Pocas semanas antes de que entre en vigor la modificación del reglamento de extranjería, el departamento de Derechos Sociales ha suprimido el Programa de Mentoría Social para personas refugiadas y demandantes de asilo que funcionaba desde 2017. El paro, en principio, es de carácter temporal y la dirección general de Migraciones y Refugios la justifica por la necesidad de tomar la Uso de personas con necesidades de protección internacional". Sin embargo, entre el sector ha sorprendido la decisión. Por un lado, porque había un compromiso verbal para que continuara. Por otro, porque llega en vísperas del 20 de mayo, cuando el gobierno español endurecerá los requisitos para las personas que estén esperando una resolución a la demanda de asilo.

Hoy publicamos un editorial cuyo título años atrás no se habría entendido, al menos con la vehemencia tipográfica con la que lo hemos escrito:

En círculo, a la sombra de un porche abandonado, se presentan uno por uno frente al mar cristalino: "Soy Salah [nombre ficticio], y vengo de Siria. Sé nadar bien", exclama con orgullo uno joven de físico atlético. Son casi treinta hoy durante la natación que organiza Yoga and Sports With Refugees, una ONG activa desde 2018 en la isla griega de Lesbos. La playa refleja el sol de la tarde de julio en un blanco cegador. "Soy Hussein [nombre ficticio], soy de Irán y no sé nadar", dice un joven alto y delgado estrechando los brazos. "Soy en Hassan [nombre ficticio], soy de Afganistán y sé nadar más o menos bien", dice otro sonriente, con un elocuente gesto con la mano acompañados por instructores. de natación, un par de ellos ya con aletas y bromeando con imitaciones de paso militar. Se dividen en grupos según los niveles, desde principiantes que han de familiarizarse con el agua hasta nadadores más expertos que quieren perfeccionarse. Algunos se quedan en la costa: "Entramos poco a poco, no hay prisa", dice Salah, ya dentro del agua hasta la cintura, mientras sigue con la mirada los pasos inseguros de sus compañeros.

Octubre marca en Canarias un punto de inflexión con más de 10.500 migrantes llegados desde la costa africana y con toda seguridad se superarán las cifras récord de la gran crisis de los cayucos de 2006. En las dos primeras semanas del mes han llegado más de 10.500 personas, y en lo que va de año la cifra de supervivientes aumenta a unas 29.000 personas, entre ellas miles de menores de edad. Como hace siempre el gobierno español cuando hay excesivas llegadas en un punto, lleva semanas distribuyendo a estas personas por Canarias y también por la Península. Por el momento, ya son 1.988 las que se han trasladado hasta Catalunya para ser atendidas por entidades integradas en el llamado sistema de acogida estatal. Aparte, hay una treintena de menores de edad que iban sin ningún adulto de referencia que han entrado en los centros para pasar a ser tutelados por la DGAIA. Otra vez, partidos y dirigentes, tanto del PP como de la extrema derecha, han hecho declaraciones racistas y xenófobas, atribuyendo, sin prueba alguna ni evidencia, a estos migrantes que llegan desde Canarias la transmisión de enfermedades o la comisión de delitos como ahora violaciones.

“Me dijeron que estarían en casa un máximo de cuatro semanas, mientras se tramitaba la documentación, y que recibiría toda la ayuda y el apoyo que necesitara”, recuerda Nina Llach, una psicóloga de 49 años que vive en Ripoll. Cuando estalló la guerra de Ucrania decidió que tenía que hacer algo para ayudar a los refugiados y se ofreció para acoger en casa, aprovechando que había una expedición de los Bombers de Girona que iba a recoger refugiados. Pero la realidad ha quedado muy lejos de las promesas que le hicieron en las reuniones previas. Hace casi dos meses que recibió a una madre y tres chicas jóvenes, y prácticamente no ha tenido ningún apoyo para cubrir las necesidades básicas de las ucranianas. El plan estatal de acogida de refugiados prevé asistencia para los exiliados, pero ninguna administración ha establecido una línea de ayudas para las personas que han acogido en casa a los que huían del terror bélico.

“Cuando jugamos veo que están felices, pero a veces se ponen tristes y no sé qué puedo hacer para ayudarlos”, le confiesa Yaros, de 9 años, a su tutora, Dolors Planas, que le responde: “No hay que hacer nada, lo importante es que sientan que estás a su lado para lo que necesiten, sea reír o llorar”. Yaros –que es el diminutivo de Yaroslav– nació a Kiev (Ucrania) y ahora ejerce de anfitrión –y traductor– de sus nuevos compañeros de escuela: Roman y Bohdan (sus primos de seis y nuevo años), y de Yarina, de diez años, que es la hija de su padrino. A principios de mes, los tres niños llegaron con sus madres, Natàlia y Olesia, huyendo de las bombas y el terror de la guerra, y se han instalado a la masía de la familia Bilinsky, que hace cuatro años que vive en Arbúcies (la Selva).

Justo cuando estalló la guerra de Ucrania, Nicci Mende y su marido entraron en internet para buscar cómo ayudar a las familias refugiadas que estaban llegando a Catalunya. A él, norirlandés establecido en Badalona, la situación lo conmovía especialmente porque le recordaba a su niñez en el Belfast del conflicto sangriento. Con cuatro pasos se inscribieron en una web, dejaron los datos personales e informaron de que hablan castellano e inglés y de que tienen libre una de las dos habitaciones de su piso. Muy pronto, al otro lado de internet ya leían el mensaje Anna e Igor, un matrimonio de Odesa con dos hijos de ocho y cinco años que se había quedado bloqueado en Catalunya, donde estaban de vacaciones.

Yaroslav Barakhov vino con su pareja a pasar unos días de vacaciones en Barcelona y desde aquí han visto cómo estallaba la guerra en su país. Tenían previsto volver a Ucrania este martes, 1 de marzo, después de diez días de turismo por Catalunya que se han convertido en una pesadilla. "Mi corazón está con Ucrania, pero no quiero volver", explica con pena. Ahora pasarán unos días en el albergue de Vic, junto a una quincena de compatriotas a los que, como ellos, la guerra les ha cogido de vacaciones. "Quiero llorar y no puedo volver a casa", relata. No sabe cuándo podrá volver a Ucrania ni cómo será el país cuando vuelva.

Las restricciones a la movilidad derivadas de la pandemia han frenado la llegada de inmigrantes y demandantes de asilo en Barcelona en la primera mitad del año. Llegan menos, pero los que ya están instalados en la ciudad necesitan más ayuda porque son dos de los colectivos que más han sufrido la crisis socioeconómica. Hasta el SAIER, el servicio municipal especializado que los atiende, han llegado más de 10.300 personas durante el trimestre, que, a pesar de ser un 7% menos respecto al mismo periodo de 2020, implican un ligero aumento de la actividad asistencial por la especial "vulnerabilidad y complejidad" en la que han quedado, ha explicado el concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra.

A raíz de la llegada al poder de los talibanes en Afganistán y las graves consecuencias que tiene para la sociedad civil, diferentes asociaciones e instituciones culturales catalanas impulsan Cultura per l'Afganistan, un movimiento para que se haga "un corredor humanitario y se ayude a hacer venir a artistas afganas a Catalunya". En un manifiesto que ya cuenta con un par de centenares de adhesiones se detalla que "el objetivo es hacer un llamamiento a nuestros gobernantes para comprometerse en la defensa de los derechos humanos y en la promoción de la cultura afgana en nuestro país y más allá de todas las fronteras, así como impulsar una serie de acciones para ayudar a la salida, la acogida y el reconocimiento de refugiadas políticas a las artistas e intelectuales afganas, en especial mujeres y miembros de otros colectivos en situación de vulnerabilidad".

En España se aprobó una de cada veinte solicitudes de asilo el año pasado. Es una de las principales conclusiones del informe anual publicado por la Comisión Catalana del Refugiado (CCAR), que recoge que de las más de 88.000 peticiones de protección internacional que el estado español recibió en 2020, solo se resolvieron favorablemente un 5% del total –es decir, unos 6.000 expedientes–, lejos del 33% de la media de los países de la Unión Europea. A la vez, España autorizó la residencia por razones humanitarias de cerca de 41.000 personas, la mayoría de las cuales procedentes de Venezuela.

Trabajaban en la economía informal en sectores como los cuidados o la restauración y cuando el covid obligó a pararlo todo se quedaron sin nada. Ni paro ni la almohada temporal de un ERTO. Esta vulnerabilidad, que afectó especialmente a personas extranjeras que hacía poco tiempo que se buscaban la vida en Catalunya, explica en buena parte que, a pesar del cierre de fronteras y la caída de la movilidad internacional debido a las restricciones sanitarias, el Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (Saier) de Barcelona casi no haya notado un descenso de la actividad en 2020. En total atendió a 19.001 personas. Y esto representa una bajada de sólo el 8% en relación con las 20.620 a las que asistió el año anterior.