Desde el momento en que acabó el Procés, después de aquel octubre del 17 vivido con un helicóptero en la cabeza y el corazón en un puño, y durante los años de lazos amarillos, del juicio en el Supremo, de la sentencia y del Tsunami, la opinión pública catalana ha tenido que soportar todo tipo de lecciones sobre la ingenuidad de pensar que era posible derrotar a España sin unos planes de contingencia que fueran más allá del censo universal del referéndum.

Hacía ya tiempo que se había especulado con la posibilidad de que alguien sufriera una agresión sexual, u otros delitos, en el metaverso. Esto es, en un entorno virtual. Por tanto, no verdaderamente real. Sin embargo, ¿es posible cometer delitos en un espacio distinto al habitual?

En España, una crítica subida de tono al rey o a su familia puede salir bien cara. En el peor de los casos, puede costarle a su autor una pena de prisión de dos años y dejarlo a las puertas del presidio por injurias o calumnias a la Corona. Lo sabe bien el rapero Valtònyc, que no ha vuelto a España hasta que ha prescrito la pena de tres años y medio a la que fue condenado por injurias contra el rey, enaltecimiento del terrorismo y amenazas en sus canciones. O Pablo Hasél, que cumple condena en el centro penitenciario de Ponent por éste y otros delitos.

Solo fue un beso, dicen algunos. Fue una agresión sexual, dicen otros. Ni siquiera está claro qué significa para el Código Penal el hecho del que todo el mundo todavía habla. Sus normas suelen ser interpretadas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, quien para observar la existencia del delito acaba exigiendo una serie de indicios que guían al juez. En este caso, se exige la falta de consentimiento, que el beso tenga contenido sexual y conciencia del agresor de los dos hechos anteriores. Solo si concurren estos tres indicios, los tribunales creerán que sí hay para tanto y declararán la existencia del delito. Podrían haber sido otros requisitos, como de hecho ha sido el caso históricamente, pero ahora las cosas, por varias razones, son así.

El patinazo de Llop en la Cadena SER diciendo que basta una herida para que una mujer demuestre que ha sido violada con violencia e intimidación, y el del autor de su contrareforma en Cuatro diciendo que la Ley del solo sí es sí te obliga a despertar a tu mujer para poder tener sexo con ella, han echado por tierra buena parte de los relatos construidos.

“No ha entrado en prisión”: esta fue la respuesta a mi tuit del pasado miércoles en el que celebraba la condena al divulgador de los datos y de la foto de la víctima de la violación grupal de los Sanfermines. Un juicio estratégico, que logró el reconocimiento del escarnio social de la víctima denunciante, el victim blaming, como forma de violencia. La obcecación social por la prisión es frustrantemente recurrente y merece una reflexión colectiva.

Portazo del Congreso a derogar el delito de sedición. El pleno de la cámara baja ha rechazado tramitar la proposición de ley de la CUP que apostaba por derogar del todo este delito, la ley mordaza y también la reforma del Código Penal del año 2015. El PSOE ha vuelto a alinearse con el PP, Cs y Vox para negar la tramitación de esta proposición de ley. De este modo, ha vuelto a hacer evidente la discrepancia con su socio de gobierno, Unidas Podemos, de eliminar el delito de sedición del Código Penal como una de las vías para liberar a los presos políticos. Los dos socios de coalición, sin embargo, habían acordado reformar este tipo penal. De hecho, Unidas Podemos, de la mano de Jaume Asens, había hecho llegar una propuesta de reforma hace más de medio año. Ahora bien, el ministerio de Justicia de Juan Carlos Campo todavía no ha movido ficha.