Leemos que veinte diputados del Parlament se han apuntado al servicio "voluntario de asesoramiento lingüístico para mejorar el catalán". En algunos diarios se nos informa que el servicio, que fue idea del presidente del Parlament, Josep Rull, hay tres partidos que no lo han querido: Vox, el PP y Aliança Catalana. Por partidos, hay ocho diputados de Junts, cinco del PSC, los cuatro de la CUP, dos de ERC y uno de Comuns.

El Parlament dará clases individuales de catalán a los diputados que las pidan, a partir de sus propios discursos y errores. Es una buena idea por razones obvias, aunque tiene algunos límites que todos hemos experimentado estudiando el catalán: es relativamente fácil corregir barbarismos y no decir más cuando se trata de cambiar una palabra incorrecta por la correcta. Y sin embargo, hay palabras que se nos atragantan ya la hora de la verdad repetimos el error (hablo por experiencia: en el listado de faltas que yo recibía regularmente en Catalunya Ràdio había palabras y construcciones que no conseguía sacarme de encima).

Empieza una nueva legislatura en el Parlament y los grupos parlamentarios ya van realizando las primeras reuniones de bienvenida. Los jefes de filas de los partidos aprovechan los días antes del pleno de constitución para recordar a novatos (ya despistados) que deben prestar toda la documentación en tiempo y forma para no tener problemas el día en que formalmente se conviertan en nuevos diputados. Pero hay quien, después de media docena de legislaturas, ya tiene la mano rota en unos trámites que pueden agobiar a los recién llegados. Son los diputados más veteranos de la cámara: Ramon Espadaler (Units), Josep Rull (Juntos), David Pérez (PSC) y Antoni Castellà (Demócratas).

El campesinado ha dicho bastante. Desde hace semanas se manifiesta por reivindicar cambios en el sector. Ese mismo miércoles llenaron las calles de Madrid y plantean movilizaciones también en la frontera francesa. La gota que ha colmado el vaso para el sector son las restricciones por la sequía y el pleno monográfico que acaba este jueves en el Parlament se centra precisamente en la sequía y el cambio climático. Muchos campesinos expresan su distanciamiento respecto a las administraciones, pero ¿hay agricultores o ganaderos diputados? Sí, en concreto dos, uno de ellos con larga trayectoria en el sector y en la cámara, compatibilizando la tierra con el escaño y una alcaldía. El socialista Joaquim Paladella es el diputado campesino más veterano: ya fue representante durante las legislaturas del tripartito y vuelve a serlo ahora, siempre a la vez que alcalde de Batea (Terra Alta), que lo es desde 1991. El otro diputado es Salvador Vergés (Juntos), "pagés ahora en excedencia", que entró en política parlamentaria en el 2021. ¿Cómo son sus vidas? ¿Cómo han vivido las reivindicaciones del sector?

Las dietas o indemnizaciones de los diputados del Parlament son un debate recurrente en cada legislatura. El hecho de que más allá de una retribución fija -que cotiza- los parlamentarios cobren también diversas variables libres de impuestos en función de la distancia que hay entre su domicilio y el Parlament y el rol institucional que ocupan -si son presidentes de grupos, portavoces o tienen cargos en la mesa o en alguna comisión- es un privilegio que en tiempo de crisis genera suspicacias. Desde la reforma del reglamento del año 2015, sin embargo, los diputados catalanes se comprometieron a afrontar un debate espinoso: reformar su salario para reducir la parte de dietas que no tributan a Hacienda. Así, en 2018 y 2020 una parte pequeña de este tipo de indemnizaciones por desplazamiento ha pasado a incorporarse a la parte de salario que sí cotiza, y este 2021 la mesa debate si se sigue en la misma línea o se hace un cambio más amplio manteniendo las dietas pero condicionándolas a una serie de requisitos.

Los que no percibieron las indemnizaciones por desplazamiento y viajes la pasada legislatura fueron los diputados que estaban presos o exiliados durante el ejercicio de su mandato. Tampoco lo hace ahora Lluís Puig, ex conseller en el exilio, que es parlamentario de JxCat. Así lo determinó la mesa después de un informe de los letrados de julio de 2018 a raíz de una petición de Junts para que todos los parlamentarios cobraran las indemnizaciones. La nota jurídica -un tipo de informe pero más informal- constata que la asignación no está sujeta a autorización o justificación de los gastos de los diputados y que se basa en la “presunción y la constatación práctica” de que los miembros de la cámara se desplazan a la “sede del Parlament desde su residencia”. Ahora bien, añade que el hecho de que no haya un procedimiento específico para justificar aquello que se percibe por los viajes y desplazamientos no significa que “se pueda hacer caso omiso del ámbito de aplicación” de las indemnizaciones. Una manera de decir que si existe la prueba palpable de que hay diputados que no pueden ir al Parlament -ya sea por el exilio o la prisión- no pueden cobrar esta cantidad.

Todos los diputados elegidos el 14-F se podrán comprometer por escrito contra la discriminación "y el acoso psicológico o sexual" en el momento de asumir el escaño. Es una de las medidas que forman parte del plan de igualdad de género que se aprobó la legislatura pasada y que se aplicará por primera vez este mandato. Será voluntario y, por lo tanto, no se sumará a los tres requisitos para acceder al escaño: presentar la credencial de la Junta Electoral, prometer o jurar la Constitución y el Estatut, y presentar la declaración de bienes y actividades. De momento, ya ha quedado claro que los once diputados de Vox se negarán a firmar este documento. "Evidentmente ninguno de los once diputados de Vox firmaremos la declaración. No aceptamos ni una lección de los que agreden cada día a nuestros policías, muchos de los cuales mujeres", ha escrito el líder de la ultraderecha en Catalunya, Ignacio Garriga. Según él, ni firmarán ni participarán en ninguno de los cursos o charlas que se hagan sobre esta cuestión durante la legislatura porque lo considera "una pérdida de tiempo".