Cuando en junio de 2021 se aprobó la ley de eutanasia, el apoyo a la iniciativa era muy amplio en la sociedad española, que había vivido casos emblemáticos como el de Ramon Sampedro (muerto en 1998), que Javier Bardem interpretó en la película Mar adentro de Alejandro Amenábar, o el de Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco, en 2019 y que fue absuelto del delito de cooperación al suicidio una vez entró en vigor la norma. Según un barómetro del CIS de enero de 2021, el 72% estaba a favor de la ley y solo un 15% en contra.

Noelia, la joven de 25 años que desde agosto de 2024 ha estado sometida a un largo periplo judicial a la espera de poder acogerse a la muerte digna, recibirá finalmente la eutanasia este jueves. La petición de la joven, afectada por una paraplejia, quedó en suspenso hace más de un año y medio a raíz de un recurso judicial de su padre, representado por el grupo ultracatólico Abogados Cristianos. Durante todo este tiempo ha mantenido su voluntad de morir: "Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto. La felicidad de un padre, de una madre o una hermana no puede estar por encima de la felicidad de una hija", afirmó hace dos días en una entrevista a Antena 3. A modo de protesta, Abogados Cristianos ha convocado una rueda de prensa a las seis de la tarde ante el Hospital Residencia Sant Camil de Sant Pere de Ribes, en el lugar y la hora exacta en que está prevista la muerte asistida.

Golpe de puerta del Tribunal Supremo al enésimo intento del colectivo ultracatólico Abogados Cristianos por detener la eutanasia de Noelia. El tribunal no ha tumbado, como pedía este grupo de letrados que representa al padre de la afectada, la última resolución del periplo judicial que se alarga desde agosto de 2024 y en la que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ya concluyó que la joven, de 24 años, cumplía los requisitos para acogerse a la muerte digna.

La justicia considera que Noelia tiene derecho a recibir la eutanasia, pero hace más de un año que la joven de 24 años espera por esta prestación. Su padre ha querido detener a los tribunales el procedimiento autorizado por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña –el órgano que se encarga de valorar todas las peticiones de eutanasia–, y lo ha hecho representado por Advocats Cristians, que hace unas semanas decidió dar un paso más: intentar forzar una causa penal contra siete de los expertos de la comisión que avalaron la muerte digna de Noelia. Ahora, el juzgado de instrucción 20 de Barcelona ha admitido la querella presentada por el colectivo ultracatólico contra dos de estos miembros.

Más de un año después, Noelia deberá seguir esperando una decisión judicial para acogerse a una muerte digna aunque los tribunales consideran que tiene derecho a ella. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha emitido una sentencia este viernes que rechaza el recurso que interpuso su padre, representado por el colectivo ultracatólico Advocats Cristians, para detener el procedimiento de eutanasia que la joven tenía autorizado por la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya, que es el órgano que se encarga de valorar las peticiones. Ahora bien, aunque concluye que el caso cumple con los requisitos para acogerse a la muerte digna, el alto tribunal también reconoce el derecho de un familiar a agotar los recursos a la justicia para detener la muerte digna de un pariente, como ya se pronunció con otro caso el pasado abril.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se ha pronunciado por primera vez en el debate legal que en los últimos meses ha puesto en cuestión el derecho a acogerse a un proceso de muerte asistida. En opinión del máximo tribunal de Catalunya, los familiares de un paciente pueden estar legitimados para llevar a los tribunales un procedimiento de eutanasia aunque el solicitante ya cuente con el aval de la comisión de expertos encargada de estudiar y validar o no estas peticiones.

La justicia ha dicho no a la petición del hombre que quería detener la eutanasia de su hija. El proceso judicial que el padre puso en marcha en agosto, tres días antes de la fecha en que estaba previsto que la chica recibiera la eutanasia, ha alargado ocho meses la espera. La sentencia del primer caso en todo el Estado por intentar detener una eutanasia resuelve que el hombre, asesorado por Abogados Cristianos, no estaba legitimidad en interceder ante la petición de la chica, adulta y con plena capacidad mental para decidir y entender su petición.

La Fiscalía considera que un padre tiene derecho a intentar detener por vía judicial el proceso de eutanasia de su hija, adulta y que cumple los requisitos legales para recibir la muerte asistida. Es el posicionamiento que el ministerio público ha enviado al juzgado de Barcelona que debe resolver el primer juicio en todo el Estado por intentar frenar una eutanasia ya avalada por la comisión de expertos que se encarga de evaluar a los pacientes que la piden. Asimismo, la fiscal reconoce que la joven cumple los requisitos para acogerse a la eutanasia y tiene capacidad para decidir de forma libre.

El derecho a una muerte digna está en manos de los tribunales por vez primera. Este martes, en Barcelona, ​​se ha vivido un juicio inédito en todo el Estado. La eutanasia de Noelia, una joven de 24 años que tiene paraplejía, cuenta con el aval de la comisión de expertos que se encarga de valorar las peticiones para esta prestación, pero está en suspenso desde el 1 de agosto por orden judicial. Su padre, asesorado por el grupo Abogados Cristianos, llevó a los tribunales la eutanasia tres días antes de que le fuera administrada y el proceso está paralizado a la espera de la decisión judicial definitiva. Ante la juez, la joven reiteró su deseo de tener una muerte digna y denunció coacciones de su entorno para que se echara atrás. Según fuentes jurídicas consultadas por el ARA, la joven ha explicado que algunas compañeras del centro de menores en las que había sido tutelada a partir de los 13 años le ponían en la habitación estampillas, cruces y símbolos religiosos.

Un juzgado de Barcelona avaló la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación que autorizó la eutanasia para un paciente y que su padre había intentado anular por la vía judicial. En un auto, la juez Montserrat Raga autoriza a salir adelante con la muerte digna de un hombre que la pidió tras sufrir varios ictus. La autorización había quedado en suspenso a raíz de la petición de su padre, que quería detener el proceso pese a que el afectado había pedido expresamente que se resolviera que su familiar no estaba legitimado para echar atrás su decisión.

En un procedimiento insólito, la semana pasada un juzgado de Barcelona detuvo de forma cautelar la eutanasia de una chica de 23 años, que estaba prevista para el día siguiente, a petición de su padre. La juez aceptó esta medida provisional y de urgencia porque, si no lo hacía, la demanda perdía sentido, pero este martes ha convocado a todas las partes implicadas para conocer su opinión. El proceso de muerte asistida se mantendrá en suspenso hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aclare de quién es la competencia a la hora de salir adelante o si se suspende definitivamente. Y mientras esa respuesta no llega, el propio juzgado ya ha recibido una segunda petición muy similar: la de otra persona que también quiere detener la eutanasia de un familiar. De nuevo, la juez ha paralizado el proceso de forma provisional y ha convocado a los implicados el viernes para abordar la cuestión. De esta segunda demanda no han trascendido detalles, pero lo que ocurrirá en dos días será, previsiblemente, lo mismo que este martes: la juez pidió al TSJC que aclare de quién es competencia el caso.

Un juzgado de Barcelona ha detenido de forma cautelar la eutanasia de una chica de 23 años, prevista para mañana, a petición de su padre. A través del grupo Abogados Cristianos, el hombre demandó a la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, el órgano que depende del departamento de Salud y que ha sido el encargado de avalar y hacer el control previo a la eutanasia de la chica. El hombre cree que los antecedentes psiquiátricos de la hija invalidan su voluntad de pedir la muerte asistida.

Despenalizar la eutanasia era una promesa electoral del presidente Emmanuel Macron. Y lo ha cumplido, pero con muchas dudas. Después de meses de pensárselo mucho, ha puesto sobre la mesa el proyecto de ley. Pero las reticencias políticas y la hesitación del propio Macron han hecho que el texto aprobado este miércoles por el consejo de ministros permita la eutanasia y el suicidio asistido en condiciones muy estrictas.

Primer fue Vox quien intentó que la nueva ley de la eutanasia no viera la luz, y ahora es el PP quien intenta recortar los principales puntos. Las formaciones de la derecha quieren torpedear la nueva regulación, que hace casi tres meses que entró en vigor, después de décadas de lucha ciudadana. El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso presentado por una cincuentena de diputados del PP en el Congreso, que consideran que seis puntos de la ley vulneran la Constitución.

La nueva ley de regulación de la eutanasia, aprobada el pasado viernes, ya ha tenido la primera aplicación práctica en los tribunales. La Fiscalía ha retirado la acusación contra Ángel Hernández, el hombre para quien pedía medio año de prisión por ayudar a morir a su mujer, enferma durante tres décadas de esclerosis múltiple, en 2019. Su caso era especialmente criticado por las entidades que defienden el derecho a morir dignamente porque el ministerio público equiparaba su acción a la violencia machista.

La eutanasia será legal en el estado español dentro de tres meses después de que hoy el Congreso de los Diputados haya aprobado definitivamente la despenalización propuesta por el PSOE, que ha recibido el apoyo de la mayoría de formaciones y solo los votos en contra del PP y Vox. En total, 202 diputados han votado a favor, 141 en contra y dos se han abstenido. La ley permite que un médico pueda ayudar a morir a un paciente que lo haya pedido previamente en caso de que este sufra una enfermedad grave, incurable, crónica o que no se pueda valer por si mismo. Con este cambio histórico, el estado español se convierte en el cuarto país europeo, después de Holanda, Bélgica y Luxemburgo, y el sexto de todo el mundo que regula la muerte asistida.