Las políticas antienergías verdes de Donald Trump en EE.UU. comienzan a impactar a escala global. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha actualizado a la baja sus previsiones de crecimiento de la electricidad de origen renovable. Este organismo ha recortado en un 5% sus estimaciones para 2030 respecto a la previsión anterior. Esta modificación tiene que ver esencialmente con las políticas restrictivas de la administración de EE.UU., según el informe anual de esta organización. En el análisis, este organismo destaca que las proyecciones para la primera potencia mundial se han recortado casi un 50% respecto a las realizadas el año pasado.

En el corazón del Alt Empordà, el municipio de Capmany acoge una iniciativa que une sostenibilidad, inclusión y justicia social: Impacto Solar - Energía con valor social. Este proyecto, financiado por el PERTE, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social, e impulsado por entidades del tercer sector y empresas de inserción laboral, propone una solución integral a dos retos estructurales: el acceso a la vivienda y la energía verde.

A pesar de dedicarse a producir energía solar, en el mundo de los pequeños inversores fotovoltaicos llueve sobre mojado. A los recortes retroactivos de retribución –aprobados primero por los gobiernos socialistas, en el 2010, y posteriormente consolidados y agravados por los del PP, a partir del 2012, con cambios en las reglas de juego y convirtiendo el “BOE en papel mojado”–, se suman los efectos de la regulación, lo que hace que menos la cantidad lo que hace que actualmente muchos productores. Una situación positiva para los consumidores gracias al peso de las renovables ya la que estos pioneros contribuyeron, pero que ahora les está penalizando, mientras que los grandes inversores no lo sufren porque tienen mayor fortaleza financiera y aprovechan las economías de escala. "Nos expulsan del mercado. Muchos han tenido que malvender", se quejan los pequeños inversores, que son unas 62.000 familias, unas 8.500 en Catalunya, especialmente en zonas rurales, que reclaman soluciones al ministerio de Transición Ecológica.

Nuevo desembarco en el negocio de energías renovables español Schroders Greencoat, un gigante británico de la gestión de infraestructuras renovables que ha acordado entrar como socio con el 49% de una cartera solar y eólica de 400 megavatios (MW) de Repsol. Es una operación valorada en unos 580 millones de euros.

En Australia existen más de tres millones de sistemas de placas solares en las azoteas de casas o edificios no residenciales, lo que –según datos que el gobierno del país difundió en marzo– indica que hay en más de uno de cada cuatro inmuebles. Se trata de una circunstancia a priori positiva en términos de energía renovable, pero en los últimos días ha encendido las alarmas del país, según recoge ABC News (Australian Broadcasting Corp.).

En el primer trimestre de 2024, las emisiones de gases de efecto invernadero de la economía de la Unión Europea se estimaron en 894 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO₂), lo que supone una disminución del 4% en comparación con el mismo trimestre de 2023, cuando fueron 931 millones de toneladas equivalentes de CO₂, según datos publicados por Eurostat, la oficina comunitaria de estadística.

La cleantech catalana con sede en Barcelona SolarMente incorpora a un nuevo inversor de categoría. Se trata del actor Leonardo DiCaprio, que además de su trabajo como intérprete, hace años que también invierte en empresas del sector de la sostenibilidad y actúa como activista en este ámbito. Pese a que el importe con el que DiCaprio ha entrado en SolarMente no es público, según la empresa "esta relación refuerza la posición de SolarMente como referente en el sector de la energía solar, impulsado por su innovador modelo de suscripción, que elimina las barreras hacia la energía solar”.

El 29 de octubre de 2008, el pequeño municipio gallego de San Cibrao das Viñas estaba de celebración. La empresa T-Solar acababa de inaugurar una planta de producción de placas solares que en poco tiempo se convertiría en la segunda fábrica más importante del sector en todo el Estado. Todo el mundo estaba eufórico. De hecho, ese día, por la flamante nave industrial situada en el Tecnopole -un parque tecnológico de más de 550.000 metros cuadrados- fueron desfilando un montón de autoridades, como Elena Espinosa, entonces ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino del gobierno español. Era la ocasión perfecta para sacar pecho: formada por capital 100% español, T-Solar había invertido más de 80 millones de euros en poner en marcha la nueva fábrica, había anunciado que daría trabajo a 190 profesionales y aseguró que, en tan sólo un año, el grupo facturaría más de 100 millones de euros. Todo ello gracias al impulso definitivo proveniente de la fabricación de unos módulos solares pioneros en Europa, mayores que los que fabricaba toda la competencia y con unos costes de instalación y cableado mucho más bajos. Pero la historia no tardó en torcerse.

Con el fin de los peajes en la C-32 y la C-33 han quedado libres un total de 11 hectáreas de terreno. Esto equivale al espacio que ocuparían aproximadamente veinte campos de fútbol. Con toda esta superficie ahora libre y disponible, el Govern ha presentado un plan pionero para reconvertir las playas de estos antiguos peajes en plantas fotovoltaicas en 2023. ¿El objetivo? Generar hasta 20.000 MWh anuales: una cantidad de energía verde que servirá para abastecer de manera autosuficiente toda la red viaria catalana.

Catalunya ha sido históricamente pionera en muchos ámbitos, por ejemplo con la industrialización, pero hay que reconocer que en las energías renovables ha quedado atrasada respecto a otros territorios del Estado, y todavía más respecto a los países del centro y el norte de Europa. Las cifras son especialmente llamativas. De media, en España la potencia eléctrica instalada correspondiente a las energías renovables es del 54%, pero solo del 30% en Catalunya. La generación eléctrica de renovables es del 44% en España y del 20% en Catalunya, menos de la mitad. En el caso de la solar las instalaciones en Catalunya representan el 1% del total español, y en el caso de la eólica el 4,9%. Antes de la aprobación del decreto de renovables el 2019 hubo una década de parálisis en Catalunya que el resto de territorios sí que aprovecharon y que hace que ahora nos lleven una cierta ventaja. Es verdad que ahora se han multiplicado los proyectos, de tal manera que en el territorio proliferan las entidades conservacionistas que rechazan las instalaciones porque consideran que malogran el paisaje y, además, no ofrecen unas mejoras económicas claras para la población autóctona.