El gobierno español aprobó el Plan de regeneración democrática prometido por Pedro Sánchez tras su meditación de cinco días motivada por las invectivas del juez Peinado contra su esposa, que consideró infundadas. Se trata de un plan con 30 medidas para reforzar el control de los cargos públicos, por ejemplo, provenientes de la pasada legislatura, y otras inéditas sobre la transparencia en los medios de comunicación y la defensa de la libertad de expresión . De hecho, esto último es el motor del Plan, pues, como se recordará, el presidente español reaccionó con este anuncio tras su hartazgo con algunos medios de la derecha mediática a raíz del caso Begoña.

En España, una crítica subida de tono al rey o a su familia puede salir bien cara. En el peor de los casos, puede costarle a su autor una pena de prisión de dos años y dejarlo a las puertas del presidio por injurias o calumnias a la Corona. Lo sabe bien el rapero Valtònyc, que no ha vuelto a España hasta que ha prescrito la pena de tres años y medio a la que fue condenado por injurias contra el rey, enaltecimiento del terrorismo y amenazas en sus canciones. O Pablo Hasél, que cumple condena en el centro penitenciario de Ponent por éste y otros delitos.

La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha pedido por carta a España una reforma de los delitos de injurias a la Corona, enaltecimiento del terrorismo, ofensas religiosas, discurso de odio y difamación después de mostrar su preocupación por "las crecientes condenas" a prisión a artistas y activistas de los últimos años. Sin citar explícitamente el caso de Pablo Hasél, Mijatovic expresa su preocupación por las penas de prisión dictadas contra artistas por "letras controvertidas y otras actuaciones". En una carta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, Mijatovic señala "el impacto negativo" de algunos artículos del Código Penal, que tienen un "efecto disuasorio" sobre la libertad de expresión, un derecho "de importancia crucial para un debate público libre y plural". La comisaria del Consejo de Europa, una institución con sede en Estrasburgo que vela por el estado de derecho y las libertades fundamentales, advierte de que las posibilidades de imponer restricciones a la libertad de expresión "son muy limitadas y tienen que ser proporcionadas".