La Audiencia de Barcelona ha dado un plazo de un mes a partir de este jueves al exalcalde de Sabadell Manuel Bustos para que entre en la prisión y cumpla la condena por el caso Mercurio. En el auto, los jueces le ordenan ingresar en la prisión para cumplir la condena de tres años que el tribunal le impuso por dos delitos de tráfico de influencias por haber retirado multas a familiares en esta trama de corrupción urbanística. El Tribunal Supremo confirmó la pena de prisión y después la defensa de Bustos pidió a la Audiencia de Barcelona suspender la entrada en la prisión porque no tenía antecedentes, pero los jueces lo han rechazado.

Más de ocho años después de ser encausado en la trama de corrupción del caso Mercurio, el ex alcalde de Sabadell Manuel Bustos sabrá estas próximas semanas si entra en prisión para cumplir una pena de tres años. El ex dirigente socialista tiene dos condenas por tráfico de influencias, la última confirmada por el Tribunal Supremo hace un mes, que lo declaran culpable de haber ordenado hacer retirar una multa de tráfico de 200 euros a su mujer y otra por el mismo importe a sus hijos en 2012. La Audiencia de Barcelona ha preguntado ahora a las acusaciones si piden que se cumpla la pena, dado que es susceptible de suspenderla. El tribunal también ha pedido el parecer del Ayuntamiento, que ejerce de acusación particular en varias derivadas de la macrocausa que obligó a Bustos a dimitir en 2013. El PSC, de nuevo al frente de la alcaldía, ha evitado que el consistorio se posicione a favor o en contra del encarcelamiento del exalcalde.

Bartomeu Muñoz evita poner los pies en Santa Coloma de Gramenet, de donde fue alcalde hasta que salió esposado del Ayuntamiento hace 11 años y medio. También esquiva a quien pueda recordarle los hechos que lo llevarán a la cárcel. “Decidió que no quería hablar con nadie ligado a Santa Coloma al poco de la sentencia”, explica una persona que lo trató hasta que el ex alcalde socialista dejó de cogerle el teléfono. Muñoz restringió su círculo cuando la Audiencia Nacional lo declaró culpable en 2018 por el caso Pretoria, una trama de corrupción urbanística que movió unos siete millones de euros entre sobornos y ganancias ilícitas. A pesar de que el tribunal se pronunció hace casi tres años contra una red que se gestó en 2002, todavía no se ha encarcelado a ningún implicado.