La amnistía está monopolizando el debate sobre la investidura de Pedro Sánchez y las conversaciones entre los partidos independentistas y el PSOE se centran en la fórmula para acabar con la represión posterior al 2017. Una amnistía que partidos y entidades soberanistas quieren que incluya a todos los represaliados . También los jóvenes encausados por las movilizaciones posteriores al 1-O. De hecho, siete jóvenes ya tienen sentencia firme y podrían entrar en prisión en los próximos meses si sus recursos no prosperan y la medida de gracia no llega antes.

Cuando el Tribunal Constitucional (TC) niega el amparo a los condenados por la sentencia del 1-O, se abre el camino para ir a presentar un recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. Es un paso que ya han dado algunos de los líderes independentistas encarcelados en su día y que este jueves ha anunciado la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (ERC). "Inicio con evidente satisfacción el camino de la justicia europea. Espero encontrar la justicia que no he encontrado en España", ha dicho en rueda de prensa desde el Colegio de Periodistas. El objetivo es, aunque sea muy a posteriori, encontrar en Europa lo que no concedieron ni el Constitucional ni el Supremo: que los hechos de octubre de 2017 no constituían delito.

"Se recogen enunciados que están cargados de valoraciones y opiniones [...] que, como ya se sabe, no pueden funcionar como referente empírico del juicio, porque carecen de valor y verdad y no tienen aptitud para ser objeto de verificación". Este es uno de los dardos que el magistrado del Tribunal Constitucional Juan Ramón Sáez envía a Manuel Marchena y el tribunal que condenó por sedición a nueve líderes independentistas. En su voto particular en la sentencia contraria a los recursos de Oriol Junqueras y Raül Romeva, que hace extensivo a los de Joaquim Forn y Dolors Bassa, el juez que absolvió a Josep Lluís Trapero en la Audiencia Nacional acusa el Tribunal Supremo de no haber demostrado correctamente que en 2017 se produjera sedición el 20-S y el 1-O ni que los implicados participaran en ella. Sáez estima que con la condena se les vulneró el derecho a la presunción de inocencia y al de la legalidad penal, entre otros.

La Audiencia de Girona ha absuelto a un joven detenido durante las protestes postsentencia que tuvieron lugar en Girona el 18 noviembre de 2018 que estaba acusado de haber tirado piedras contra la policía, resistirse a la detención y herir a un agente. El fiscal pedía 5 años de prisión por los delitos de atentado contra los agentes de autoridad, lesiones a un agente y desórdenes públicos. En la sentencia, el tribunal repasa todas las incongruencias en el relato de los agentes de la Policía Nacional que lo detuvieron y considera que no se ha probado ninguna de las acusaciones de la Fiscalía. Así mismo, lamenta las “numerosas lesiones que presentaba el acusado después de la detención”. “Su presencia [de lesiones] unida a la falta de explicación racional por parte de los agentes declarantes lesiona la coherencia externa del relato policial y, en consecuencia, la fiabilidad de su testimonio”, recalca. 

El 6 de julio, a las 10 de la mañana. Es la nueva fecha del juicio de Pau, un chico de Llagostera (Gironès), que se enfrenta a 6 años y 6 meses de prisión por, supuestamente, haber lanzado una piedra "de grandes proporciones" contra la Policía Nacional el 19 de octubre de 2019 de madrugada, en el marco de una de las manifestaciones postsentencia que se hicieron en la ciudad y que acabó con disturbios. El joven –que se pasó un mes en prisión preventiva– niega la acusación y asegura que no participó en la protesta. La Audiencia de Girona citó como testigos a los policías nacionales “hace meses” pero hasta el 25 de noviembre el cuerpo no informó que declararían por videoconferencia. Tanto la defensa como la fiscalía han manifestado su desacuerdo y han pedido que, como mínimo, los cuatro agentes que lo detuvieron atestigüen de manera presencial. Los magistrados han decidido suspender el juicio para “priorizar” que las declaraciones de los agentes estén en la sala de vistas. 

Las causas del Procés, en sentido amplio, no solo han tenido efectos en los investigados o condenados, sino que han impactado de lleno en el funcionamiento de la Generalitat y toda su maquinaria. Con el 155 y los procesos judiciales por el 9-N, el 1-O y las investigaciones con fianzas millonarias en el Tribunal de Cuentas se ha tensionado la administración catalana y el personal funcionario encargado de las áreas jurídicas y de gestión económica va con pies de plomo a la hora de estampar su firma en cualquier decisión. “Se ha producido una especie de psicosis”, relata un buen conocedor de las bambalinas de la Generalitat, mientras que otro cargo constata que aquello que antes era ordinario se ha convertido en “extraordinario” y cuesta mucho más de hacer que años atrás.

La defensa de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, ha presentado este miércoles el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo contra la sentencia del 1-O, que lo mantiene ahora mismo en prisión. El equipo jurídico del máximo dirigente de la entidad lo ha entrado a registro personalmente en Estrasburgo un día después de conocer la sentencia completa y los votos particulares del Tribunal Constitucional. De hecho, el propio Cuixart aseguraba este martes en Twitter que el siguiente paso sería este. "¡Ni un paso atrás y nos vemos en Estrasburgo!", tuiteaba. Este mismo jueves está previsto que el ex conseller Jordi Turull presente también su recurso ante el mismo tribunal europeo.

El Tribunal Constitucional ha tumbado este jueves el recurso del ex conseller Jordi Turull sobre la sentencia del 1 de Octubre, de forma que el dirigente de JxCat ya tiene vía libre para llevar el juicio del Procés al Tribunal de Estrasburgo. El pleno del Constitucional está dividido sobre esta cuestión: hasta siete magistrados han decidido rechazar el recurso de amparo, mientras que dos han emitido un voto particular. Según ha avanzado 3/24 y ha confirmado el tribunal a través de un comunicado, se han desestimado los argumentos de la defensa de Turull, pilotada por el abogado Jordi Pina, contra la condena por sedición y malversación de fondos públicos, por la cual el ex conseller de la Presidencia cumple doce años de prisión.

En la semana de las protestas contra la sentencia del 1-O, en octubre del 2019, una de las imágenes más impactantes fue la paliza de un grupo de extrema derecha a un joven de 23 años en el Eixample de Barcelona, entre las calles Rosselló y Balmes. En los días siguientes los Mossos d'Esquadra detuvieron a algunos de los ultras por la agresión, dos de los cuales entraron en la prisión preventivamente pero quedaron en libertad dos meses después. Ahora la Fiscalía ha presentado su calificación de los hechos y pide cinco años de prisión para cuatro de los autores de la paliza –un quinto es menor de edad y por eso no forma parte del mismo procedimiento–. Cree que veían a la víctima como "un enemigo a abatir" por el hecho de ser independentista.