La pandemia de la covid-19 hizo volar por los aires una parte de los postulados económicos que desde la crisis financiera imperaban en Europa. Así, por ejemplo, los estados miembros acordaron aprobar los fondos europeos Next Generation, que justo finalizan este agosto; pero también hubo consenso en suspender las reglas fiscales. A ambas cosas se añadió un elemento: la flexibilización por parte de la Comisión Europea de la normativa comunitaria en ayudas de Estado. Gracias a ello, el gobierno español pudo crear en julio de 2020 el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE, en sus siglas en castellano), concebido como una especie de fondo de rescate y gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo que depende del ministerio de Hacienda. Seis años después, la que fue la medida pandémica más deseada para algunas empresas vive un quebradero de cabeza reputacional: la persigue la sombra de la corrupción.