Ilegalizar a las asociaciones que ensalzan el franquismo nunca ha sido fácil. Hoy se ha dado un paso más para conseguirlo, pero no ha terminado con uno de los defensores más activos y acérrimos de la dictadura: la Fundación Francisco Franco. Con el voto favorable de todas las fuerzas políticas, a excepción de Vox, que ha votado en contra, y de la abstención del Partido Popular y de la Unión del Pueblo Navarro (UPN), que se han abstenido, este jueves el Congreso de los Diputados ha aprobado la nueva ley de asociaciones.

Una investigación muy interesante de la doctora en historia y arqueología de la Universidad Complutense de Madrid Miriam Saqqa, publicada en el libro Las exhumaciones por Dios y por España (Cátedra), saca a relucir abundante documentación sobre los recursos que el régimen de Franco dedicó a exhumar fosas de víctimas de su bando como parte de toda una política propagandística que pretendía imponer un relato concreto de la Guerra Civil. "La sangre de quienes cayeron por la patria no consiente ni el olvido, ni la esterilidad ni la traición", decía el dictador el 1 de abril de 1942. Saqqa explica cómo todo el proceso se dirigió desde la justicia como parte de la causa general contra los desafectos al régimen –con fiscales y secretarios judiciales ad hoc que tenían sueldos muy elevados para la época–, pero que el Estado sólo se hizo cargo de los gastos de las exhumaciones cuando afectaban a militares, que automáticamente pasaban a tener la consideración de "mártires". Evidentemente, de los muertos del bando republicano nunca quisieron saber nada porque el objetivo era borrarlos de la historia.

A la misma hora que en el Congreso empezaba la sesión que tenía que concluir con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, Javier (nombre ficticio) subía con su coche el camino hacia el cementerio de Mingorrubio, en el Pardo (Madrid), donde está la nueva tumba del dictador Francisco Franco. Él se encarga de mantener el mausoleo exterior en buenas condiciones y ha montado todo un santuario con flores, banderas, fotografías y estampitas diversas. "Ahora lo arreglaré todo y lo dejaré bonito, ven mañana si quieres hacer fotos", me dice. Son las 11 de la mañana y hace un sol de justicia y no hay prácticamente nadie en el cementerio. Javier me explica que aquel mausoleo se hizo construir para Carlos Arias Navarro cuando era alcalde de Madrid, pero al final se lo quedó la familia Franco. Allí estaba enterrada Carmen Polo antes de que llevaron los restos de Franco el 24 de octubre de 2019.

La represión contra los que perdieron la Guerra Civil se prolongó durante cuarenta años de dictadura, y reconocer las injusticias que sufrieron ha sido siempre muy complicado en el estado español. Este jueves el Congreso de Diputados ha debatido una nueva ley de memoria democrática que propone, entre otras cosas, una auditoría del expolio franquista, una nueva fiscalía para investigar los crímenes del franquismo –ningún juzgado español ha aceptado nunca investigar los crímenes que se cometieron durante la dictadura–, subvenciones para exhumar fosas o resignificar el Valle de los Caídos. La nueva ley se presenta catorce años después de que se aprobaran las leyes de la memoria en España y Catalunya. La ley española del 2007 aprobada por el gobierno de Zapatero ha vivido, además, largos periodos de hibernación por falta de presupuesto, sobre todo durante el gobierno del PP.

La sala tres del Museo Militar de Sant Carles se divide en tres espacios. El del primer piso recoge objetos históricos del periodo comprendido entre 1897 y 1957, con la Guerra Civil como uno de los ejes principales. Para llegar a este espacio hay que subir una escalera, las paredes de la cual exhiben retratos de varios comandantes de las Baleares, entre los cuales Francisco Franco. El letrero que acompaña la pintura no hace ni la más mínima referencia al hecho que, además de comandante de las Baleares, Franco también encabezó un levantamiento militar y fue el dictador de España durante 40 años. Retrat de D. Francisco Franco Bahamonde. General de Divisió (1892-1975), pone en la placa. Es imposible saber tanto el nombre del pintor como la procedencia de la obra.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado el informe que cuestiona algunos puntos de la nueva ley de memoria democrática. El pleno celebrado este lunes ha dado luz verde con 15 votos a favor y seis en contra al documento elaborado por los vocales Roser Bach y Wenceslao Olea, que entre otras cosas cuestionaba que se quieran castigar actos y organizaciones que hagan apología del franquismo. En su informe subrayan que, si no hay una "humillación a las víctimas", la exaltación de la dictadura tendría que estar amparada en la libertad de expresión. Y también rechazan que se tipifique con una infracción muy grave el hecho de que no se tomen medidas para impedir manifestaciones franquistas, argumentando que iría en contra del derecho de reunión.

El gobierno español destinará 1,5 millones de euros al plan de choque de recuperación de la memoria democrática que se puso en marcha en 2020, la mayoría de los cuales se dedicarán a la exhumación de fosas comunes este 2021 (1,2 millones). Otros 750.000 euros serán ayudas directas concedidas por el ministerio y la otra mitad la gestionará la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Han optado a las ayudas 114 proyectos de localización, exhumación e identificación de fosas y 44 proyectos de recuperación de la memoria democrática. "No habrá un solo día de este año que no se trabaje en la exhumación", ha prometido la vicepresidenta y ministra de Memoria Democrática, Carmen Calvo. Estas son las primeras ayudas del Estado destinadas a recuperar cuerpos enterrados en fosas desde el 2013, puesto que a pesar de que la ley de memoria histórica española es de 2007, los gobiernos populares la dejaron sin dotación. La Generalitat recibirá 335.000 euros de esta partida para seguir con su Plan de Fosas en cuatro proyectos concretos.