El año ha empezado como tocaba, con un olor electoral que lo invade todo. No hay ni un palmo de espacio público que no se aproveche para los choques, en una continua representación en la que por suerte o por desgracia todo el mundo hace su papel siguiendo pautas previsibles. Incluso, bien mirado, el caso de Castilla y León, donde Vox ha explotado la falta de autoridad del presidente del PP, Fernández Mañueco, haciendo víctimas de su estrategia a las mujeres embarazadas. El factor sorpresa tendrá que aparecer en algún momento, pero por ahora se va siguiendo el guion como podía resultar imaginable. Esto vale tanto para la evolución del diálogo institucional entre el gobierno español y la Generalitat como para la gestión general del ejecutivo de Pedro Sánchez y las respuestas que recibe del PP de Alberto Núñez Feijóo. En la Moncloa están muy satisfechos de la cumbre hispano-francesa de Barcelona. La expectativa ahora es que se acaben pactando los presupuestos de la Generalitat con el PSC.

Seguir las propuestas de reforma del código penal recuerda estos días a escuchar el Carrusel Deportivo en los domingos de nuestra infancia; hay que estar atento al minuto y resultado. A veces ni aun así se entera uno. De golpe, el Gobierno quiere eliminar el delito de sedición, rebajar parcialmente las penas en el de malversación y arreglar el desaguisado de la ley del solo sí es sí. Y cada día lo hace de un modo diferente.

Hará tres años, un dirigente político estatal que había negociado mucho con Pedro Sánchez exponía en privado la que, a su parecer, era la clave del sanchismo: “Sánchez no tiene convicciones firmes, solo una agudísima voluntad de supervivencia. Esto lo hace capaz de pactar cualquier cosa que lo pueda ayudar a mantenerse en el poder”. Esta característica, que el propio Sánchez trató de romantizar en su Manual de resistencia, explica la infinidad de idas y venidas del dirigente socialista en su discurso sobre el independentismo, en que ha pasado de prometer en 2019 penalizar los referéndums y hacer volver a Carles Puigdemont a anunciar este jueves la eliminación como tal del delito de sedición, que a partir de ahora pasará a estar regulado dentro del de desórdenes públicos, que será modificado.

La derogación del delito de sedición tendrá un efecto directo sobre los exiliados. Ahora bien, ¿en qué sentido? ¿Pueden volver a partir de ahora? La respuesta no es la misma para todos ellos. De entrada, porque están procesados por delitos diferentes por los hechos del 1-O. El ex president Carles Puigdemont y los ex consellers Toni Comín y Lluís Puig lo están por rebelión y malversación, mientras que la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, y la ex consellera Clara Ponsatí lo están solo por rebelión.

El presidente español, Pedro Sánchez, anunció este jueves al atardecer que suprimiría el delito de sedición y modificaría el de desórdenes públicos y lo justificó con la idea de que esto acercaría España a los estándares europeos en este tipo de delitos. Pero ¿cómo se tratan en Europa? Entre los casos que la Moncloa ha estudiado como referencia están el francés, el italiano, el alemán y el belga.

Era una cuestión que sobrevolaba hacía meses el panorama político español y catalán y finalmente este jueves Pedro Sánchez hizo el anuncio definitivo: el gobierno español suprimirá el delito de sedición y lo sustituirá por un nuevo delito de desórdenes públicos agravados. Satisface, de este modo, una de las peticiones de su socio de gobierno, Unidas Podemos, pero sobre todo de ERC, que había pedido la desjudicialización del conflicto catalán en el marco de la mesa de diálogo y también para aprobar los presupuestos. ¿Cómo se concretarán los cambios? La sedición desaparece definitivamente del Código Penal y el nuevo delito de desórdenes públicos agravados pasará a comportar penas de hasta cinco años de prisión y un máximo de ocho años de inhabilitación. Además, el redactado pasa a ser más específico porque habrá que demostrar que los actos se han desarrollado con "violencia o intimidación". Así se desprende del texto que han registrado este viernes por la mañana en el Congreso el PSOE y Unidas Podemos.

Podría ser uno de los beneficiados, pero este domingo el ex president de la Generalitat Carles Puigdemont ha rechazado la reforma del delito de sedición que el PSOE ha puesto encima de la mesa y que ERC se ha avenido a negociar. En el quinto aniversario de su exilio en Bruselas, el ahora eurodiputado de Junts per Catalunya ha defendido en un comunicado difundido a través de sus redes sociales que no quiere una "solución personal" porque considera que sería una "renuncia política" que no serviría para resolver el conflicto. De hecho, el ex president catalán va más allá y asegura que en estos cinco años ha tenido la oportunidad de trasladar esta misma posición a todo el mundo que lo ha ido a ver con una propuesta de este tipo, y revela que entre los que lo han intentado convencer ha habido gente del PSOE que, insinúa, lo hacían con el conocimiento del presidente español, Pedro Sánchez, y que le reclamaban que compareciera ante la justicia española para después poder beneficiarse de medidas que reducirían sustancialmente la pena. "Puedo entender los beneficios que tendría para el estado español el hecho de que yo aceptara una resolución basada en la reforma del Código Penal, pero los beneficios para el proceso de independencia no los veo por ninguna parte", ha concluido.

Si se acude a un diccionario de sinónimos nos encontraremos con que el término sedición se equipara a sublevación, rebelión, motín, asonada o tumulto, entre otros varios de significado parecido. El delito de sedición tiene una larga tradición legislativa en nuestros códigos penales y se recoge también en el vigente, pero como un delito contra el orden público. Desde la doctrina penal se han formulado serias objeciones no solamente al concepto sino también a la desproporción de las penas.

El gobierno español quiere desvincular la negociación sobre la reforma del delito de sedición de la tramitación de los presupuestos, que hoy ha superado el primer trámite con el rechazo a las enmiendas a la totalidad, pero hoy ha sido la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que ha hecho referencia a esta cuestión en el Congreso de Diputados en su respuesta al diputado de ERC Joan Maragall. Montero ha recordado el "compromiso firme" del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para "homologar con estándares europeos la calificación de determinados delitos", y ha añadido: "Lo llevaremos a esta cámara, que soberanamente tendrá que decidir sobre esta cuestión". La ministra se ha visto obligada a matizar después estas palabras, de las que se podía inferir que ya hay una decisión tomada para llevar el proyecto al Congreso, y a insistir en que no hay ningún cambio respecto a la postura oficial del PSOE, que es que no hay todavía una mayoría suficiente. Pero en todo caso es la muestra de que la reforma de la sedición marca en estos momentos todo el debate político español.

La reforma del delito de sedición y del de injurias a la Corona no está en la agenda del gobierno español para el 2022. Así lo ha confirmado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la presentación del plan normativo para todo el año aprobado este martes en el consejo de ministros y que incluye hasta 368 propuestas normativas. De hecho, a falta de conocer el detalle del plan, el gobierno español no tiene prevista ninguna iniciativa que esté específicamente destinada a afrontar la cuestión catalana. De hecho, se resiste todavía a fijar una fecha para la próxima mesa de diálogo con la Generalitat.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anunció el martes que la reforma del delito de sedición que hace meses que está guardada en un cajón seguirá ahí hasta, al menos, cuando acabe el año. El anuncio cogió por sorpresa a Unidas Podemos, porque el PSOE no les había comunicado este nuevo aplazamiento, según ha explicado el presidente del grupo violeta en el Congreso, Jaume Asens. Por eso, en una entrevista a TV3, Asens ha considerado una "cierta deslealtad" que el PSOE no se lo explicara previamente. "Hicimos llegar nuestro malestar", ha explicado Asens.

Carles Puigdemont solo tendrá la posibilidad de ser indultado si vuelve a España y es juzgado. Así lo ha asegurado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ha afirmado que la Moncloa "no se plantea en ningún caso" un indulto anticipado al expresident catalán exiliado en Bélgica. Campo ha admitido que esta fórmula es posible, a pesar de que esencialmente el indulto requiere que haya una sentencia condenatoria firme. Hay, sin embargo, una excepción.

La comisión de Asuntos Legales del Consejo de Europa, organismo internacional vinculado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que vela por el cumplimiento de los derechos humanos y la democracia, reclama indultar o liberar a los presos políticos catalanes y que se retiren los procesos de extradición contra los exiliados. Así lo recoge en el borrador del informe elaborado por el diputado socialista letón Boriss Cilevics, que ha viajado a Madrid y Barcelona para elaborar el informe titulado "¿Los políticos tendrían que ser procesados por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?"y que analiza los casos de España y Turquía.

Pedro Sánchez llegó a la Moncloa con la promesa de “desjudicializar” la política catalana como un primer paso para resolver el conflicto. “Tenemos que dejar atrás la judicialización. Necesitamos recomenzar”, dijo en su discurso de investidura el 4 de enero del año pasado. Un mensaje dirigido al independentismo en el que hubo quien leyó entre líneas su compromiso para liberar a los nueve presos políticos, que a estas alturas ya llevan más de tres años entre rejas. Aun así, más de un año después de que el PSOE y Unidas Podemos llegaran al gobierno, todas las vías para liberar a los presos están totalmente encalladas.