Una investigación muy interesante de la doctora en historia y arqueología de la Universidad Complutense de Madrid Miriam Saqqa, publicada en el libro Las exhumaciones por Dios y por España (Cátedra), saca a relucir abundante documentación sobre los recursos que el régimen de Franco dedicó a exhumar fosas de víctimas de su bando como parte de toda una política propagandística que pretendía imponer un relato concreto de la Guerra Civil. "La sangre de quienes cayeron por la patria no consiente ni el olvido, ni la esterilidad ni la traición", decía el dictador el 1 de abril de 1942. Saqqa explica cómo todo el proceso se dirigió desde la justicia como parte de la causa general contra los desafectos al régimen –con fiscales y secretarios judiciales ad hoc que tenían sueldos muy elevados para la época–, pero que el Estado sólo se hizo cargo de los gastos de las exhumaciones cuando afectaban a militares, que automáticamente pasaban a tener la consideración de "mártires". Evidentemente, de los muertos del bando republicano nunca quisieron saber nada porque el objetivo era borrarlos de la historia.

Aún ahora, ochenta y ocho años después del inicio de la Guerra Civil, es complicado exhumar los restos de hombres y mujeres que lucharon en el bando republicano. Faltan recursos y han pasado tantos años que localizar las fosas es difícil. Sin embargo, durante la guerra y la dictadura, Franco dedicó muchos recursos a exhumar a los muertos del bando nacional. "La sangre de quienes cayeron por la Patria no consiente ni el olvido, ni la esterilidad ni la traición", decía el dictador el 1 de abril de 1942. Lo hizo más por un tema político que por razones humanitarias. Miriam Saqqa, doctora en historia y arqueología por la Universidad Complutense de Madrid, ha pasado más de cuatro años investigando miles de papeles en los archivos, sobre todo de los procesos judiciales que acompañaron a estas exhumaciones, y saca a la luz muchos datos inéditos.

Muerto el dictador, el miedo impregnaba todavía la vida de buena parte de la población española. En 1977 Esperanza Pérez regresó de su exilio en Bélgica decidida a encontrar a su padre, sus abuelos y sus tíos. Todos ellos habían sido asesinados y enterrados en fosas comunes. A lo largo de más de un año y con la ayuda de su marido, que era taxista y la llevaba de un sitio a otro, recorrió diferentes pueblos de la provincia de Palencia hasta encontrar a ocho de sus familiares. Terminó exhumando a 150 víctimas del franquismo. “Estoy muy orgullosa. Fue extenuante, tanto física como psicológicamente, pero volvería a hacerlo”, dice desde su casa de Palencia, donde vive con una hermana y una tía. Esperanza, que ahora tiene 87 años, tenía 18 meses cuando mataron a su padre, a sus abuelos ya sus tíos: “A mi padre le llamaban Juanón, porque era muy alto, muy guapo y muy valiente. Lo único que hizo fue enseñar a leer y a escribir a los niños más pobres”, dice aún indignada.

Se ha tardado mucho, y los hay que por muy pocos días ya no estarán para verlo, como Manuel Lapeña, que murió la semana pasada con 97 años y que batallaba desde hacía una década para recuperar los restos de su padre, enterrado sin el consentimiento familiar en el Valle de los Caídos. Otros, sin embargo, después de años de litigio quizás podrán recuperar a sus familiares. Han sido muchos años de llamar a muchas puertas que no se abrían, pero finalmente el gobierno español ha anunciado este lunes que ya ha iniciado los trabajos para exhumar a 77 personas enterradas en las criptas de la basílica del Valle de los Caídos. En todos los casos son víctimas cuyos familiares han pedido explícitamente que se las saque de ahí. Según el gobierno español, es un proceso sumamente complejo y ya avisa de que será largo por el estado en el que se encuentran los restos. "Más de sesenta años después de los traslados, las dificultades técnicas son muy grandes; entrar en las criptas no garantiza que se encuentren las personas que se buscan", ha explicado el secretario de estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.

El gobierno español destinará 1,5 millones de euros al plan de choque de recuperación de la memoria democrática que se puso en marcha en 2020, la mayoría de los cuales se dedicarán a la exhumación de fosas comunes este 2021 (1,2 millones). Otros 750.000 euros serán ayudas directas concedidas por el ministerio y la otra mitad la gestionará la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Han optado a las ayudas 114 proyectos de localización, exhumación e identificación de fosas y 44 proyectos de recuperación de la memoria democrática. "No habrá un solo día de este año que no se trabaje en la exhumación", ha prometido la vicepresidenta y ministra de Memoria Democrática, Carmen Calvo. Estas son las primeras ayudas del Estado destinadas a recuperar cuerpos enterrados en fosas desde el 2013, puesto que a pesar de que la ley de memoria histórica española es de 2007, los gobiernos populares la dejaron sin dotación. La Generalitat recibirá 335.000 euros de esta partida para seguir con su Plan de Fosas en cuatro proyectos concretos.