como si estuviera en la barra de un bar– ha querido opinar gratuitamente sobre la muerte de Olga pretendiendo desvincular el desahucio del suicidio y calificando el vínculo informativo de "irresponsabilidad periodística". Me ahorro profundizar en las elevadas dosis de insensibilidad ruin, pero hacía tiempo que no veía a alguien tan desinformado hablando de desinformación e informándonos tan puntualmente de su brutal desinformación. Quien lo ha dicho vicepreside una recién nacida y singular Federación de Vecinos presidida por el hotelero Joan Gaspart. Todo ello enlaza con uno de los datos más sintomáticos del último CEO, donde se cruzan respuesta y orientación de voto cuando se pregunta "si casi siempre se puede confiar en la gente". Un 41% lo defienden. Quienes más defienden que no son los votantes de Vox, PP y AC y, ante todos los callejones sin salida y dificultades, creen que esto es una guerra civil de todos contra todos. En la otra orilla están los que saben que, ante todas las dificultades y los mismos callejones sin salida, no hay nada más que la posibilidad democrática de la vida en común.

Los años que viví en los Estados Unidos comprobé de primera mano el malestar vital que significa para mucha gente no disponer de una cobertura sanitaria pública como tenemos en Europa o en el mismo Canadá. Incluso contando con una póliza de salud ligada a la nómina, el miedo de muchos trabajadores es que, si viene un cáncer o un accidente grave o se mueren, se arruinen, ellos o los suyos, porque las mutuas no siempre juegan limpio con la letra pequeña. Nuestro malestar por la vivienda se parece cada vez más al malestar de los norteamericanos por la salud.

Si dejamos de lado el griterío, la demagogia, la emotividad, las amenazas de los grupos y de los partidos neofascistas y las maniobras preelectorales de todos los partidos políticos, queda la cuestión esencial. Y la cuestión esencial es que el derecho de las personas a una vivienda digna es un derecho básico, también constitucional en el estado español. Un derecho, por tanto, previo a otros derechos, como el de la propiedad. Previo o superior, digámoslo como prefiráis. El derecho a la vivienda digna también es previo o superior a la ley de la oferta y la demanda. Como ha explicado el jurista Joaquim Bosch, en muchos países europeos no habría sido posible un desahucio como el de Maricarmen porque sus leyes priorizan el derecho de las personas a quedarse en su domicilio. Hablamos de países como Alemania, Francia, el Reino Unido y Dinamarca, reconocidas taifas comunistas y bolivarianas. Pero, como dice Bosch, anteponer la ley del mercado al derecho de las personas a una vivienda digna nos lleva tan solo al dominio de otra clase de ley: la ley de la selva, donde solo prospera el más fuerte. (En estos países, aunque sus policías sean tan bestias como cualesquiera otras en otras ocasiones, se habrían ahorrado un nuevo episodio de brutalidad policial, con agentes apaleando a los manifestantes que protestaban contra el desahucio).Todo ciudadano tiene derecho a una casa digna; nadie tiene derecho a acumular casas para especular con ellas. Esto vale para los fondos buitre, pero no solo para ellos. Los fondos buitre desplazan la lógica del mercado hacia sus extremos más iliberales, donde el capitalismo se convierte en el reverso oscuro del liberalismo, y en este desplazamiento se mueven todos los actores que operan en el mercado inmobiliario. No hace tanto hablábamos de grandes tenedores, una manera de referirse a las empresas o a los particulares con una cartera de viviendas que utilizan para explotarlas bajo la lógica del máximo beneficio. El alquiler turístico (al cual se abonaron enseguida una cantidad enorme de pequeños propietarios, muchos de ellos, también, votantes de izquierdas) es otro abuso que debe ser erradicado. ¿Por qué? Porque solo obedece al derecho a la propiedad y a la ley de la oferta y la demanda, mientras atenta contra el derecho de las personas a tener una vivienda digna. Porque infla una burbuja de precios que hace que personas que se lo deberían poder permitir (la Maricarmen con su pensión, por ejemplo) no puedan pagar un piso, ni siquiera el piso donde habían vivido toda su vida.

La presión en la calle para que el gobierno español apruebe el nuevo decreto de vivienda que frene los desahucios se ha incrementado este fin de semana. La movilización ciudadana ha sido un éxito incontestable. Como han dicho los mismos promotores de la manifestación y de la acampada en la Puerta del Sol de Madrid, no se puede comparar con el 15-M de 2011. Hay menos movimiento ideológico de fondo y más reivindicación concreta. En realidad, el grito de ahora tiene un objetivo perfectamente descriptible: resolver el acceso a la vivienda, convertido en el principal motivo de precariedad y desigualdad. Y responde a un malestar muy generalizado que es interclasista e intergeneracional. La imagen de Maricarmen Abascal, de 87 años, siendo desahuciada en camilla del piso donde ha vivido toda la vida, ha calado en la opinión pública: muchos ciudadanos de edad avanzada se han imaginado ellos en su situación y muchos jóvenes y adultos han proyectado en ella a la abuela o a la madre.

Maricarmen Abascal en Madrid; Olga, la mujer de 54 años de Hospitalet que se suicidó después de ser desahuciada... La lista es terriblemente extensa. Aunque el número total de lanzamientos judiciales es inferior al de hace unos años, sigue siendo un problema, una lacra. Y lo más grave es que cuando se ha intentado aplicar una medida, aunque fuera temporal –como el decreto para impedir los desahucios de personas vulnerables–, un conjunto de partidos, como PP, Vox y Junts, se opusieron.

Hace dos años que una de las portavoces del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, soltó una frase que –entonces no lo sabíamos– estos días recordamos con tristeza. Era un programa de Espejo público que empezó con la historia de una pensionista llamada Maricarmen, propietaria de un piso cuyo inquilino había dejado de pagar el alquiler y realquilaba las habitaciones. Tras reconocer que, sin duda, se trataba de una situación difícil, Racu pidió hablar de otra Maricarmen: "Una Maricarmen que conozco […], que se enfrenta a un desahucio porque una empresa ha comprado su bloque para invertir en él".

Lo que ha pasado en Madrid con Maricarmen Abascal, desahuciada a los 87 años del piso donde ha vivido toda la vida y que ha pagado religiosamente, no tiene nombre. Aún más dramático es el suicidio de Olga, de 54 años y con dos hijas, que tuvo lugar en Hospitalet de Llobregat. La crisis de la vivienda marca hoy una precariedad que ya no solo afecta a los más vulnerables, sino también a la clase media, con el colectivo joven especialmente sin salidas que vayan más allá de una ayuda familiar. El derecho a la vivienda es un derecho fundamental, pero la dura realidad es que cada vez hay más gente que no lo tiene garantizado: cuando esto afecta a personas mayores o niños, el problema, como sociedad, nos avergüenza.

En la película Umberto D. (dirigida en 1952 por Vittorio de Sica, un director que osó retratar la pobreza, y protagonizada por Carlo Battisti) hay una escena durísima. El protagonista del film es un funcionario jubilado que no puede sobrevivir con la pensión ruinosa que le ha quedado y que se ve empujado a pedir limosna en la calle. Como le da vergüenza, el hombre deja a un perrito con su sombrero, que pide por él. A primera vista es una imagen tierna, pero por poco que uno se detenga, es devastadora. Retrata la pobreza de tantas personas que nunca se imaginaron que se verían abocadas a ella y que no saben cómo afrontar la situación, porque no pueden superar la estupefacción –la vergüenza, también– de encontrarse en ella.El mercado, dejado a su propia lógica sin ningún tipo de corrección, amplía incansablemente los espacios de la marginalidad o hace el umbral de la pobreza cada vez más alto, de manera que cae en él un sector cada vez más amplio de la población. Personas que en principio deberían encontrarse en condiciones de pagarse una vida digna (trabajadores asalariados o por cuenta propia, o que se jubilan después de cotizar durante toda una larga vida laboral) descubren de repente que no es así. Sus ingresos están por debajo de los precios, y si no cuentan con un entorno que les apoye, muy pronto se ven abocados a la pobreza.Esta semana, los casos de Maricarmen en Madrid (la mujer de 87 años, precaria de salud y de ingresos, que ha sido desahuciada de su casa mientras los manifestantes eran reprimidos en un nuevo episodio de brutalidad policial) y de Olga en Hospitalet de Llobregat (una mujer de 54 años, madre de dos hijas –una de ellas, menor–, que se ha suicidado porque no pudo soportar perder su casa), han llenado diarios, telediarios y redes, y han llamado la atención de todos sobre la llamada crisis de la vivienda, que en realidad no es más que un resultado de un sistema económico basado en dos cosas: la avaricia y la aporofobia. Dicho de otra manera: la relación patológica con el dinero que consiste en considerarlo un bien superior (en relación con los derechos de los ciudadanos, y también en abstracto, como una especie de deidad), y el odio a los pobres.Las personas tienen, o tenemos, miedo de ser pobres por muchos motivos, pero uno de los principales es que sabemos que pasaremos a ser odiados. No solo menospreciados, ridiculizados, humillados, violentados o perseguidos: también odiados. Por encima de todo, odiados. La imagen del pobre actúa como un reflejo de aquello que nunca queremos ser: por eso, cuando los encontramos por las calles, giramos la cara o aceleramos el paso. Nadie nos lo reprochará. El pobre es temible, es oscuro y es repugnante, porque personifica la negación de la prosperidad. El mensaje para quien no pueda pagar los precios impuestos por especuladores descontrolados es que, además de su casa y de sus bienes, ha perdido la dignidad y la consideración de ser humano. Los explotadores han existido siempre; ahora, sin embargo, se jactan de ser los líderes del nuevo capitalismo. Tienen muchas teorías autojustificativas, pero un único principio fundamental: odiar al pobre.

El desahucio de Maricarmen, una vecina madrileña de 87 años que va en silla de ruedas, ha sacudido a todo el Estado. El caso de esta anciana se ha convertido en simbólico por su vulnerabilidad, y las protestas, que este miércoles se concentraron ante su edificio para intentar impedir que la echaran de casa, han tenido eco político. Los partidos a la izquierda del PSOE no han tardado en exigir al gobierno español un nuevo decreto de vivienda. Sumar, el socio minoritario, pide que se apruebe ya en el consejo de ministros de la semana que viene y que incluya entre otras cosas la expropiación del piso de Maricarmen a sus propietarios, el fondo de inversión Urbagestión Desarrollo e Inversión S. L. Pero con ellos no es suficiente para que el paquete de medidas salga adelante en el Congreso. Pedro Sánchez necesita los votos de todos los partidos del bloque de investidura y eso incluye a Junts. Tras la ruptura de la relación con los socialistas, la emergencia residencial ha hecho que las negociaciones volvieran al tablero de juego.

Una mujer de 54 años, vecina del barrio de Santa Eulalia de Hospitalet de Llobregat, se ha suicidado cinco meses después de ser desahuciada de su casa. Este lunes, entidades y vecinos de la ciudad han denunciado públicamente el suicidio de Olga el pasado 7 de septiembre, cinco meses después de perder su casa a pesar de que sufría problemas de salud mental diagnosticados. Tenía 54 años y dos hijas, una de las cuales todavía es menor de edad, y la noche antes del desahucio ya expresó que se planteaba quitarse la vida. "No aceptamos que el caso de Olga se presente como una desgracia inevitable y sin responsables", ha afirmado Pau Segura, portavoz de Vivienda Hospitalet.

Desde el miércoles pasado, si Txema Escorsa, 34 años y profesor de secundaria en lucha, todavía está en su casa, en la calle Sant Agustí de la Vila de Gràcia, es porque aquel día, muy temprano, una multitud anónima, cuerpo a cuerpo y codo con codo, impidió que la comitiva judicial y el dispositivo judicial ejecutaran la faena de echarlo de su casa. Todo se detuvo a pie de calle y vía muro humano, y de esto se llama sindicalismo social, desobediencia civil y defensa comunitaria. La innegable evidencia aclara, con luces y taquígrafos, que el desahucio solo lo bloqueó la multitudinaria movilización de la gente. Es decir, que Txema se quedó salvado por la iniciativa popular del Sindicat de Llogateres y no por ninguna serena y severa decisión política, judicial o policial. Y eso que el presidente de la Generalitat incluso hizo un tuit de apoyo –aunque hará falta algo más que un tuit–. La batalla contra el mercado global es siempre local y la imagen concentraba a cientos de vecinos contra un fondo buitre extranjero ubicado en Nueva York, que vulnera y destroza la legislación vigente y que va haciendo impunemente colivings prohibidos de alquiler de habitaciones, a los cuales ya cobra por habitación mucho más de lo que paga Txema por un piso entero. Paradójicamente, los máximos representantes de los especuladores eran, el miércoles pasado, la jueza y los policías –es decir, el sistema institucional–, que venían a acelerar la expulsión de vecinos. Y de aquí llora la criatura. La comitiva judicial ha dejado por escrito que lo volverá a intentar el 15 de abril. La gente, indudablemente, también. El mismo día que Txema resistía en su casa gracias a la activa solidaridad vecinal, el Ayuntamiento de Barcelona decidía aprovecharlo para desalojar a 130 personas empobrecidas de un descampado de la Sagrera. Sin ninguna notificación previa y sin ofrecerles ninguna otra alternativa que largarse y dispersarlos por la ciudad. Todo pasaba –palabras y hechos de la elocuencia urbana, en que el nombre nunca hace la cosa– bajo el amparo del presunto Plan Endreça y a tocar, fíjate tú, del puente del Trabajo Digno, que no tienen los expulsados a la intemperie. Estaba, sin embargo, la entidad Quart Món apoyándolos. Estos días una campaña municipal denuncia pretendidamente a los "sinvergüenzas" incívicos. Pero lo que da "vergüenza" es que vuelva el chabolismo a la ciudad –53 asentamientos con 299 personas en diciembre de 2025– y que se haga tan "poco" para revertirlo. O que lo poco que se haga sea forajirlos a un lugar todavía peor. De sinvergüenzas, ciertamente. Al fin y al cabo, así en Barcelona como en Badalona, deberíamos insistir mucho más en que las distintas gestiones y narrativas –el envoltorio y la propaganda– en ningún caso alteran el producto final: el desamparo de la patada en el culo. El efecto acaba siendo el mismo, sea con el griterío aporofóbico de Albiol, sea con la aparente neutralidad higienizadora de Collboni. Los unos y los otros confunden la lucha contra la extrema pobreza con la lucha contra los pobres. Y así nos va. Suerte de todas las entidades implicadas hace años en la lucha para la erradicación del sinhogarismo, de la Fundació Arrels al Hospital de Campaña de la parroquia de Santa Anna. Una red civil que hace años que clama por una ley de medidas transitorias y urgentes, todavía en trámite infinito y pendiente de ser aprobada.

Las medidas del escudo social, que el jueves se tumbó en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts, protegían a 60.000 personas vulnerables en todo el Estado, unas 13.000 de ellas en Catalunya. Una de ellas es Francesca Cervelló. Esta vecina del barrio barcelonés del Putxet, de 63 años, lleva meses temiendo que ese día llegara. "¿Qué haré yo ahora? ¿Qué pasará conmigo?", se pregunta en conversación con el AHORA.

Nueva derrota del gobierno español en el Congreso. La cámara baja ha aprobado la revalorización de las pensiones un 2,7% este 2026 (sólo Vox ha votado en contra), pero ha tumbado, por segunda vez, el decreto del escudo social y el decreto que ha impulsado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que preveía que el gobierno español pudiera limitar los precios de bienes. Ambas medidas se han tumbado por los votos en contra de PP, Vox y Junts. "Tengan claro que la gente tomará nota [de su decisión] y tiene memoria", ha dicho Bustinduy.

Terminaremos ya con esta inmersión en el 23-F que lleva días durando, no sin remarcar la ironía del destino que significa que Tejero muriera ayer, precisamente. Hoy es el día del balance (exprime que final) Ganadores: Pedro Sánchez que, desclasificando estos documentos, ha dirigido la conversación política durante casi una semana y le ha salido de fábula. Ganador, Juan Carlos de Borbón, que aparece como alguien que detiene el golpe, con dos asteriscos muy grandes: no han desclasificado las conversaciones que el rey tuvo la tarde del golpe con los diversos capitanes generales de las regiones militares y, por tanto, no sabemos si les estaba tanteando; y dos, nunca sabremos si los días antes el rey dio a entender que estaría dispuesto a apoyar lo que se llamaba "un golpe de timón". Por lo demás, ninguna novedad, más allá de frotarnos los ojos al ver que ha sido guardado como confidencial un diagrama, un esquema que parece propio de un alumno de primaria sobre varios golpes de estado posibles.

El decreto del escudo social que este jueves se vota en el Congreso pende de un hilo. De hecho, a estas alturas nada hace pensar que prospere, porque el ejecutivo español no tiene suficientes votos atados. Junts asegura que votará en contra, o como mínimo así lo ha anticipado la portavoz del partido en el Congreso, Miriam Nogueras, durante la sesión de control de este miércoles al gobierno español. "Votaremos que no", ha afirmado Nogueras, que ha recriminado a Pedro Sánchez que hayan vuelto a incluir en el decreto la medida antidesahucios. "Escudo social sí, ocupaciones no", ha dicho Nogueras. De este modo, el ejecutivo de Pedro Sánchez se aboca, de nuevo, a una nueva derrota del paquete de medidas. Fuentes gubernamentales evitan entrar a valorar este escenario y se limitan a decir que esperan a la votación de este jueves.

La presión no ha surtido efecto. El PP y Junts han tumbado la subida de las pensiones y las medidas antidesahucios en el Congreso. Aunque ambos partidos estaban de acuerdo con la primera iniciativa de actualizar las pensiones, el hecho de que estuviera incluida en un mismo decreto con la segunda, a la que se oponen, ha provocado que hayan optado por votar en contra de ambas. Las críticas que han recibido de la izquierda en el pleno de la Cámara Baja de este martes y el ruego de los colectivos de vivienda, que se han desplazado hasta las puertas de la Cámara Baja para reclamar la aprobación de la norma, no han hecho variar las posiciones iniciales que ya hacían pronosticar la primera derrota parlamentaria del gobierno español este 2026. Vox también ha votado en contra. Por el contrario, el gobierno español ha salvado el decreto que crea un abono único de transportes para todo el Estado y mantiene las bonificaciones del transporte público en plena crisis ferroviaria. Juntos ha votado a favor y los populares se han abstenido.

La vivienda en Catalunya atraviesa una dolorosa paradoja. Mientras la normativa intenta equilibrar con esfuerzo el derecho a acceder a una vivienda digna con la protección del derecho de propiedad, la realidad de los procedimientos de desahucio evidencia un desequilibrio creciente, alimentado por la saturación judicial, la escasez de vivienda pública y un marco procesal insuficiente.