Tània Verge es politóloga y miembro de la Sindicatura Electoral del 1-O, que ayer fue absuelta.

Los cinco miembros de la Sindicatura Electoral dejaron de trabajar por el 1-O después de la reunión que mantuvieron el 7 de septiembre del 2017 –justo al día siguiente de que se aprobara la ley del referéndum y de que el Tribunal Constitucional (TC) la suspendiera a última hora del día–, y presentaron su renuncia una vez recibieron los requerimientos del alto tribunal, a pesar de que han remarcado que desde el día 8 ya no desarrollaron ninguna de las funciones asignadas. Esta es la tesis que han defendido Jordi Matas, Tània Verge, Marta Alsina, Josep Pagès y Marc Marsal durante el juicio que este jueves ha celebrado la segunda sesión. "Trabajamos cuando tenemos que trabajar y nos vamos cuando el TC nos dice que nos vayamos -los amenazó con multas de entre 6.000 y 12.000 euros diarios si no lo hacían-. No me esperaba este periplo judicial", ha relatado Jordi Matas, que fue nombrado presidente de la Sindicatura Electoral. "Cuando recibimos los requerimientos, nosotros ya no estábamos haciendo nada", ha dicho Alsina, que ha explicado que igualmente renunciaron como síndicos. "Era un absoluto desconcierto. Lo que reclamaba el TC era que renunciáramos a los nombramientos, por eso hicimos la renuncia. Pero las funciones ya habíamos dejado de ejercerlas mucho antes", ha remarcado Josep Pagès.

Jordi Matas es catedrático de Ciencia Política de la Universitat de Barcelona y uno de los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O que este miércoles se sentará en el banquillo de los acusados por los delitos de desobediencia y usurpación de funciones.

Los miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O Jordi Matas, Marc Marsal, Tània Verge, Marta Alsina y Josep Pagès se han sentado este miércoles en el banquillo de los acusados para ser juzgados por los presuntos delitos de desobediencia y usurpación de funciones, por los cuales la Fiscalía les pide hasta dos años y nueve meses de prisión. Lo han hecho más de tres años después de la querella que presentó el ministerio público, en la que también los acusaba de un supuesto delito de malversación de fondos públicos y que la juez descartó cuando acabó la instrucción del caso. El juicio a los cinco síndicos electorales se ha aplazado dos veces: en abril del año pasado se suspendió por culpa de la pandemia y se fijó la vista oral para el mes de noviembre, pero también se acabó aplazando hasta marzo por un positivo en el juzgado número 11, donde se hace la vista.